Category: Política

Rodolfo Torres (08/09/2019)

Cambia … Todo cambia

Hace 45 años, en un día como hoy, se fundó el PMT. La remembranza es pertinente pues, más allá de nostalgias fútiles y anécdotas baladíes, sus propuestas políticas trascendieron su existencia y mantienen su vigencia.

Los antecedentes históricos inmediatos del PMT fueron el movimiento estudiantil de 1968 y el Movimiento Sindical Ferrocarrilero de los 50s-60s. Una de las exigencias destacadas del movimiento estudiantil fue la liberación de los líderes ferrocarrileros, entonces presos políticos: Demetrio Vallejo (después fundador del PMT) y Valentín Campa (del PC). Los principales dirigentes de ese movimiento estudiantil fueron precursores del PMT: Heberto Castillo, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Eduardo Valle, Tayde Aburto y Salvador Ruiz Villegas (todos ellos fueron, también, presos políticos a raíz de su participación en el movimiento). Pero los afluentes del PMT fueron más profusos. A lo largo de su existencia se integraron miles de mujeres y hombres, tanto sin experiencia política previa como experimentados participantes de organizaciones sindicales, estudiantiles, magisteriales, campesinas, populares, guerrilleras, religiosas (comunidades cristianas de base y simpatizantes de la teología de la liberación), de mujeres, de intelectuales, de médicos, de artistas, científicas y académicas.

En ese entonces, era común que las organizaciones políticas de izquierda únicamente tuvieran como su referente histórico a personajes como: Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao, el Ché Guevara o Fidel Castro. Fue el PMT quien rescató, del acartonado mausoleo oficial, a nuestros héroes nacionales: Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata y Villa. Esa postura no estuvo, ni ha estado exenta de crítica, pero sin duda amplió la simpatía de la gente hacia las propuestas de la izquierda mexicana.

En los años 70 del siglo pasado, había una consolidada presencia nacional de organizaciones guerrilleras que apostaban por la vía armada para la transformación del país. A la par de ello, la larga noche del régimen autoritario que por décadas padeció nuestro país, gozaba de sus mejores momentos y asfixiaba, con eficacia, la vida de los partidos opositores. Por ello la propuesta del PMT, que apostaba por la vía pacífica, mediante la creación de un partido de izquierda que se planteaba con seriedad la disputa y el acceso al poder público, era fresca y novedosa y desató un intenso debate en las fuerzas de ese flanco.

Como parte de ese debate se discutía el tipo de partido que debía construirse: uno de “masas” (abierto a la población en general) o uno de “cuadros” (de acceso restringido, al estilo de los partidos comunistas de la época). El PMT optó por abrir el partido a la más amplia participación ciudadana. Pero esa decisión pasaba por romper el monopolio que de las plazas públicas tenían los gobiernos autoritarios. Fue así que el PMT se convirtió en factor crucial para la apertura de las plazas públicas a los partidos de la izquierda opositora.

Uno de los afanes fundamentales del partido y de la militancia pemetista fue la defensa de la soberanía nacional. En la década de los 70 y 80, el PMT propugnó firmemente por la defensa de los recursos petrolíferos del país, en contra de su explotación irracional y de que  se exportara petroléo crudo; proponía, por el contrario, que se obtuvieran productos refinados y petroquímicos.

El PMT promovió, a lo largo de su existencia, la mayor alianza posible de las fuerzas opositoras. Como vivió concluyó su vida; en 1987 (a sus 13 años) se unió a la fusión que nacía entre el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Patriótico Revolucionario, la Unión de Izquierda Comunista y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, para crear el Partido Mexicano Socialista.

La exmilitancia pemetista preserva su rica diversidad humana. Algunos se mantuvieron en la vida partidista (en otros partidos), en el activismo político, o como servidores públicos. Otros regresaron a una vida “civil” fructífera (la academia, la ciencia, el arte, el periodismo, o la participación en organizaciones sociales). Ahora, algunos son servidores públicos del nuevo gobierno y otros son militantes, dirigentes o legisladores de Morena. Otros más, tienen una posición crítica hacia la llamada 4T. Todos podrían defender las razones de sus posiciones. Ello impide, a mi juicio por fortuna, que nadie pueda apropiarse individualmente de la riqueza colectiva de esa importante etapa de la vida política del país.

El PMT fue una fuerza política opositora de izquierda, firme, consecuente con sus principios, que nunca optó por pactar con las fuerzas del poder autoritario.

Las apuestas del PMT: en favor de la reivindicación de nuestra historia nacional y de su potencial como fuerza transformadora; de la elección de la vía pacífica para la toma del poder público; de favorecer la más amplia participación de la sociedad en los asuntos públicos y de la defensa de la soberanía nacional, se han revelado acertadas y vigentes. Fueron, sin duda, aportaciones trascendentes que miles de hombres y mujeres defendieron con la mira puesta en un mejor futuro para México.

Ciertamente, la vía transformadora –que no comenzó ni concluyó con el PMT–  ofrece ahora nuevos desafíos que demandan renovadas apuestas y plantean enigmas inéditos. Hoy, una amplia coalición social, con un abultado componente de fuerzas de izquierda, ha ganado el gobierno por la vía pacífica de las elecciones. A la vista de las múltiples trincheras de poder que aún mantienen bajo control las fuerzas conservadoras, encaramos una novedosa circunstancia que da lugar, entre otros, a un singular acertijo: ¿Conviene, es factible, y en su caso, cómo tomar el poder desde el gobierno?  

Rodolfo Torres (22/09/2019)

“Guarda pan para mayo y leña para abril, que no sabes el tiempo que ha de venir.”

Previo a la celebración de la conferencia mundial sobre cambio climático, que se llevará a cabo el día de mañana en la ONU, millones de personas en todo el mundo desfilaron por las principales capitales del planeta para exigir a los líderes mundiales acciones eficaces ante la crisis climática. En todas esas movilizaciones, sobresalió la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que demandaron un futuro para el planeta.  Se estima la realización de más de cinco mil eventos en 156 países que culminarán el próximo viernes 27 con una huelga mundial. La movilización más notable ocurrió en Nueva York, tanto por el número de participantes (que se estima en más de 250 mil personas), como por ser encabezada por la joven activista sueca Greta Thunberg de 16 años quien, apenas hace un año, en solitario, declaró una “huelga escolar por el clima” que detonó la actual campaña mundial.

De acuerdo con información de la NASA, los científicos atribuyen el calentamiento global al llamado efecto invernadero, particularmente agudizado por la actividad humana. El efecto invernadero tiene lugar a causa de la acumulación de ciertos gases en la atmósfera que impiden la disipación del calor. Entre esos gases se encuentran el óxido de nitrógeno, el metano, el vapor de agua (que actúa como retro alimentador) y el bióxido de carbono. El más importante es el bióxido de carbono que se ha incrementado en más de un tercio desde la revolución industrial por la deforestación, el cambio de uso de suelo y la quema de combustibles fósiles (gasolinas, diésel, combustóleo, gas, y carbón). El óxido de nitrógeno, por su parte, se ha visto elevado por el uso intensivo de fertilizantes, por la quema de biomasa y porque constituye un importante subproducto de la quema de combustibles. El metano se genera, en cambio, por la descomposición de basura orgánica, por diversos cultivos y por el estiércol que produce el ganado, cuyo creciente volumen obedece a la desmesurada demanda de productos cárnicos que exige la dieta de la mayor parte de la humanidad en nuestros días.

Ya padecemos hoy los efectos del cambio climático. Sufrimos un incremento de temperatura atmosférica; una mayor duración de las etapas cálidas que alteran los ciclos agrícolas. En algunas regiones, ha aumentado ya la precipitación de lluvias; en otras, se han agudizado las sequías y las olas de calor, debido a la reducción de humedad del suelo, lo que ha favorecido la iniciación y continuidad de más incendios. Los huracanes se han vuelto más frecuentes, duran más y su intensidad tiene mayor poder destructivo. El nivel del mar se ha visto elevado crecientemente desde 1880 y la expansión de los mares continuará debido al derretimiento del hielo de los polos. Se estima que a mitad de este siglo (en apenas 30 años) el océano ártico perderá todo rastro de hielo durante los periodos de estío. Desde el inicio de la revolución industrial, la acidez de la superficie oceánica se ha incrementado en un 30 por ciento, y con ello, se ha modificando buena parte del ecosistema marino y puesto en riesgo a las especies que habitan el mar.

La emergencia climática ha encendido las alarmas, también, en lo que atañe a la salud pública.

El 4 de noviembre de 2016, entró en vigor el denominado Acuerdo de París Contra el Cambio Climático, mismo que fue ratificado por 195 países. Dicho plan estimó que, a partir del año 2020, comenzarían los recortes a la emisión de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, el pacto y la aplicación de sus medidas afrontan los más severos desafíos.

El 1º de junio de 2017, Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaba el acuerdo con base en los “intereses nacionales”; sostuvo que el pacto debilitaba la economía estadounidense. Más allá de la propia cobardía del abandono de un pacto internacional, el hecho arroja luz respecto a la viabilidad de su aplicación en otros países. De acuerdo con datos de 2014, China es el principal emisor mundial de bióxido de carbono, con el 30 por ciento; los Estados Unidos el segundo, con el 15; la Unión Europea con el 9; la India con el 7; Rusia con el 5 y Japón con el 4 por ciento. Es evidente que la conversión energética será más costosa para China y los Estados Unidos -lo que es comprensible dada su alta dependencia de los combustibles fósiles en la generación de energía- y será menos gravosa para los restantes países y regiones que tienen menor contenido de combustibles fósiles y usan más combustible nuclear para la generación de energía.

Aún más, la desaceleración económica mundial juega, también, en contra del éxito del pacto puesto que, frente a un disminuido flujo de recursos económicos, cabe esperar que el medio ambiente no esté en el centro de atención de los gobiernos.

Por otra parte, expertos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático estiman que contamos apenas con 11 años, a partir de ahora, para atenuar el aumento de las temperaturas.

Y, por si fuera poco, el modelo de sociedad contemporáneo, que promueve el egoísmo y el autointerés (aunque muestre así su esencia autodestructiva), descansa en una dinámica en que los núcleos de poder económico se benefician enormemente del deterioro de la vida comunitaria y de sus efectos en el deterioro ambiental. Todo ello, refuerza la convicción de que es urgente, más que nunca, la movilización y la participación de toda la sociedad para el combate de esta extraordinaria calamidad. Imposible no verlo: lo que está en riesgo es, al fin, la viabilidad de la especie humana ¿Qué otra cosa tendría que estar en riesgo para obligarnos al cambio?

Rodolfo Torres (15/12/2019)

El pasado 11 de diciembre el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó el informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación 2019. Es importante repasar las líneas principales del informe dada la centralidad que tiene la aplicación de la justicia en toda sociedad, y dado el pesado fardo de injusticias que aun carga nuestro país.

El Poder Judicial es un pilar fundamental de nuestro diseño constitucional; es uno de los tres poderes de la Unión y desempeña una tarea cardinal: la impartición de justicia en que se finca la paz social, pues sin justicia no hay convivencia pacífica concebible. Tiene, además, las delicadas tareas que, como órgano de control constitucional, asumió la SCJN hace 25 años.

Llama la atención la franqueza, y crudeza, con la que el Ministro Zaldívar denuncia los vicios que se arrastran en ese poder del Estado y que lastiman su legitimidad. Es un discurso muy alejado del tradicional informe autocomplaciente.

Se denuncia, por ejemplo, que el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo que no hizo sino recrudecerse en años recientes. Como se sabe el nepotismo impide condiciones de igualdad para el acceso y promoción en el servicio público, además del consabido conflicto de interés.

También asume que existen lastimosos casos de corrupción que perpetúan el círculo vicioso del crimen y la violencia. Dice que: “Un poder judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado para cumplir sus fines”.

Otro señalamiento importante de su discurso es la admisión de que el Poder Judicial no ha logrado construir una relación de confianza con la ciudadanía mexicana. Admite que los jueces son frecuentemente percibidos como miembros de una élite a la que protegen y preservan, denegando justicia a aquellos grupos a quienes históricamente les ha sido vedada. Cito: “el Poder Judicial requiere, a través de su trabajo, gozar de una legitimidad social que derive de su autoridad moral y de su respetabilidad”.

Es sin duda gratificante que, desde la más alta posición de ese poder del Estado, se haga una admisión pública de vicios y fallas en la impartición de justicia. Se agradece, aún más, que el informe se ocupe de hacernos saber las acciones que se han emprendido para paliarlos.

El Ministro Zaldívar informó que, a partir de su elección como presidente, el pasado 2 de enero, ha emprendido un proceso de autorreforma que busca sacar de las filas del Poder Judicial a los malos servidores públicos, a los corruptos, a los mediocres, así como a quienes entienden esa investidura como privilegio y no como servicio y que se debe rendir cuentas de su actuar.

Para combatir el nepotismo se ha iniciado la transformación de fondo de las políticas públicas en materia de carrera judicial, en particular se ha modificado la reglamentación relativa a la reincorporación, adscripción y readscripción de magistrados de circuito y jueces de distrito. La instrumentación de esa política ha resultado en 569 movimientos; 98 de éstos se han dado por causa de nepotismo. Las readscripciones y suspensiones que se han llevado a cabo (como en el caso del circuito judicial de Jalisco) han permitido avanzar en las investigaciones y en la desarticulación de redes de influencia.

En el combate a la corrupción, el Ministro Presidente informó que han adoptado una política de cero tolerancia. Se ha sancionado, en 16 casos, a quienes se ha podido probar culpables de irregularidades patrimoniales y a quienes buscaban obtener beneficios de las partes en juicio. En cuanto a responsabilidad penal, el propio Poder Judicial presentó cuatro denuncias ante la Fiscalia General de la República en contra de Magistrados de Circuito; en uno de los casos el responsable ya se encuentra en prisión preventiva.

En cuanto al perfil de los jueces se han instrumentado mejoras en los procesos de reclutamientos y selección; se ha avanzado, también, en los procesos de mejoramiento a la capacitación del personal del Poder Judicial.

En materia de género se implementaron dos concursos de oposición dirigidos exclusivamente a mujeres, mismos que concluyeron con el nombramiento de 25 nuevas Juezas de Distrito y 13 Magistradas de Circuito. Cabe agregar que se destituyó e inhabilitó por diez años a un juez federal en Jalisco por hostigamiento sexual y laboral.

Llama la atención el reconocimento de que un adecuado funcionamiento administrativo (eficiente y austero) es crucial para el cumplimiento de las funciones sustantivas del Poder Judicial. El Ministro Zaldivar informa que se generaron ahorros por 2 mil 600 millones de pesos que se destinaron a proyectos estratégicos dirigidos a fortalecer la función judicial.

El informe del Magistrado también se ocupa del fortalecimiento de nuestro entramado constitucional, que descansa en los tres Poderes de la Unión, al hacer un llamado al Poder Legislativo para que, con base en una propuesta emanada del Poder Judicial, se adopten reformas legales que aporten profundidad, estabilidad y continuidad al proceso que se ha emprendido.            

El informe, que hemos reseñado es, sin duda, alentador en la medida en que consigna acciones específicas para transformar, para bien, ese Poder del Estado;  como bien señala: “Un Poder Judicial fuerte e independiente es esencial para una democracia sustantiva”. Las acciones positivas que se reflejan en el informe son, también, una obligada referencia para la indispensable y urgente transformación de los poderes del Estado y, desde luego, para otros organismos de carácter autónomo, el INE y el INAI, entre ellos.

Rodolfo Torres (29/12/2019)

El año 2020, que está por comenzar, estará marcado por tres temas clave. Dos de ellos de escala mundial y uno de carácter nacional.

La guerra comercial en curso, entre los Estados Unidos y China, ha dejado su huella no sólo por su evidente efecto en la desaceleración económica mundial, sino porque ha inducido un nuevo tipo de arreglo comercial internacional basado en el rompimiento de acuerdos globales y en el reforzamiento o creación de acuerdos regionales o bilaterales. A partir de la presidencia de Donald Trump, los Estados Unidos han hecho pública la constatación de que el comercio global mundial abierto les ha resultado desfavorable. El principal vencedor ha sido China; y lo ha sido gracias a su alta capacidad de innovación y a su elevada productividad (de la que no han estado ausentes los bajos salarios, el deterioro ambiental, el apoyo gubernamental y su aguzado manejo monetario). La declinación de los Estados Unidos de su rol mundial predominante, mediante su política de America First, ha favorecido una visión aislacionista que ha inducido su alejamiento de foros globales o regionales, pero de relevancia mundial, como el acuerdo de París o el mecanismo de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Un claro ejemplo de la apuesta de los EEUU por los acuerdos regionales es el T-MEC. Aunque también lo son los acuerdos bilaterales que ese país ha signado con Japón y con la India; y el que en fecha próxima firmará con el Reino Unido, a partir de la aprobación del Brexit.

La pérdida de protagonismo de los EEUU en el comercio global se ha visto acompañada, además, de su negativa a renovar acuerdos de contención armamentista con Rusia pues, ha dicho, esos acuerdos no obligan actualmente a terceros países, no sólo a China, sino a otras naciones con inusitada capacidad destructiva. De ese modo, el afán por la supremacía armamentista mundial se ha desatado y ahora mismo se ha alcanzado un nuevo escalón en la capacidad mortífera del armamento disponible. En la semana que apenas concluye, Rusia ha divulgado que cuenta con capacidad operativa para disponer de armas que superan en 20 veces la velocidad del sonido, lo que las vuelve indetectables por los sistemas de defensa existentes. China ya había anunciado la posesión de un tipo similar de armas hipersónicas, y ahora despliega una capacidad sin precedentes en aguas del Océano Pacífico. Corea del Norte, por su parte, ha realizado, según su dicho, pruebas exitosas con armas atómicas de nueva generación que le permiten alcanzar territorio estadounidense. Más allá de que esas noticias se confirmen como verdaderas, lo cierto es que detonan una nueva carrera armamentista que toma mal parado a los Estados Unidos. La reducción de impuestos que instrumentó la presidencia de Trump y el abultado endeudamiento de ese país reducen notoriamente su capacidad para inyectar recursos a esta nueva carrera. Su eventual intención de manipular el valor del dólar para allegarse recursos para ese fin es inviable, pues afectaría el valor de las reservas monetarias de la mayoría de los países del mundo (que están denominadas en dólares) con la consecuente estampida por la búsqueda de nuevos referentes monetarios, además del impacto negativo que tendría en el valor de los bonos del tesoro de los EEUU, y la afectación para el conjunto de sus variables económicas. Imposible desestimar la importancia de que China sea el principal prestamista de los EEUU. Este escenario hace recordar que, en las décadas 80 y 90 del siglo pasado, uno de los factores que hizo implosionar a la vieja URSS (de la que era parte preponderante Rusia) fue el colapso de su economía, que tuvo como uno de sus componentes principales los elevados costos de la carrera armamentista de aquella época.

En el ámbito nacional, el año 2020 estará marcado por el arranque anticipado de las campañas electorales del 2021. Desde ahora se observa, en las redes sociales y otros medios tradicionales, el inicio de campañas que buscan menguar los cimientos emocionales que abrigan los simpatizantes del actual gobierno.  Lo que no es de extrañar, pues la oposición finca su viabilidad en los resultados del 2021 para la sucesión presidencial del 2024. Aún más, de esos resultados depende la vigencia de los partidos actuales. Los comicios del 2021 no sólo erigirán a integrantes de la Cámara de Diputados Federal, también se votará por quienes encabezarán 15 gubernaturas estatales. Como se sabe, la Cámara de Diputados (además del Senado de la República) es crucial para dotar de eficacia al ejercicio de gobierno y de ello depende la percepción que tiene la opinión pública respecto de la aptitud de sus gobernantes. Además, los ejecutivos de las entidades federativas, dado nuestro particular modelo político, son cruciales para preservar o acrecentar el número de votantes efectivos en las elecciones locales y federales. Por todo esto, a lo largo del año 2020, padeceremos una avalancha insufrible de mensajes con intencionalidad electoral. Ello demandará de las autoridades electorales, INE y TEPJF, el dotarse de los instrumentos normativos necesarios para una cuidadosa, oportuna, y eficaz atención de esos asuntos y para sofocar campañas anticipadas que afecten la equidad de las contiendas electivas.

Son mis mejores deseos para este año que comienza, que el entorno incierto en el que estamos inmersos desde hace algunos años, y que no nos dará tregua en 2020, nos encuentre con actitud inteligente, serena y prudente para impedir vernos arrastrados por intereses mezquinos, ya sean éstos globales o locales, y que nos permita actuar, en la medida de nuestra capacidad, para que prevalezca la salvaguarda del interés general.

Rodolfo Torres (10/07/2016)

En tiempos de fuerte conflicto, como el presente, la respuesta a problemas agudos debería fundarse en acuerdos sociales que, mediante el debido cauce legal, doten de legitimidad al ejercicio del poder público. Desafortunadamente esta premisa de negociación y acuerdo no ha sido recientemente un eje rector en la toma de decisiones políticas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es un ejemplo.

Con la creación del Sistema Nacional Anti-Corrupción, que entró en vigor el 28 de mayo de 2015, el Congreso de la Unión se autoimpuso la obligación de emitir, en el plazo de un año, las leyes reglamentarias que materializarían dicho Sistema. Al amparo del derecho ciudadano para iniciar propuestas de ley, un nutrido grupo de ciudadanos elaboró una iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, coloquialmente conocida como Ley 3 de 3.

La iniciativa establecía la obligación de los funcionarios de hacer públicas tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal. Además, incluía: directrices para la conducta ética de los servidores públicos; un marco de responsabilidades único en los tres órdenes de gobierno y los órganos autónomos; mecanismos para denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima; y sanciones severas para servidores públicos que cometieran actos de corrupción. Como parte del proceso legal para su presentación al Congreso, el INE acreditó que 137 mil ciudadanos suscribieron la iniciativa, lo que equivale al 0.16% de la lista nominal, un 0.03% más de lo requerido por la ley.

Esos datos de participación ayudan a dimensionar el profundo malestar de una ciudadanía que demanda la rendición de cuentas como mecanismo inhibidor de la corrupción, y su convicción de que ésta repercute en la desigualdad y en la inseguridad en el país. La iniciativa de ley buscaba canalizar la indignación social y atender uno de los grandes problemas nacionales.

Sin embargo, la acción legislativa hizo caso omiso de la sabia frase de “más vale prevenir que lamentar”. Resolvió que las 3 declaraciones no fuesen públicas. No se entendió que ese era un aspecto crucial de la iniciativa, y despreció el esfuerzo serio, integral y coherente de quienes la proponían.

En medio de la confusión, el veto Presidencial al artículo 32 y a otros más de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que fue atendido por ambas Cámaras al omitir la obligación de que personas físicas y morales que recibieran recursos públicos presentaran los tres tipos de declaraciones, tuvo una mala lectura. Se vinculó al veto con la presión de los empresarios. El mensaje se interpretó en el sentido de que quien posea elevados recursos económicos estará exento de someterse al escrutinio público. No se valoró que la disposición, objeto del veto presidencial, estaba fuera de lugar, pues la rendición de cuentas obliga, en primer lugar, a quien ejerce el poder público. Ello, sin demérito de que el combate a la corrupción compromete a toda la sociedad (ver “No a la corrupción. Se vale ser trompudo pero no cochino”, La Crónica de hoy,  22 de noviembre del 2015).

En suma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas no da cauce a las aspiraciones y demandas ciudadanas, pues no afronta de manera contundente los graves problemas que nos aquejan. Urge que los discursos políticos conduzcan a normas y actos de gobierno que combatan la impunidad, la corrupción, la desigualdad en la impartición de justicia. Que las políticas públicas -y la actuación de servidores públicos- tengan un sólido fundamente ético, que se alejen de compromisos cupulares, y proyecten bienestar verdadero.

El ciudadano ya no se conforma con buenas intenciones, exige respuestas ciertas, aquí y ahora.

Rodolfo Torres (28/02/2016)

La oportunidad única de contar con una nueva Constitución Política de la Ciudad de México no debe desembocar en un rosario declarativo de buenas intenciones, distante de las necesidades de la gente. La Constitución debe abordar, con visión sistémica, el qué, quién y los medios, para superar los retos estratégicos que afronta esta ciudad. Es el caso del derecho al agua, previsto en el párrafo sexto (adicionado en febrero de 2012), del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La nueva Constitución debe considerar, en primer lugar, el espacio geográfico en el que este derecho requiere cobertura. Hay en juego: 50 municipios del Estado de México, 15 de Hidalgo, 4 de Tlaxcala, y 16 demarcaciones de la Ciudad de México; es decir la región del Valle de México.

Es un reto estratégico en la medida en que, de acuerdo con estudios de la CONAGUA y del Banco Mundial, la situación de los recursos hídricos en el Valle de México es crítica, pues no es sostenible, ni eficiente, ni equitativa.

Es insostenible, en la medida en que las proyecciones al año 2030 muestran que si no se toman medidas significativas, las fuentes sostenibles actuales (45.6 m³/s) representarán sólo un 50% de la demanda futura total y se tendría un déficit de 21 m³/s.

Es ineficiente, en tanto la sobreexplotación de los acuíferos ocasiona hundimientos de entre 6 y 28 centímetros que provocan fracturas de la red de suministro que derivan en fugas por un 26% (17 m³/s), del total de agua potable, lo que produce desnivelaciones en el Metro y otras edificaciones.

Es inequitativa debido a que el 8% de población, que no tiene agua corriente, paga anualmente, para proveerse del líquido, un monto casi igual ($9,200 millones) al que paga el 92% de la población con acceso al servicio ($10,800 millones).

Para afrontar este reto, diversos grupos académicos, como el encabezado por el Dr. Oscar Monroy en la UAM Iztapalapa, y organizaciones de la sociedad defienden la urgencia de aprovechar el agua que entra a la Ciudad y al Valle de México mediante: la aplicación de amplios programas de reciclamiento de agua en los domicilios particulares y en los establecimientos públicos; la utilización de pozos de inyección; la apertura de un número suficiente de plantas de tratamiento de agua; y la regeneración de cuencas hídricas.

Lo anterior, con base en dos consideraciones. La primera, a que actualmente el porcentaje de tratamiento de aguas residuales es muy bajo: 6.1 m³/s (si se compara con el total que se alimenta de 81.9 m³/s). La segunda, a que, de acuerdo con estudios de ese grupo académico, para el caso de la Ciudad de México, ésta recibe por lluvia poco más de 45 m³/s, de los que se envían al drenaje, sin aprovechamiento local alguno, 15.29 m³/s.

Desde el Centro de Estudios de la Ciudad de México se propone que, dada la complejidad y magnitud de los riesgos estratégicos que afronta la ciudad, la nueva Constitución disponga la creación de un Consejo de Desarrollo de la Ciudad de México. Esto con el fin de que ese órgano propicie el tratamiento de ese, y otros retos estratégicos, con un enfoque sistémico, que sea sustentable y con visión de largo plazo que, además, se articule con el Consejo de Desarrollo Metropolitano, ya previsto en la Reforma Constitucional.

Este tema no puede estar ausente de la Constitución que, ciertamente, es un texto político, pero también un pacto para nuestras convivencia y supervivencia presentes y futuras.

Rodolfo Torres (27/12/2015)

Las premisas que impone la Reforma Política Constitucional (RPC) para la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) apuntan en dos sentidos que amenazan con volverse contrapuestos. El primero, incentiva la dispersión del poder político. El segundo, favorece un enfoque integral para la atención de los retos estratégicos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

En el primer sentido, la RPC incentiva la dispersión en dos espacios: en las demarcaciones territoriales y en la Legislatura de la Ciudad de México. En el primer espacio dispone que en cada demarcación habrá un Alcalde y un Concejo integrado por entre 10 y 15 miembros. Los integrantes del Concejo serán electos en un 60 porciento por mayoría relativa y en 40 porciento por representación proporcional. Dispone –y en ello radica el incentivo a la dispersión del poder- que ningún partido político o coalición podrá contar con más del 60 porciento de los concejales. Ello contrasta con lo dispuesto en la propia RPC que establece que: en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de curules superior al que, sumados los diputados electos por ambos principios, represente -en el total de la legislatura- un porcentaje que exceda más de 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Por lo que se refiere al espacio legislativo, establece que la Constitución local deberá garantizar el acceso de todos los grupos parlamentarios a la presidencia y órganos de gobierno de la Legislatura (se entiende que sin importar su grado de representación política). 

En cuanto se refiere al segundo sentido, debe tenerse presente que la ciudad de México (y la zona metropolitana de la que es núcleo), como toda gran urbe, afronta riesgos estratégicos para asegurar su viabilidad en: asentamientos humanos, protección al ambiente, protección y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. Esos riesgos, para ser superados con éxito, ameritan enfoques integrales que demandan el acopio de extraordinarios volúmenes de recursos financieros, y elevados consensos políticos y sociales. En ese sentido, la RPC establece que la federación, la ciudad, sus demarcaciones, estados y municipios establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos. Instituye que es el Consejo de Desarrollo Metropolitano el encargado de acordar acciones en las materias referidas.

Actualmente los Congresos de los Estados discuten la RPC y, de ser aprobada, contaremos con una CPCM a más tardar el 31 de enero del 2017. En la elaboración y aprobación de esa Constitución, y de sus leyes reglamentarias, participarán tres actores políticos: el Jefe de Gobierno, quien deberá elaborar el proyecto de Constitución; la Asamblea Constituyente, integrada por 100 miembros –la elección de 60 de ellos la organizará el INE-, que sin limitación podrá modificar y adicionar el proyecto para su aprobación y expedición, y; la actual Asamblea Legislativa, quien elaborará y aprobará la normatividad secundaria. Esos actores políticos tienen la gran oportunidad de dotar a la Ciudad de México de un marco normativo de vanguardia. También tienen la grave responsabilidad de favorecer la sustentabilidad de la Ciudad de México. Para conseguirlo, es imperativa la adecuada armonización de los ámbitos de atribución de los órganos de gobierno en las demarcaciones, que deberán tener la misión primordial de fortalecer el tejido social, con los del gobierno central. A ambos corresponde velar por un enfoque integral en la solución de los retos estratégicos de la Ciudad de México.

Rodolfo Torres (22/11/2015)

La corrupción es un problema que preocupa de modo creciente a la sociedad, sobre todo a partir de la convicción de que en ella reside el origen de diversos males; señaladamente, el de la delincuencia organizada.

Frente a la corrupción, que tiene múltiples causas, (y de la impunidad, su usual correlativo), se han ensayado diversos antídotos, que van desde la creación de órganos y leyes que la combaten con preponderante enfoque punitivo: auditorías o contadurías mayores, contralorías o secretarías; hasta llamados al fortalecimiento de la ética pública. Sin negar utilidad a esas medidas, éstas parecen ser insuficientes; a la luz de los hechos graves de corrupción de los que cotidianamente nos enteramos.

Aunque ha sido práctica común enfocar el problema sólo en cuanto al comportamiento indebido de los funcionarios públicos, conviene ampliar el enfoque para identificar componentes estructurales, presentes en nuestra cultura política, que incentivan ese fenómeno. Para ello es útil concebir a la corrupción como el abuso de una posición de confianza en beneficio propio.

A mi juicio, una condición estructural de nuestra cultura política que favorece la corrupción es el llamado caciquismo. Aunque la figura del cacique pareciera ser cosa del pasado, el caciquismo goza de cabal salud e impregna, en diverso grado, todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad. Su existencia tiene impacto en aspectos que están bajo vigilancia de instituciones del estado (INE, INAI y CNDH): transparencia, rendición de cuentas, corrupción, impunidad, y hasta en la propia creación de procesos democráticos.

El vocablo cacique proviene de una alteración de la palabra arawak-caribeña  kassequa, que se refería a los jefes indios locales. Posteriormente, el término se amplió para referirse a un jefe poderoso y autocrático en la política local y regional, cuyo gobierno es informal, individualista y a menudo arbitrario, y cuya característica primordial es su rol de intermediación.

 La fortaleza de la estructura de poder caciquil reside precisamente en el carácter monopólico que tiene el cacique en la intermediación política, entre lo local y lo global, entre lo interno y lo externo. Es la estructura caciquil, con independencia de los atributos personales de bondad o maldad del cacique, quien determina, generalmente para beneficio propio y de sus allegados, la distribución de los recursos que entran y salen de su ámbito de dominio local.

Cabe recordar que, en nuestro país, el aparato político central favoreció, en su momento, esta forma de ejercicio de poder por varias razones: el caciquismo fue, durante el proceso de centralización económico y político, de fines del siglo XIX y principios del XX, un factor importante para minar a los poderes regionales; permitió aliviar las presiones del sistema por la vía de la cooptación y la corrupción de los caciques; y fue elemento fundamental en el establecimiento del carácter clientelista del sistema político.

Esta práctica política también propicia un ejercicio feudal del poder público, que hace recordar la tradición novohispana en la que debía pagarse al rey por la ocupación de cargos públicos, de modo tal que quien lo ocupase se convertía en amo y señor de ese “territorio” y, consecuentemente, poseía la llave para proveer o transferir bienes o servicios públicos al ámbito privado. Lo que parece expresarse bien en el dicho: “Dios mío no me des, sólo ponme donde hay”.    En el combate a la corrupción, la existencia de diversas formas de cultura política también debe tomarse en cuenta. En particular, las estructuras de poder que tienen como esencia la decisión monopólica, arbitraria y autocrática en la asignación de recursos públicos.

Rodolfo Torres (10/05/2020)

A nivel mundial, la pandemia ha hecho crecer exponencialmente la aparición de noticias falsas que rayan en el absurdo: “están tratando de matar a la mayor cantidad de gente posible”; “se está extrayendo líquido de las rodillas a las víctimas de covid”; “el coronavirus, es un arma islámica”; “es un pretexto para imponer la tiranía”, etc. Pero más allá del absurdo de éstas y otras afirmaciones malintencionadas, es un hecho que, en diversos países, sí se despliegan esfuerzos organizados para obtener ventajas políticas o económicas de la tragedia. Aunque es moralmente repugnante, esa visión parte de la concepción de que en la lucha por el poder político todo es válido; bajo una lente oportunista de la conocida sentencia de Maquiavelo respecto de que “el fin justifica los medios”, se ponen en práctica conductas ruines e interesadas.

La ciencia política distingue algunas escuelas de pensamiento en dos grandes categorías en el registro de posturas de moralismo político o de realismo político.

De acuerdo con esta distinción, los moralistas políticos arguirían que la política debe proteger valores como la justicia, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Su objetivo sería el de alcanzar una sociedad mejor. Para éstos, la política podría entenderse, en cierto sentido, en la trama de la filosofía moral. A esta categoría respondería el pensamiento ético-político de autores como Confucio o Tomás Moro. Para Confucio (551-479 AC) las virtudes más importantes eran la sinceridad, la honradez y la lealtad.

El realismo político sostendría, en cambio, que la política buscaría el poder como medio para conseguir los fines y derrotar a los enemigos. Entre los teóricos más importantes del realismo político se reconoce a autores como Sun Tsu (544-496 AC), Nicolás Maquiavelo (1469-1527) o Thomas Hobbes (1588-1679). A juicio de Sun Tzu la disciplina debería aplicarse rigurosamente y los castigos por desobediencia debían de ser ejemplares. Maquiavelo, por su parte, afirmaba que  los seres humanos somos mentirosos y desagradecidos y se oponía a que el objetivo del Estado fuese cuidar la moralidad de los ciudadanos. Para él, la intriga y el engaño podrían ser moralmente justificables para un gobierno de éxito. Para Hobbes el estado de naturaleza supone la guerra de todos los hombres contra los demás y, por ello, los grupos humanos necesitan ser gobernados.

La distinción teórica entre moralistas y realistas políticos no tiene como finalidad trazar una línea divisoria entre el bien y el mal, o entre buenos y malos. Se trata de dos formas de concebir la finalidad de la política. Aun para Maquiavelo el “fin” sólo es aceptable cuando se hace por el bien público. En palabras de Trotsky (1879-1940): la frase de el fin justifica los medios, significa que hay maneras permisibles de hacer lo correcto.

El aprovechamiento de la pandemia para fines políticos o económicos también utiliza diversos hallazgos que, por décadas, provienen del campo de la psicología.

John B. Watson (1878-1958), psicólogo norteamericano, que en el año de 1913 fue el autor de lo que posteriormente fue considerado como el “manifiesto conductista”, demostró, aunque por métodos éticamente cuestionables, que las emociones humanas son susceptibles al condicionamiento clásico. Hasta  entonces, la afirmación parecía válida solamente en relación con las emociones y comportamientos de los animales no racionales. Watson demostró que la conducta humana no solamente se puede predecir, sino que se puede controlar y modificar. Sostuvo que había tres emociones humanas fundamentales: amor, ira y miedo. Más tarde, el también psicólogo norteamericano Paul Ekman (1934-) ha identificado seis emociones básicas: ira, asco, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa.

Por su parte, Robert Zajonc (1923-2008), psicólogo nacido en Polonia y víctima de la persecusión nazi, desarrolló experimentos que le permitieron corroborar que las emociones no sólo preceden al pensamiento, sino que son determinantes en las actitudes y decisiones de una persona. Las emociones, sostuvo, como habría de afirmar antes la filosofía, preceden a la razón.

Nico Frijda (1927-2015), psicólogo holandés, sostuvo que las emociones son incontrolables y nos preparan para la acción. Para él, las emociones básicas son: la alegría, la vergüenza, la ira y el miedo. Los sentimientos, dijo, son las interpretaciones de las emociones.

Desde el ámbito informático, diversas técnicas desarrolladas en el campo de la inteligencia artifical, son ampliamente utilizadas en las redes sociales con la finalidad de identificar segmentos poblacionales para facilitar el direccionamiento de mensajes con fines de control o manipulación de la conducta. Por ejemplo, se usan técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning) para llevar a cabo lo que se conoce como análisis de sentimientos, que permiten detectar el estado emocional de grupos y personas y para hacerles llegar el mensaje que, de acuerdo con ese estado, pueda ejercer efectos en el deseo o en la conducta. Se utiliza, particularmente, con el propósito de identificar e inducir preferencias de consumo; para anticipar tendencias en los mercados bursátiles y, como quedó evidenciado por el caso Cambridge Analytica, se utiliza, también, con fines políticos y electorales. El aprendizaje automático tiene poder para inducir, incluso, preferencias electorales y votos.

En resumen, se utilizan instrumentos políticos, psicológicos e informáticos para detectar e inducir emociones que convienen a algunos para sus fines particulares.

Una investigación de la BBC y del Institute of Strtategic Dialogue, que realizó una revisión y análisis de 150 mil publicaciones de Facebook enviadas por grupos de extrema derecha desde el mes de enero de este año, revela que esos extremistas políticos han tratado de aprovechar la pandemia con intenciones fascistas.

El síndrome de fatiga informativa, que consiste en el cansancio producto de la exposición, consumo y manejo excesivo de información, agota física y mentalmente. El estado de ansiedad y estrés que produce ese síndrome favorece que se ponga atención en noticias falsas y se oculte o menosprecie la información cierta.

Sigamos la sana recomendación de mantenernos informados por las noticias que provienen de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Hoy más que antes debemos estar alertas para evitar ser contagiados por virus biológicos o informativos. La manipulación mata.