Consulta Popular y jornada electoral 2021

El pasado 1º de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta que se someterá a consulta de los ciudadanos el próximo año.

Rodolfo Torres Velázquez (11/10/2020)

 El pasado 1º de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta que se someterá a consulta de los ciudadanos el próximo año. Se trata de una resolución inédita; es la primera vez que ese poder del Estado aprueba una cuestión de esta naturaleza.

La práctica democrática, desde la perspectiva de la forma de participación popular, tiene dos caracteres: representativo, uno; directo el otro. Dada la constatación de que los representantes políticos habían abandonado, desde hace décadas, su compromiso con los electores para someterse a la voluntad e intereses de élites económicas o políticas no es de extrañar que se vivieran las horas bajas de la vertiente representativa.

Se denomina democracia directa al régimen político en el que los ciudadanos ejercen, sin intermediarios o representantes, es decir por sí mismos, los poderes del Estado. La democracia directa tiene su origen en la Grecia Antigua. En la filosofía política clásica, Jean Jacques Rousseau, uno de sus principales defensores, argumentaba en su favor en virtud de la convicción respecto de que la soberanía del pueblo no puede ser representada sino por sí mismo.

Aunque una forma común de visualizar la práctica de la democracia directa es a través del asambleísmo, se han utilizado otros instrumentos como la consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato y el plebiscito. Este tipo de democracia parte del supuesto de que existe una comunidad política formada por personas que pueden y deben ser consultadas sobre los asuntos públicos. Aunque en épocas pasadas esa posibilidad parecía alejada de la realidad, los modernos medios informáticos la tornan ahora factible.

El empleo de los instrumentos de la democracia directa, en particular el plebiscito, data del siglo IV, cuando los romanos lo utilizaban para legitimar sus decisiones. Se volvió práctica común durante la Revolución Francesa y lo usó profusamente Napoleón Bonaparte para la aprobación de sus propuestas de modificaciones a la Constitución. Los mecanismos de democracia directa siguen vigentes aún en diversos espacios. Naciones como Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Suiza, entre otras, recurren a ellos. La ONU ha utilizado ese medio también, en fechas recientes, para resolver disputas de límites territoriales y de soberanía.

Nuestra Constitución General (artículo 35), reformada en 2014 y 2019, prevé la consulta popular como mecanismo de democracia directa. Desde su aprobación, no se ha realizado ninguna consulta bajo esa disposición constitucional.

El 15 de septiembre de este año el Presidente de la República presentó una petición de consulta popular con la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Cabe recordar que el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 establece, que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de consulta”. Por su parte el artículo 26 fracción II inciso b) de la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) dispone que la SCJN deberá “realizar las modificaciones conducentes a la pregunta …”.

Sobre esas bases normativas, el 1º de octubre de 2020 la SCJN notificó al Senado de la República que la pregunta aprobada por su pleno fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” La pregunta aprobada se centra en garantizar el acceso a la justicia de víctimas derivadas de decisiones de actores políticos.

El artículo 26 de la LFCP señala que esa resolución debe comunicarse a la Cámara de origen; en este caso la de Senadores. El pasado 7 de octubre de 2020 el Senado de la República aprobó dicha consulta, por 64 votos a 43, y remitió su resolución a la Cámara de Diputados. Posterior a su aprobación en esa Cámara el Congreso de la Unión expedirá la convocatoria respectiva, misma que notificará al Instituto Nacional Electoral para la organización de ese ejercicio.

La fecha en que se llevará a cabo el procedimiento participativo no está aún decidida. El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma el apartado 5º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional para establecer que las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto. Sin embargo, la fracción II del artículo 30 de la LFCP indica que la convocatoria de consulta popular deberá contener la fecha de la jornada federal en que habrá de realizarse. Es decir, la misma fecha que la jornada federal de 2021.

Los procedimientos para la organización y celebración de la consulta están claramente especificados en la LFCP. Su diseño es acorde con el supuesto de que su celebración es coincidente con la jornada electoral.  Por ejemplo, el artículo 52 establece que, en ausencia de un escrutador designado, las funciones se realizarán por parte de cualquiera de los escrutadores designados para la elección federal.

A la fecha no contamos con otra ley secundaria que tenga como premisa la celebración de la consulta en fecha distinta a la de la jornada electoral. Por lo que, en el caso presente, no se trata de una discusión respecto del predominio de una norma superior, la Constitución, sobre una ley secundaria, la LFCP. Se trata de decidir el procedimiento que garantice a cabalidad el ejercicio de un derecho político fundamental.

En ese sentido, sin duda, la fecha más conveniente para la consulta popular es el primer domingo de junio de 2021. Ello sin contar con el importante ahorro de recursos que se obtendrían, pues opiniones precipitadas ya cifran ese gasto en ocho mil millones de pesos si se realiza en el mes de agosto. Cabe esperar que así lo valore el Congreso de la Unión al momento de emitir la convocatoria respectiva.

Por un federalismo incluyente de municipios y regiones

Los municipios adquirieron gran relevancia a partir de 1812;

Rodolfo Torres Velázquez

(27/09/2020)

El incremento de la temperatura política en nuestro país se debe, entre otros, a tres factores. A la convicción que tienen algunos actores y partidos políticos tradicionales de que, en las elecciones del 2021, podrían sufrir un quebranto de tal magnitud que pondría en riesgo su vigencia política; a que diversas  acciones del nuevo gobierno han minado a diversos grupos de poder que han visto perder la centralidad de su participación en la toma de decisiones fundamentales en el país; finalmente, al disgusto de algunos sectores por la revalorización del pueblo llano en la formulación de políticas públicas. Para revertir esa situación que les es adversa, los opositores apuestan también por aumentar la tensión entre los poderes estatales y el federal. Es ésta una jugada temeraria; sus resultados son impredecibles y son potencialmente peligrosos para la sociedad en su conjunto.

Conviene recordar que los municipios adquirieron gran relevancia a partir de 1812; no sólo porque articularon a los pueblos originarios y favorecieron el surgimiento de la ciudadanía (hasta ese entonces sólo existía la figura de súbdito), además fueron la base de la organización de los procesos electorales y elementos clave de los políticos. Puede afirmarse, sin duda, que en aquella época la República se constituyó a partir de sus poderes locales.

Pero el modelo basado en los ayuntamientos, y en los poderes locales en general, al que se acusaba de propiciar dispersión en lo político y en lo económico, sufrió, durante el siglo XIX, múltiples embates de intensidad diferenciada a lo largo y ancho del país. A principios del siglo XX, el ayuntamiento era una figura sin capacidad efectiva de gobierno. En el ámbito financiero, la hacienda pública se administraba centralmente. En el ámbito de la política, el poder se fue centralizando en los ejecutivos estatales y nacional, en un proceso paulatino en el que jugaron un rol destacado los denominados jefes políticos; que habían nacido como enlace entre los ayuntamientos y los gobernadores pero que, hacia finales del siglo XIX, dieron la espalda a los ayuntamientos y se convirtieron en elemento esencial de la centralización política.

En el último tercio del siglo XIX tuvo lugar un importante proceso de centralización, impulsado primordialmente por factores económicos, por lo que se consideraba entonces como exigencias de la modernidad. Ferrocarriles, puertos, telégrafos, industria eléctrica, legislación minera, uso del agua y deslinde de terrenos baldíos, con la hacienda pública por detrás, fomentaron un crecimiento económico en algunas zonas del país y la articulación de mercados regionales. Esos factores de centralización económica demandaban consensos políticos nacionales; algo que las regiones, por sí mismas, no fueron capaces de aportar. Es decir, el centralismo se practica tanto desde la federación como desde los gobiernos estatales en detrimento de la periferia: los municipios y las regiones.

Durante el siglo XIX, en el proceso de profundización del centralismo, se establecieron equilibrios regionales y nacionales que dieron cierta estabilidad a un modelo que se proclamaba federal en lo formal y que en la práctica era profundamente centralista.

Es interesante destacar que, previo a la alternancia en la titularidad de la Presidencia de la República, ocurrida en el año 2000, ya había sucedido un profundo proceso de cambio político a nivel municipal y local. La reforma electoral de 1996, que había fortalecido políticamente a los partidos y a los gobernadores, favoreció el cambio político en estados y municipios. Los resultados electorales de esa época revelan, en esos ámbitos, un debilitamiento del partido hasta entonces gobernante (PRI). Puede decirse, por ello, que la primera alternancia en la presidencia recorrió una ruta de la periferia hacia el centro.

Frente al arribo de un partido distinto a la titularidad del ejecutivo federal en el año 2000 (PAN), los ejecutivos locales, cuyo partido había pasado ahora a la oposición, impulsaron la creación de una instancia de agrupamiento político (la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO). Este organismo fue eficaz para hacer contrapeso político nacional al ejecutivo federal y para mantener vigente una oposición política regional. La CONAGO también jugó un papel fundamental en la creciente canalización de recursos a las entidades federativas.

La estrategia de atrincheramiento político en el espacio de las entidades, aunado a la disponibilidad de crecientes recursos económicos en los estados (el 80% del gasto federal se había descentralizado), resultó exitosa para que el PRI, que había mantenido el poder por 71 años, retomara espacios políticos en los estados y favoreciera su retorno al poder ejecutivo federal en el año 2012. Pero ese enorme caudal de recursos económicos asignado a los estados, usualmente ejercido con discrecionalidad y sin vigilancia efectiva, alimentó los múltiples y escandalosos casos de corrupción en las entidades. Durante los años 2012 al 2018 la CONAGO fue perdiendo paulatinamente su papel de oposición política al gobierno federal.

Ahora, diversos ejecutivos estatales en manos de partidos opositores al gobierno federal han reeditado, en una denominada Alianza Federalista, su actuación como oposición política. Esa Alianza tuvo su origen en marzo de este año con tres gobernadores (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), ahora cuenta con 12 mandatarios estatales que critican la actuación de las autoridades sanitarias frente a la pandemia y exigen la revisión del pacto fiscal vigente. Tanto la CONAGO como la Alianza Federalista comparten una visión centralista del federalismo y ambos se constituyeron como instrumentos de política partidista. Sin duda, es indispensable emprender una revisión profunda de la forma en que ahora están interrelacionados los tres niveles de gobierno. Una genuina reforma federalista no puede dejar de lado a los municipios y a las regiones, hasta ahora ninguneados. Sin embargo, la contienda electoral no puede, legítimamente, convertirse en pretexto para embarnecer la centralidad de los estados frente a la federación y los municipios.

La tirantez centro-periferia es una realidad de la historia política nacional que estuvo en la médula de conflictos, incluso armados, que recorrieron buena parte del siglo XIX y perduraron durante el siglo XX. Conviene a todos actuar con sabiduría y responsabilidad para no reeditar, de manera artificial, y sólo por razones electorales, añejos conflictos que han ocasionado gran dolor a la sociedad mexicana.

Renovar el mecanismo de afiliación a los Partidos Políticos

Los mecanismos vigentes para determinar la membresía de ciudadanos a los partidos políticos asoman su ineficacia en el proceso de registro de nuevos partidos políticos que participarán por primera vez en las elecciones del año 2021.

Rodolfo Torres Velázquez (13/09/2020)

Los mecanismos vigentes para determinar la membresía de ciudadanos a los partidos políticos asoman su ineficacia en el proceso de registro de nuevos partidos políticos que participarán por primera vez en las elecciones del año 2021. Esa ineficacia pone en cuestión el ejercicio de asociación política; uno de los derechos fundamentales de las personas. Se advierten como ineficaces pues, a pesar de la complejidad involucrada en los procedimientos actuales, aún prevalecen insuficiencias estructurales que aconsejan la pronta instrumentación de mecanismos que los reemplacen.

Como es sabido, el artículo noveno de nuestra Constitución establece que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.” Este artículo ha estado vigente, en sus términos, desde su promulgación hace más de cien años (1917).

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos dispone que: “Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes: … b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos”.

El más reciente procedimiento de afiliación de ciudadanos a organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos estuvo reglamentado mediante el “Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que deben cumplir para ese fin”, aprobado por el INE el 19 de diciembre de 2018 (Acuerdo INE/CG1478/2018).

Sin entrar en los detalles del instructivo (40 páginas), conviene destacar que éste establece el uso de una denominada aplicación móvil “para recabar las manifestaciones formales de afiliación de las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional”. Otro elemento importante del procedimiento es la participación de un “Auxiliar/Gestor” que ayuda a recabar las manifestaciones formales de afiliación, mediante la aplicación móvil. Dicho mecanismo prevé la concentración de personas en lugares públicos, bajo el mecanismo de Asambleas, para su afiliación.

En atención a este procedimiento, por ejemplo, una de las organizaciones programó 441 asambleas distritales, de las que celebró 237; en ellas recabó 41 mil 348 afiliados. De un total de 103 mil 250 afiliaciones registradas, 10 mil 621 (alrededor de un 10 por ciento) fueron afiliaciones no válidas.  Entre otras particularidades, esa organización dio lugar a ser señalada porque numerosos potenciales afiliados eran trasladados a esos eventos en camionetas o minibuses.

En cuanto a la recaudación de los datos de los ciudadanos en la aplicación móvil por parte de los auxiliares, también hay lugar a dificultades. Una vez que un auxiliar registra los datos de una persona –que incluyen datos de su credencial para votar, fotografía y firma, entre otros–, el INE procede a la verificación de que esos datos se corresponden con los asentados en sus registros. La experiencia ha demostrado la falibilidad de este proceso. Tenemos noticias de un conocido caso en que, de 173 mil 458 registros, 10 mil 483 presentaron inconsistencias.

Hasta donde sabemos, no existe un mecanismo externo que audite que el resultado de esa verificación sea correcto; es decir que, en ausencia de esa auditoría, debemos creer a ciegas que la verificación practicada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores es acertada. Esta observación es pertinente en virtud de que la verificación manual o automatizada de fotografías y de firmas es propensa a errores. No cabe duda de que convendría dimensionar la magnitud del número de fallos.

Si bien es cierto que los registros inválidos fueron, en el caso que he citado, restados del resultado final, ese solo dato debería bastar, por sí mismo, como un llamado de atención para revisar el procedimiento en cuestión. Sin embargo, a lo anterior se añade el caso de los consejeros que revirtieron, en consejo general, el voto que habían emitido en la comisión respectiva (habiendo dado un voto aprobatorio lo tornaron en reprobatorio). Una de las razones esgrimidas fue que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos llevó a cabo un análisis espacial de las afiliaciones captadas vía la aplicación móvil y detectó irregularidades, mismas que dio vista a la Unidad de lo Contencioso Electoral (ambas del INE) para la investigación respectiva. Es decir, a pesar de la sofisticación del procedimiento, la mera presunción fue determinante en la emisión del voto de los consejeros.

Por otra parte, tanto para la creación de nuevos partidos, como para validar que los partidos registrados preservan el umbral mínimo de afiliaciones requerido por la ley, se sigue un procedimiento que identifica las afiliaciones duplicadas. En esos casos, se interroga al ciudadano respecto de su voluntad de pertenencia a alguno de ellos.

Un nuevo diseño del procedimiento debe inhibir o eliminar la afiliación masiva y la intermediación. Que sea el propio ciudadano quien, quizá ante los módulos del INE o, si lo prefiere mediante una aplicación móvil, manifieste de modo directo su interés personal de pertenecer a un partido político; o expresar su voluntad de dejar de pertenecer. De esa manifestación debe turnarse copia a la organización respectiva, sin tener que anexar, en la copia, todos sus datos personales; debe bastar con los que sean pertinentes. Tampoco es razonable que sea el ciudadano quien deba verificar en el portal del INE (como ocurre actualmente) si aparece como afiliado a un determinado partido y presentar denuncia -como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, en que tantos ciudadanos se han sorprendido de haber sido afiliados sin su consentimiento. El mecanismo es ineficaz, además, porque no inhibe la compra y coacción de afiliaciones.

La participación, o no, en un partido político debe ser una decisión individual, libre y voluntaria.  ¿A qué viene la intervención de un tercero -auxiliar o gestor- para el ejercicio de ese derecho político fundamental?

En 2021 la secrecía del Voto por Internet será parcial

Rodolfo Torres Velázquez

(30/08/2020)

Votar en las elecciones, dice la ley, constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos que se ejerce para integrar los órganos del Estado con puestos de elección popular. Agrega: El voto debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a las y los electores.

Durante largos periodos en nuestro país no se cumplieron esos atributos del voto. Aún, hoy día, es práctica común que candidatos y partidos eludan la tarea de convencer a los electores y opten por la compra de votos y la coacción a los votantes. Cuando esos actos no son sancionados y sus efectos no son revertidos se hace nugatorio el libre ejercicio del sufragio.

El denominador más común de las prácticas de compra y coacción ha cursado en México, históricamente, por la violación del atributo de secrecía del sufragio. En el caso de votación en casilla, la compraventa de votos se ha puesto en práctica por la vía de dos procedimientos bien conocidos: o bien, se exige a los electores que ofrezcan pruebas del sentido del voto para corroborar que lo han emitido en el sentido esperado, o bien, se compra o renta la identidad del elector.

Garantizar la secrecía del voto es de tal relevancia que, en todos los procesos electorales, la mayor proporción de recursos monetarios, humanos y materiales se destina siempre a ese fin. La protección de la secrecía del sufragio es el propósito primordial que tiene la instalación de las casillas de votación.

Asegurar el secreto del voto en las casillas supone su cuidado en dos etapas: la primera se registra en el propio momento de votar; la segunda, en el momento inmediato posterior, tras haber marcado la boleta electoral. La mampara tiene como finalidad asegurar la secrecía cuando ocurre el marcado de la boleta.

Durante la segunda etapa, la secrecía se hace posible gracias al uso de las urnas.  Cuando las boletas se acumulan en las urnas, se torna imposible saber quién ha depositado qué voto. Proveer la certeza en ambas etapas constituye una obligación de las autoridades electorales. Todas las actividades que lleva a cabo el INE para la organización de las elecciones tienen como piedra de toque la adecuada operación de las casillas a fin de salvaguardar todos los atributos de los votos y las garantías de los votantes.

La secrecía del sufragio significa que esa vinculación no pueda ser hecha por nadie; no sólo por los funcionarios de casilla o por el INE, tampoco por los familiares, los empleadores, otras autoridades, los partidos o candidatos, ni sus representantes.

Hasta la fecha, el ejercicio del voto sin el auxilio de una casilla de votación no ha mostrado su aptitud para garantizar que el voto pueda ser ejercido sin poner en riesgo la secrecía, particularmente en la primera de las dos etapas referidas. Es ésa la objeción a las modalidades de votación por correo postal y por internet. Las formas de votación que no utilizan casillas ya sean físicas o virtuales engendran una pregunta clave: ¿Qué autoridad se encarga de asegurar que, al momento de emitir su voto, el elector no está siendo observado o coaccionado?

Por otra parte, el párrafo 3 del artículo 329 de la ley electoral obliga a que el voto por vía electrónica sólo pueda realizarse conforme a los Lineamientos que emita el INE en términos de la Ley, mismos que “deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada”. El párrafo 2 del artículo 343, por su parte, dispone que el sistema de voto por medios electrónicos que apruebe el Consejo General del INE deberá cumplir con “… c) Evitar la coacción del voto, garantizando el sufragio libre y secreto”.

La pregunta viene al caso a propósito del acuerdo que, el pasado 26 de agosto, tomó el INE al aprobar las modalidades de votación postal y electrónica por internet de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para diversos cargos de elección en 2021.

En dicho acuerdo, el INE sólo se ocupa parcialmente de la garantía del secreto del voto y dispone, en el numeral 15 de sus Lineamientos que el Sistema (de votación por internet): “deberá desvincular de manera permanente e irreversible los votos cifrados de las y los electores que los emitieron, de tal forma que se obtenga una base de datos con los votos cifrados sin que exista un vínculo con la o el elector”.

Es decir, el numeral citado de los Lineamientos sólo se ocupa de la segunda de las etapas que hacen posible la secrecía del voto: la que ocurre con posterioridad a su emisión, pero no atiende a la primera etapa, que se refiere a la secrecía que debe existir durante la emisión del sufragio. No da respuesta a la pregunta planteada. La consecuencia de esa omisión es que la autoridad no se ocupará a cabalidad de la secrecía y del ejercicio libre del voto; deja esa responsabilidad en manos del propio ciudadano. La secrecía del voto será parcial.

La gravedad del problema es suprema, y la percepción de su magnitud se extiende si uno se asoma a algunos de los cuestionamientos que han formulado los especialistas en el tema. Por ejemplo, la “Red de Defensa de los Derechos Digitales” ha señalado que “las medidas aprobadas por el INE … implica riesgos para la legitimidad debido a que el proyecto, los lineamientos y el contenido técnico detallado de las auditorías no fueron difundidos antes de su aprobación, lo que impide su escrutinio público y exige que los votantes, candidatos y partidos políticos confíen ciegamente en que el sistema funciona y en que no ha sido manipulado”. Las autoridades electorales, dicen esos expertos, “han minimizado los riesgos de alteración por ataques informáticos”.

La fortaleza de las instituciones, en este caso de las electorales, no deviene de un ejercicio retórico, sino de la eficaz construcción de los instrumentos que garanticen el cabal ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos.

Fiscalización Electoral: un problema urgente de resolver

El entramado normativo vigente mantiene aún omisiones reglamentarias y procedimentales que obstaculizan las acciones de fiscalización.

Rodolfo Torres Velázquez (15/08/2020)

Las filtraciones del “caso Lozoya”, que aluden a la inyección de abultados montos a la campaña presidencial de 2012, que no fueron sancionados, han traído a la mesa la discusión respecto de las irresueltas deficiencias que hasta la fecha se arrastran en materia de fiscalización. Es cierto que desde aquel entonces las reglas han cambiado, sin embargo, el entramado normativo vigente mantiene aún omisiones reglamentarias y procedimentales que obstaculizan las acciones de fiscalización. Tres factores alimentan ese rezago: el registro de operaciones contables, que no se lleva a cabo en tiempo real, del que se hace una apresurada revisión de decenas de miles de informes de partidos y candidatos en tiempos ajustadísimos, y la ausencia de medios para seguir la pista a los colosales montos de dinero en efectivo que circulan durante las campañas.

Cabe admitir que la fiscalización se desarrolla bajo múltiples restricciones: a) la propia complejidad técnica de esa tarea -que vuelve difícil explicar y dilucidar sus determinaciones-; b) la limitación de sus insumos que se proveen sólo  de la información que formalmente aportan los partidos y candidatos, de la que obtiene de sus auditorías y de sus actuaciones de monitoreo en campo, y de la que consigue -gracias a sus atribuciones investigativas- de los ámbitos comercial, hacendario y financiero; y c) el volumen de su tarea y la brevedad de los plazos.

Como se sabe, la reforma electoral de 2014 centralizó en el Instituto Nacional Electoral la fiscalización federal y la local. Antes de esa reforma la fiscalización en el ámbito local la llevaban a cabo los órganos electorales locales. La misma reforma estableció, como causal de nulidad de las elecciones, el rebase determinante del tope de gastos de campaña, mismo que se acredita por las labores de fiscalización. Por lo que esa labor es fundamental para asegurar la equidad en las contiendas.

Por disposición de ley, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de los candidatos está a cargo del Consejo General del INE y de su comisión de fiscalización (integrada por 5 consejeros). Para llevar a cabo esas tareas, el Consejo General tiene amplias capacidades, pues su actuación no está limitada por los secretos bancarios, ni fiscales ni fiduciarios. El Consejo General tiene la facultad para desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, que es crucial para el cumplimiento de las obligaciones de éstos en materia de fiscalización, pues es la base para las tareas de auditoría que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización. La fortaleza o debilidad del sistema en línea de contabilidad determina, poderosamente, la eficacia de la fiscalización.

En el artículo 60 de la Ley General de Partidos Políticos se establecen las características que debe tener ese sistema. Entre ellas destaca la obligación de generar, en tiempo real, estados financieros. Esta cualidad, aunada a la ya referida de que se trata de un sistema en línea, conduce a la convicción de que la operación eficaz de ese sistema demanda que los registros se asienten al momento de su concreción (para inhibir toda posibilidad de manipulación de los datos) y no de manera diferida. Sin embargo, ello no ocurre de ese modo, pues el Reglamento de Fiscalización del INE, en su artículo 38 “Registro de operaciones en tiempo real”, indica que “Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización” Un tiempo real muy sui generis.

Por otra parte, en agosto de 2014, el INE, mediante acuerdo INE/CG120/2014, aprobó el diseño y alcances del sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos. En la página 23 del anexo de ese acuerdo se establece que dicho sistema contará con tres módulos. El segundo, denominado fiscalización inteligente: “enfocado a verificar en forma automatizada a partir de un modelo de riesgo la veracidad de las operaciones e informes reportados”. La fiscalización inteligente, se explica en el documento, “busca permitir una revisión e intervención más ágil de la información reportada, de forma tal que la autoridad esté en condiciones de auditar con mayor precisión aquellos informes y operaciones que denotan mayores discrepancias con la normatividad. La fiscalización inteligente constituye entonces un cambio en el paradigma de la fiscalización y tiene como objetivo no sólo contribuir a que la autoridad pueda ejercer sus funciones en tiempo y forma, sino también a realizar un uso racional de los recursos públicos. Enfrentarse de otra forma al volumen de trabajo y plazos descritos … requeriría de una muy cuantiosa inversión pública que no necesariamente redundaría en una mayor precisión en las revisiones.” Sin embargo, hasta donde se conoce, ese módulo nunca fue instrumentado y se optó por “una cuantiosa inversión pública” para la contratación de cientos de personas. Un rol destacado en ese módulo era la información proveniente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de proveedores o de quejas y procedimientos oficiosos.

A pesar del tiempo transcurrido y de las amargas experiencias de uso ilegal de dinero en los procesos electorales: Pemexgate, Amigos de Fox, Monex, y tantos otros, la fiscalización electoral permanece como un problema no resuelto. Éste puede agravarse en un entorno polarizado como el de las elecciones de 2021. El tiempo apremia. La autoridad electoral está obligada a fortalecer sus instrumentos de fiscalización, pues a pesar de las inversiones colosales en ese rubro, hasta la fecha, no se han vigilado de manera puntual los recursos que debieran ser fiscalizados.

Elecciones en Coahuila e Hidalgo: un falso dilema

Si no se aporta confianza suficiente a los ciudadanos de que su salud no estará en riesgo si deciden acudir a votar, se presentará un sesgo en el número de votantes que acudirían a las casillas.

Rodolfo Torres Velázquez (01/08/2020)

Hace apenas tres días, el pasado jueves 30 de julio, el Instituto Nacional Electoral acordó que será el 18 de octubre cuando se realicen las elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo. Tanto el PAN como Morena han anunciado que impugnarán esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ambos argumentan que se expondrá a la ciudadanía al contagio de Covid-19. Para el caso de Hidalgo, una vez electos los Consejos Municipales, sus integrantes rendirían protesta el 15 de diciembre de 2020. En tanto ello ocurra, el Congreso del Estado de Hidalgo deberá designar, entre los vecinos, un Consejo Municipal interino. 

El pasado primero de abril, con motivo de la pandemia, el INE acordó ejercer su facultad de atracción para suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales en esas entidades. En el mismo acuerdo se formularon dos resolutivos adicionales. En el primero se mandató al consejero presidente del INE a establecer vínculos permanentes con las autoridades sanitarias, a fin de contar con los elementos necesarios para, en su momento, convocar a su Consejo General. En el segundo, se acordó que, una vez restablecidas las condiciones de seguridad sanitarias y en atención a las medidas que determine el Consejo de Salubridad General, el Consejo General del INE determinará la fecha para celebrar la Jornada Electoral en dichas entidades federativas.

Aunque en el acuerdo del pasado jueves se admite que aún continúa la emergencia de salud y se acepta que, en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades sanitarias, no se contempló a la materia electoral. El INE, en una lectura laxa de su propio acuerdo del primero de abril, argumenta que existen diversas disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias que permiten reanudar actividades esenciales a través de la implementación de protocolos de seguridad sanitaria.

Tengamos presentes las cifras. En abril pasado, cuando se acordó la suspensión de esos procesos electorales locales, en Coahuila se estimaban 407 contagios, ahora el recuento asciende a 12,090. En cuanto a defunciones, había entonces 42; ahora son 591. En Hidalgo, la estimación era de 261 contagios y ahora de 6,544. Sumaban, en aquel momento, 29 defunciones y ahora se cuentan 969. A la fecha, ambas entidades se encuentran en semáforo rojo: con máximo riesgo de contagio. Nadie podría sostener que, en esa materia, estamos ahora en una mejor situación que en abril pasado.

A pesar de que el INE acepta que la emergencia sanitaria aún continúa, estima que, atendiendo a la estrategia para la reapertura de actividades, es procedente establecer como fecha para la celebración de la Jornada Electoral local en las entidades federativas referidas el domingo 18 de octubre. Aunque, también debe advertirse, en el resolutivo octavo del citado acuerdo se señala que:  “En caso de que las autoridades competentes en materia de salud pública determinen oficialmente la existencia de condiciones sanitarias que vuelvan inviable la realización de actividades de organización o el adecuado desarrollo de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral inmediatamente tomará las medidas conducentes, en el ámbito de sus atribuciones, para garantizar la salvaguarda del derecho a la salud de las y los funcionarios electorales y de la ciudadanía en general.” Dada esta previsión, es probable que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no otorgará la razón a quienes llegaran a impugnar el acuerdo. Sin embargo, ello no resolvería el problema de fondo. Me explico.

Aun frente al escenario de que las autoridades sanitarias competentes, pues tanto la autoridad de salud local como la federal tendrían potestad para pronunciarse al respecto, considerasen suficientes las medidas preventivas que se implementen (uso obligatorio de cubrebocas, careta y sanitización continua de mamparas, casillas, mesas receptoras y espacios para el escrutinio y cómputo), queda aún por ver si las medidas serán suficientes para aportar a la ciudadanía la confianza suficiente de que su salud no se pondrá en riesgo y de que podrán acudir con tranquilidad a votar a las casillas. Ello, sin abundar en la dificultad que tendrían los funcionarios de casilla -algo que, en otro momento, ya he apuntado- para identificar plenamente al votante que, con todo derecho, pudiera negarse a deprenderse de su cubrebocas.

Si no se aporta confianza suficiente a los ciudadanos de que su salud no estará en riesgo si deciden acudir a votar, se presentará un sesgo en el número de votantes que acudirían a las casillas. Es previsible que se presenten elevados niveles de abstención y de ausentismo de los funcionarios electorales, con el consecuente impacto negativo en el número de casillas que podrán instalarse. No debe olvidarse que el diseño electoral está concebido para evitar, en todas sus etapas, un sesgo en la participación ciudadana en las elecciones. Como puede verse, el tema no se reduce a la vehemencia con que pueda argumentarse sobre la relevancia de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía -lo que sin duda es relevante -, sino que, ahora, se adhiere a él la responsabilidad que tiene la autoridad electoral de generar las condiciones necesarias para que ese ejercicio ocurra sin poner en riesgo la salud de los participantes. Ello pasa necesariamente por el completo rediseño de los procesos electorales que preserven la efectividad del sufragio y la autenticidad de las contiendas. Y en eso, el INE debe admitir que, en condiciones de riesgo a la salud y la vida de los ciudadanos, no hay lugar a un dilema; las culpas y responsabilidades no se podrán compartir.

Alto a la trampa en las elecciones

El próximo miércoles 22 de julio, la Cámara de Diputados designará a 4 nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; al menos, dos deberán ser mujeres.

Rodolfo Torres Velázquez (18/07/2020)

El próximo miércoles 22 de julio, la Cámara de Diputados designará a 4 nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; al menos, dos deberán ser mujeres. La designación ocurrirá en un contexto en el que, de acuerdo con las más recientes encuestas, la autoridad electoral se encuentra entre las instituciones que brindan a la ciudadanía un nivel de confianza mediano. Lo que no es buen dato, pues la importancia de la función electoral, que tiene a su cargo – nada más y nada menos- que la organización de las elecciones mediante las que se transmite el poder público, requiere de la más alta confianza.

Con base en estudios de la casa encuestadora Consulta Mitofsky, durante los años 2004 al 2005 y del 2007 al 2010, al INE se le ubicó entre las instituciones que brindaban niveles altos de confianza. En los años 2006, del 2011 al 2016, y del 2018 al 2019 se le ubicó entre las que aportaban confianza media. En el año 2017 cayó al rango de confianza baja.

Esa constatación debería, por sí misma, alentar al INE, por el bien de la alta función de Estado que desempeña, a desplegar una agenda de transformación en al menos tres rubros: 1) en el aprecio que le tiene la ciudadanía; 2) en el cambio de su dinámica de operación institucional y 3) en el rediseño de sus procedimientos de organización de las elecciones.

Sin negar mérito a la realización de foros y encuentros de análisis del estado que guarda nuestra democracia o nuestra condición política, no puede ser éste el ingrediente único para trasmitir a la población la percepción respecto de la utilidad de la autoridad electoral. Tampoco basta, para concitar el aprecio ciudadano, el débil refugio en la emisión de la credencial para votar. Menos aún en la mera proclama de la defensa de la autonomía de las instituciones electorales, que en muchos despierta la suspicacia de una retórica orientada a la defensa de condiciones de privilegio.

Es un hecho que, hasta la fecha, la trampa ha estado presente en las elecciones que se celebran en nuestro país. Por desgracia, no ha sido infrecuente que esa trampa haya tenido éxito y haya distorsionado el voto ciudadano. Peor aún, a pesar de la evidencia de que se ha incurrido en trampas, esos actos han quedado impunes. Y ésa es la verdadera y legítima causa de la desconfianza ciudadana en los procesos electorales y en sus autoridades. En la medida en que la autoridad electoral castigue la trampa con severidad y construya los mecanismos para vigilar la limpia realización de todos los actos que le competen, seguramente gozará de mayor aprecio por parte de la ciudadanía.

Más allá de proclamas formuladas de manera sencilla o compleja, la autoridad debe mostrar su irrenunciable compromiso con la organización de elecciones auténticas y equitativas, con la efectividad del sufragio y con el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas las personas. A fin de cuentas, el propósito de la autoridad electoral debe ser el asegurar la vigencia y respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Como consecuencia de sus actos, la autoridad electoral se ubicará en el nivel de confianza que merezca.

En cuanto al segundo rubro, la inercia que resulta de la forma en la que se ha designado a las y los consejeros electorales, mediante “cuotas y cuates”, ha producido una operación institucional deficiente.

Como sabemos, durante buena parte del siglo XX, el gobierno organizaba las elecciones (a conveniencia). Después de un largo proceso de reformas, en el órgano superior de dirección, el Consejo General, sólo votan consejeras y consejeros electorales designados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los partidos y otras fuerzas políticas formales e informales han pactado, por casi dos décadas, el reparto de esas designaciones.

Ese reparto extralegal se ha trasladado al ámbito del INE, y de los Institutos Electorales en las entidades, que preservan la lógica de la negociación y de las cuotas. La consecuencia de ello ha sido un ejercicio patrimonialista, “feudal”, de la administración institucional en la que algunos consejeros fungen como supra-directores ejecutivos, sin que asuman las inherentes responsabilidades administrativas. Ello explica, en buena medida, la ausencia de un genuino ejercicio público de autocrítica al fin de cada proceso electoral. Las sesiones públicas se convierten en torneos de elogios mutuos, a pesar de los errores cometidos. Toda crítica, aun cuando fuese fundada, se interpreta como un intento de confrontación política. Ello demerita sustancialmente las tareas de los consejeros como integrantes del órgano superior de dirección. La mejora del accionar operativo institucional pasa por la desarticulación de feudos, por combatir el reparto de posiciones, por privilegiar la profesionalización de la función electoral en todos sus ámbitos, y por asumir que los procedimientos electorales son esencialmente de naturaleza transversal.

Por último, aunque ya en otros artículos he abogado por la incorporación de dispositivos electrónicos en la casilla de votación, también se requiere en otras áreas. En materia de fiscalización, por ejemplo, deben cumplirse los acuerdos del propio Consejo General que exigieron una fiscalización inteligente, que evite los errores que se cometen debido a la revisión y dictaminación manual de informes. Lo propio puede hacerse para revisar la membresía a organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos y a los ya constituidos. Debe hacerse uso de todas las herramientas disponibles para, tan pronto una organización registre una afiliación, se notifique de inmediato a la persona implicada para que confirme su membresía a la organización en cuestión . No es necesario esperar a la confronta de membresías duplicadas, que ahora ocurre, hasta el momento en que se detecta una misma afiliación en dos partidos distintos. Es un reto enorme, sin duda, aunque indispensable, si se quiere fortalecer la institucionalidad electoral y la gobernabilidad democrática.

Las elecciones del 2021 requieren ya de dispositivos electrónicos

En apenas 57 días dará comienzo el proceso electoral 2020-2021. En ese ámbito, a las acciones que la emergencia sanitaria ahora nos impone debemos agregar las indispensables adecuaciones a los procedimientos logísticos que, desde la organización y la capacitación electorales, deben emprenderse para subsanar las deficiencias que la experiencia reciente ha evidenciado.

Rodolfo Torres Velázquez (04/07/2020)

En apenas 57 días dará comienzo el proceso electoral 2020-2021. En ese ámbito, a las acciones que la emergencia sanitaria ahora nos impone debemos agregar las indispensables adecuaciones a los procedimientos logísticos que, desde la organización y la capacitación electorales, deben emprenderse para subsanar las deficiencias que la experiencia reciente ha evidenciado. En particular en lo que se refiere a la operación de la casilla única de votación.

La reforma de 2014 estableció, en su artículo transitorio octavo, párrafos primero y segundo, que una vez integrado el Instituto Nacional Electoral, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva en los procesos electorales locales se entenderán delegadas a los Organismos Públicos Locales y se dispuso que se mantendrían delegadas hasta en tanto no fuesen reasumidas por votación de la mayoría del Consejo General del INE. Sin embargo, en sesión celebrada el 14 de julio de 2014, su Consejo General aprobó retomar la casilla única para procesos concurrentes, federales y locales (INE/CG100/2014). En concordancia con lo anterior, el 13 de agosto de ese mismo año, el INE aprobó el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes del 2015 (INE/CG114/2014).

Así, para el proceso electoral 2015, del total de casillas proyectadas, el 56.26 por ciento fueron casillas únicas. Para las elecciones de 2018 se estimó que el porcentaje de casillas únicas alcanzaría un 96 por ciento.

Aunque el modelo de casilla única ha depurado paulatinamente su operación, se han identificado múltiples oportunidades de mejora. Entre ellas, destacaré sólo algunas. Primero, la que atiende a la dificultad para encontrar locales apropiados y suficientemente amplios para albergar al elevado número de personas que deben estar presentes en la casilla durante la jornada electoral -funcionarios de casilla, representantes de partido y de candidatos. Ello tiene, además, un impacto desfavorable en el el objetivo de reducción de costos, pues los gastos destinados al mobiliario y al apoyo alimenticio son muy altos. Otra importante es que, el elevado número de elecciones concurrentes, torna extenuante la labor de los funcionarios electorales, con el consecuente aumento en el riesgo de errores. No puede obviarse la complejidad extraordinaria que supone el conteo de los votos en la casilla única para procesos concurrentes. Finalmente, que la recolección de paquetes y su entrega es poco expedita y repercute negativamente en la obtención de resultados electorales oportunos.

Estas dificultades operativas encuentran su expresión en los estudios elaborados por la propia autoridad electoral nacional. El INE, produjo su “Informe de resultados del estudio muestral del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018”. Este estudio tuvo como objetivo general examinar el llenado de dichos documentos para identificar la proporción que tuvo inconsistencias en los datos asentados. En él se concluye que dos de cada tres actas presentan errores. Según este estudio, el resultado del número de actas con equívocos fue similar al observado en las elecciones del año 2006. Por otra parte, el estudio detectó que, en el conjunto de entidades federativas que celebraron elecciones concurrentes, la incidencia de errores en las actas fue hasta diez puntos porcentuales más que en el de las entidades federativas en las que sólo ocurrieron elecciones federales. Con ello se reveló que las elecciones concurrentes pueden tener un efecto negativo en el porcentaje de actas llenadas correctamente, debido a la dificultad supuesta en el escrutinio, al aumento de trabajo y al cansancio de las y los funcionarias/os de las Mesas Directivas de Casilla el día de la jornada electoral.

Otro aspecto relevante que se anota en el informe tiene que ver con las actas que fueron objeto de recuento durante los cómputos distritales. Más del 70 por ciento de la actas tuvieron que ser recontadas. De las actas que fueron objeto de recuento, entre el 78 y el 80 por ciento, revelaron inconsistencias en los datos.

Ese resultado apunta con nitidez hacia la urgencia de instrumentar soluciones que subsanen el elevado número de errores que se observan, mismos que producen múltiples reconteos, retrasan la emisión de resultados y, sobre todo, merman la confianza de los ciudadanos en los comicios y en la institucionalidad electoral.

La mejora en la operación de la casilla única debe abordarse desde los aspectos logísticos, normativos y, desde luego, también tecnológicos. A ese fin coadyuva la eventual incorporación de dispositivos electrónicos de votación en la operación de la casilla única.

Los proyectos de incorporación de ese tipo de dispositivos electrónicos no son novedosos a nivel nacional. Los Institutos Electorales del entonces Distrito Federal, de Coahuila, y de Jalisco, fueron pioneros en esa materia.

Como participante en ese proceso puedo dar constancia que desde el 13 de febrero del 2003 el Consejo General del IEDF aprobó “la investigación de alternativas sobre la posibilidad de automatizar los procedimientos electorales, modernizar el ejercicio del voto de los ciudadanos y reducir sus costos”. El 21 de diciembre de 2005 el IEDF concluyó con la construcción de 60 unidades de urna electrónica. Desde entonces y hasta diciembre de 2019, esas urnas se utilizaron en 75 ejercicios de votación, 29 de ellos vinculatorios y de participación ciudadana; en todos ellos participaron más de 80 mil personas.

Sobran razones para impulsar la operación de las urnas electrónicas en los comicios que están en puerta. La reingeniería de los procesos electorales, fustigada ahora por la contingencia sanitaria, apela al uso de los instrumentos tecnológicos y a la vigilancia de que su utilización preserve y fortalezca la autenticidad del sufragio.

El camino a la refundación de nuestras instituciones

La evidencia de que la pandemia nos ha impuesto pautas inéditas de comportamiento social -lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”- …

Rodolfo Torres (21/06/2020)

La evidencia de que la pandemia nos ha impuesto pautas inéditas de comportamiento social -lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”- nos conduce a la certidumbre de que habrá que modificar, prontamente, nuestro arreglo institucional con el propósito de hacerlo acorde con las nuevas circunstancias. Aunque, claro, no es ésa la única razón para ello.

A la pandemia, cuyos efectos dañinos se han visto potenciados por múltiples malos hábitos sociales -de los que la ausencia de cooperación solidaria o el consumo masivo de alimentos chatarra son sólo algunos ejemplos-, deben añadirse flagelos ancestrales que han azotado a nuestro país en materia de: discriminación, desigualdad, corrupción e impunidad.

Cada una de esas añejas calamidades tiene raíces profundas que auguran que su solución definitiva no pueda ser alcanzada de manera inmediata; ya no digamos en el lapso de un año o un sexenio. Ello no quiere decir, desde luego, que no haya que acometerlos, desde ahora, en forma decidida, valiente y expedita.

Para su combate eficaz, debemos comenzar por reconocer que esos flagelos no son anecdóticos o episodios puntuales y aislados del paisaje nacional y de su clima moral; ni que se resolverán sólo con demonizar y exorcizar a sus principales culpables. Existen estructuras y mecanismos, ésos sí, tristemente eficaces, que los reproducen y preservan. A la par, debemos aceptar que los instrumentos institucionales con los que ahora cuenta la sociedad no sólo han sido infructuosos, sino que, en diversas ocasiones, han desatendido su finalidad superior y, algunos de ellos, contribuyen incluso a profundizar esos mecanismos perversos.

Entendemos por “instituciones” al conjunto de leyes, órganos del Estado y a todo ente público que asigna derechos y obligaciones. En ese sentido, las instituciones son instrumentos esenciales de los que se ha dotado la sociedad para que, al margen de los cambios de administración, aseguren su salud y vigencia en un horizonte temporal que vaya más allá del ejercicio de un periodo de gobierno. Su finalidad última es que, con apoyo en los instrumentos que la ley les confiere, todos los miembros de una sociedad tengan un trato equitativo, en materia económica, política y de justicia.

John Rawls (1921-2002) -uno de los filósofos norteamericanos más destacados del siglo pasado- sostenía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”. Afirmaba que “no importa que las instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”. Decía que “las instituciones son justas cuando no se hacen distinciones arbitrarias entre las personas al asignarles derechos y deberes básicos y cuando las reglas determinan un equilibrio debido entre pretensiones”.  Preocupaba al filósofo el proceso mediante el cual las desigualdades económicas se trasladan a los diferentes niveles de influencia política; daba cuenta del modo en que las estructuras de las instituciones sociales y políticas se sesgan en favor de las personas que detentan mayor poder económico. Para Rawls, la clave para corregir esas desigualdades se encontraba en la operación de las instituciones sociales que deben asegurar que todas las personas tengan acceso a ellas y conformar mecanismos de redistribución que mejoren la situación de todos. En suma: que es una condición fáctica que las desigualdades económicas y sociales favorecen a los privilegiados y que ese desequilibrio sólo puede corregirse por la vía de las reglas que rigen a las instituciones sociales.

El reciente sismo político, mostrado por los resultados de las elecciones del 2018, no puede explicarse sin el registro del profundo descontento de la ciudadanía respecto del desempeño del conjunto de las instituciones públicas. No es saludable para nadie que ese desafecto prevalezca.  

El proceso de refundación institucional requerirá, sin duda, de un esfuerzo persistente, detallado y prudente, tanto de quienes detentan el poder público como de la sociedad en su conjunto.  Para ello es útil tener en cuenta, con base en la experiencia reciente, el carácter operativo de las instituciones que daña al país: aquel que se doblega al interés privado frente al público; que ha sido apresado por intereses particulares, de individuos, o de grupos políticos formales o informales; que se encuentra integrado por burocracias ocupadas de  ampliar sus privilegios; que reduce sus propósitos a la colocación de allegados y familiares, y que, conducido por quienes se dotan a sí mismos de un aura que les exime de responsabilidad pública, se exenta a sí mismo de sus deberes de rendición de cuentas y se ubica por encima de los poderes legítimamente electos.

Las instituciones son artefactos esenciales para la salud de nuestra sociedad. La confianza que la ciudadanía consiga depositar en ellas es prioritaria para el fortalecimiento democrático y clave para la gobernabilidad de nuestro país.