2021: Arranque de las Divisas Digitales

Rodolfo Torres Velázquez (03/01/21)

Además de nuestro deseo de que este nuevo año apunte hacia una firme contención de la pandemia, gracias a las vacunas que se aplicarán masivamente en los meses venideros, el año 2021 dejará huella -entre otras cosas- por la cristalización de proyectos de divisas digitales en varias regiones y países del mundo.

El dinero digital sólo existe en forma electrónica. A diferencia de su contraparte, el efectivo, que utilizamos cotidianamente en forma de billetes y monedas. Aunque para referirse al dinero digital en ocasiones se alude a los conceptos de divisas digitales o criptomonedas, esos términos no son sinónimos. Las criptomonedas son dinero digital, pero no todo el dinero digital es criptomoneda.

Las variantes del dinero digital que hasta ahora se han implementado son operables sólo si se dispone de: un dispositivo electrónico apropiado (computadora, terminal o teléfono); una cuenta bancaria en la que se registran las transacciones monetarias realizadas y el acceso a una red de comunicaciones.

La modalidad de dinero digital es más barata puesto que no es necesario producir billetes y monedas (podría prescindirse de todo el sistema que le acompaña, por ejemplo: el traslado y los cajeros automáticos) y el registro de transacciones es inmediato. Si se cuenta con esos medios, la posibilidad de adquirir bienes y servicios es idéntica a la que se tendría si se utilizara dinero en efectivo. Las tarjetas de débito o de crédito son una modalidad particular de dinero digital, aunque en el segundo caso se exige ser sujeto de crédito.

En México, en septiembre de 2019, el Banco de México implementó el CoDi para realizar transferencias electrónicas utilizando la actual infraestructura de pagos. El CoDi no tiene costo, realiza operaciones en tiempo real y es seguro. Hasta ahora el avance del CoDi es modesto: del 21 al 24 de diciembre se reportaron únicamente 17 mil 534 operaciones. Para poner en marcha el dinero digital, varios países apuestan en favor de la alfabetización digital, de la creación de infraestructura de cómputo y comunicaciones y de la bancarización universal. Por desgracia, la disposición de esos recursos no es viable a corto plazo; por ello, los planes para su uso la consideran sólo como un medio complementario a la utilización del dinero en efectivo.

En el caso de México no sólo es la carencia de las condiciones citadas lo que aminora el ritmo de su adopción, sino una extendida economía opaca y una propiedad del dinero físico que, bajo esas condiciones, no tendrían algunas modalidades de dinero digital, que es el del anonimato. Mientras que el dinero en efectivo permite que se lleven a cabo transacciones sin intermediación, el dinero digital exige que cada transacción sea registrada por un mediador (usualmente bancario, cuando no se trata del uso de criptomonedas). En contrapartida, el distanciamiento social, debido a la pandemia, favorecerá el uso del dinero digital.

No obstante, es la vertiente de la divisa digital la que marcará un antes y un después. Hace apenas unos días, el gobierno sueco anunció que explora la factibilidad de crear su propia divisa digital. Su banco central ejecuta actualmente un proyecto piloto en esa materia. El Banco Central Europeo explora los beneficios y riesgos de crear un euro digital para complementar las operaciones en efectivo e informa que a mediados del año 2021 decidirá si lanza el proyecto de euro digital.

El Banco Central de Turquía, por su parte, anunció que pondrá en marcha su proyecto piloto en el segundo semestre de este año. De acuerdo con datos del Banco Internacional de Pagos, que es una organización financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Suiza, el 80 por ciento de los bancos centrales está involucrado en la investigación, desarrollo o experimentación de proyectos de divisas digitales. En el caso de los Estados Unidos, “The Boston Fed” trabaja con investigadores del MIT para desarrollar y probar una moneda digital para ser utilizada por bancos centrales. El Reino Unido, Canadá, Rusia, Japón y Corea del Sur tienen, también, proyectos en ese sentido.

Pero es China quien lleva la delantera en la instrumentación del dinero y de la divisa digitales. Su proyecto inició en el año 2014. Actualmente, lleva a cabo un enorme experimento público y tiene planeado llevar a cabo una prueba intensa durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. De acuerdo con reportes de la revista Forbes, en agosto pasado, el Ministro de Comercio de China anunció la expansión de su programa piloto para incluir a las grandes ciudades de ese país.

Las divisas digitales agilizarán sustancialmente las operaciones monetarias transfronterizas, que hoy toman días o semanas en concretarse. El flujo monetario, como otros flujos, tomará la vía que le ofrezca una menor resistencia. Las divisas digitales proporcionan esa vía. China conjuga tres ventajas cruciales para beneficiarse de ese nuevo entorno: será el primer país con condiciones para poner en marcha el proyecto; tiene un amplio mercado interno y cuenta con elevados volúmenes de intercambios comerciales con todas las regiones del mundo.

Las divisas digitales son un componente esencial para una nueva globalización monetaria. Esta globalización, posiblemente liderada por China, favorecerá procesos de concentración que pueden volver marginales a otras múltiples divisas y tornarlas prescindibles.

A pesar de nuestra añeja subordinación a la política monetaria de los Estados Unidos, es urgente, ante el aletargamiento de nuestro principal socio comercial, que nuestro país ponga en marcha planes de instrumentación de un peso mexicano digital. El Banco de México tiene la palabra.

La nueva Identidad Digital

Rodolfo Torres Velázquez (20/12/20)

La Ministra Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación, señaló el jueves pasado que la Cédula Única de Identidad Digital (ID) es la piedra angular para garantizar los derechos humanos. Mencionó que la CURP será el cimiento para transitar a la ID e informó que la CURP se usa actualmente en 96 por ciento de los trámites de la Administración Pública Federal y diariamente se realizan más de 4 millones de consultas a la base de datos de este documento. La instrumentación de la ID hará palidecer esas cifras, pues el volumen de transacciones en las que se utilizará la nueva identidad será considerablemente mayor. Para concretar ese proyecto informó que la Secretaría de Hacienda ya gestiona un préstamo con el Banco Mundial.

La relevancia de ese nuevo medio de identificación amerita un repaso a lo dispuesto en la nueva Ley General de Población aprobada por la Cámara de Diputados hace apenas 17 días.

A diferencia de la ley de población vigente, misma que se abrogaría al entrar en vigor la nueva ley, ahora se determina la integración de un solo registro, se eliminan las referencias a un registro para ciudadanos, otro para menores de edad y un catálogo de los extranjeros que residen en la República Mexicana.

El Título Cuarto de la nueva ley regula el derecho a la identidad de las personas, mismo que está consagrado en el artículo cuarto constitucional. Define al Registro Nacional de Población como el sistema de información que contiene los datos personales relativos a la identidad de una persona, y se integra por la información de los mexicanos, y de los extranjeros que se encuentren en México. Establece el Servicio Nacional de Identificación Personal como un servicio de interés público que permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas.

Asimismo, establece la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en sus modalidades temporal y permanente, a la que se asociarán los datos biométricos. La Clave deberá ser incorporada como único campo de registro y consulta para los registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por aquellos órganos constitucionales autónomos que, en virtud de sus atribuciones, integren algún registro de personas.

La nueva ley define a la Cédula Única de Identidad Digital como el documento fundacional de carácter nacional de tipo digital que acredita de manera fehaciente el registro y la identidad de una persona. Constituye, de forma primaria, el documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, tanto en el país como en el extranjero, y ante las personas físicas y morales con domicilio en la República Mexicana. Servirá para todo tipo de trámite o servicio. Atribuye a la Secretaría de Gobernación la facultad de expedir la Cédula Única de Identidad Digital. Será una obligación de todas las personas inscribirse al Registro Nacional de Población y será su derecho obtener su Cédula Única de Identidad Digital. Dicha Cédula se expedirá también a los mexicanos residentes en el extranjero. En todos los casos será gratuita y contendrá al menos los siguientes datos: I) Clave Única de Registro de Población; II) Nombre(s) y apellido(s); III) Fecha de nacimiento; IV) Entidad federativa de nacimiento; V) Nacionalidad; y VI) Datos biométricos. Corresponderá al titular de la Cédula su custodia y conservación, así como asegurarse que los datos en ella contenidos estén actualizados permanentemente, incluidos los datos biométricos.

La puesta en operación de este esquema está detallada en el transitorio Octavo de la reforma, mismo que dispone: que la Secretaría de Gobernación, en un plazo no mayor a un año, emitirá un programa de transición para dar inicio al Servicio Nacional de Identificación Personal. El Programa deberá contemplar al menos lo siguiente: a) el plazo y los procedimientos para recabar los datos biométricos de aquellas personas cuyos datos biométricos no estén en posesión de autoridades competentes; b) el plazo, procedimientos y requisitos que deberán cumplir las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal; c) el plazo, procedimientos y requisitos que deberán cumplir las entidades y dependencias de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno, así como de los órganos constitucionales autónomos para validar ante la Secretaría la identidad de las personas, a efecto de que obtengan el carácter de documentos oficiales de identificación, aquellas credenciales, cédulas, licencias, cartillas o cualquier otro documento análogo que emitan; d) los programas de pruebas que implementará para verificar el funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal; y e) el plazo, procedimientos y requisitos para expedir la Cédula Única de Identidad Digital, tanto en su versión física como digital, determinando los mecanismos de vinculación a la firma electrónica avanzada.

En sus artículos 68 y 69, la nueva ley ya prevé la existencia de documentos adicionales oficiales de identificación nacional, que deberán contener los elementos y características mínimas que la Secretaría de Gobernación establezca y la obligación de sus emisores de validar los datos personales que posean con aquellos que integren el Registro Nacional de Población, mediante los mecanismos de interoperabilidad que se establezcan en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

En este caso, como en tantos otros, el diablo se esconde en los detalles. De ahí que uno de los retos mayúsculos que se deberá contemplar en la elaboración de los reglamentos respectivos, consistirá en el diseño de una operación armónica de todos los subsistemas de identidad: económica, financiera, fiscal, laboral, judicial, gubernamental, sanitaria, ciudadana y civil, por mencionar algunos. Otros, serán: el adecuado manejo de los datos biométricos y la habilitación del proceso de su capacidad para provocar un círculo virtuoso de mejora de todos los ámbitos de la administración pública y de los intercambios económicos.

La puesta en operación de la Cédula de Identidad Digital es un elemento crucial para incorporar a México con éxito en la sociedad digital global que predominará en las décadas venideras; el desafío no es menor.

La Cédula Única de Identidad, un avance sustantivo en la política poblacional mexicana

Rodolfo Torres Velázquez (6/12/2020)

El pasado 3 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó, por 426 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, una nueva Ley General de Población que marca un hito en la vida institucional en nuestro país. La minuta respectiva se turnó a la Cámara de Senadores quien podría discutirlo en comisiones y quizá en el pleno durante la semana que ahora comienza. Se trata de una buena noticia por, al menos, 3 razones. La primera, porque se apuesta por la reconstrucción de las instituciones del Estado. La segunda, porque cancela, de una vez por todas, el sinsentido de la confección de nuestra identidad oficial (la llamada credencial del INE) a manos de esa institución -cuyos objetivos deben ser otros- y con la supervisión de los partidos políticos. Por último, porque la identificación oficial es piedra de toque para potenciar nuestros intercambios confiables para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida social, incluidos el económico, el financiero, el gubernamental, el laboral, el ciudadano y el judicial, entre otros. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados tuvo como base la iniciativa presentada por la Diputada Rocío Barrera Badillo (morena).

A grandes rasgos, la reforma aprobada establece las bases para formular y conducir la política de población en un marco de coordinación interinstitucional. Regula la operación del Registro Nacional de Población y de un nuevo Servicio Nacional de Identificación Personal. Reglamenta las atribuciones de las autoridades en materia de población, como el Consejo Nacional de Población que será el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país. Define las directrices de la política de población, por medio de un Programa Nacional que incorpora el enfoque de igualdad de género. Norma el derecho a la identidad de las personas a través de: i) el Registro Nacional de Población, ii) el Servicio Nacional de Identificación, iii) la Clave Única de Registro de Población; iv) la Clave Única de Identidad Digital y; v) establece un capítulo de interculturalidad en el que se asegura la inclusión igualitaria en nuestra sociedad culturalmente diversa. En el entendido de que, hasta en tanto no se inicie la expedición de la Cédula Única de Identidad, la credencial para votar con fotografía será considerada de forma primaria como documento oficial de identificación nacional ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero.

El 17 de junio de 2014, el concepto de identidad fue plasmado como derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 4º, octavo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la identidad. Este derecho, dice la exposición de motivos de la reforma, se ejerce principalmente a través de la identidad legal mediante el registro de nacimiento; sin embargo, el registro de nacimiento, en las circunstancias actuales, es insuficiente para acreditar fehacientemente la identidad. En México aún hay personas que no cuentan con un registro de nacimiento. Los diagnósticos recientes realizados por instituciones y organismos internacionales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial señalan índices de subregistro de nacimiento que van del 1 al 2.9 por ciento de la población total, es decir, entre uno y tres y medio millones de mexicanos no cuentan con registro de nacimiento.

La reforma aprobada tiene como referente la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo, Egipto (Conferencia del Cairo) que inauguró un nuevo enfoque de la política de población, antes basada en el control de la natalidad. Se orienta, ahora, hacia la atención de los derechos humanos fundamentales en razón del bienestar social, la igualdad y potenciación de género, las diversas formas de familia, el desarrollo sostenible, y la salud sexual y reproductiva.

A casi dos décadas de la Conferencia del Cairo y como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la misma, se llevó a cabo el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en 2013, en la que se ratificaron los principales compromisos internacionales en materia de población y desarrollo y se establecieron una serie de medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios. Los temas prioritarios incluyeron los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el envejecimiento y su protección social; el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; la igualdad de género; la migración internacional y la protección de los migrantes; la desigualdad territorial, la movilidad espacial y la vulnerabilidad ambiental; los pueblos indígenas y los afrodescendientes, sus derechos y el combate a la discriminación racial.

La nueva Ley General de Población contempla el uso de un identificador único para todos los trámites y servicios, una clave única para todo y para todos, la Clave Única de Registro de Población a la que se asociarán los datos biométricos, así como la obligación de todos los niveles de gobierno, de actualizar y coadyuvar a la integración del Registro Nacional de Población, así como la puesta en marcha del Servicio Nacional de Identificación Personal, como un servicio de interés público que brinda el Estado, con base en la información del Registro Nacional de Población. Este servicio permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas ante el sector público, el sector privado y el sistema financiero. Ello permitirá: la agilización y simplificación de trámites, el intercambio de información entre dependencias de la administración pública, el ahorro de recursos y, sobre todo, la disminución de delitos asociados con el robo de identidad.

Sin duda habrá polémica respecto al hecho de que los datos que identifican a las personas los administre ahora una entidad de gobierno (hecho que por cierto ya ocurre a través del SAT y de la Secretaría de Relaciones Exteriores), ese aspecto es sin duda perfectible. Sin embargo, frente a la condición actual, en que son los partidos políticos quienes supervisan la confección de nuestra identificación oficial vigente, el nuevo esquema representa un progreso significativo.

Remoción arbitraria de Presidenta del IMPEPAC

Rodolfo Torres Velázquez (22/11/2020)

El pasado miércoles 18 de noviembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó remover a la Maestra en Ciencias Ana Isabel León Trueba de su cargo como Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). La resolución tiene serias deficiencias procesales que la tornan arbitraria y, por ende, injusta.

A la maestra León Trueba se le imputa como responsable por el retraso, se dice sin causa justificada, de un procedimiento sancionador en contra del entonces candidato a la alcaldía de Cuernavaca y hoy Gobernador de Morelos. Ese procedimiento tendría como base un reportaje televisivo, difundido el 25 de agosto de 2016, mediante el cual se hizo del conocimiento público que el Presidente Municipal Electo de Cuernavaca Morelos celebró un contrato por 7 millones de pesos con el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, para ser postulado a candidato de la Alcaldía de dicha municipalidad por el Partido Socialdemócrata de Morelos.

Al respecto, la maestra León Trueba ha informado públicamente que, tan pronto fueron valorados los hechos denunciados en dicho reportaje, se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo de consejeros del instituto local. En esas reuniones, refiere, se propuso que se acudiera al INE por dos razones. En primer lugar, porque es esa institución la que tiene las atribuciones de fiscalización; en segundo lugar, porque el instituto nacional ya estaba llevando a cabo una investigación al respecto. Esto quedó acreditado en el expediente del caso.

La maestra León Trueba da cuenta, además, de dos reuniones entre el IMPEPAC y el INE que resultan clave para comprender el desarrollo de los eventos que condujeron a la remoción y que, incomprensiblemente, el INE no investigó con exhaustividad.

En la primera de esas reuniones, refiere la maestra, participaron -por parte del IMPEPAC- su presidenta y su entonces Secretario Ejecutivo; por parte del INE, su Consejero Presidente y su Secretario Ejecutivo. En ésta, dice Ana Isabel León, se informó sobre la investigación de hechos relativa al caso de Cuauhtémoc Blanco y se concluyó que, dado que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el tema, era conveniente una reunión con su titular. Cabe señalar que en la resolución del INE no se hace ninguna alusión a esta reunión y no se menciona la participación del presidente y del secretario ejecutivo del INE. Tampoco se consigna que hayan sido citados a comparecer.

La maestra ha informado públicamente que a la segunda reunión acudieron, por parte del INE, el entonces Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, CP Eduardo Gurza Curiel; y, por parte del IMPEPAC, ella misma, en su carácter de Consejera Presidenta; el Consejero Electoral Carlos Uribe, en su calidad de Presidente de la Comisión de Quejas, y el Secretario Ejecutivo. En esa reunión, señala, se abordó el tema de las investigaciones que ambas instituciones llevaban a cabo. Una de las conclusiones a las que se llegó es que lo adecuado sería resolver en tiempos cercanos, permitiéndole al IMPEPAC tener mayores elementos para resolver derivado de las actuaciones de otras autoridades investigadoras, y no emitir resoluciones que pudieran resultar contrarias entre sí. Cabe destacar que, en la resolución del pasado miércoles no aparece, una sola vez, el nombre del CP Gurza ni se consigna que se le haya pedido comparecer para confirmar o negar que dicha reunión se hubiese llevado a cabo.

A este respecto, la maestra León Trueba sostiene que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, encargada -por disposición de ley- de desahogar el asunto, no dio trámite a su solicitud para que el titular de la UTF del INE rindiera un informe respecto de la reunión sostenida el 20 de febrero de 2017.

Estos dos elementos (hay más) son suficientes para mostrar que hubo deficiencias procesales y que no se actuó con la exhaustividad debida. Cabe recordar que, en materia jurídico-procesal existe un importante principio al que se denomina de exhaustividad, que exige al juzgador el estudio cuidadoso de la totalidad de los argumentos jurídicos disponibles.

El campo jurídico otorga a este principio un elevado significado y, acorde con esa valoración, la autoridad electoral jurisdiccional ha emitido al menos dos jurisprudencias: 12/2001 y 43/2002.

La primera de ellas establece que “Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; …”

La segunda dispone: “Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, … De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

El numeral 2 del artículo 102 de la ley electoral (LGIPE) otorga al consejo general del INE la facultad de remover a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales ante causas graves. Esa disposición legal es parte de la reforma político electoral de 2014 que centralizó en el INE la función electoral nacional y que convirtió, en los hechos, a los consejeros electorales locales en subordinados del órgano nacional y a la autonomía constitucional de los órganos electorales locales en una frase hueca. Al margen de las opiniones sobre la idoneidad de esta regulación en torno a las facultades del INE para ese efecto, hay algo que es inopinable, y es que dicha facultad no puede, no debería, ser ejercida con deficiencias procesales o por motivaciones políticas.

Votación postal y pandemia

Rodolfo Torres Velázquez (8/11/2020)

Es probable que, para cuando usted lea estas notas, ya se hayan dado a conocer los saldos de la elección en los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán hasta dentro de unas semanas; sólo hasta que los recursos legales -que tendrán como eje el voto postal- sean eventualmente resueltos por la Corte Suprema de los EEUU.

La ampliación del voto postal fue la respuesta que se dio en los EEUU ante el escenario de riesgo elevado para la salud derivado de la pandemia. A diferencia de lo que ocurrió México, donde el INE optó por mantener el modelo vigente acompañado de medidas sanitarias que, lamentablemente, no sólo no eliminaron el riesgo para la población y para los funcionarios electorales, sino que, además, produjeron un incremento de la abstención. En las elecciones en Coahuila sólo acudió a las casillas el 39 por ciento de los electores.

Aunque el ejercicio del voto postal en los EEUU data de hace más de un siglo y medio -fue utilizado por primera vez con motivo de la Guerra Civil de ese país durante los años 1861-1865-, su relevancia aumentó con motivo de la pandemia. En estas elecciones, al menos, tres cuartas partes de los potenciales votantes norteamericanos fueron habilitados para ejercer el voto postal. El mayor número en toda la historia de los EEUU. Se estima que 80 millones de electores usaron esa vía. Cifra que, por otra parte, es muy cercana a la lista nominal de electores en México (de alrededor de 90 millones).

Ese elevado número puso en jaque al Servicio Postal de ese país cuya eficacia se ha visto cuestionada respecto de la oportunidad en la entrega de esos votos a las autoridades electorales de estados clave como: Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina y Wisconsin, según reportes de la cadena norteamericana CNBC.

La disputa por el voto postal no es novedosa. Hay precedentes de controversias de ese tipo en los EEUU: en 2018 quedó vacante por nueve meses un asiento de la Cámara de Representantes. En otros países también ha ocurrido, por ejemplo, en diciembre de 2016, Austria tuvo que volver a las urnas para elegir presidente debido a que en mayo de ese año sus elecciones presidenciales fueron anuladas por el Tribunal Constitucional debido a irregularidades en el recuento del voto postal.

El modelo de voto postal en los EEUU afrontó, en las elecciones recientes, diversos desafíos: 1) que las boletas llegasen con oportunidad a los votantes pues, de no arribar a tiempo, el votante no podría ejercer su derecho al voto; 2) en varios estados sólo son admisibles los sobres marcados con una fecha límite predeterminada, aun en ese caso, el servicio postal debió asegurar el arribo oportuno de los votos a fin de no retrasar su cómputo; 3) errores de llenado del formulario o de su lectura provocan que votos legítimos no sean computados. Esto ocurrió ya antes, en el 2018 el 8.2 por ciento de los votos no fueron computados; en 2016, en Georgia, el 6.4 no fueron contados.

Es razonable que cualquier servicio postal se viese abrumado por el elevado volumen de entregas. La solución propuesta por algunos ha sido que el voto se emita con varias semanas de anticipación. Lo que significa un reto añadido, pues los votos se emitirían en contextos políticos diferentes al propio del día de la votación en las casillas. En México, por ejemplo, los mensajes electorales están prohibidos desde tres días anteriores a la elección con el propósito de permitir una pausa de reflexión detenida previa a la emisión del voto.

Con base en datos publicados por el New York Times, en todos los estados del vecino país se admite el voto postal, aunque su facilidad de acceso es diferenciada. En nueve estados y en la capital se envía, con anticipación a la elección, una boleta a cada votante registrado. En 34 estados, los votantes pueden justificar su ausencia de las casillas por motivo de la pandemia, o pueden solicitar su boleta postal sin especificar razón alguna. En 9 estados cada votante registrado recibe automáticamente un formato de solicitud que le permite pedir su boleta postal. En 25 estados los propios votantes deben procurarse el formato de solicitud para pedir el voto postal. Mientras que en 7 estados (destacan Nueva York y Texas) los votantes deben aportar una razón válida, que no sea la pandemia, para ausentarse de las casillas y así poder ejercer su voto postal. En suma, 27 estados de ese país, de alguna manera, expandieron el acceso de los electores al voto postal.

La disputa sobre los resultados puede llegar a manos de la Corte Suprema de los EEUU. Ya el pasado 6 de noviembre ese órgano emitió una orden directa a oficiales encargados del cómputo de la elección en Pensilvania para que separasen todos los votos postales que arribaron con posterioridad al día de la elección, aunque no ordenó que esos votos no fueran computados.

Lo cierto es que el elevado volumen del voto postal ha infligido un severo golpe a la credibilidad por el retraso en la obtención de resultados.

En estas páginas, de manera reiterada, he señalado que el voto no presencial, como es el caso del postal (u otros por internet), compromete las certezas sobre la secrecía del voto dada la ausencia del cobijo que brindan las mamparas y la vigilancia en las casillas.

Con independencia de la certidumbre que brinde el cómputo de los votos postales en los EEUU, que sólo compete a los ciudadanos norteamericanos resolver, esta experiencia, para muchos desastrosa, hará volver rápidamente los ojos a otras alternativas, entre ellas al voto por internet. Dada la persistencia de la pandemia y a que las versiones actuales de ese mecanismo de votación adolecen de las garantías de secrecía plena, es urgente analizar alternativas. Tanto el Poder Legislativo, como las autoridades electorales, todas las instancias responsables de asegurar las garantías de los votantes y cualquier ciudadano interesado, deben abocarse con celeridad a esta discusión y al análisis de su mejor resolución. El uso de la tecnología de cadenas de bloques (mejor conocida como blockchain) acompañada de una indispensable reingeniería del sistema de identidad electoral es una luz en ese túnel. Pongamos manos a la obra.

Lánguida participación ciudadana en procesos electorales

Aunque la legislación establece como una obligación ciudadana el acudir a votar y dispone sanciones específicas cuando no se atiende a ese deber ciudadano, ha sido práctica regular la ausencia en las casillas.

Rodolfo Torres Velázquez (25/10/2020)

            Aunque la legislación establece como una obligación ciudadana el acudir a votar y dispone sanciones específicas cuando no se atiende a ese deber ciudadano, ha sido práctica regular la ausencia en las casillas. Los bajos niveles de participación ciudadana en las elecciones locales de Coahuila, de hace apenas una semana (estimados en un 39 por ciento) reiteran esa preocupante regularidad. En esa elección ordinaria se eligieron 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional.

El voto es un derecho de los ciudadanos. Así lo establece la fracción I del artículo 35 de nuestra Constitución. También es una obligación. El artículo 36 en su fracción III señala que es deber de los ciudadanos “Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato …” La propia Constitución señala las consecuencias cuando no se atienden las obligaciones dispuestas en el referido artículo 36; consisten éstas en la suspensión, durante un año, de los derechos o prerrogativas del ciudadano que incurra en ese incumplimiento. Sin embargo, a todos consta, no se ha sabido que esa sanción se haya aplicado a los millones de abstencionistas infractores.

A pesar de que la obligatoriedad del voto y la sanción por su ausentismo en las urnas es un tema que, en sí mismo, tiene méritos suficientes para un análisis detallado, no está en nuestro interés abordarlo en este momento. Hacemos alusión a la norma constitucional sólo para destacar la importancia que nuestra ley suprema otorga a la participación ciudadana en las elecciones.

Sin embargo, insistimos, es notoria la desafección ciudadana por acudir a las urnas a votar. En el año 2017 el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, elaboró un “Estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2009, 2012 y 2015”. Las cifras del estudio muestran que en las elecciones presidenciales hay una mayor participación que en las intermedias, en que sólo se contiende por diputaciones. En el primer caso, el de las elecciones presidenciales, ese estudio reporta que en 1994 ocurrió la mayor participación, con un 77.16 por ciento; mientras que en 2006 fue la más baja, con el 58.55 por ciento. Para las elecciones intermedias, las de diputaciones, la mayor participación fue en 1991 con el 65.97 por ciento y la más baja en el año 2003, con el 41.68 por ciento.

Según datos del “Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018”, en la elección presidencial de ese año, dicha participación fue de 63.4 por ciento.

En todos los casos que el estudio analiza existe una notoria mayor participación de mujeres que de hombres.

En el primer estudio se observa que la mayor participación en la elección presidencial de 2012 ocurrió en Yucatán, con un 76.81 por ciento de participación. La más baja para esa elección sucedió en Michoacán con un 51.48 por ciento.

Para elecciones intermedias la participación más alta fue nuevamente en Yucatán, en 2015, con un 70.55 por ciento. La más baja en 2015 en Baja California con un 29.95 por ciento. Similares resultados se observan para el caso de elecciones concurrentes.

Si ahora observamos el grado de participación ciudadana en las elecciones locales de Coahuila (con base en datos publicados por el PREP y por el Observatorio de la Laguna) se nota que la participación más baja ocurrió en la elección de hace una semana con un 39.38 por ciento de participación. La más alta fue en el año 2018 con el 62.4 por ciento de participación.

Las sociedades que se denominan democráticas han desarrollado, a lo largo de su historia, un conjunto de instrumentos para procesar pacíficamente el (en no pocas ocasiones, agudo) conflicto político. Entre otros: el sufragio efectivo (universal y libre), los procesos electorales equitativos, las instituciones electorales que garanticen el desarrollo equitativo de las contiendas y resuelvan con justicia las controversias, los parlamentos (en nuestro caso, cámaras de diputados y senadores) con genuina representatividad y que tengan al interés público como premisa, y los partidos políticos que favorezcan la participación ciudadana para la renovación del poder público. Por desgracia, la percepción de la población, aparentemente mayoritaria, es que todos esos instrumentos no cumplen a cabalidad con las expectativas señaladas.

Es plausible suponer que un elevado volumen de participación ciudadana podría atenuar un agudo conflicto político y, como consecuencia, beneficiar la transmisión pacífica del poder público. Sin embargo, la distorsión de la voluntad del elector que provocan la coacción, la compra de voto, el predominio de la propaganda negativa, y la baja estima en las instituciones en general, en las electorales en particular y en la representación política, dislocan esa participación y sus posibilidades.

Más allá de las denuncias que se llegasen a presentar con motivo de esas elecciones locales, resulta importante cuestionarnos si los bajos niveles de participación no pudieran ser interpretados como un llamado de alerta respecto de la insatisfacción ciudadana con sus instrumentos políticos y de representación.

Sabemos que el temor a los contagios de la covid pudieran ser un factor de estímulo a la abstención. Pero sabemos, también, que el abstencionismo es un fenómeno global que no está asociado con la condición pandémica. En las elecciones europeas de 2014, por poner un ejemplo, sólo participó un 42.5 por ciento. Esa cifra es notoriamente baja si se considera que en Italia la participación era del 90 por ciento hasta el año 1979 que empezó a caer sin freno. También es notable el caso de Francia, donde, para las elecciones europeas de 1999, sólo participó el 30 por ciento, por no mencionar el caso de la República Checa con menos del 20 por ciento en las elecciones europeas de 2014.

La abstención pasiva, aunque también la activa, es un fenómeno que se ha asentado en el entramado electoral. Ha llegado la hora de cuestionarnos si el modelo de representación actual sigue vigente y si debiera considerarse algún umbral de participación mínimo para considerar como legítimo un proceso electivo.

Consulta Popular y jornada electoral 2021

El pasado 1º de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta que se someterá a consulta de los ciudadanos el próximo año.

Rodolfo Torres Velázquez (11/10/2020)

 El pasado 1º de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta que se someterá a consulta de los ciudadanos el próximo año. Se trata de una resolución inédita; es la primera vez que ese poder del Estado aprueba una cuestión de esta naturaleza.

La práctica democrática, desde la perspectiva de la forma de participación popular, tiene dos caracteres: representativo, uno; directo el otro. Dada la constatación de que los representantes políticos habían abandonado, desde hace décadas, su compromiso con los electores para someterse a la voluntad e intereses de élites económicas o políticas no es de extrañar que se vivieran las horas bajas de la vertiente representativa.

Se denomina democracia directa al régimen político en el que los ciudadanos ejercen, sin intermediarios o representantes, es decir por sí mismos, los poderes del Estado. La democracia directa tiene su origen en la Grecia Antigua. En la filosofía política clásica, Jean Jacques Rousseau, uno de sus principales defensores, argumentaba en su favor en virtud de la convicción respecto de que la soberanía del pueblo no puede ser representada sino por sí mismo.

Aunque una forma común de visualizar la práctica de la democracia directa es a través del asambleísmo, se han utilizado otros instrumentos como la consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato y el plebiscito. Este tipo de democracia parte del supuesto de que existe una comunidad política formada por personas que pueden y deben ser consultadas sobre los asuntos públicos. Aunque en épocas pasadas esa posibilidad parecía alejada de la realidad, los modernos medios informáticos la tornan ahora factible.

El empleo de los instrumentos de la democracia directa, en particular el plebiscito, data del siglo IV, cuando los romanos lo utilizaban para legitimar sus decisiones. Se volvió práctica común durante la Revolución Francesa y lo usó profusamente Napoleón Bonaparte para la aprobación de sus propuestas de modificaciones a la Constitución. Los mecanismos de democracia directa siguen vigentes aún en diversos espacios. Naciones como Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Suiza, entre otras, recurren a ellos. La ONU ha utilizado ese medio también, en fechas recientes, para resolver disputas de límites territoriales y de soberanía.

Nuestra Constitución General (artículo 35), reformada en 2014 y 2019, prevé la consulta popular como mecanismo de democracia directa. Desde su aprobación, no se ha realizado ninguna consulta bajo esa disposición constitucional.

El 15 de septiembre de este año el Presidente de la República presentó una petición de consulta popular con la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Cabe recordar que el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 establece, que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de consulta”. Por su parte el artículo 26 fracción II inciso b) de la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) dispone que la SCJN deberá “realizar las modificaciones conducentes a la pregunta …”.

Sobre esas bases normativas, el 1º de octubre de 2020 la SCJN notificó al Senado de la República que la pregunta aprobada por su pleno fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” La pregunta aprobada se centra en garantizar el acceso a la justicia de víctimas derivadas de decisiones de actores políticos.

El artículo 26 de la LFCP señala que esa resolución debe comunicarse a la Cámara de origen; en este caso la de Senadores. El pasado 7 de octubre de 2020 el Senado de la República aprobó dicha consulta, por 64 votos a 43, y remitió su resolución a la Cámara de Diputados. Posterior a su aprobación en esa Cámara el Congreso de la Unión expedirá la convocatoria respectiva, misma que notificará al Instituto Nacional Electoral para la organización de ese ejercicio.

La fecha en que se llevará a cabo el procedimiento participativo no está aún decidida. El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma el apartado 5º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional para establecer que las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto. Sin embargo, la fracción II del artículo 30 de la LFCP indica que la convocatoria de consulta popular deberá contener la fecha de la jornada federal en que habrá de realizarse. Es decir, la misma fecha que la jornada federal de 2021.

Los procedimientos para la organización y celebración de la consulta están claramente especificados en la LFCP. Su diseño es acorde con el supuesto de que su celebración es coincidente con la jornada electoral.  Por ejemplo, el artículo 52 establece que, en ausencia de un escrutador designado, las funciones se realizarán por parte de cualquiera de los escrutadores designados para la elección federal.

A la fecha no contamos con otra ley secundaria que tenga como premisa la celebración de la consulta en fecha distinta a la de la jornada electoral. Por lo que, en el caso presente, no se trata de una discusión respecto del predominio de una norma superior, la Constitución, sobre una ley secundaria, la LFCP. Se trata de decidir el procedimiento que garantice a cabalidad el ejercicio de un derecho político fundamental.

En ese sentido, sin duda, la fecha más conveniente para la consulta popular es el primer domingo de junio de 2021. Ello sin contar con el importante ahorro de recursos que se obtendrían, pues opiniones precipitadas ya cifran ese gasto en ocho mil millones de pesos si se realiza en el mes de agosto. Cabe esperar que así lo valore el Congreso de la Unión al momento de emitir la convocatoria respectiva.

Por un federalismo incluyente de municipios y regiones

Los municipios adquirieron gran relevancia a partir de 1812;

Rodolfo Torres Velázquez

(27/09/2020)

El incremento de la temperatura política en nuestro país se debe, entre otros, a tres factores. A la convicción que tienen algunos actores y partidos políticos tradicionales de que, en las elecciones del 2021, podrían sufrir un quebranto de tal magnitud que pondría en riesgo su vigencia política; a que diversas  acciones del nuevo gobierno han minado a diversos grupos de poder que han visto perder la centralidad de su participación en la toma de decisiones fundamentales en el país; finalmente, al disgusto de algunos sectores por la revalorización del pueblo llano en la formulación de políticas públicas. Para revertir esa situación que les es adversa, los opositores apuestan también por aumentar la tensión entre los poderes estatales y el federal. Es ésta una jugada temeraria; sus resultados son impredecibles y son potencialmente peligrosos para la sociedad en su conjunto.

Conviene recordar que los municipios adquirieron gran relevancia a partir de 1812; no sólo porque articularon a los pueblos originarios y favorecieron el surgimiento de la ciudadanía (hasta ese entonces sólo existía la figura de súbdito), además fueron la base de la organización de los procesos electorales y elementos clave de los políticos. Puede afirmarse, sin duda, que en aquella época la República se constituyó a partir de sus poderes locales.

Pero el modelo basado en los ayuntamientos, y en los poderes locales en general, al que se acusaba de propiciar dispersión en lo político y en lo económico, sufrió, durante el siglo XIX, múltiples embates de intensidad diferenciada a lo largo y ancho del país. A principios del siglo XX, el ayuntamiento era una figura sin capacidad efectiva de gobierno. En el ámbito financiero, la hacienda pública se administraba centralmente. En el ámbito de la política, el poder se fue centralizando en los ejecutivos estatales y nacional, en un proceso paulatino en el que jugaron un rol destacado los denominados jefes políticos; que habían nacido como enlace entre los ayuntamientos y los gobernadores pero que, hacia finales del siglo XIX, dieron la espalda a los ayuntamientos y se convirtieron en elemento esencial de la centralización política.

En el último tercio del siglo XIX tuvo lugar un importante proceso de centralización, impulsado primordialmente por factores económicos, por lo que se consideraba entonces como exigencias de la modernidad. Ferrocarriles, puertos, telégrafos, industria eléctrica, legislación minera, uso del agua y deslinde de terrenos baldíos, con la hacienda pública por detrás, fomentaron un crecimiento económico en algunas zonas del país y la articulación de mercados regionales. Esos factores de centralización económica demandaban consensos políticos nacionales; algo que las regiones, por sí mismas, no fueron capaces de aportar. Es decir, el centralismo se practica tanto desde la federación como desde los gobiernos estatales en detrimento de la periferia: los municipios y las regiones.

Durante el siglo XIX, en el proceso de profundización del centralismo, se establecieron equilibrios regionales y nacionales que dieron cierta estabilidad a un modelo que se proclamaba federal en lo formal y que en la práctica era profundamente centralista.

Es interesante destacar que, previo a la alternancia en la titularidad de la Presidencia de la República, ocurrida en el año 2000, ya había sucedido un profundo proceso de cambio político a nivel municipal y local. La reforma electoral de 1996, que había fortalecido políticamente a los partidos y a los gobernadores, favoreció el cambio político en estados y municipios. Los resultados electorales de esa época revelan, en esos ámbitos, un debilitamiento del partido hasta entonces gobernante (PRI). Puede decirse, por ello, que la primera alternancia en la presidencia recorrió una ruta de la periferia hacia el centro.

Frente al arribo de un partido distinto a la titularidad del ejecutivo federal en el año 2000 (PAN), los ejecutivos locales, cuyo partido había pasado ahora a la oposición, impulsaron la creación de una instancia de agrupamiento político (la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO). Este organismo fue eficaz para hacer contrapeso político nacional al ejecutivo federal y para mantener vigente una oposición política regional. La CONAGO también jugó un papel fundamental en la creciente canalización de recursos a las entidades federativas.

La estrategia de atrincheramiento político en el espacio de las entidades, aunado a la disponibilidad de crecientes recursos económicos en los estados (el 80% del gasto federal se había descentralizado), resultó exitosa para que el PRI, que había mantenido el poder por 71 años, retomara espacios políticos en los estados y favoreciera su retorno al poder ejecutivo federal en el año 2012. Pero ese enorme caudal de recursos económicos asignado a los estados, usualmente ejercido con discrecionalidad y sin vigilancia efectiva, alimentó los múltiples y escandalosos casos de corrupción en las entidades. Durante los años 2012 al 2018 la CONAGO fue perdiendo paulatinamente su papel de oposición política al gobierno federal.

Ahora, diversos ejecutivos estatales en manos de partidos opositores al gobierno federal han reeditado, en una denominada Alianza Federalista, su actuación como oposición política. Esa Alianza tuvo su origen en marzo de este año con tres gobernadores (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), ahora cuenta con 12 mandatarios estatales que critican la actuación de las autoridades sanitarias frente a la pandemia y exigen la revisión del pacto fiscal vigente. Tanto la CONAGO como la Alianza Federalista comparten una visión centralista del federalismo y ambos se constituyeron como instrumentos de política partidista. Sin duda, es indispensable emprender una revisión profunda de la forma en que ahora están interrelacionados los tres niveles de gobierno. Una genuina reforma federalista no puede dejar de lado a los municipios y a las regiones, hasta ahora ninguneados. Sin embargo, la contienda electoral no puede, legítimamente, convertirse en pretexto para embarnecer la centralidad de los estados frente a la federación y los municipios.

La tirantez centro-periferia es una realidad de la historia política nacional que estuvo en la médula de conflictos, incluso armados, que recorrieron buena parte del siglo XIX y perduraron durante el siglo XX. Conviene a todos actuar con sabiduría y responsabilidad para no reeditar, de manera artificial, y sólo por razones electorales, añejos conflictos que han ocasionado gran dolor a la sociedad mexicana.

Renovar el mecanismo de afiliación a los Partidos Políticos

Los mecanismos vigentes para determinar la membresía de ciudadanos a los partidos políticos asoman su ineficacia en el proceso de registro de nuevos partidos políticos que participarán por primera vez en las elecciones del año 2021.

Rodolfo Torres Velázquez (13/09/2020)

Los mecanismos vigentes para determinar la membresía de ciudadanos a los partidos políticos asoman su ineficacia en el proceso de registro de nuevos partidos políticos que participarán por primera vez en las elecciones del año 2021. Esa ineficacia pone en cuestión el ejercicio de asociación política; uno de los derechos fundamentales de las personas. Se advierten como ineficaces pues, a pesar de la complejidad involucrada en los procedimientos actuales, aún prevalecen insuficiencias estructurales que aconsejan la pronta instrumentación de mecanismos que los reemplacen.

Como es sabido, el artículo noveno de nuestra Constitución establece que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.” Este artículo ha estado vigente, en sus términos, desde su promulgación hace más de cien años (1917).

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos dispone que: “Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes: … b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos”.

El más reciente procedimiento de afiliación de ciudadanos a organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos estuvo reglamentado mediante el “Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que deben cumplir para ese fin”, aprobado por el INE el 19 de diciembre de 2018 (Acuerdo INE/CG1478/2018).

Sin entrar en los detalles del instructivo (40 páginas), conviene destacar que éste establece el uso de una denominada aplicación móvil “para recabar las manifestaciones formales de afiliación de las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional”. Otro elemento importante del procedimiento es la participación de un “Auxiliar/Gestor” que ayuda a recabar las manifestaciones formales de afiliación, mediante la aplicación móvil. Dicho mecanismo prevé la concentración de personas en lugares públicos, bajo el mecanismo de Asambleas, para su afiliación.

En atención a este procedimiento, por ejemplo, una de las organizaciones programó 441 asambleas distritales, de las que celebró 237; en ellas recabó 41 mil 348 afiliados. De un total de 103 mil 250 afiliaciones registradas, 10 mil 621 (alrededor de un 10 por ciento) fueron afiliaciones no válidas.  Entre otras particularidades, esa organización dio lugar a ser señalada porque numerosos potenciales afiliados eran trasladados a esos eventos en camionetas o minibuses.

En cuanto a la recaudación de los datos de los ciudadanos en la aplicación móvil por parte de los auxiliares, también hay lugar a dificultades. Una vez que un auxiliar registra los datos de una persona –que incluyen datos de su credencial para votar, fotografía y firma, entre otros–, el INE procede a la verificación de que esos datos se corresponden con los asentados en sus registros. La experiencia ha demostrado la falibilidad de este proceso. Tenemos noticias de un conocido caso en que, de 173 mil 458 registros, 10 mil 483 presentaron inconsistencias.

Hasta donde sabemos, no existe un mecanismo externo que audite que el resultado de esa verificación sea correcto; es decir que, en ausencia de esa auditoría, debemos creer a ciegas que la verificación practicada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores es acertada. Esta observación es pertinente en virtud de que la verificación manual o automatizada de fotografías y de firmas es propensa a errores. No cabe duda de que convendría dimensionar la magnitud del número de fallos.

Si bien es cierto que los registros inválidos fueron, en el caso que he citado, restados del resultado final, ese solo dato debería bastar, por sí mismo, como un llamado de atención para revisar el procedimiento en cuestión. Sin embargo, a lo anterior se añade el caso de los consejeros que revirtieron, en consejo general, el voto que habían emitido en la comisión respectiva (habiendo dado un voto aprobatorio lo tornaron en reprobatorio). Una de las razones esgrimidas fue que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos llevó a cabo un análisis espacial de las afiliaciones captadas vía la aplicación móvil y detectó irregularidades, mismas que dio vista a la Unidad de lo Contencioso Electoral (ambas del INE) para la investigación respectiva. Es decir, a pesar de la sofisticación del procedimiento, la mera presunción fue determinante en la emisión del voto de los consejeros.

Por otra parte, tanto para la creación de nuevos partidos, como para validar que los partidos registrados preservan el umbral mínimo de afiliaciones requerido por la ley, se sigue un procedimiento que identifica las afiliaciones duplicadas. En esos casos, se interroga al ciudadano respecto de su voluntad de pertenencia a alguno de ellos.

Un nuevo diseño del procedimiento debe inhibir o eliminar la afiliación masiva y la intermediación. Que sea el propio ciudadano quien, quizá ante los módulos del INE o, si lo prefiere mediante una aplicación móvil, manifieste de modo directo su interés personal de pertenecer a un partido político; o expresar su voluntad de dejar de pertenecer. De esa manifestación debe turnarse copia a la organización respectiva, sin tener que anexar, en la copia, todos sus datos personales; debe bastar con los que sean pertinentes. Tampoco es razonable que sea el ciudadano quien deba verificar en el portal del INE (como ocurre actualmente) si aparece como afiliado a un determinado partido y presentar denuncia -como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, en que tantos ciudadanos se han sorprendido de haber sido afiliados sin su consentimiento. El mecanismo es ineficaz, además, porque no inhibe la compra y coacción de afiliaciones.

La participación, o no, en un partido político debe ser una decisión individual, libre y voluntaria.  ¿A qué viene la intervención de un tercero -auxiliar o gestor- para el ejercicio de ese derecho político fundamental?

En 2021 la secrecía del Voto por Internet será parcial

Rodolfo Torres Velázquez

(30/08/2020)

Votar en las elecciones, dice la ley, constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos que se ejerce para integrar los órganos del Estado con puestos de elección popular. Agrega: El voto debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a las y los electores.

Durante largos periodos en nuestro país no se cumplieron esos atributos del voto. Aún, hoy día, es práctica común que candidatos y partidos eludan la tarea de convencer a los electores y opten por la compra de votos y la coacción a los votantes. Cuando esos actos no son sancionados y sus efectos no son revertidos se hace nugatorio el libre ejercicio del sufragio.

El denominador más común de las prácticas de compra y coacción ha cursado en México, históricamente, por la violación del atributo de secrecía del sufragio. En el caso de votación en casilla, la compraventa de votos se ha puesto en práctica por la vía de dos procedimientos bien conocidos: o bien, se exige a los electores que ofrezcan pruebas del sentido del voto para corroborar que lo han emitido en el sentido esperado, o bien, se compra o renta la identidad del elector.

Garantizar la secrecía del voto es de tal relevancia que, en todos los procesos electorales, la mayor proporción de recursos monetarios, humanos y materiales se destina siempre a ese fin. La protección de la secrecía del sufragio es el propósito primordial que tiene la instalación de las casillas de votación.

Asegurar el secreto del voto en las casillas supone su cuidado en dos etapas: la primera se registra en el propio momento de votar; la segunda, en el momento inmediato posterior, tras haber marcado la boleta electoral. La mampara tiene como finalidad asegurar la secrecía cuando ocurre el marcado de la boleta.

Durante la segunda etapa, la secrecía se hace posible gracias al uso de las urnas.  Cuando las boletas se acumulan en las urnas, se torna imposible saber quién ha depositado qué voto. Proveer la certeza en ambas etapas constituye una obligación de las autoridades electorales. Todas las actividades que lleva a cabo el INE para la organización de las elecciones tienen como piedra de toque la adecuada operación de las casillas a fin de salvaguardar todos los atributos de los votos y las garantías de los votantes.

La secrecía del sufragio significa que esa vinculación no pueda ser hecha por nadie; no sólo por los funcionarios de casilla o por el INE, tampoco por los familiares, los empleadores, otras autoridades, los partidos o candidatos, ni sus representantes.

Hasta la fecha, el ejercicio del voto sin el auxilio de una casilla de votación no ha mostrado su aptitud para garantizar que el voto pueda ser ejercido sin poner en riesgo la secrecía, particularmente en la primera de las dos etapas referidas. Es ésa la objeción a las modalidades de votación por correo postal y por internet. Las formas de votación que no utilizan casillas ya sean físicas o virtuales engendran una pregunta clave: ¿Qué autoridad se encarga de asegurar que, al momento de emitir su voto, el elector no está siendo observado o coaccionado?

Por otra parte, el párrafo 3 del artículo 329 de la ley electoral obliga a que el voto por vía electrónica sólo pueda realizarse conforme a los Lineamientos que emita el INE en términos de la Ley, mismos que “deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada”. El párrafo 2 del artículo 343, por su parte, dispone que el sistema de voto por medios electrónicos que apruebe el Consejo General del INE deberá cumplir con “… c) Evitar la coacción del voto, garantizando el sufragio libre y secreto”.

La pregunta viene al caso a propósito del acuerdo que, el pasado 26 de agosto, tomó el INE al aprobar las modalidades de votación postal y electrónica por internet de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para diversos cargos de elección en 2021.

En dicho acuerdo, el INE sólo se ocupa parcialmente de la garantía del secreto del voto y dispone, en el numeral 15 de sus Lineamientos que el Sistema (de votación por internet): “deberá desvincular de manera permanente e irreversible los votos cifrados de las y los electores que los emitieron, de tal forma que se obtenga una base de datos con los votos cifrados sin que exista un vínculo con la o el elector”.

Es decir, el numeral citado de los Lineamientos sólo se ocupa de la segunda de las etapas que hacen posible la secrecía del voto: la que ocurre con posterioridad a su emisión, pero no atiende a la primera etapa, que se refiere a la secrecía que debe existir durante la emisión del sufragio. No da respuesta a la pregunta planteada. La consecuencia de esa omisión es que la autoridad no se ocupará a cabalidad de la secrecía y del ejercicio libre del voto; deja esa responsabilidad en manos del propio ciudadano. La secrecía del voto será parcial.

La gravedad del problema es suprema, y la percepción de su magnitud se extiende si uno se asoma a algunos de los cuestionamientos que han formulado los especialistas en el tema. Por ejemplo, la “Red de Defensa de los Derechos Digitales” ha señalado que “las medidas aprobadas por el INE … implica riesgos para la legitimidad debido a que el proyecto, los lineamientos y el contenido técnico detallado de las auditorías no fueron difundidos antes de su aprobación, lo que impide su escrutinio público y exige que los votantes, candidatos y partidos políticos confíen ciegamente en que el sistema funciona y en que no ha sido manipulado”. Las autoridades electorales, dicen esos expertos, “han minimizado los riesgos de alteración por ataques informáticos”.

La fortaleza de las instituciones, en este caso de las electorales, no deviene de un ejercicio retórico, sino de la eficaz construcción de los instrumentos que garanticen el cabal ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos.