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Ante calificación de S&P, fortalecimiento de PEMEX

Rodolfo Torres (03/03/2019)

Para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud. Publio Siro

Las agencias calificadoras de riesgo proveen a los inversionistas de información que les permite estimar si los emisores de bonos, o de otros instrumentos de deuda (o de acciones) tienen capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago. Para la expedición de sus calificaciones, esas agencias llevan a cabo un análisis exhaustivo, que aspira a ser objetivo e independiente, y que evalúa a las empresas y gobiernos que generan esos instrumentos.

Los aspectos que valoran esas agencias, en el caso de la denominada deuda soberana, que es la que emiten los países, son: condiciones económicas, volumen de inversión pública y privada, transparencia del mercado de capitales, reservas monetarias, estabilidad política, y estabilidad económica durante transiciones políticas. La calificación que se otorgue a la deuda soberana determina, a su vez, la calificación crediticia que se concederá a las empresas del país respectivo. El resultado de esas evaluaciones condiciona los niveles de riesgo a los que podrían estar sujetos los potenciales inversionistas. En consecuencia, esas mediciones determinan, en buena medida, el flujo y costo de los recursos financieros.

De modo tal que, una baja calificación crediticia encarecería el acceso a recursos frescos de endeudamiento para el financiamiento de nuevos proyectos y, en consecuencia, reduciría las expectativas de crecimiento económico. Para quienes ya tienen una deuda contraída, una mala calificación crediticia elevaría los intereses que se deben pagar, con el consecuente debilitamiento de su potencial económico. De ahí la importancia de las calificaciones que otorguen esas agencias para la salud económica de un país o de una empresa. También debe señalarse que esas agencias han estado bajo la aguda crítica y el escrutinio severo de las autoridades reguladoras norteamericanas, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC), sobre todo a partir de la crisis económica global de 2007 y 2008, debido a la convicción de que sus calificaciones fueron descuidadas y benevolentes, y fueron factor importante para conducir al quebranto a miles de inversionistas. Al extremo de que esas agencias pueden ser demandadas por evaluaciones negligentes o impropias que causen daño a un inversor. De ahí que, actualmente, sus evaluaciones sean más cautelosas (es decir, con tendencia a sobrestimar los riesgos).

Las principales agencias calificadoras, a nivel mundial, son: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y Standard & Poor’s (S&P).

En el caso más reciente, la calificadora S&P, aunque mantuvo vigente la calificación crediticia de la deuda soberana de México (en BBB+), advirtió que en el lapso de un año esa calificación podría, si no se corrigen sus causas, bajar dos escalones (a BBB-). Esa advertencia debe ser tomada seriamente en cuenta, aunque la baja de la calificación no se haya materializado aún.

La perspectiva negativa que percibe S&P se basa en la conjunción potencial de dos factores: un crecimiento en el volumen de deuda y la previsión de un bajo crecimiento económico, lo que puede conducir a erosionar la calificación de la deuda soberana de México. El segundo de los factores, el del crecimiento económico, tiene una elevada complejidad para su solución, pues depende de factores internos y externos. En el frente interno, los saldos de la semana que concluye han sido particularmente positivos dados los compromisos acordados con los empresarios, en cuanto a metas de crecimiento económico (4 por ciento), abatimiento de la pobreza extrema y combate a la corrupción. En el frente externo la amenaza de una recesión global está presente. La desaceleración de la economía alemana (la primera economía europea) y de Italia (tercera economía de esa región), aunado a la aún no resuelta disputa por el Brexit, el bajo crecimiento de China y la incertidumbre respecto de si la economía norteamericana podrá recuperar, bajo su nueva política aislacionista, su papel en la economía mundial, conforman un escenario incierto respecto del crecimiento económico internacional, no sólo de México.

El primer factor, y quizá el más importante en el análisis de S&P, tiene que ver con su argumento respecto del cambio en políticas públicas del gobierno de México en el sector energético. Cabe señalar que PEMEX padece una añeja debilidad financiera que tiene su origen en políticas gubernamentales que, intencionalmente y por décadas, han erosionado a esa empresa del Estado. Que la condujeron no sólo a adeudos que la asfixian, que se cifran en la friolera de 105 mil 800 millones de dólares, sino que han minado sus activos, llámense instalaciones o producción y reservas de hidrocarburos.

A ese respecto, el 15 de febrero el gobierno anunció un plan de apoyo para PEMEX que consiste en una inyección de recursos por 107 mil millones de pesos en 2019. La medida más importante es un incentivo fiscal de 15 mil millones de pesos. Aunque esas medidas son relevantes, S&P asume que se materializará ese apoyo gubernamental a PEMEX y que, dado el incremento de esa deuda contingente, se afectará la calificación de la deuda soberana de México.

Es por ello urgente actualizar el Plan de Negocios de PEMEX, emitido en 2016, para que exprese de manera nítida que esa empresa productiva del Estado tendrá las capacidades suficientes para, con base en planes y programas que incrementen su eficiencia operativa, con medidas inmediatas que fortalezcan sus activos y alivien su deuda, garantizar por sí misma, aunque con el aval del gobierno, el cumplimiento de todos sus compromisos financieros.

Guardia Nacional ¿En qué consiste?

Rodolfo Torres (17/03/2019)

La paz es su propia recompensa. Mahatma Gandhi

El pasado jueves 14 de marzo, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos declaró la constitucionalidad de la Guardia Nacional. Previamente, las Cámaras de Diputados y de Senadores habían emitido la declaratoria de constitucionalidad respectiva; toda vez que la totalidad de las legislaturas de las entidades federativas habían aprobado esa reforma constitucional. Cabe señalar que en 10 entidades se aprobó por unanimidad, en 20 por mayoría y sólo en dos congresos locales se expresaron votos en contra. El documento fue enviado al Ejecutivo para su promulgación. Cabe esperar que ello ocurra en el curso de la semana que apenas comienza.

Aunque desde el nuevo gobierno se ha advertido que las medidas coercitivas representan sólo el 20 por ciento de su estrategia para alcanzar la pacificación del país (el 80 por ciento restante consiste en la aplicación de medidas sociales de carácter preventivo), la conformación de la Guardia Nacional es un paso significativo, dada la urgencia de aliviar las graves condiciones de violencia que prevalecen en múltiples regiones del país.

El proceso de reforma, en sí mismo, resultó gratificante pues se solventó de manera virtuosa un panorama sombrío, que parecía difícil de resolver dadas las posiciones que parecían ubicarse en polos opuestos.

Para ilustrar la relevancia de esta reforma, conviene hacer su reseña desde cinco apartados. En lo que se refiere a la naturaleza de la Guardia Nacional, destacan los siguientes aspectos.  La Guardia Nacional se define como una Institución policial de carácter civil (Artículo 21 párrafos 10 y 12 del Dictamen), que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (Artículo 21 párrafo 13). Contrario a lo que algunos aseguran, en la Guardia Nacional no se establece un mando mixto (cívico-militar). Tampoco existe una junta de jefes de estado militar. Se establece, eso sí, una instancia de coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas (Transitorio Segundo). Por otra parte, todos los elementos de las fuerzas armadas que pasen a la Guardia, al momento de integrarse, serán civiles. En consecuencia, no está contemplado el fuero militar. La reforma dispone que corresponde al Jefe del Poder Ejecutivo Federal designar al titular del órgano de mando superior de la Guardia Nacional (Transitorio Segundo).

La salvaguarda de los derechos humanos fue un aspecto relevante durante el desarrollo de un inédito Parlamento Abierto. En concordancia con ello, la reforma establece que la doctrina policial que rige a la Guardia Nacional está fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos (Artículo 21 párrafo 14 del Dictamen). Asimismo, atribuye al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios (artículo 73 fracción XXIII). Para fortalecer la vigencia de los derechos humanos, se ordena la expedición de dos leyes. Primero, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza que deberá aprobarse, en el lapso de 90 días, bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad (Transitorio Primero). La segunda, es la Ley Nacional del Registro de Detenciones (Transitorio Primero), cuyo propósito principal es inhibir la práctica infame de desaparición de personas por autoridades. Ésta, también, deberá aprobarse en un lapso de 90 días.

Otro de los aspectos cruciales de que se ocupa la reforma es la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. La reforma establece que el Presidente podrá disponer de las fuerzas armadas, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad (normado, subordinado, complementario y fiscalizado), y deberá informar de sus actividades al Senado (Transitorio Quinto). Por otra parte, se acota la duración de esa participación y señala que, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la ley, el Presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (Transitorio Quinto).

La reforma también se refiere a los controles institucionales. Dispone que el Senado analizará y aprobará la estrategia nacional de seguridad pública (76 fracción XI). También, que corresponde al Senado analizar y aprobar los informes anuales de la Guardia Nacional, que incluirá un capítulo sobre la actuación extraordinaria de las fuerzas armadas (76 fracción IV).

Aunado a lo anterior, la reforma atiende la preocupación de preservar y fortalecer el federalismo. Se hace explícita la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con entidades federativas y municipios (Transitorio Cuarto, Fracción II). Los ejecutivos de las entidades federativas elaborarán diagnóstico y programa para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales en un plazo no mayor a 180 días (Transitorio Séptimo). Un año después de haberse emitido el programa los ejecutivos de las entidades federativas, éstas entregarán a la legislatura correspondiente un informe de evaluación anual que será considerado para ajustar el programa y su calendario de ejecución (Transitorio Séptimo).

Uno de los aspectos menos difundidos, aunque a mi juicio más relevantes, es la creación de un Servicio Profesional Policial, que se fomenta por dos vías. La primera, mediante la expedición de la Ley de la Guardia Nacional (Transitorio Primero). La segunda, al ordenar que en la ley se preverán mecanismos de evaluación de los elementos de la Guardia Nacional (Transitorio Cuarto, Fracción II, Numeral 4).

Comisión Reguladora de Energía ¿Por qué es importante para el país?

Rodolfo Torres (31/03/2019)

Cuando el río suena …

El Senado de la República se encuentra en proceso de designación de cuatro vacantes en el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Para que ésta quede debidamente integrada, se ha suscitado un encendido debate entre las fuerzas políticas, en el que ha estado ausente el juicio razonado, se ha abusado del histrionismo y la falta de reflexión ha conducido al absurdo; se ha accedido al extremo de sustituir el argumento por la ofensa personal a los aspirantes.

Recordemos que la reforma energética de 2013-2014 modificó el párrafo octavo de la Constitución para reformular tanto la CRE como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). A partir de ahí, el debate público ha ocurrido en medio de una confusión respecto al grado de autonomía del que goza la CRE.

La reforma constitucional señala que ambos órganos reguladores son dependientes del Poder Ejecutivo Federal. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), publicada el 11 agosto de 2014, en su artículo 2, reitera que la CRE es una dependencia del Poder Ejecutivo. En consecuencia, dice el artículo 4, el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de la CRE y de la CNH.

Es interesante observar, además, que, si bien es cierto que en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la reforma constitucional se otorga a la CRE autonomía técnica, operativa y de gestión, también le obliga a coordinarse con la Secretaría de Energía para que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal.

En suma, la CRE tiene una autonomía que está claramente acotada en términos orgánicos y funcionales.

Para la integración del órgano de gobierno de la CRE existen responsabilidades compartidas entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, por conducto de la Cámara de Senadores, sin embargo, de acuerdo con la ley, la decisión del Ejecutivo Federal en esa materia es predominante. La ley establece que el presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. En caso de que la Cámara rechace la totalidad de la terna propuesta el presidente someterá una nueva. Si esta segunda terna también fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente.

Uno de los temas ardientes del debate se refiere al perfil que deben cumplir los aspirantes a comisionados, a ese respecto la ley es minimalista. A diferencia de otros procesos de designación de integrantes de órganos directivos de otros entes autónomos, por ejemplo, el de consejeros del Instituto Nacional Electoral, en  que la ley respectiva prevé extendidos procesos de evaluación (ensayo, examen y entrevista), en el caso de la CRE sólo se exige el cumplimiento de 6 requisitos: ser mexicano en pleno goce de derechos; gozar de buena reputación y no haber sido condenado  por delito que amerite prisión; poseer título profesional en disciplinas que se vinculen con las actividades del sector energético; haberse desempeñado en forma destacada  durante al menos 5 años en materias afines a la CRE; no haber sido secretario, subsecretario, procurador, senador, diputado federal o local, gobernador  o jefe de gobierno, durante el año previo a su nombramiento; y no haber ocupado, en el año previo, ningún cargo directivo en empresas sujetas a regulación por la CRE. Como puede verse, tres de los requisitos pueden verificarse mediante cotejo de documentos, dos de ellos por la suscripción de cartas de protesta de decir verdad y uno (el de desempeño destacado) se encuentra sujeto a la perspectiva subjetiva del evaluador.

La relevancia de la CRE se entiende mejor si se observa su abultado cúmulo de atribuciones y, en consecuencia, su papel preponderante en la regulación del mercado energético. De las decisiones de la CRE depende, en gran medida, la creación, vigencia y relevancia de los actores en ese gigante mercado energético. De conformidad con el Artículo 41, la CRE regula las siguientes actividades: transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos (léase gasolinas) y petroquímicos; transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos; a ello se suman: la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. Si a lo anterior agregamos lo dispuesto en el artículo 22 de la ley que establece la facultad de la CRE de: imponer sanciones respecto de actos u omisiones, otorgar permisos y autorizaciones en la materia regulada y actuar como mediador o árbitro en la solución de controversias, tenemos un claro panorama de la influencia decisiva de la CRE.

A fin de cuentas, y una vez que se asiente la polvareda, lo que esperamos es que la CRE atienda su finalidad última de propiciar una adecuada cobertura nacional y atienda a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, todo ello haciendo prevalecer el interés general por encima de los intereses individuales o de grupo. Sin duda, dado el colosal caudal de recursos e interés público involucrados en el mercado energético es evidente que lo que es indispensable garantizar es el comportamiento ético de sus comisionados.

Puebla ¿Qué resolvió el Tribunal?

Rodolfo Torres (14/04/2019)

Más vale un mal arreglo que un buen pleito (¿?)

El día de hoy, a las catorce horas con 45 minutos, vence el plazo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concedió a Morena para que funde y motive el dictamen que determina la designación de su candidato a la gubernatura de Puebla. Como es natural, la sentencia del tribunal ha sido utilizada por los contendientes para avivar un encono que, ya de por sí, es consustancial a las contiendas electorales. Para dilucidar los alcances de la resolución (SUP-JDC-75/2019) conviene reseñar sus aspectos principales.

El 30 de enero el Congreso de Puebla emitió la convocatoria para la elección extraordinaria de la gubernatura estatal. El 6 de febrero, en una decisión que fue muy cuestionada, el Instituto Nacional Electoral asumió la organización y realización de esa elección extraordinaria.

El 14 de febrero de 2019 Morena convocó a la elección de su candidato a la gubernatura mediante sondeos de opinión o encuestas. Para ese proceso, el 23 de febrero, Morena registró como aspirantes a la Senadora Nancy de la Sierra, al Senador con licencia Alejandro Armenta (AA), y a Miguel Barbosa. El 18 de marzo el Comité Ejecutivo Nacional de Morena dictaminó, con base en los resultados de la encuesta, que Miguel Barbosa sería el candidato a la gubernatura. Uno de los participantes en el proceso, AA, impugnó los resultados ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Sin embargo, se desistió de esa instancia y decidió acudir directamente al TEPJF, mismo que devolvió el expediente a dicha Comisión para que resolviera la controversia. El 29 de marzo en el expediente CNHJ-PUE-180/2019 la citada Comisión confirmó los resultados y aprobó la candidatura de Miguel Barbosa. Inconforme con ello AA promovió, el primero de abril, un juicio ciudadano ante el TEPJF, mismo que aquí se reseña.

En su impugnación, AA pidió al tribunal que revoque la sentencia de la comisión partidista y se le otorgue su registro como candidato. En el primer caso, su petición fue acogida. La segunda de ellas fue rechazada, pues el tribunal no le otorgó su registro como candidato.

El TEPJF se abocó a determinar si fue correcta la selección interna del candidato de Morena a la gubernatura del Estado de Puebla. Para ello centró su análisis en la controversia respecto a la metodología de la encuesta y en la falta de fundamentación y motivación de la determinación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En cuanto a la metodología, el tribunal argumentó que la certeza de los resultados de la encuesta genera la posibilidad de que los participantes tengan en cuenta los elementos que el órgano partidario ponderó para llegar a cabo la designación del candidato, a fin de que estén en posibilidad, eventualmente, de preparar su defensa. En consecuencia, el tribunal dio la razón al quejoso y concluyó que el CEN de Morena debe incorporar a su dictamen la encuesta y los criterios de ponderación.

Por otra parte, AA impugnó que no se le informó respecto a la metodología y parámetros de evaluación de la encuesta. El tribunal declaró infundada esa impugnación pues advirtió que el aspirante sí conoció la metodología y, además, manifestó su consentimiento con esas reglas.

Respecto a la fundamentación y motivación del dictamen emitido por el CEN de Morena, el tribunal considera que esa omisión es causa suficiente para revocar el dictamen, pues esa autoridad no expuso cuáles fueron las razones para asumir esa conclusión.

El tribunal aclara que esa falta de fundamentación y motivación es una violación formal, que es diferente a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos ambos efectos.

Con base en esas consideraciones el tribunal resolvió: 1) Revocar la resolución del caso por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 2) Revocar el dictamen del CEN por el que designó a Miguel Barbosa, 3) Ordenar al CEN de Morena que emita otro dictamen debidamente fundado y motivado en el que exponga las razones por las cuales pondere la encuesta a fin de designar al candidato conforme a su estrategia política y competitividad en la contienda.

En consecuencia, para dar cumplimiento al tercer resolutivo, bastará con que, a lo largo del dictamen, el CEN exprese las razones y motivos que le condujeron a adoptar su resolución y que señale con precisión los preceptos normativos que sustentan su determinación.

También resolvió que el registro de la candidatura ante el INE, que es apoyada por una coalición con PT y PVEM, deberá quedar condicionado a los efectos de la emisión del nuevo dictamen.

Lamentablemente, la sentencia del tribunal no clausura esta disputa pues ordena que, una vez que se comunique al INE y al Consejo Local (que previsiblemente sesionarán durante esta semana santa) la nueva determinación de la candidatura, de inmediato se deberán pronunciar sobre el registro correspondiente. Ello abrirá, eventualmente, un nuevo proceso de impugnaciones y sentencias. Todo ello, en medio de unas campañas electorales que iniciaron el 31 de marzo y concluirán el 29 de mayo.

El efecto neto de ese ciclo de impugnación-sentencia, ha sido ralentizar la campaña del candidato que fue impugnado.

Impacto de una eventual crisis económica en Argentina

Rodolfo Torres (28/04/2019)

Hablando claro se entiende la gente

El seguimiento del intenso e interminable debate nacional nos impide, con frecuencia, estar al tanto de acontecimientos externos que pudiesen impactar en nuestro país. Es el caso de la crisis económica que se cierne sobre la República Argentina, misma que puede contagiar rápida y directamente a toda la región sudamericana y, de manera indirecta, a nuestro país.

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondientes al año 2018, Brasil aporta poco más del 36 por ciento del producto interno bruto (PIB) de América Latina, México aporta el 23 por ciento y Argentina el 9 por ciento (que son los países que ocupan los tres primeros lugares en ese rubro). Argentina es un país con poco más de 44 millones de habitantes, cuya dimensión geográfica lo coloca como el más extenso de todos los países hispanohablantes del planeta.

En junio de 2018 Argentina obtuvo, del FMI, un préstamo por 50 mil millones de dólares, que equivale al 10 por ciento de su PIB, para hacer frente a las fluctuaciones del peso argentino frente al dólar. En septiembre de 2018 el préstamo fue renovado y tuvo un incremento de 7 mil 100 millones de dólares. El acuerdo con el FMI, así como las medidas de ajuste económico que ha traído consigo, han generado críticas de la oposición y de la sociedad argentina por los aumentos de precios de bienes y servicios que han desembocado en una inflación mensual, para abril de este año, del 4 por ciento. Esas medidas han provocado que, de acuerdo con encuestas, el 60 por ciento de la población desapruebe la gestión del gobierno. A lo anterior hay que sumar que el oficialismo no cuenta con la mayoría en su Cámara de Diputados (108 de 257 diputados) ni en su Senado Federal (25 de 72 Senadores).

Al crecido monto inflacionario, hay que agregar la fundada preocupación por la embarnecida deuda externa argentina. Existen serias dudas respecto de la viabilidad de afrontar el pago por 34 mil millones de dólares de deuda que deben cubrirse el próximo año. Dudas que parecen razonables dados los pronósticos de recesión de su economía, las presiones sobre su tipo de cambio peso-dólar, y a que un eventual intento de agravamiento de los recortes presupuestales es, a todas luces, inviable, dado el deteriorado ambiente social y político en ese país. Acrecentar el descontento social en un escenario preelectoral sería suicida para el actual gobierno.

El riego de contagio de la eventual crisis económica argentina en nuestro país no proviene de la fortaleza de nuestro intercambio comercial, ni del que tenemos con el resto de los países de Sudamérica. Nuestros intercambios comerciales con Argentina son de un monto reducido: en 2017 fue de apenas 2 mil 326 millones de dólares.

En contraste, la salud de nuestra economía sí depende, en gran medida, del bienestar económico de la región norteamericana. El intercambio de México y los Estados Unidos fue, para el mismo año, de 488 mil millones de dólares (209 veces mayor que el que tuvimos con Argentina). Prácticamente el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se realizan hacia los EU y Canadá, mientras que el 51 por ciento de nuestras importaciones proviene de los EU. Por otra parte, nuestra economía sí reacciona fuertemente a la dinámica de las variables económicas de nuestro vecino del Norte. En suma, parecería que nuestra suerte económica estaría sólo vinculada al comportamiento de Norteamérica y no al de Sudamérica. Sin embargo, el riesgo para nuestro país de un contagio indirecto, desde del Sur del continente, puede provenir de los círculos de flujo de los mercados de deuda y capitales. 

Los protagonistas económicos mundiales adscriben en la categoría de mercados emergentes a diversos países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En general, la tipificación de mercados les resulta de utilidad en la medida en que ciertos países, que comparten ubicación geográfica regional, y que tienen un importante peso económico en su región, cuentan, frecuentemente, con un importante intercambio comercial, y sus economías locales se ven afectadas, en grado similar, por el comportamiento de determinadas variables económicas globales. El uso de la categoría de mercados emergentes facilita a los inversionistas la toma de decisiones respecto al destino de sus capitales. A partir de ese juicio se determina el flujo de recursos financieros globales y, en buena medida, el grado de salud de las economías locales.

En época reciente, los mercados emergentes han sido el destino preferido de los capitales globales en virtud del elevado rendimiento que aportan a sus inversiones. Sin embargo, como ya ha ocurrido en diversos casos, la crisis de una o de varias economías locales adscritas a un mercado emergente puede detonar una estampida que ahuyente a los capitales de toda la región.

En el caso de la Argentina, la expectativa de impago de su deuda ha crecido dramáticamente. Si atendemos a la opinión de analistas económicos internacionales, la probabilidad de impago se ubica en un 58 por ciento. La cifra es muy elevada, particularmente si se la compara con la de otros países que se ubican en la misma región latinoamericana, y que pertenecen a la misma categoría de mercados emergentes: Chile 3 por ciento, Perú 4, Colombia 7, México 8 y Brasil 12.

El riesgo para nuestra economía proviene de un eventual impago de la deuda externa argentina. Nuestras autoridades económicas (Banco de México) y hacendarias (SHCP) harían bien en reiterar a los actores financieros la particularidad de nuestra inserción en el mercado emergente latinoamericano, así como acerca de nuestros fundamentos macroeconómicos, comerciales y de tipo de cambio. Estamos a tiempo.

Guerra Comercial Estados Unidos vs China

Rodolfo Torres (12/05/2019)

El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad. Johann Wolfgang Goethe

 En semanas recientes hemos sido testigos de la forma en que los indicadores de los mercados accionarios, alrededor del mundo, han marchado al ritmo que les ha impuesto el despliegue de noticias respecto del desenvolvimiento de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China.

 Tan sólo el viernes pasado, un escalamiento en el conflicto, que tuvo su origen en el aviso de  un incremento de tarifas arancelarias, del 10% al 25%, impuesto por EU a un elevado número de productos (con valor de 200 mil millones de dólares) que provienen de China, y la certeza de que ello provocaría una respuesta de proporción similar por parte del país asiático, motivó, por ejemplo, que las acciones del gigante tecnológico Apple cayeran, momentáneamente, hasta en un 6%. A sabiendas de que las conversaciones “de paz” concluirían el pasado viernes, y de que podrían hacerlo de la peor manera posible, dado el incremento arancelario, se generó un nerviosismo que se reflejaba en pérdidas en las bolsas de valores de todo el mundo. La noticia (vía Twitter) de que el presidente de los EU había autorizado, de última hora, prolongar las conversaciones más allá del viernes, y hasta por un mes más, dio alivio a los mercados accionarios norteamericanos que cerraron el día con números positivos. Para darnos una idea de la complejidad del conflicto y de las reducidas posibilidades de su solución en el corto plazo, conviene detenernos en algunos aspectos importantes.

De acuerdo con la cadena británica de noticias BBC, la guerra comercial entre las dos potencias inició el año pasado, a partir de la intención del presidente Trump de revertir el elevado déficit que su país tiene con China -cabe recordar que se incurre en déficit cuando las compras hechas a un país extranjero son superiores a las ventas que se le hacen-. Aunque el déficit comercial de los EU inició en 1985, éste se incrementó dramáticamente desde el año 2001, año en que China se integró a la Organización Mundial de Comercio. En 2018 ese déficit alcanzó 419 mil millones de dólares.

El desarrollo y desenlace de una guerra de esas dimensiones puede dañar a ambas partes. EU importa bienes desde China por un valor de 539 mil millones de dólares. A su vez, China importa, desde los EU, 120 mil millones de dólares. Los productos que se importan desde China, y que se verían afectados por los nuevos incrementos arancelarios, son: equipo de telecomunicaciones, circuitos electrónicos integrados, procesadores de computadoras y partes de equipos de cómputo. Dado que durante varios años se han creado cadenas productivas entre ambos países en el ámbito tecnológico, es previsible que el escalamiento de la guerra comercial afectará también a las empresas norteamericanas (como el citado caso de Apple). Además, la respuesta de China a la embestida norteamericana puede también menoscabar la base electoral de Donald Trump, pues amenaza con centrarse en productos generados en distritos de votantes republicanos, por ejemplo, en las zonas productoras de soya.

Esta guerra comercial ha tenido ya un impacto negativo en la economía global. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que el escalamiento en la tensión fue uno de los factores que ha contribuido al debilitamiento de la expansión mundial y ha ocasionado el recorte en los pronósticos de crecimiento económico global. Como es natural, este conflicto ha afectado a terceros países que son socios comerciales importantes de EU (Canadá y México) y de China (Brasil y Perú).

Con independencia del curso que siga la actual guerra comercial, lo cierto es que el conflicto puede agravarse pues involucra una competencia geopolítica que va más allá de este asunto puntual. De él es parte relevante el ingrediente tecnológico. Lo que no es de extrañar, dado que ese sector es la principal fuerza motriz de la economía internacional. Una muestra de ello, según reporta el Wall Street Journal en su edición del pasado viernes, es la negativa de los EU que, por conducto de la FCC, bloqueó al gigante tecnológico China Mobile al negar su autorización para que éste provea de servicios de comunicación internacional en los EU. Por otra parte, el productor chino de teléfonos inteligentes Huawei quien apenas, el pasado 3 de mayo, superó a Apple convirtiéndose en el segundo mayor vendedor en ese sector, sólo detrás de Samsung, tiene un rol preponderante en la disputa tecnológica, pues el mayor potencial de esa empresa no es sólo en el rubro de telefonía inteligente sino en su rol dominante y vanguardista en el desarrollo de la red de comunicación denominada 5G. No es ajena a esa disputa el arresto, en Canadá, de la hija del presidente de esa compañía en diciembre pasado.

Finalmente, la preocupación de los EU, respecto al crecimiento de la influencia china en el mundo, se ha incrementado, a partir de la iniciativa del país asiático “ruta de la seda” que abarca diversas regiones del mundo.

Como puede verse, este conflicto no aporta razones para el sosiego, sin embargo, dado que nuestra interconexión con la economía global no nos permite mantenernos al margen del conflicto, sí podemos, y debemos, estar atentos a su desarrollo para tomar acciones oportunas.

Los Pasos Perdidos de Donald Trump

Rodolfo Torres (02/06/2019)

No se puede ser prisionero de la indecisión, porque en ella todas las puertas permanecen abiertas. Indira Gandhi

 En contraste con la imagen que Donald Trump ha querido proyectar, de que ejerce un liderazgo firme y vigoroso, lo cierto es que ha dado sobradas muestras de que los Estados Unidos (EU) tienen, hoy por hoy, una presidencia contradictoria y vacilante. Ejemplo de ello son los episodios con Japón, Irán, Europa (en particular Alemania), China y México.

Hace apenas unas semanas, durante la visita de Estado de Trump a Japón, Corea del Norte lanzó un misil de prueba. Frente a ese acto, el gobierno de Japón, principal perjudicado ante un eventual conflicto con ese país, reaccionó con prontitud y lo condenó con energía; Donald Trump, por su parte, no le otorgó mayor relevancia y ello fue tomado como un gesto de dejar en las astas del toro a un socio que se considera estratégico. Una razón que explicaría esa pasividad es que su eventual condena conllevaría a la aceptación de que la forma en que ha conducido las conversaciones de paz con Corea del Norte ha sido equívoca e ineficaz.

En cuanto a Irán, como se sabe, desde el año 2004, los EU encabezaron una ofensiva internacional que se materializó en duras sanciones financieras y políticas a ese país debido a su programa nuclear. En el año 2016 dichas sanciones fueron aligeradas gracias a un acuerdo suscrito por China, Rusia, Francia, Reino Unido, Alemania, EU y el propio Irán. Sin embargo, sin motivo evidente y a despecho de la opinión europea expresada por Francia, Alemania y el Reino Unido, el pasado 8 de mayo de 2018, Trump rompió el acuerdo nuclear y restableció un nivel más alto a las sanciones contra el régimen iraní. Ese gesto, no sólo dejó en la cuneta a sus socios estratégicos en Europa, exacerbó, además, el conflicto en el medio oriente e incrementó sustancialmente el comercio de armas en la región. Ben Rhodes, uno de los promotores del acuerdo nuclear y ex miembro del gobierno de Obama, ha señalado “Después de esto, ¿quién puede confiar en los acuerdos internacionales que Estados Unidos negocia?”

Con respecto a Europa las cosas no son diferentes. En 2018, Trump anunció la imposición de tarifas a metales provenientes de esa región. Ahora, frente a la amenaza de imponer nuevas tarifas por 11 mil millones de euros por disputas relacionadas con la industria aeronáutica, Europa tiene preparada una contraofensiva que incluye una lista de importaciones de EU, con valor de 22 mil 600 millones de dólares, a las que impondría tarifas. La ofensiva se ceba especialmente con Alemania en dos rubros: el de la energía y el de las comunicaciones. En cuanto al ámbito energético, se presiona a Alemania para que detenga la inminente ampliación de recepción de gas ruso en 2019 y, en cambio, se alimente de gas natural licuado proveniente de los EU (a un costo muy superior). A principios de ese año concluirá la construcción de un gasoducto (denominado Nord Stream 2) que se asienta en el lecho del mar báltico y que suministrará gas natural a Alemania y, por su conducto, a otros países europeos. Pero la disputa es aún mayor en el rubro de las comunicaciones, pues Alemania ha aceptado, inicialmente, la participación de Huawie, el vilipendiado gigante tecnológico chino, en la construcción de su red de comunicaciones 5G. Las discrepancias con los EU se han acrecentado debido a que los planes europeos de defensa prevén dejar abierta la puerta para que otros proveedores, no sólo los norteamericanos, puedan suministrar armamento a esa región. Ante ello, apenas en la semana que concluye, los EU han amenazado con cancelar con Europa todo intercambio de información de inteligencia en materia de seguridad hemisférica.

En lo que se refiere a China, EU no sólo ha quedado en evidencia al tomar como rehén a la empresa Huawei para que el país oriental volviera a la mesa de negociaciones; sino que, tras la amenaza de imponer tarifas a los productos chinos, las acciones de las compañías estadounidenses, en particular las empresas tecnológicas, han sufrido efectos contraproducentes y afectaciones importantes. Sólo del 10 al 24 de mayo de este año, el Standard and Poor’s tuvo una caída de casi el -2%. El gobierno de Trump se ha visto obligado a recular y a abrir un compás de espera de tres meses, encubriendo su decisión en la fingida aceptación de una tregua a la empresa china que ésta no solicitó.

Con esa actitud aislacionista, vacilante y contradictoria (en medio de la aprobación que hará el Senado mexicano al T-MEC), a la que se agrega el lanzamiento, el 18 de junio, de su campaña por su reelección, es que Trump anuncia la imposición de tarifas a productos que México exporta a ese país. Ese anuncio provocó la caída, en un solo día, el viernes, del indicador norteamericano referido en un -1.32%.

La respuesta del gobierno mexicano ha sido firme y oportuna y ha concitado el apoyo de todo el abanico político, económico y social de nuestra nación. México está unido ante ese conflicto. Trump ha abierto demasiados frentes de batalla y México es demasiado país para intentar tragarlo de un solo bocado. Al paso de los días, los EU verán aumentar la presión interna y externa, y será más evidente el daño que se auto infligirían con esas medidas; es un daño que puede tornarse irreversible. México es un eslabón crucial en sus cadenas productivas. A la luz de que nuestro aliado comercial más importante da reiteradas evidencias de que está dejando de ser confiable, es momento de que México refuerce sus alianzas históricas con América Latina y explore nuevos horizontes en un mundo multilateral.

Apuesta por una negociación sin extorsión

Rodolfo Torres (16/06/2019)

Dando y dando

El viernes pasado (14 de junio de 2019) la secretaria de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores comparecieron ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para informar al poder legislativo respecto de los acuerdos suscritos con el gobierno de los Estados Unidos en materia de tarifas arancelarias y migración. El secretario Marcelo Ebrard entregó a los legisladores los acuerdos que se pactaron con los EU y negó que hubiese acuerdos secretos.

Se contempla que, si al término de un plazo de 45 días los EU consideran que la eficacia de las medidas para contener la migración de Centroamérica hacia su país no ha sido la esperada, se activaría el compromiso de ambas partes para iniciar negociaciones tendentes a establecer los términos definitivos de un acuerdo bilateral vinculante que aborde el reparto de la carga y la asignación de la responsabilidad de procesar las solicitudes de refugio, así como la obligación de examinar, y modificar en su caso, las leyes nacionales para facilitar la vigencia de esos acuerdos.

El secretario de Relaciones Exteriores argumentó que, de haber ocurrido el incremento de tarifas arancelarias, se hubiera puesto en riesgo el empleo de un millón de trabajadores y el impacto en la economía nacional hubiese sido equivalente a una elevación del IVA entre un 15 y un 25 por ciento.

Sabemos que nuestra economía está fuertemente vinculada a la de los EU, sobre todo a partir del acuerdo comercial de Norteamérica que entró en vigor en 1994. Es ampliamente conocido que alrededor del 80 por ciento de nuestro intercambio comercial ocurre con los EU y que millones de empleos, a ambos lados de la frontera, dependen del vigor de esas transacciones comerciales. Lo que en el caso presente ha resultado sorprendente ha sido la virulencia del ultimátum del gobierno de los EU hacia su vecino y, ahora, primer socio comercial.

Durante su comparecencia, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que las medidas arancelarias que pretendía imponer el gobierno de los EU estaban amparadas en una Ley de Emergencia Económica, conocida como IEPA, que ya ha aplicado contra Irán, Siria, Libia, Irak y Somalia, países a los que EU ha considerado como sus enemigos declarados. El secretario de Relaciones Exteriores subrayó que esta crisis es la más severa desde las intervenciones militares de EU en México de 1846 y de 1914.

No existen razones objetivas para que a nuestro país se le catalogue como enemigo de los EU. La migración, que es el principal argumento de Trump, es un fenómeno global que, en el caso de Centroamérica, se ha agudizado por los fenómenos climáticos (señaladamente por los efectos devastadores del huracán Mitch), por el acelerado deterioro de las condiciones de vida en la región, que han acentuado la violencia y recrudecido la pobreza; entre otras cosas, por la imposición de regímenes dictatoriales.

La condición actual nos obliga a reflexionar, en lo general, respecto a la entronización de las guerras económicas que ha enarbolado Washington, tanto en su vertiente comercial como en la financiera. Del primer caso, son ejemplos la aplicación de aranceles extraordinarios a Canadá, México, China, Europa, entre otros; de los bloqueos financieros, los son Irán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

A la luz de la evidencia de que EU está dispuesto a cambiar las variables de la ecuación para convertirnos, sin razón alguna, en sus enemigos declarados, también estamos obligados a reflexionar sobre el asunto en lo particular, y debemos meditar sobre si ha llegado la hora de reformular nuestras estrategias y prepararnos para afrontar con éxito ese indeseado, pero factible, escenario.

En ese contexto, son importantes las medidas anunciadas por la secretaria de Economía respecto a que, tanto el vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como el nuevo T-MEC, contemplan mecanismos para entablar una defensa respecto de la imposición unilateral de aranceles del gobierno de los EU. Existe la posibilidad de recurrir a la Organización Mundial de Comercio y de imponer aranceles si Washington impone aranceles a las exportaciones mexicanas.

Nuestro país ha mostrado su disposición para fortalecer sus vínculos de cooperación comercial con los EU. El mismo viernes, por la tarde, el presidente del Senado de la República, Martí Batres, informó que cuatro comisiones del Senado (Relaciones Exteriores, Puntos Constitucionales, Economía y Relaciones Exteriores con América del Norte) habían avalado por unanimidad la ratificación del tratado comercial T-MEC con los EU y Canadá. El dictamen de las comisiones se someterá a discusión y, en su caso, aprobación del pleno del Senado en sesión de su segundo periodo extraordinario que se realizará el miércoles 19 de junio.

El conflicto que construyó Trump en contra de México está lejos de haberse resuelto. Se obtuvo un breve aplazamiento frente a un insólito ultimátum y no se debe descartar que Trump insista en su amenaza de incrementar los aranceles para convertir a México en “tercer país seguro”. Frente al conflicto, nuestro país le ha apostado, acertadamente, a la cooperación y a la negociación. Sin embargo, de persistir las intimidaciones, México no puede someterse a una perenne extorsión.

Credencial para votar

Rodolfo Torres (30/06/2019)

Distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves. Proverbio chino

El viernes pasado el Instituto Nacional Electoral informó de la conclusión de la licitación para producir la nueva credencial para votar. La empresa Veridos obtuvo el contrato -que se suscribirá el próximo 12 de julio-; estará vigente del 2 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2024. El contrato establece un costo máximo de 945.8 millones de pesos por la emisión de hasta 81 millones 676 mil identificaciones. Cada plástico costará $ 0.6 dólares ($ 11.52 pesos al tipo de cambio actual). Las credenciales emitidas tendrán una vigencia de 10 años. El tema es, sin duda, polémico y atraerá la atención de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y de Sergio Gutiérrez Luna, Diputado Federal de Morena a cargo de la reforma electoral.

Conviene recordar que la vigente Ley General de Población otorga a la Secretaría de Gobernación, en sus artículos 85 y 86, la facultad de registrar y acreditar a todas las personas residentes en el país, y a los nacionales que residan en el extranjero, en un Registro Nacional de Población.

Por otra parte, el uso de la credencial para votar, como medio de identificación oficial, proviene de una disposición transitoria. El artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de esa Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1992, señala que: “En tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, esta credencial (para votar con fotografía) podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral.”

Además, el registro de los electores en México proviene de una añeja disposición legal. Las “Reglas para las elecciones de diputados y de Ayuntamientos del Distrito y Territorios de la República” de Julio 12 de 1830, disponen -en su artículo 8- que: “… se empadronará a los vecinos de cada manzana o sección, que tengan derecho de votar …”

Cinco días antes de que se anunciara el inicio del proceso licitatorio del 30 de abril, el presidente del INE se manifestó en contra de la propuesta de una nueva cédula de identificación debido, dijo, a que se cuenta con la credencial para votar para poder certificar la identidad de las personas. Argumentó que es un mecanismo que tiene un blindaje político ya que los partidos son los auditores de ese mecanismo.

Es precisamente ese punto el que, a mi juicio, torna inviable que la credencial para votar con fotografía perdure como mecanismo de identificación oficial. Se entiende que los partidos vigilen todos los extremos de la organización de las elecciones. Entre ellos, la identidad de los electores; pues es crucial para garantizar la universalidad del voto. Pero eso, nada tiene que ver con que los partidos auditen la identidad de todos los mexicanos, incluyendo a los menores de edad. No sólo porque no hay razón válida que lo justifique, sino también porque hay antecedentes de casos, acreditados y sancionados, de que algunos partidos no han salvaguardado la confidencialidad de esos datos y han propiciado que se filtren indebidamente a sitios públicos, poniendo en riesgo la integridad personal y patrimonial de las personas.

Por otra parte, a pesar de los plausibles esfuerzos de la autoridad por acrecentar las medidas de seguridad de la credencial para votar, es un hecho que la acreditación de la identidad personal, únicamente mediante credenciales de ese tipo, tiene deficiencias estructurales que la han vuelto obsoleta.

Para entenderlo, hay que tener claro que la seguridad de ese mecanismo se asienta en tres factores a cargo del revisor, quien: 1) deberá constatar la correspondencia entre el portador y la credencial; 2) deberá garantizar que la credencial sea legítima y no una falsificación y 3) deberá actuar de buena fe. Este último elemento es crucial, pues si alguien que ofrece un bien o servicio es cómplice de quien es portador de una identificación falsa, o que no le pertenece, dará por buena la identificación y admitirá la operación en perjuicio de un tercero. Es, en ese contexto, que se ha extendido el robo de identidad (que ocurre en un 67 por ciento de los casos por pérdida de documentos; en un 63 % por el robo de las carteras que los contienen y en un 53% por información tomada directamente de una tarjeta bancaria).

No es por ello extraño que, a la luz de esas fisuras, actualmente, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, se extienda la acreditación de la identidad por medios biométricos (rostro, huella dactilar, iris). De ello da muestra el hecho de que el pasado 29 de diciembre de 2018, el presidente de la Asociación de Bancos de México informara que los bancos con operaciones en el país acordaron crear una base de datos biométricos compartida que contendrá la información de los clientes. Su objetivo es tener un sistema de identificación único y, para alcanzarlo, la Banca buscará la colaboración del Servicio de Administración Tributaria. De acuerdo con los procedimientos vigentes las instituciones financieras tendrán que cotejar las huellas digitales con las bases de datos del organismo electoral. Actualmente el INE resguarda los datos biométricos (huellas dactilares y rostro) de 90 millones de mexicanos.

¿Por qué, entonces, no establecer, desde ahora, los mecanismos institucionales de identidad personal con herramientas acordes con las nuevas condiciones de nuestra realidad y el auxilio tecnológico disponible; que serían sustancialmente más económicos que los actuales?

¿Recesión o Desaceleración?

Rodolfo Torres (14/07/2019)

Todos vamos en el mismo barco

 La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nutrió la especulación política, dada la estridencia de su portazo de salida que exhibió a un secretario con un nivel muy alejado del que debiera tener un hombre de Estado. También atrajo la atención pública hacia la situación en que se encuentra la economía, pues algunos han anticipado nuestro inminente ingreso a una recesión económica.

La recesión es un término económico que se utiliza para referirse a un declive significativo en la actividad económica, que se hace evidente en las variables de: producción económica, de empleo, de ingreso real y de comercio. El término técnico es más estricto; basta con que el producto interno bruto de un país decrezca en dos trimestres consecutivos para determinar que se ha entrado en recesión.

Sin importar su magnitud, es un hecho que, la sola declaratoria de que una economía está en recesión, detona múltiples alarmas; tiene consecuencias en el costo del acceso al financiamento externo y acrecenta los intereses que deben pagarse por la deuda externa -si bien, la magnitud sí es tomada en cuenta para fijar los incrementos.

 Aunque la economía mexicana no está actualmente en recesión, es importante detenerse en algunos indicadores que nos permitan ponderar si ese riesgo existe y en qué magnitud podría presentarse.

La economía de México se contrajo un 0.2% en el primer trimestre de este año; no obstante, en ese mismo lapso, mostró señales positivas en desempleo (3.5%), inflación (3.9%) y superávit fiscal primario (0.6%), además de un incremento real a los salarios de un 2%.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional pronostica, para 2019, un crecimiento positivo del producto interno bruto, aunque menor al del 2018, una inflación menor a la de 2018, manteniéndose los indicadores de desempleo, deuda y superávit fiscal primario.

Además, el desempeño económico de un páis tiene que ver, también, con factores externos. Como se apunta en la minuta de la Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México del pasado 27 de junio, en el ámbito externo, la economía mundial se desaceleró debido, entre otros factores, a un entorno adverso para el comercio mundial; riesgo que no ofrece señales de atenuación. México es un destacado integrante de la economía global por su elevada dependencia del comercio internacional.

Aunque no existe una forma plenamente confiable de predecir cuándo ocurrirá una recesión, los economistas en el mundo utilizan predictores, generalmente aceptados, entre los que se encuentran los denominados “indicadores líderes”. Entre los más confiables y más ampliamente utilizados en el mundo se encuentran los que elabora la Conference Board, llamados Leading Economic Index. En particular, este ente publica, para diversos países, entre ellos México, dos indicadores clave, denominados LEI y CEI. El primero se utiliza para anticipar tendencias, mientras que el segundo refleja el estado actual de la economía. En su último reporte para nuestro país (abril de 2019) ambos indicadores son positivos. El primero con un crecimiento, entre marzo y abril, del 0.9% y el segundo con un crecimiento, en el mismo lapso, del 0.2 %.

Como puede verse, existen indicadores que sustentan ambas posiciones. Lo que es un hecho es que la economía mexicana, dada su fuerte inserción en la economía mundial, no puede ser ajena a la desaceleración global. La interrogante es si esa desaceleración nos llevará ahora a cruzar el umbral de la recesión. A la vista de los indicadores de nuestra economía es previsible que, de cruzar ese umbral, sería levemente y por un corto lapso. Aunque, para atenuar el agravamiento de ese riesgo, es indispensable fortalecer, desde ahora, la inversión tanto pública como privada.

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