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La vecindad de México y EEUU obliga a buenos acuerdos

Rodolfo Torres Velázquez (28/02/2021)

Mañana ocurrirá una videollamada entre los presidentes de Estados Unidos y de México: Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Será su segundo contacto desde la toma de posesión del presidente de los EEUU. El viernes pasado se entrevistaron Antony J. Blinken, Secretario de Estado norteamericano, y Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México. En esta reunión se anticiparon diversos temas que seguramente serán materia de conversación entre los dos presidentes: migración, Covid-19 y cambio climático.

En cuanto a migración, hace apenas 5 días, el magistrado de distrito Drew Tipton (juez federal en Texas) bloqueó temporalmente (por 14 días) una medida del presidente Biden, que pretendía detener la deportación de inmigrantes durante un período de 100 días. Fue ésa una de sus ofertas centrales durante su campaña electoral, pues contrastaba con las medidas impuestas por Donald Trump. En este aspecto es probable que el presidente norteamericano solicite el apoyo del gobierno mexicano dadas las serias dificultades que afrontará para solventar ese revés.

La contención de las deportaciones es sólo una parte de la ambiciosa política migratoria del presidente Biden. También busca otorgar la ciudadanía, en un plazo de ocho años, a 11 millones de indocumentados que viven en EEUU y que hayan ingresado a ese país antes de enero de 2021. Ofrece entregar la llamada “green card” a los jóvenes que entraron a la nación norteamericana cuando eran niños; a los ciudadanos de países que están en guerra, o que fueron gravemente afectados por un desastre natural, y a los trabajadores agrícolas, entre otros. En dicha política se contempla la aportación de 4 mil millones de dólares, en un lapso de 4 años, al denominado triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador). Es en este último punto en el que puede conjugarse la participación de ambos gobiernos. El gobierno mexicano ha dado prioridad a enfoques de desarrollo de esa región. Diversos programas sociales que se aplican en México han sido replicados, con el apoyo del gobierno de nuestro país, en países centroamericanos.

Esa agenda migratoria del presidente Biden debe aún superar la difícil aduana del Senado norteamericano. Para imponerse a una eventual obstrucción en esa cámara la iniciativa debe contar con el voto favorable de 10 senadores republicanos. Ya en 2013 la Administración Obama, de la que Joe Biden era vicepresidente, intentó sin éxito sacar adelante un paquete similar de medidas migratorias.

Lo cierto es que, en materia migratoria, es impensable que los EEUU puedan imponer -a la luz de nuestra ubicación geográfica y la abultada presencia de mexicanos en EEUU- políticas migratorias unilaterales sin la participación de México, por lo que el diálogo permanente y el acuerdo son siempre bienvenidos.

En cuanto a las políticas de contención de la pandemia, si bien todo aconseja a que es indispensable la armonización de esfuerzos, pues la propagación del virus no se ve limitada por fronteras, existe una diferencia sustancial en cuanto al enfoque que debe prevalecer en la disponibilidad de vacunas. Por un lado, los EEUU le han apostado al acopio desmedido de dosis, aun a costa de que otros países no tengan acceso a ellas. México sostiene que todos los países del mundo deben tener acceso a las vacunas. El acuerdo que dio origen al mecanismo denominado COVAX fue propuesto por México en la ONU y, prácticamente de manera unánime, fue aprobado por todos los países. A pesar de esa discrepancia, México debe insistir en su enfoque, pues los especialistas han advertido que, de no aplicar la vacuna en todo el mundo, se puede favorecer el surgimiento de nuevas cepas que tornarían inútiles los esfuerzos actuales de vacunación con consecuencias catastróficas.

El tema del cambio climático estará presente en la conversación. Si bien, Trump excluyó a su país de los acuerdos en materia climática, Biden lo ha reincorporado. En enero del año pasado la Agencia Internacional de Energía publicó su más reciente reporte (con base en cifras del año 2017) que calcula las emisiones de dióxido de carbono producidas por la quema de carbón, gas natural, petróleo y otros combustibles fósiles, y por los desechos industriales y basuras municipales, que son los principales generadores del cambio climático. De acuerdo con ese reporte, los países que producen un mayor volumen de ese tipo de gases son: China, EEUU, India, Rusia y Japón.

En días pasados se han revelado conversaciones entre el presidente Biden y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en las que se ha anticipado la posibilidad de sancionar a los países del T-MEC que produzcan en mayor medida ese tipo de gases. Cabe reiterar que los EEUU ocupan el segundo lugar a nivel mundial en emisiones, Canadá el noveno lugar y México el décimo segundo. Si nos atenemos al volumen de emisiones, los EEUU emiten 11 veces el volumen de México y Canadá 1.22 veces el volumen que emite nuestro país. Como puede observarse, de concretarse esos afanes sancionatorios los EEUU y Canadá serían quienes recibirían mayores penalizaciones, pues son quienes aportan un mayor volumen de los gases que propician el cambio climático.

En todos esos rubros, dada la estrecha e inevitable vecindad entre México y los Estados Unidos y en el marco de las disposiciones constitucionales que guían nuestra política exterior, es deseable y, sin duda, posible encontrar acuerdos que beneficien a ambos países y que fortalezcan el vigoroso mercado del T-MEC. Habrá que observar cómo se plantean las posibilidades de acuerdos en materia de seguridad.

Fin a subsidios a la Industria Eléctrica Privada

La iniciativa preferente tiene como una de sus finalidades principales la eliminación de las condiciones de asimetría que se impusieron a la CFE. Ello está en concordancia con lo que establece el T-MEC (Art 14 Capítulo Inversión), relativo a un trato justo y equitativo para los competidores del mercado. En términos coloquiales la iniciativa “levanta la canasta” a los competidores abusivos y termina con un esquema que no ha conducido a la disminución de tarifas y que, a cambio, sí ha significado una carga insoportable para el bolsillo de los mexicanos.

Rodolfo Torres Velázquez (14/02/2021)

Hace un par de días concluyó el Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados para discutir la “Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, algunos saldos pueden anticiparse desde ahora en el sentido de que puede vislumbrarse que los cuantiosos subsidios que hoy, con dinero público, la Comisión Federal de Electricidad otorga a las empresas privadas estarían por llegar a su fin.

Durante la larga noche neoliberal, que ha durado alrededor de 30 años y que aún no termina, hubo, a nivel mundial, una colosal transferencia de bienes públicos a manos privadas, alentada y exigida por los organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esa transferencia se llevó a cabo, principalmente, mediante la venta de activos públicos, a precios de remate, en los sectores de telecomunicaciones, petróleo, electricidad, ferrocarriles, salud, educación, infraestructura y, en general, en todos aquellos en los que el Estado tuviese alguna participación económica.

De esas transferencias se beneficiaron altos funcionarios públicos, ya fuese: como receptores de esos bienes; como directivos de las empresas privadas beneficiadas (entre ellos expresidentes y exsecretarios de estado); como mercaderes de información privilegiada; o como vulgares traficantes de influencias. También se crearon mecanismos más sofisticados de apropiación y transferencia. Es el caso de la industria eléctrica en México, que se constituyó en esquema de subsidio permanente e ilimitado hacia las empresas privadas a costa del presupuesto público.

Durante el debate en el Parlamento Abierto, diversos representantes de empresas privadas, quienes apenas hace unos meses despachaban desde cargos directivos en los órganos reguladores de energía y que, ahora, desde la academia o desde la consultoría, continúan defendiendo a esas empresas privadas, justificaron los subsidios y señalaron que es admisible su existencia y que éstos deben correr a cargo del presupuesto público. Es esta cuestión la que está hoy en el centro de la polémica.

Se dice que el subsidio está plenamente justificado pues es una práctica internacionalmente aceptada; que en mercados, en que existe un actor preponderante, deben implementarse mecanismos asimétricos que traten de manera desigual a los desiguales, para favorecer la competencia (lo que, en el credo del libre mercado, conduce inevitablemente a mejores precios para el consumidor). Es decir, que se deben establecer normas que beneficien a las empresas “débiles” frente a las poderosas. Como ejemplo señalaron el caso de la empresa Teléfonos de México, a la que se obligó a conceder acceso a su red, con costo cero, a los nuevos competidores en el sector. El argumento parecería plausible si no fuese por una sutil pero enorme diferencia. En el caso de Telmex y sus competidores el “subsidio” no es permanente ni ilimitado; no podría serlo. El razonamiento detrás del esquema de asimetría es que tan pronto se haya constituido un mercado competitivo (cuando deja de existir un actor preponderante), se deja en libertad a las fuerzas del mercado. No hacerlo de ese modo tendría la clara intencionalidad de extinguir al actor preponderante. Esto último es lo que se quiere hacer con la Comisión Federal de Electricidad, pues no se establecieron límites a la provisión de subsidios ni a las reglas de asimetría.

Las condiciones asimétricas que se impusieron en sucesivas reformas, consistieron en: 1) el establecimiento de criterios de despacho, que oculta el costo real de generación y que beneficia a generadores privados; 2) el establecimiento de subsidios de la CFE a empresas privadas en la transmisión eléctrica; 3) las restricciones a la CFE para la emisión de Certificados de Energías Limpias (CEL); 4) la obligación para la CFE de adquirir CEL de privados; y 5) los contratos de producción independiente, desventajosos para la CFE.

Esas condiciones han tenido como consecuencia la aportación de colosales subsidios de la CFE (que provienen del presupuesto público) a esas empresas. Sólo para el caso de los denominados contratos con PIE (Productores Independientes de Energía), figura creada por la reforma eléctrica de 1992, la CFE estima una sangría de 414 mil 410 millones de pesos entre los años del 2020 al 2024.

Para respaldar sus argumentos, los opositores a la iniciativa preferente esgrimieron la resolución que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 27 de enero, acerca del “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2020”. Aunque, dados los alcances del Acuerdo, la resolución no abordó la integralidad del debate actual, perspectiva que, en contraste, si tendrá que tomar en cuenta, en su momento, el Pleno de la Corte. Es importante destacar que la sentencia de la Segunda Sala admitió como válidos tres puntos que tienen que ver con la provisión de subsidios.

En primer lugar, admitió la definición de Nuevos Servicios Conexos, plasmados en el numeral 4.17: “Son servicios vinculados a la operación del SEN y que son necesarios para garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad, y que complementan a los Servicios Conexos señalados actualmente en la LIE…”.

Tuvo por válido el numeral 8.10 del Acuerdo relativo al pago de servicios conexos: “Los Generadores que representen en el MEM a Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, cuyas características provoquen un incremento de los requisitos de Servicios Conexos para garantizar la Confiabilidad en la operación del SEN, deberán cubrir el costo asociado a dicho incremento conforme a lo establecido en DACG y en las Reglas del Mercado, que emita la CRE.”

Por último, aceptó el numeral 10.8 donde se sostiene que la intermitencia de las energías limpias tiene un impacto desfavorable en la confiabilidad del sistema eléctrico: “Respecto al Mercado para el Balance de Potencia, las Centrales con fuente de Energía Limpia Intermitente no proveen una cantidad firme Potencia, por tanto, no aportan a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico…”. La iniciativa preferente tiene como una de sus finalidades principales la eliminación de las condiciones de asimetría que se impusieron a la CFE. Ello está en concordancia con lo que establece el T-MEC (Art 14 Capítulo Inversión), relativo a un trato justo y equitativo para los competidores del mercado. En términos coloquiales la iniciativa “levanta la canasta” a los competidores abusivos y termina con un esquema que no ha conducido a la disminución de tarifas y que, a cambio, sí ha significado una carga insoportable para el bolsillo de los mexicanos.

Divisas Digitales. Urge pronunciamiento de Banxico

Rodolfo Torres Velázquez (31/01/2021)

Hace 4 semanas, en este mismo espacio, señalamos que en este año las divisas digitales recibirían un importante impulso a nivel mundial. El pasado miércoles 27 de enero, Agustín Carstens, Gerente General del Banco Internacional de Pagos -organización financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Suiza- en el marco de un seminario de la Institución Hoover, hizo una serie de pronunciamientos relevantes. Éstos, sin duda, conformarán el conjunto de lineamientos a los que se apegarán los bancos centrales en el mundo para la puesta en marcha de proyectos de instrumentación de divisas digitales.

Aunque la digitalización del dinero ha estado presente en el sistema financiero por décadas, dos formas específicas de dinero digital centran, por ahora, el interés mundial: las divisas digitales emitidas por los bancos centrales (Central Bank Digital Currencies: CBDC) y las criptomonedas. Aunque podrían compartir algunas similitudes (por ejemplo, ambas podrían estar basadas en la tecnología de cadenas de bloques, Blockchain: BC), las CBDC no son lo mismo que las criptomonedas.

Las criptomonedas son un subproducto del BC, sin esa tecnología las criptomonedas, como hoy las conocemos, no hubiesen sido factibles. Importa conocer las bases de su funcionamiento, pues un lineamiento importante de los dados a conocer por Carstens tiene que ver con las BC. La tecnología de cadena de bloques consiste en una cadena secuencial de bloques (equivalentes a libros contables) que almacenan transacciones; que, mediante procedimientos criptográficos, garantizan que esos registros no pueden ser falsificados y que son inmutables. Gracias a ello el BC se han convertido en un medio ideal para el intercambio de valor digital mediante internet. Es debido a ello que se pronostica que la tecnología de cadena de bloques se convertirá en una revolución tecnológica con mayor impacto al que estamos viviendo con internet. Prueba de ello es que tres gigantes tecnológicos ofrecen ya plataformas para el desarrollo de proyectos de cadenas de bloques: Amazon, Google y Microsoft.

Por la forma en la que se conforma y opera la red en la que vive la cadena de bloques, cuyos nodos verifican la validez de las transacciones, se tienen tres tipos de redes. 1) Privadas, que operan en una red sin acceso al público (como las que utilizan Coca-Cola y Walmart, y en las que los nodos de la red son administrados de manera centralizada). 2) Públicas, que operan de manera que cualquier persona puede configurar un nodo de la red que, a cambio de una remuneración, se encargue de las tareas de validación y verificación de las transacciones -este tipo de red, por cierto, resuelve de manera innovadora y brillante la llamada “Tragedia de los comunes” de las ciencias económicas-, en estas redes la información está distribuida y el control es descentralizado. Se trata de un enfoque revolucionario pues torna innecesaria la existencia de intermediarios, llámense bancos y otras entidades mediadoras (entes gubernamentales u otras instituciones). 3) Consorcio, en estas redes no existe un control central y la información está distribuida pero la participación, como nodos de la red, no es público pues sólo se autoriza a determinados actores. La mayoría de las criptomonedas utilizan la variante “pública”; de ahí que se hayan convertido en una especie de némesis de los organismos financieros pues, de predominar, tornaría innecesarios a varios de ellos.

En la primera parte de su presentación Agustín Carstens se cuestiona a sí mismo si son necesarias nuevas monedas digitales y, si es el caso, quién debiera emitirlas. Reconoce que el avance de las tecnologías de comunicación y de cómputo ha favorecido una inmensa actividad en línea que ha disminuido dramáticamente el costo de muchas tareas, lo que ha provocado disrupciones en múltiples sectores e industrias que han dado lugar a una creciente economía digital. Paradójicamente, dice, la Covid-19 ha acelerado el ritmo del cambio digital.

Admite que existen dos arquitecturas posibles: la primera basada en una autoridad central (como un banco central) y la otra basada en un sistema de gobierno descentralizado que no requiere un intermediario central (como el de las criptomonedas, entre ellas el Bitcoin). Más allá del tono peyorativo que utiliza para describir el Bitcoin y de su predicción funesta respecto de la vigencia de esta criptomoneda, se decanta, como resulta obvio, por la primera opción: la de que sean los bancos centrales quienes, en caso de existir una moneda digital, la emitan y controlen. Lo cierto es que la vigencia de las criptomonedas, al ser públicas y tener un control distribuido, no depende de la única opinión de los bancos centrales, aunque ciertamente una opinión negativa dificulta la velocidad de su adopción. Al momento de escribir estas notas el Bitcoin superaba los 35 mil dólares por unidad.

Un aspecto importante de su planteamiento es la aceptación de la viabilidad y ventajas en el uso de la tecnología de cadena de bloques en su variante “consorcio” para las monedas digitales que emitan los bancos centrales, enfoque que, por cierto, ya ha empezado a explorar el banco central de Suecia.

Dejaré pendiente la tarea de comentar otros aspectos fundamentales, como el que toca a las formas en que se llevaría a cabo la identificación de las personas; lo que Carstens llama: la “apropiada identificación y adecuada privacidad”.

Lo que no puedo omitir ahora es el señalamiento de que, en la encuesta más reciente (enero de 2021), llevada a cabo por el Banco Internacional de Pagos, 56 bancos centrales (el 86% del total) informaron estar llevando a cabo algún tipo de investigación o experimentación con CBDC. Aunque el pasado 9 de enero un funcionario de un banco privado informó que el Banco de México no tiene planeado lanzar una moneda digital, convendría que fuese el propio banco central quien informara al respecto. El asunto no es menor, está en su cancha de atribuciones y, de no hacerse cargo de su responsabilidad oportuna y adecuadamente, el impacto sobre la economía nacional podría ser negativo en una medida considerable.

El INE incumple la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Rodolfo Torres Velázquez (17/01/29)

El pasado viernes 15 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo mediante el que pretende acatar una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-REP-3/2021), relacionado con las denominadas “mañaneras”. Mediante esa sentencia la Sala Superior revocó un acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE: ACQyD-INE-33/2020 y ordenó que sea el CG del INE quien se pronuncie sobre la tutela inhibitoria correspondiente. El caso tiene su origen en una solicitud de Medidas Cautelares que formuló el Partido de la Revolución Democrática por la presunta violación a lo establecido en los artículos 41 y 134 de nuestra Constitución, atribuibles al Presidente de México. 

La Sala advirtió que los hechos denunciados se ubican en un contexto extraordinario y novedoso respecto del mecanismo de comunicación conocido como “Mañaneras”. De modo que la resolución del INE debe sustentarse en el claro entendimiento de la conducta típica esperada, entendiendo esto en el sentido de comprender con claridad la tipicidad del supuesto normativo aplicable a la conducta futura que se pretende evitar. 

La propia Sala señaló que: “… el ejercicio de comunicación realizado por el Presidente de la República mediante tal formato es, a todas luces, un método de comunicación sui generis, pues no se adecúa a las maneras tradicionales de transmitir información por parte de cualquier órgano de gobierno … dicho formato posibilita abordar temáticas diarias y relevantes, desde el punto de vista del Ejecutivo Federal … al tratarse de un ejercicio de información presencial y con interlocución, las mañaneras posibilitan a los medios de comunicación generar los cuestionamientos que, desde su óptica, resulten importantes tanto para ampliar o profundizar en un tema, como para posicionar un tópico de relevancia para la opinión pública … Lo anterior, implica que el Ejecutivo Federal se encuentra expuesto y medianamente obligado a participar de una discusión sobre los temas que son tratados en las “mañaneras”, los cuales no forzosamente son previamente definidos y son de una gama amplísima dado su formato diario … el ejercicio de comunicación general, en principio, no se da entre el emisor (Presidente de la República) y el receptor final (ciudadanía y población en general), sino entre el Presidente de la República y los medios de comunicación … Por ello presenta elementos diferentes a los parámetros tradicionales aplicables a la comunicación social de los órganos del Estado … De lo anterior resulta que las características del formato analizado son distintas a las que se desprenden de los medios de propaganda tradicionales o de la comunicación en redes sociales.” Es decir que, “frente a un nuevo modelo de comunicación gubernamental, cuyas características son disímiles en comparación con los mecanismos tradicionales, es preciso que, para imponer medidas inhibitorias, se tenga claridad respecto de los parámetros de aplicación de las disposiciones de carácter prohibitivo que se supone pueden ser vulneradas”.

Para el caso, dice el tribunal “y dada la naturaleza extraordinaria de las “Mañaneras” (a la luz del modelo tradicional de comunicación gubernamental), resulta insuficiente el análisis aislado de las manifestaciones que se controvierten en el presente procedimiento especial sancionador para justificar la medida inhibitoria, pues dadas las características del nuevo mecanismo de comunicación, la manifestación de ideas y cuestionamientos a futuro puede ser de muy diversa índole y obedecer a contextos políticos, pues se insertan en el contexto de un ejercicio de información diario, personal y de interlocución, respecto del rumbo del ejercicio gubernamental y de la vida pública del país, que representa una oportunidad de discutir con el Presidente los distintos tópicos que se relacionan con lo anterior”.

Aún más: “tratándose de un ejercicio comunicativo al más alto nivel, que confluye con el ejercicio administrativo y gubernamental, es inevitable que su contenido esté relacionado con aspectos políticos, lo que incluso se evidencia si se toma en consideración que los medios de comunicación son interlocutores que pueden y deben incitar el ejercicio dialéctico respecto de los temas que consideran relevantes. 

Todo lo anterior impone que las decisiones relacionadas con ajustar el actuar del Ejecutivo Federal, a los principios que tradicionalmente influyen en la comunicación política y con ello evitar una afectación a la equidad e imparcialidad, deben generarse por el máximo órgano de dirección de la autoridad electoral nacional, con base en parámetros objetivos que arrojen claridad para que, en el futuro, el mencionado funcionario pueda ejercitar el mecanismo de comunicación analizado sin caer en posibles violaciones al sistema normativo constitucional y electoral”.

Por otra parte, para justificar su acuerdo, el CG del INE enumera un conjunto de casos que considera “potencialmente  reiterados y sistemáticos que pueden poner en peligro los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, toda vez que las conductas denunciadas aparentemente se realizan como parte de una posible estrategia de comunicación gubernamental seguida por el Presidente de la República, cuyo contenido común podría constituir una conducta transgresora de lo previsto en el artículo 134 constitucional y, en consecuencia, afectar la equidad en la contienda electoral …”. Sin embargo, diversas sentencias del TEPJF (SRE-PES-70/2019, SRE-PES-4/2020, SUP-REP-109/2020, SRE-PES-30/2020, SUP-REP-183/2020 y SUP-REP-156/2020) caminan en sentido contrario a lo que se afirma en el acuerdo del INE.

El acuerdo del CG del INE incumple con lo ordenado en la sentencia del TEPJF, pues no atiende a la vertiente informativa de las conferencias matutinas. El acuerdo del órgano electoral queda en deuda con la sentencia al ordenar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (y a otros funcionarios públicos) que se abstengan de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral, “tales como las que a continuación se señalan de manera enunciativa pero no limitativa: ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación, entre otras); cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales …”.

La resolución del INE, por otra parte, admite que “se considera que el dictado de una medida preventiva de carácter inhibitoria resultaría en una restricción proporcional y justificada de la libertad de expresión del Presidente de la República, a cambio del daño que se podría generar a los bienes jurídicos antes mencionados si es que la conducta llegara a ser considerada como ilícita.”

El acuerdo del INE violenta la libertad de expresión (también de los periodistas) y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. La resolución del Consejo General constituye un rosario de términos que no sólo incumple la sentencia de la Sala Superior, sino que tendrá efectos perniciosos para el embarnecimiento de la judicialización de la contienda político-electoral.

2021: Arranque de las Divisas Digitales

Rodolfo Torres Velázquez (03/01/21)

Además de nuestro deseo de que este nuevo año apunte hacia una firme contención de la pandemia, gracias a las vacunas que se aplicarán masivamente en los meses venideros, el año 2021 dejará huella -entre otras cosas- por la cristalización de proyectos de divisas digitales en varias regiones y países del mundo.

El dinero digital sólo existe en forma electrónica. A diferencia de su contraparte, el efectivo, que utilizamos cotidianamente en forma de billetes y monedas. Aunque para referirse al dinero digital en ocasiones se alude a los conceptos de divisas digitales o criptomonedas, esos términos no son sinónimos. Las criptomonedas son dinero digital, pero no todo el dinero digital es criptomoneda.

Las variantes del dinero digital que hasta ahora se han implementado son operables sólo si se dispone de: un dispositivo electrónico apropiado (computadora, terminal o teléfono); una cuenta bancaria en la que se registran las transacciones monetarias realizadas y el acceso a una red de comunicaciones.

La modalidad de dinero digital es más barata puesto que no es necesario producir billetes y monedas (podría prescindirse de todo el sistema que le acompaña, por ejemplo: el traslado y los cajeros automáticos) y el registro de transacciones es inmediato. Si se cuenta con esos medios, la posibilidad de adquirir bienes y servicios es idéntica a la que se tendría si se utilizara dinero en efectivo. Las tarjetas de débito o de crédito son una modalidad particular de dinero digital, aunque en el segundo caso se exige ser sujeto de crédito.

En México, en septiembre de 2019, el Banco de México implementó el CoDi para realizar transferencias electrónicas utilizando la actual infraestructura de pagos. El CoDi no tiene costo, realiza operaciones en tiempo real y es seguro. Hasta ahora el avance del CoDi es modesto: del 21 al 24 de diciembre se reportaron únicamente 17 mil 534 operaciones. Para poner en marcha el dinero digital, varios países apuestan en favor de la alfabetización digital, de la creación de infraestructura de cómputo y comunicaciones y de la bancarización universal. Por desgracia, la disposición de esos recursos no es viable a corto plazo; por ello, los planes para su uso la consideran sólo como un medio complementario a la utilización del dinero en efectivo.

En el caso de México no sólo es la carencia de las condiciones citadas lo que aminora el ritmo de su adopción, sino una extendida economía opaca y una propiedad del dinero físico que, bajo esas condiciones, no tendrían algunas modalidades de dinero digital, que es el del anonimato. Mientras que el dinero en efectivo permite que se lleven a cabo transacciones sin intermediación, el dinero digital exige que cada transacción sea registrada por un mediador (usualmente bancario, cuando no se trata del uso de criptomonedas). En contrapartida, el distanciamiento social, debido a la pandemia, favorecerá el uso del dinero digital.

No obstante, es la vertiente de la divisa digital la que marcará un antes y un después. Hace apenas unos días, el gobierno sueco anunció que explora la factibilidad de crear su propia divisa digital. Su banco central ejecuta actualmente un proyecto piloto en esa materia. El Banco Central Europeo explora los beneficios y riesgos de crear un euro digital para complementar las operaciones en efectivo e informa que a mediados del año 2021 decidirá si lanza el proyecto de euro digital.

El Banco Central de Turquía, por su parte, anunció que pondrá en marcha su proyecto piloto en el segundo semestre de este año. De acuerdo con datos del Banco Internacional de Pagos, que es una organización financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Suiza, el 80 por ciento de los bancos centrales está involucrado en la investigación, desarrollo o experimentación de proyectos de divisas digitales. En el caso de los Estados Unidos, “The Boston Fed” trabaja con investigadores del MIT para desarrollar y probar una moneda digital para ser utilizada por bancos centrales. El Reino Unido, Canadá, Rusia, Japón y Corea del Sur tienen, también, proyectos en ese sentido.

Pero es China quien lleva la delantera en la instrumentación del dinero y de la divisa digitales. Su proyecto inició en el año 2014. Actualmente, lleva a cabo un enorme experimento público y tiene planeado llevar a cabo una prueba intensa durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. De acuerdo con reportes de la revista Forbes, en agosto pasado, el Ministro de Comercio de China anunció la expansión de su programa piloto para incluir a las grandes ciudades de ese país.

Las divisas digitales agilizarán sustancialmente las operaciones monetarias transfronterizas, que hoy toman días o semanas en concretarse. El flujo monetario, como otros flujos, tomará la vía que le ofrezca una menor resistencia. Las divisas digitales proporcionan esa vía. China conjuga tres ventajas cruciales para beneficiarse de ese nuevo entorno: será el primer país con condiciones para poner en marcha el proyecto; tiene un amplio mercado interno y cuenta con elevados volúmenes de intercambios comerciales con todas las regiones del mundo.

Las divisas digitales son un componente esencial para una nueva globalización monetaria. Esta globalización, posiblemente liderada por China, favorecerá procesos de concentración que pueden volver marginales a otras múltiples divisas y tornarlas prescindibles.

A pesar de nuestra añeja subordinación a la política monetaria de los Estados Unidos, es urgente, ante el aletargamiento de nuestro principal socio comercial, que nuestro país ponga en marcha planes de instrumentación de un peso mexicano digital. El Banco de México tiene la palabra.

La nueva Identidad Digital

Rodolfo Torres Velázquez (20/12/20)

La Ministra Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación, señaló el jueves pasado que la Cédula Única de Identidad Digital (ID) es la piedra angular para garantizar los derechos humanos. Mencionó que la CURP será el cimiento para transitar a la ID e informó que la CURP se usa actualmente en 96 por ciento de los trámites de la Administración Pública Federal y diariamente se realizan más de 4 millones de consultas a la base de datos de este documento. La instrumentación de la ID hará palidecer esas cifras, pues el volumen de transacciones en las que se utilizará la nueva identidad será considerablemente mayor. Para concretar ese proyecto informó que la Secretaría de Hacienda ya gestiona un préstamo con el Banco Mundial.

La relevancia de ese nuevo medio de identificación amerita un repaso a lo dispuesto en la nueva Ley General de Población aprobada por la Cámara de Diputados hace apenas 17 días.

A diferencia de la ley de población vigente, misma que se abrogaría al entrar en vigor la nueva ley, ahora se determina la integración de un solo registro, se eliminan las referencias a un registro para ciudadanos, otro para menores de edad y un catálogo de los extranjeros que residen en la República Mexicana.

El Título Cuarto de la nueva ley regula el derecho a la identidad de las personas, mismo que está consagrado en el artículo cuarto constitucional. Define al Registro Nacional de Población como el sistema de información que contiene los datos personales relativos a la identidad de una persona, y se integra por la información de los mexicanos, y de los extranjeros que se encuentren en México. Establece el Servicio Nacional de Identificación Personal como un servicio de interés público que permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas.

Asimismo, establece la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en sus modalidades temporal y permanente, a la que se asociarán los datos biométricos. La Clave deberá ser incorporada como único campo de registro y consulta para los registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por aquellos órganos constitucionales autónomos que, en virtud de sus atribuciones, integren algún registro de personas.

La nueva ley define a la Cédula Única de Identidad Digital como el documento fundacional de carácter nacional de tipo digital que acredita de manera fehaciente el registro y la identidad de una persona. Constituye, de forma primaria, el documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, tanto en el país como en el extranjero, y ante las personas físicas y morales con domicilio en la República Mexicana. Servirá para todo tipo de trámite o servicio. Atribuye a la Secretaría de Gobernación la facultad de expedir la Cédula Única de Identidad Digital. Será una obligación de todas las personas inscribirse al Registro Nacional de Población y será su derecho obtener su Cédula Única de Identidad Digital. Dicha Cédula se expedirá también a los mexicanos residentes en el extranjero. En todos los casos será gratuita y contendrá al menos los siguientes datos: I) Clave Única de Registro de Población; II) Nombre(s) y apellido(s); III) Fecha de nacimiento; IV) Entidad federativa de nacimiento; V) Nacionalidad; y VI) Datos biométricos. Corresponderá al titular de la Cédula su custodia y conservación, así como asegurarse que los datos en ella contenidos estén actualizados permanentemente, incluidos los datos biométricos.

La puesta en operación de este esquema está detallada en el transitorio Octavo de la reforma, mismo que dispone: que la Secretaría de Gobernación, en un plazo no mayor a un año, emitirá un programa de transición para dar inicio al Servicio Nacional de Identificación Personal. El Programa deberá contemplar al menos lo siguiente: a) el plazo y los procedimientos para recabar los datos biométricos de aquellas personas cuyos datos biométricos no estén en posesión de autoridades competentes; b) el plazo, procedimientos y requisitos que deberán cumplir las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal; c) el plazo, procedimientos y requisitos que deberán cumplir las entidades y dependencias de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno, así como de los órganos constitucionales autónomos para validar ante la Secretaría la identidad de las personas, a efecto de que obtengan el carácter de documentos oficiales de identificación, aquellas credenciales, cédulas, licencias, cartillas o cualquier otro documento análogo que emitan; d) los programas de pruebas que implementará para verificar el funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal; y e) el plazo, procedimientos y requisitos para expedir la Cédula Única de Identidad Digital, tanto en su versión física como digital, determinando los mecanismos de vinculación a la firma electrónica avanzada.

En sus artículos 68 y 69, la nueva ley ya prevé la existencia de documentos adicionales oficiales de identificación nacional, que deberán contener los elementos y características mínimas que la Secretaría de Gobernación establezca y la obligación de sus emisores de validar los datos personales que posean con aquellos que integren el Registro Nacional de Población, mediante los mecanismos de interoperabilidad que se establezcan en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

En este caso, como en tantos otros, el diablo se esconde en los detalles. De ahí que uno de los retos mayúsculos que se deberá contemplar en la elaboración de los reglamentos respectivos, consistirá en el diseño de una operación armónica de todos los subsistemas de identidad: económica, financiera, fiscal, laboral, judicial, gubernamental, sanitaria, ciudadana y civil, por mencionar algunos. Otros, serán: el adecuado manejo de los datos biométricos y la habilitación del proceso de su capacidad para provocar un círculo virtuoso de mejora de todos los ámbitos de la administración pública y de los intercambios económicos.

La puesta en operación de la Cédula de Identidad Digital es un elemento crucial para incorporar a México con éxito en la sociedad digital global que predominará en las décadas venideras; el desafío no es menor.

La Cédula Única de Identidad, un avance sustantivo en la política poblacional mexicana

Rodolfo Torres Velázquez (6/12/2020)

El pasado 3 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó, por 426 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, una nueva Ley General de Población que marca un hito en la vida institucional en nuestro país. La minuta respectiva se turnó a la Cámara de Senadores quien podría discutirlo en comisiones y quizá en el pleno durante la semana que ahora comienza. Se trata de una buena noticia por, al menos, 3 razones. La primera, porque se apuesta por la reconstrucción de las instituciones del Estado. La segunda, porque cancela, de una vez por todas, el sinsentido de la confección de nuestra identidad oficial (la llamada credencial del INE) a manos de esa institución -cuyos objetivos deben ser otros- y con la supervisión de los partidos políticos. Por último, porque la identificación oficial es piedra de toque para potenciar nuestros intercambios confiables para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida social, incluidos el económico, el financiero, el gubernamental, el laboral, el ciudadano y el judicial, entre otros. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados tuvo como base la iniciativa presentada por la Diputada Rocío Barrera Badillo (morena).

A grandes rasgos, la reforma aprobada establece las bases para formular y conducir la política de población en un marco de coordinación interinstitucional. Regula la operación del Registro Nacional de Población y de un nuevo Servicio Nacional de Identificación Personal. Reglamenta las atribuciones de las autoridades en materia de población, como el Consejo Nacional de Población que será el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país. Define las directrices de la política de población, por medio de un Programa Nacional que incorpora el enfoque de igualdad de género. Norma el derecho a la identidad de las personas a través de: i) el Registro Nacional de Población, ii) el Servicio Nacional de Identificación, iii) la Clave Única de Registro de Población; iv) la Clave Única de Identidad Digital y; v) establece un capítulo de interculturalidad en el que se asegura la inclusión igualitaria en nuestra sociedad culturalmente diversa. En el entendido de que, hasta en tanto no se inicie la expedición de la Cédula Única de Identidad, la credencial para votar con fotografía será considerada de forma primaria como documento oficial de identificación nacional ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero.

El 17 de junio de 2014, el concepto de identidad fue plasmado como derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 4º, octavo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la identidad. Este derecho, dice la exposición de motivos de la reforma, se ejerce principalmente a través de la identidad legal mediante el registro de nacimiento; sin embargo, el registro de nacimiento, en las circunstancias actuales, es insuficiente para acreditar fehacientemente la identidad. En México aún hay personas que no cuentan con un registro de nacimiento. Los diagnósticos recientes realizados por instituciones y organismos internacionales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial señalan índices de subregistro de nacimiento que van del 1 al 2.9 por ciento de la población total, es decir, entre uno y tres y medio millones de mexicanos no cuentan con registro de nacimiento.

La reforma aprobada tiene como referente la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo, Egipto (Conferencia del Cairo) que inauguró un nuevo enfoque de la política de población, antes basada en el control de la natalidad. Se orienta, ahora, hacia la atención de los derechos humanos fundamentales en razón del bienestar social, la igualdad y potenciación de género, las diversas formas de familia, el desarrollo sostenible, y la salud sexual y reproductiva.

A casi dos décadas de la Conferencia del Cairo y como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la misma, se llevó a cabo el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en 2013, en la que se ratificaron los principales compromisos internacionales en materia de población y desarrollo y se establecieron una serie de medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios. Los temas prioritarios incluyeron los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el envejecimiento y su protección social; el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; la igualdad de género; la migración internacional y la protección de los migrantes; la desigualdad territorial, la movilidad espacial y la vulnerabilidad ambiental; los pueblos indígenas y los afrodescendientes, sus derechos y el combate a la discriminación racial.

La nueva Ley General de Población contempla el uso de un identificador único para todos los trámites y servicios, una clave única para todo y para todos, la Clave Única de Registro de Población a la que se asociarán los datos biométricos, así como la obligación de todos los niveles de gobierno, de actualizar y coadyuvar a la integración del Registro Nacional de Población, así como la puesta en marcha del Servicio Nacional de Identificación Personal, como un servicio de interés público que brinda el Estado, con base en la información del Registro Nacional de Población. Este servicio permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas ante el sector público, el sector privado y el sistema financiero. Ello permitirá: la agilización y simplificación de trámites, el intercambio de información entre dependencias de la administración pública, el ahorro de recursos y, sobre todo, la disminución de delitos asociados con el robo de identidad.

Sin duda habrá polémica respecto al hecho de que los datos que identifican a las personas los administre ahora una entidad de gobierno (hecho que por cierto ya ocurre a través del SAT y de la Secretaría de Relaciones Exteriores), ese aspecto es sin duda perfectible. Sin embargo, frente a la condición actual, en que son los partidos políticos quienes supervisan la confección de nuestra identificación oficial vigente, el nuevo esquema representa un progreso significativo.

Remoción arbitraria de Presidenta del IMPEPAC

Rodolfo Torres Velázquez (22/11/2020)

El pasado miércoles 18 de noviembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó remover a la Maestra en Ciencias Ana Isabel León Trueba de su cargo como Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). La resolución tiene serias deficiencias procesales que la tornan arbitraria y, por ende, injusta.

A la maestra León Trueba se le imputa como responsable por el retraso, se dice sin causa justificada, de un procedimiento sancionador en contra del entonces candidato a la alcaldía de Cuernavaca y hoy Gobernador de Morelos. Ese procedimiento tendría como base un reportaje televisivo, difundido el 25 de agosto de 2016, mediante el cual se hizo del conocimiento público que el Presidente Municipal Electo de Cuernavaca Morelos celebró un contrato por 7 millones de pesos con el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, para ser postulado a candidato de la Alcaldía de dicha municipalidad por el Partido Socialdemócrata de Morelos.

Al respecto, la maestra León Trueba ha informado públicamente que, tan pronto fueron valorados los hechos denunciados en dicho reportaje, se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo de consejeros del instituto local. En esas reuniones, refiere, se propuso que se acudiera al INE por dos razones. En primer lugar, porque es esa institución la que tiene las atribuciones de fiscalización; en segundo lugar, porque el instituto nacional ya estaba llevando a cabo una investigación al respecto. Esto quedó acreditado en el expediente del caso.

La maestra León Trueba da cuenta, además, de dos reuniones entre el IMPEPAC y el INE que resultan clave para comprender el desarrollo de los eventos que condujeron a la remoción y que, incomprensiblemente, el INE no investigó con exhaustividad.

En la primera de esas reuniones, refiere la maestra, participaron -por parte del IMPEPAC- su presidenta y su entonces Secretario Ejecutivo; por parte del INE, su Consejero Presidente y su Secretario Ejecutivo. En ésta, dice Ana Isabel León, se informó sobre la investigación de hechos relativa al caso de Cuauhtémoc Blanco y se concluyó que, dado que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el tema, era conveniente una reunión con su titular. Cabe señalar que en la resolución del INE no se hace ninguna alusión a esta reunión y no se menciona la participación del presidente y del secretario ejecutivo del INE. Tampoco se consigna que hayan sido citados a comparecer.

La maestra ha informado públicamente que a la segunda reunión acudieron, por parte del INE, el entonces Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, CP Eduardo Gurza Curiel; y, por parte del IMPEPAC, ella misma, en su carácter de Consejera Presidenta; el Consejero Electoral Carlos Uribe, en su calidad de Presidente de la Comisión de Quejas, y el Secretario Ejecutivo. En esa reunión, señala, se abordó el tema de las investigaciones que ambas instituciones llevaban a cabo. Una de las conclusiones a las que se llegó es que lo adecuado sería resolver en tiempos cercanos, permitiéndole al IMPEPAC tener mayores elementos para resolver derivado de las actuaciones de otras autoridades investigadoras, y no emitir resoluciones que pudieran resultar contrarias entre sí. Cabe destacar que, en la resolución del pasado miércoles no aparece, una sola vez, el nombre del CP Gurza ni se consigna que se le haya pedido comparecer para confirmar o negar que dicha reunión se hubiese llevado a cabo.

A este respecto, la maestra León Trueba sostiene que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, encargada -por disposición de ley- de desahogar el asunto, no dio trámite a su solicitud para que el titular de la UTF del INE rindiera un informe respecto de la reunión sostenida el 20 de febrero de 2017.

Estos dos elementos (hay más) son suficientes para mostrar que hubo deficiencias procesales y que no se actuó con la exhaustividad debida. Cabe recordar que, en materia jurídico-procesal existe un importante principio al que se denomina de exhaustividad, que exige al juzgador el estudio cuidadoso de la totalidad de los argumentos jurídicos disponibles.

El campo jurídico otorga a este principio un elevado significado y, acorde con esa valoración, la autoridad electoral jurisdiccional ha emitido al menos dos jurisprudencias: 12/2001 y 43/2002.

La primera de ellas establece que “Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; …”

La segunda dispone: “Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, … De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

El numeral 2 del artículo 102 de la ley electoral (LGIPE) otorga al consejo general del INE la facultad de remover a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales ante causas graves. Esa disposición legal es parte de la reforma político electoral de 2014 que centralizó en el INE la función electoral nacional y que convirtió, en los hechos, a los consejeros electorales locales en subordinados del órgano nacional y a la autonomía constitucional de los órganos electorales locales en una frase hueca. Al margen de las opiniones sobre la idoneidad de esta regulación en torno a las facultades del INE para ese efecto, hay algo que es inopinable, y es que dicha facultad no puede, no debería, ser ejercida con deficiencias procesales o por motivaciones políticas.

Votación postal y pandemia

Rodolfo Torres Velázquez (8/11/2020)

Es probable que, para cuando usted lea estas notas, ya se hayan dado a conocer los saldos de la elección en los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán hasta dentro de unas semanas; sólo hasta que los recursos legales -que tendrán como eje el voto postal- sean eventualmente resueltos por la Corte Suprema de los EEUU.

La ampliación del voto postal fue la respuesta que se dio en los EEUU ante el escenario de riesgo elevado para la salud derivado de la pandemia. A diferencia de lo que ocurrió México, donde el INE optó por mantener el modelo vigente acompañado de medidas sanitarias que, lamentablemente, no sólo no eliminaron el riesgo para la población y para los funcionarios electorales, sino que, además, produjeron un incremento de la abstención. En las elecciones en Coahuila sólo acudió a las casillas el 39 por ciento de los electores.

Aunque el ejercicio del voto postal en los EEUU data de hace más de un siglo y medio -fue utilizado por primera vez con motivo de la Guerra Civil de ese país durante los años 1861-1865-, su relevancia aumentó con motivo de la pandemia. En estas elecciones, al menos, tres cuartas partes de los potenciales votantes norteamericanos fueron habilitados para ejercer el voto postal. El mayor número en toda la historia de los EEUU. Se estima que 80 millones de electores usaron esa vía. Cifra que, por otra parte, es muy cercana a la lista nominal de electores en México (de alrededor de 90 millones).

Ese elevado número puso en jaque al Servicio Postal de ese país cuya eficacia se ha visto cuestionada respecto de la oportunidad en la entrega de esos votos a las autoridades electorales de estados clave como: Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina y Wisconsin, según reportes de la cadena norteamericana CNBC.

La disputa por el voto postal no es novedosa. Hay precedentes de controversias de ese tipo en los EEUU: en 2018 quedó vacante por nueve meses un asiento de la Cámara de Representantes. En otros países también ha ocurrido, por ejemplo, en diciembre de 2016, Austria tuvo que volver a las urnas para elegir presidente debido a que en mayo de ese año sus elecciones presidenciales fueron anuladas por el Tribunal Constitucional debido a irregularidades en el recuento del voto postal.

El modelo de voto postal en los EEUU afrontó, en las elecciones recientes, diversos desafíos: 1) que las boletas llegasen con oportunidad a los votantes pues, de no arribar a tiempo, el votante no podría ejercer su derecho al voto; 2) en varios estados sólo son admisibles los sobres marcados con una fecha límite predeterminada, aun en ese caso, el servicio postal debió asegurar el arribo oportuno de los votos a fin de no retrasar su cómputo; 3) errores de llenado del formulario o de su lectura provocan que votos legítimos no sean computados. Esto ocurrió ya antes, en el 2018 el 8.2 por ciento de los votos no fueron computados; en 2016, en Georgia, el 6.4 no fueron contados.

Es razonable que cualquier servicio postal se viese abrumado por el elevado volumen de entregas. La solución propuesta por algunos ha sido que el voto se emita con varias semanas de anticipación. Lo que significa un reto añadido, pues los votos se emitirían en contextos políticos diferentes al propio del día de la votación en las casillas. En México, por ejemplo, los mensajes electorales están prohibidos desde tres días anteriores a la elección con el propósito de permitir una pausa de reflexión detenida previa a la emisión del voto.

Con base en datos publicados por el New York Times, en todos los estados del vecino país se admite el voto postal, aunque su facilidad de acceso es diferenciada. En nueve estados y en la capital se envía, con anticipación a la elección, una boleta a cada votante registrado. En 34 estados, los votantes pueden justificar su ausencia de las casillas por motivo de la pandemia, o pueden solicitar su boleta postal sin especificar razón alguna. En 9 estados cada votante registrado recibe automáticamente un formato de solicitud que le permite pedir su boleta postal. En 25 estados los propios votantes deben procurarse el formato de solicitud para pedir el voto postal. Mientras que en 7 estados (destacan Nueva York y Texas) los votantes deben aportar una razón válida, que no sea la pandemia, para ausentarse de las casillas y así poder ejercer su voto postal. En suma, 27 estados de ese país, de alguna manera, expandieron el acceso de los electores al voto postal.

La disputa sobre los resultados puede llegar a manos de la Corte Suprema de los EEUU. Ya el pasado 6 de noviembre ese órgano emitió una orden directa a oficiales encargados del cómputo de la elección en Pensilvania para que separasen todos los votos postales que arribaron con posterioridad al día de la elección, aunque no ordenó que esos votos no fueran computados.

Lo cierto es que el elevado volumen del voto postal ha infligido un severo golpe a la credibilidad por el retraso en la obtención de resultados.

En estas páginas, de manera reiterada, he señalado que el voto no presencial, como es el caso del postal (u otros por internet), compromete las certezas sobre la secrecía del voto dada la ausencia del cobijo que brindan las mamparas y la vigilancia en las casillas.

Con independencia de la certidumbre que brinde el cómputo de los votos postales en los EEUU, que sólo compete a los ciudadanos norteamericanos resolver, esta experiencia, para muchos desastrosa, hará volver rápidamente los ojos a otras alternativas, entre ellas al voto por internet. Dada la persistencia de la pandemia y a que las versiones actuales de ese mecanismo de votación adolecen de las garantías de secrecía plena, es urgente analizar alternativas. Tanto el Poder Legislativo, como las autoridades electorales, todas las instancias responsables de asegurar las garantías de los votantes y cualquier ciudadano interesado, deben abocarse con celeridad a esta discusión y al análisis de su mejor resolución. El uso de la tecnología de cadenas de bloques (mejor conocida como blockchain) acompañada de una indispensable reingeniería del sistema de identidad electoral es una luz en ese túnel. Pongamos manos a la obra.

Lánguida participación ciudadana en procesos electorales

Aunque la legislación establece como una obligación ciudadana el acudir a votar y dispone sanciones específicas cuando no se atiende a ese deber ciudadano, ha sido práctica regular la ausencia en las casillas.

Rodolfo Torres Velázquez (25/10/2020)

            Aunque la legislación establece como una obligación ciudadana el acudir a votar y dispone sanciones específicas cuando no se atiende a ese deber ciudadano, ha sido práctica regular la ausencia en las casillas. Los bajos niveles de participación ciudadana en las elecciones locales de Coahuila, de hace apenas una semana (estimados en un 39 por ciento) reiteran esa preocupante regularidad. En esa elección ordinaria se eligieron 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional.

El voto es un derecho de los ciudadanos. Así lo establece la fracción I del artículo 35 de nuestra Constitución. También es una obligación. El artículo 36 en su fracción III señala que es deber de los ciudadanos “Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato …” La propia Constitución señala las consecuencias cuando no se atienden las obligaciones dispuestas en el referido artículo 36; consisten éstas en la suspensión, durante un año, de los derechos o prerrogativas del ciudadano que incurra en ese incumplimiento. Sin embargo, a todos consta, no se ha sabido que esa sanción se haya aplicado a los millones de abstencionistas infractores.

A pesar de que la obligatoriedad del voto y la sanción por su ausentismo en las urnas es un tema que, en sí mismo, tiene méritos suficientes para un análisis detallado, no está en nuestro interés abordarlo en este momento. Hacemos alusión a la norma constitucional sólo para destacar la importancia que nuestra ley suprema otorga a la participación ciudadana en las elecciones.

Sin embargo, insistimos, es notoria la desafección ciudadana por acudir a las urnas a votar. En el año 2017 el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, elaboró un “Estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2009, 2012 y 2015”. Las cifras del estudio muestran que en las elecciones presidenciales hay una mayor participación que en las intermedias, en que sólo se contiende por diputaciones. En el primer caso, el de las elecciones presidenciales, ese estudio reporta que en 1994 ocurrió la mayor participación, con un 77.16 por ciento; mientras que en 2006 fue la más baja, con el 58.55 por ciento. Para las elecciones intermedias, las de diputaciones, la mayor participación fue en 1991 con el 65.97 por ciento y la más baja en el año 2003, con el 41.68 por ciento.

Según datos del “Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018”, en la elección presidencial de ese año, dicha participación fue de 63.4 por ciento.

En todos los casos que el estudio analiza existe una notoria mayor participación de mujeres que de hombres.

En el primer estudio se observa que la mayor participación en la elección presidencial de 2012 ocurrió en Yucatán, con un 76.81 por ciento de participación. La más baja para esa elección sucedió en Michoacán con un 51.48 por ciento.

Para elecciones intermedias la participación más alta fue nuevamente en Yucatán, en 2015, con un 70.55 por ciento. La más baja en 2015 en Baja California con un 29.95 por ciento. Similares resultados se observan para el caso de elecciones concurrentes.

Si ahora observamos el grado de participación ciudadana en las elecciones locales de Coahuila (con base en datos publicados por el PREP y por el Observatorio de la Laguna) se nota que la participación más baja ocurrió en la elección de hace una semana con un 39.38 por ciento de participación. La más alta fue en el año 2018 con el 62.4 por ciento de participación.

Las sociedades que se denominan democráticas han desarrollado, a lo largo de su historia, un conjunto de instrumentos para procesar pacíficamente el (en no pocas ocasiones, agudo) conflicto político. Entre otros: el sufragio efectivo (universal y libre), los procesos electorales equitativos, las instituciones electorales que garanticen el desarrollo equitativo de las contiendas y resuelvan con justicia las controversias, los parlamentos (en nuestro caso, cámaras de diputados y senadores) con genuina representatividad y que tengan al interés público como premisa, y los partidos políticos que favorezcan la participación ciudadana para la renovación del poder público. Por desgracia, la percepción de la población, aparentemente mayoritaria, es que todos esos instrumentos no cumplen a cabalidad con las expectativas señaladas.

Es plausible suponer que un elevado volumen de participación ciudadana podría atenuar un agudo conflicto político y, como consecuencia, beneficiar la transmisión pacífica del poder público. Sin embargo, la distorsión de la voluntad del elector que provocan la coacción, la compra de voto, el predominio de la propaganda negativa, y la baja estima en las instituciones en general, en las electorales en particular y en la representación política, dislocan esa participación y sus posibilidades.

Más allá de las denuncias que se llegasen a presentar con motivo de esas elecciones locales, resulta importante cuestionarnos si los bajos niveles de participación no pudieran ser interpretados como un llamado de alerta respecto de la insatisfacción ciudadana con sus instrumentos políticos y de representación.

Sabemos que el temor a los contagios de la covid pudieran ser un factor de estímulo a la abstención. Pero sabemos, también, que el abstencionismo es un fenómeno global que no está asociado con la condición pandémica. En las elecciones europeas de 2014, por poner un ejemplo, sólo participó un 42.5 por ciento. Esa cifra es notoriamente baja si se considera que en Italia la participación era del 90 por ciento hasta el año 1979 que empezó a caer sin freno. También es notable el caso de Francia, donde, para las elecciones europeas de 1999, sólo participó el 30 por ciento, por no mencionar el caso de la República Checa con menos del 20 por ciento en las elecciones europeas de 2014.

La abstención pasiva, aunque también la activa, es un fenómeno que se ha asentado en el entramado electoral. Ha llegado la hora de cuestionarnos si el modelo de representación actual sigue vigente y si debiera considerarse algún umbral de participación mínimo para considerar como legítimo un proceso electivo.