Economía – Rodolfo Torres Velázquez

A tiempo de sumarnos a la economía digital

Rodolfo Torres Velázquez (07/11/2021)

Hace un par de semanas, desde estas páginas, hicimos alusión al paradigma de la Cadena de Bloques (BC) al que calificamos como una revolución en gestación dadas las profundas transformaciones que traerá consigo su implantación, con impacto en la economía, la política y la sociedad. Hemos sostenido que, aunque el fruto más visible de las BC son las criptomonedas, no son éstas su único producto ni el que se difundirá con mayor amplitud. Un ejemplo de lo anterior es el “Proyecto Génesis” que combina tecnologías provenientes de la BC, de los contratos inteligentes (mejor conocidos por su término en inglés de Smart Contracts), del internet de las cosas (IoT) y de los activos digitales, que apenas el pasado 3 de noviembre fue anunciado por el Banco Internacional de Pagos que, como se sabe, agrupa a los bancos centrales de 63 países -entre ellos el Banco de México. Este proyecto tiene como propósito atender la problemática que se presenta en muchos países, pues el emitir e invertir en bonos puede ser engorroso y complejo, ya que requiere un compromiso financiero considerable por parte del inversor. Para aquellos que invierten en proyectos respetuosos con el medio ambiente, existe incertidumbre sobre si el emisor de bonos está generando el impacto ecológico positivo al que se comprometió en el momento de la emisión. La eventual puesta en práctica de este proyecto ofrece diversos beneficios: durante la vida útil del bono, el inversor no solo puede ver los intereses devengados, sino también realizar un seguimiento en tiempo real de cuánta energía limpia se está generando y la consiguiente reducción de las emisiones de CO2 vinculadas a la inversión, además, el inversor puede vender los bonos en un mercado transparente. Pero el caso particular de esos bonos verdes puede extenderse con facilidad al caso general de emisión de bonos. De ahí el impacto colosal que, para bien o para mal, puede tener la puesta en marcha de ese caso específico.

Otro aspecto de la sociedad digital a la que nos enfilamos tiene que ver con las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC por sus siglas en inglés). Uno de los propósitos de esas monedas es el reemplazo paulatino del uso de billetes y monedas para las transacciones monetarias cotidianas. En ocasión previa hemos señalado que las CBDC son diferentes de las criptomonedas pues las primeras no necesariamente usan cadenas de bloques y, cuando las usan, operan sobre una red privada de BC. La implementación de las CBDC parece tomar tracción y extenderse sin pausa. De acuerdo con noticias recientes, 140 millones de personas tienen cuentas en el yuan digital emitido por el Banco Central de China y el volumen de transacciones procesadas alcanzó ya los 62 mil millones de yuanes. Por otra parte, el 21 de octubre Las Bahamas emitió una CBDC, conocida como “Sand Dollar”. Unos días después, el 25 de octubre pasado, Nigeria lanzó oficialmente su moneda digital: eNaira. Hasta ahora 33 bancos, 2 mil clientes y 120 comerciantes se han registrado en la plataforma. La aplicación está disponible tanto en Apple como en Android. Desde entonces, se han emitido más de 200 millones en eNaira (602 mil 959 dólares) a instituciones financieras del país. Aunque hay que advertir que la puesta en marcha de proyectos de esa elevada complejidad no está exenta de riesgos: los pioneros pagarán el precio del aprendizaje, aunque también estarán en aptitud de aprovechar las ventajas de arribar primero.

Por su parte el Banco Central de Francia lleva a cabo pruebas piloto de una moneda digital CBDC, basada en BC, para mercados de deuda. En octubre de este año, más de 500 instituciones en Francia participaron en un experimento de 10 meses que prueba una CBDC emitida por el Banco de Francia para la negociación de bonos del gobierno.

Con base en información del portal especializado CoinTelegraph, la empresa MasterCard prepara su infraestructura para la eventual emisión de CBDC. Su director general Michael Miebach señaló que “… la posibilidad más probable de que este tipo de tecnología funcione para los pagos es si se emite a través de un gobierno en forma de CBDC … prepararemos nuestra red para hacerlo cuando un gobierno esté listo para emitir una CBDC”.

En México, en septiembre de 2019, el Banco de México implementó el CoDi para realizar transferencias electrónicas utilizando la actual infraestructura de pagos. El CoDi no tiene costo, realiza operaciones en tiempo real y es seguro. Hasta ahora el avance del CoDi es modesto: en el reporte del Banco de México correspondiente al periodo del 30 de septiembre de 2019 al 1º de noviembre de 2021, para esta última fecha, se reportó un monto operado de 5 millones 845 mil 798 pesos. Cabe esperar que la acertada decisión del Gobierno de la Ciudad de México de aceptar pagos con CoDi en el Metrobús y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, impulse significativamente la adopción de ese medio de pago.

En cuanto al uso de criptomonedas que, como hemos señalado es un caso distinto al de las CBDC, con base en información de CoinTelegraph, el mes pasado, en una encuesta realizada por Finder y publicada por The Straits Times, el 24,2% de los encuestados en Nigeria dijeron que eran propietarios de criptomonedas, lo que coloca al país en la cima en el uso de ese tipo de moneda digital. Malasia ocupó el segundo lugar (18,0%) y Australia ocupó el tercer lugar (17,7%). Mientras tanto, Estados Unidos ocupó el décimo lugar, con un 10,4% de los adultos que poseen criptomonedas. En este rubro destaca el caso de El Salvador quien ha autorizado el uso de la criptomoneda insignia Bitcoin con la intención primordial, a mi juicio, de facilitar la recepción de recursos enviados por sus migrantes que laboran en los Estados Unidos.

La pregunta no es si conviene o no embarcarnos a la brevedad en la exploración del uso extendido de esos activos y recursos digitales, sino si podremos mantenernos al margen y aplazar nuestra participación oportuna para que sus beneficios alcancen a la mayoría de la población.

Una revolución en gestación: las Cadenas de Bloques.

Rodolfo Torres Velázquez (24/10/2021)

Aunque el paradigma de la “cadena de bloques” (comúnmente conocida como blockchain o BC) ha estado presente desde hace más de una década, a través de su producto más visible: las criptomonedas, es posible anticipar, a la luz del estado actual de su desarrollo, que a partir de próximo año su presencia se hará paulatinamente más visible en la escena pública, pues se extenderá hacia múltiples ámbitos de nuestra vida cotidiana. En el mediano y largo plazos su impacto será económico, político y social.

La cadena de bloques (BC) consiste en una secuencia enlazada de porciones de datos. Cada porción o bloque almacena transacciones. En consecuencia, esa cadena de bloques puede concebirse como un gran libro contable. De manera complementaria, sofisticados procedimientos criptográficos, garantizan que las transacciones asentadas en ese “libro” no puedan ser falsificados y que éstas sean inmutables.

El mecanismo de operación es el siguiente: al arribar un dato, éste se incorpora en un nuevo bloque. Una vez que se completa el bloque éste se enlaza con el bloque previo, creando así una cadena de bloques. Cuando se registran transacciones monetarias, la cadena de bloques se manifiesta como una criptomoneda (por ejemplo, el bitcoin). Aunque, cabe destacar, que los datos que se pueden registrar en un bloque son del más amplio espectro, aún programas de cómputo (software), como es el caso de la red ethereum basada en la criptomoneda denominada ether.

Hasta este punto parecería que el BC es sólo de un mecanismo, ciertamente ingenioso, que asegura la confiabilidad en el registro de transacciones. Sin embargo, la radicalidad de este paradigma se revela cuando se descubre que el asiento de registros puede hacerse y mantenerse, en una red, de manera descentralizada y distribuida. Esto es: no es necesaria la existencia de un actor central que controle la incorporación de nuevos registros, es decir, el mando es descentralizado; todos los participantes pueden asentar registros válidos. Tampoco es indispensable que el BC resida en un solo punto central; la información puede estar distribuida entre todos los participantes, lo que reduce al máximo el riesgo de daño o pérdida de la información. Para el caso de las criptomonedas significaría que no es indispensable la existencia de un banco para llevar el control de las transacciones monetarias que se realicen con ese tipo de monedas ¡De ese tamaño es el desafío que ofrece el surgimiento del bitcoin! Sabemos, por otra parte, que organismos reguladores de los mercados de valores y los bancos centrales, de varias países y regiones, se apresuran para impedir que se materialice ese escenario que zarandearía, con un giro de 180 grados, a un sistema monetario y financiero mundial que, por otra parte, ya ofrece señales de anquilosamiento.

Más allá de su uso como sustento de criptomonedas el BC se han convertido en un medio ideal para el intercambio de valor digital mediante internet. Se pronostica que el BC se convertirá en una revolución tecnológica con mayor impacto al que estamos viviendo con internet. Tres gigantes tecnológicos ofrecen ya plataformas para el desarrollo de proyectos de cadenas de bloques: Amazon, Google y Microsoft y lo empiezan a utilizar compañías globales como Coca Cola y Walmart.

Pero es quizá en la producción e intercambio de mercancías en el que tendrá mayor impacto inmediato el BC. Es sabido que el valor de una marca es un componente fundamental del valor total de una compañía. Las empresas realizan abultadas inversiones en mercadotecnia para prestigiar a una marca e infundir confianza en el consumidor. El BC tiene potencialidad para provocar un cambio radical en esa añeja práctica ofreciendo a cambio información completa y confiable al consumidor.

En un mercado en el que predomina la más amplia variedad de productos y marcas es comprensible que el consumidor exija información confiable que le conduzca a la mejor de las compras. Es en el rubro de la provisión de información exhaustiva y confiable, respecto de mercancías, en que el BC puede desplegar sus ventajosas cualidades. En cada una de las etapas de producción se registrarían las transformaciones que sufre el producto, hasta su llegada al usuario final. Por ejemplo, se tendría un registro detallado de: todos sus ingredientes o componentes, el origen de éstos, las normas bajo las que se ha integrado el producto, el lugar en el que ocurre la integración del producto, las normas laborales que se han observado en el proceso de producción, los medios y normas de transporte que se han considerado, las reglas sanitarias que se han cumplido, por mencionar sólo algunos aspectos. Esa información estaría al alcance inmediato del consumidor con la simple lectura de un código QR impreso en el producto.

En el caso descrito, se promovería la mejora en la calidad de las mercancías, se fortalecerían las cadenas productivas, la confianza del consumidor se posaría en datos duros y no sólo en mercadotecnia, se mejorarían las condiciones precarias de la mano de obra, se alentaría el surgimiento de nuevas marcas y se propiciaría la mayor de las transparencias en beneficio de los consumidores.

Por la forma en la que se conforma y opera la red en la que vive la cadena de bloques, cuyos nodos verifican la validez de las transacciones, se tienen tres tipos de redes. 1) Privadas, que operan en una red sin acceso al público en las que los nodos de la red son administrados de manera centralizada). 2) Públicas, que operan de manera que cualquier persona puede configurar un nodo de la red que, a cambio de una remuneración, se encargue de las tareas de validación y verificación de las transacciones, en estas redes la información está distribuida y el control es descentralizado. 3) Consorcio, en estas redes no existe un control central y la información está distribuida pero la participación, como nodos de la red, no es público pues sólo se autoriza a determinados actores. Dada la naturaleza privada de los productores de mercancías es probable que en esta materia prevalezcan los tipos de red privada y de consorcio.

Ante una revolución de la magnitud a la que apunta el BC no podemos ni debemos ser pasivos ni omisos. Aunque esa profunda transformación ya está en camino, aún es posible subirse a ese tren en marcha.

Reforma Constitucional en Materia Eléctrica, fin a la sangría.

Rodolfo Torres Velázquez (10/10/2021)

El pasado 30 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional en materia eléctrica cuyo objetivo declarado es asegurar el abastecimiento confiable de la energía eléctrica a los precios más bajos. Dicha reforma se propone revertir la reforma energética neoliberal de 2013 que ha provocado una imparable sangría de los bienes públicos nacionales y la afectación de los consumidores.

Lo que hoy podemos entender al hablar de lo “neoliberal” es un modelo económico, cuya definición más clara se incubó, quizá, en el Coloquio Lippman, celebrado en París, a fines de agosto de 1938. En ese evento se expresó con detalle la comprensión del liberalismo económico a partir de esquemas de limitación del poder del Estado. Dado que el mercado era la respuesta a múltiples dilemas -afirmaban las conclusiones del encuentro-, el Estado debía tener un papel activo en su defensa y ampliación. De ahí sus estandartes: la preminencia del mercado, el libre juego de los precios y la libre competencia.

Para el neoliberalismo todo es, o puede ser, mercancía, aun los bienes vinculados al disfrute de derechos humanos: agua, alimentación, salud, educación, vivienda; sin importar que su eventual carencia (debido a su elevado precio) provoque profundos malestares, resentimientos y heridas sociales.

El neoliberalismo desprecia a la democracia porque significa la tentación permanente de pedir al Estado que intervenga en la economía. Postula la subordinación de la política a la economía para poner a las libertades económicas más allá de la política, fuera del alcance de las mayorías.

Para poner en práctica esa ideología, desde la década de los ochenta del siglo pasado, se utilizaron primordialmente instrumentos económicos orientados a menoscabar, dramáticamente, las capacidades financieras de los gobiernos. Desde la vertiente fiscal se condonó el pago de impuestos a los grandes contribuyentes; se les devolvieron impuestos, o se les permitió su desvío. Se alentó la corrupción que debilitó aún más las arcas del Estado. Para aquellos gobiernos que contaban con empresas públicas se estimuló su quebranto para justificar su transferencia a manos privadas. Esa premeditada carencia de recursos gubernamentales motivó que los organismos financieros internacionales exigieran a esos gobiernos la adopción de medidas neoliberales a cambio de préstamos. Las condiciones de endeudamiento impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial permitieron que el modelo neoliberal se expandiera rápidamente en el planeta.

En México, el masivo traslado de bienes públicos a manos privadas se llevó a cabo, principalmente, mediante la venta de activos públicos, a precios de remate, en los sectores de telecomunicaciones, petróleo, electricidad, ferrocarriles, salud, educación, infraestructura y, en general, en todos aquellos en los que el Estado tuviese alguna participación económica.

De esas transferencias se beneficiaron altos funcionarios públicos. Funcionarios que se convirtieron en receptores de esos bienes; directivos de las empresas privadas beneficiadas (entre ellos expresidentes y exsecretarios de estado); mercaderes de información privilegiada; o vulgares traficantes de influencias. En el caso de la industria eléctrica en México la Reforma Energética de 2013 constituyó un esquema de subsidio permanente e ilimitado hacia las empresas privadas a costa del presupuesto público. Aun en contra de su credo de “libre competencia”.

Uno de los mecanismos de subsidio, que ahora se propone combatir la reforma constitucional en materia eléctrica, es el mecanismo de despacho eléctrico. El despacho es la autorización que otorga el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para que una central eléctrica inyecte su generación en las redes para su comercialización.

Para el despacho diario, cada central eléctrica de la CFE debe ofertar al CENACE energía con un precio determinado, que sólo considera el costo variable y que, en esencia, es el precio del combustible, sin considerar el costo fijo que incluyen los gastos de inversión y financiamiento. Aunque, desde la perspectiva de los costos totales, la CFE tiene los más bajos, la imposición de la referencia de los costos variables impide que la energía generada por la CFE sea despachada. Ello, a pesar de que el artículo 4° de la Ley de la Industria Eléctrica dispone que para el despacho deben considerarse los costos de producción, sin distinguir entre costo fijo o variable. Cabe recordar que fue un acuerdo administrativo de la Secretaría de Energía en el año 2017 el que dispuso, en contra de la referida ley, que se tomasen los costos variables y no los totales.

Debido a que la central de la CFE no es despachada y los contratos (llamados “legados”) de largo plazo, que le obligaron a signar, le exigen entregar energía que no tiene, la CFE se ve forzada a comprarla a los generadores privados a precios elevados. La pérdida económica por la energía no despachada es de 215.4 miles de millones de pesos anualmente; cantidad a la que hay que sumar la energía que tiene que comprar a un privado por un monto de 222.9 miles de millones de pesos anualmente. Esas cantidades se traducen, finalmente, en transferencias ilegales para los generadores privados.

El Despacho Diario, que en otros países representa entre el 2 y el 5 por ciento, en México alcanza el 25 por ciento. En otros países la mayor parte se comercializa mediante contratos de largo plazo. El alto porcentaje que se moviliza en México favorece una indeseada volatilidad extrema de precios en el mercado de corto plazo, que impacta en mayores costos para los usuarios finales y en pérdidas para la seguridad y confiabilidad de la red de transmisión eléctrica.

Por otro lado, en el pago a las centrales participantes, todas reciben el precio que ofertó la central más cara, beneficiándose sistemáticamente a los privados, que habiendo ofertado un precio bajo -el que garantizó su despacho-, en la liquidación, se les paga el precio más alto. Injustificable maquinación para seguir saqueando a la nación y continuar beneficiando a los generadores privados.

Es falso que la reforma proponga restituir un monopolio estatal. De hecho, la iniciativa establece que la CFE podrá generar, como máximo, un 54 por ciento de la energía que se consuma. Los privados podrán generar el 46 por ciento restante y se preserva el principio de competencia. Ello es acorde con lo dispuesto en el Artículo 25 constitucional que establece: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable”.

Aprendamos la lección que hoy ofrece la situación energética en España y el Reino Unido. Dos países que abrazaron a plenitud el modelo neoliberal en materia eléctrica. Hoy, sus habitantes pagan hasta 4 y 70 veces, respectivamente, la tarifa que se paga en México, y aún no ha comenzado el invierno. De ocurrir una situación similar en México se provocaría un profundo desasosiego social que podría tener episodios violentos. Estamos a tiempo de evitarlo.

Moneda Digital Mexicana

Rodolfo Torres Velázquez (18/07/2021)

Noticias recientes, provenientes del mundo de la economía digital, revelan las estrategias de los principales actores, en particular en lo que se refiere a las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC). En ellas destaca el caso de China con su yuan digital que se prevé marcará un antes y un después en los intercambios monetarios globales. Por su parte, autoridades financieras globales convocan a los bancos centrales a la instrumentación de mecanismos de intercambio transfronterizo de ese tipo de monedas digitales.

Con base en reportes del portal especializado Coin Telegraph, China ha completado sus pruebas de campo en importantes regiones de ese país que incluyen: Beijing, Chengdu y Hong Kong. En un paso más agresivo los ciudadanos de Suzhou pueden pagar ahora su transporte mediante el yuan digital. Más aún, algunos departamentos de la tienda en línea Alibaba, que como se sabe tiene más de mil millones de usuarios y supera en varias veces el tamaño del gigante comercial norteamericano Amazon, han empezado a aceptar el yuan digital como medio de pago.

Aunque China ha reconocido el importante papel que han jugado las criptomonedas en el desarrollo e impulso de su yuan digital no ha dudado en emprender acciones en su contra con el propósito de desbrozar el camino de su moneda digital frente a competidores que considera están fuera del control de su gobierno. Es el caso de dos medidas recientes. La primera, que prohíbe el denominado “minado” del Bitcoin, mediante la restricción del suministro eléctrico. Cómo se sabe el minado de bitcoins, que es la etapa esencial para la validación y verificación de las transacciones que se llevan a cabo con esa criptomoneda, es altamente consumidor de electricidad. La segunda, mediante la prohibición a empresas para llevar a cabo, en territorio chino, el intercambio de criptomonedas -el equivalente de casas de bolsa para el caso de acciones-, así como la prohibición a sus nacionales de llevar a cabo ese tipo de transacciones. Ambas acciones tuvieron un impacto considerable en la caída del precio del Bitcoin, pues las empresas de minado e intercambio de origen chino tenían un papel preminente.

La estrategia de China parece ser clara: apostar, primero, por el uso en su mercado interno del yuan digital; cabe recordar que el volumen del mercado interno en China es mayor frente al volumen de su mercado externo -en contraste con el caso de México que el volumen de su mercado exterior es superior-. Parece evidente que en una segunda etapa de su estrategia deberá buscar la implantación del yuan digital en sus intercambios comerciales con el exterior y quizá como referente para las reservas monetarias de otros países.

En otras latitudes también se han desarrollado acciones para instrumentar monedas digitales emitidas por sus bancos centrales. El Banco de Japón anunció que ha comenzado exitosamente la prueba de su yen digital, dentro de sus fronteras, que tendrá una duración de un año. Esa prueba piloto la concluirá a fines de marzo del año 2022. El Banco Central de Suecia, el Riksbank, acaba de publicar los resultados exitosos de la fase uno de su proyecto de e-corona. El Banco Central de Francia y el de Singapur, con la participación de JP Morgan, están trabajando en sistemas basados en cadenas de bloques (blockchain) que habilitarán la inter-operatividad de múltiples monedas emitidas por bancos centrales. El Banco Central de Nueva Zelanda (The Reserve Bank) como parte de su proceso de decisión llevará a cabo consultas públicas respecto de ese tipo de monedas digitales. El Banco Central de Jamaica anunció que a partir de agosto desplegará su proyecto de moneda digital. Desde el inicio del año 2021 el Banco de Inglaterra ha expresado su intención de desarrollar su propia moneda digital. En el curso de la semana que concluye el Banco Central Europeo anunció su decisión de arrancar un proyecto formal de investigación para determinar la viabilidad de emitir un Euro digital que, eventualmente, se distribuiría en toda la zona Euro. Fabio Panetta, miembro del consejo ejecutivo de ese banco central, señaló que dicho proyecto lo desarrollarán con el grado necesario de cautela. Todo ello muestra que China ha tomado, nuevamente, la delantera en ese ámbito económico.

En una aparente respuesta al desafío que se lanza desde China, hace diez días, en un reporte conjunto, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Pagos plantearon al G-20 que una red transfronteriza de monedas digitales emitidas por bancos centrales, basadas en una eficiente tecnología de integración y cooperación proactiva, podría tener beneficios significativos para la economía mundial. Llamaron la atención respecto de la importancia de coordinar esfuerzos transfronterizos a escala global.

Desde principios de este año hemos abogado desde estas páginas para que el Banco de México se pronuncie respecto de la viabilidad de establecer un peso mexicano digital. El gobernador actual del Banco de México ha hecho un tímido pronunciamiento al respecto, pero es de esperar que el nuevo gobernador de esa autoridad monetaria, al menos con el mismo grado de certidumbre que lo ha hecho el Banco Central Europeo, anuncie formalmente el inicio de la investigación que concluya en determinar la pertinencia de contar con nuestra moneda digital. Aún estamos a tiempo.

Indispensable un enfoque proactivo en el Banco de México

Rodolfo Torres Velázquez (20/06/2021)

El jueves pasado, medios de comunicación nacionales dieron cuenta de la puesta en operación, por parte de una empresa privada, de una nueva criptomoneda denominada MMXN que, se dice, estaría ligada al tipo de cambio del peso mexicano. Se trata de un tipo específico de criptomoneda que pertenece a la familia de las denominadas stablecoins. La noticia ameritó un comentario reactivo e insuficiente del Gobernador del Banco de México en el que reiteró la posición de esa autoridad monetaria de desmarcarse de cualquier tipo de activos virtuales. La respuesta es insuficiente, pues, para este caso, esa autoridad monetaria tendría que, eventualmente, llevar a cabo tareas relevantes, como veremos a continuación. Más allá de la viabilidad que tenga esa nueva criptomoneda es importante detenerse en este evento porque es previsible que, en el corto y mediano plazos, seamos testigos de nuevos arribos de criptomonedas de propósito específico. Ello demandará que diversos actores del sistema financiero asuman enfoques propositivos y no meramente reactivos.

En el ecosistema de las criptomonedas las “stablecoins” son un tipo específico cuyo precio se encuentra ligado al precio de activos externos, ya sean éstos divisas, como el dólar, el euro u otros activos, como el oro. Su propósito es aportar estabilidad al precio de esa criptomoneda. Para que ese vínculo, entre criptomoneda y activo externo, sea eficaz debe existir una reserva física de dólares, euros, oro, o el activo del que se trate, que respalde a la stablecoin y pueda así garantizar su convertibilidad en todo momento hacia el activo externo. Aunque cabe decir que el acopio de reservas no es el único mecanismo plausible para el aseguramiento de la convertibilidad, pues existen otros dispositivos basados en algoritmos que ofrecen garantías equivalentes. La opción de construir reservas físicas de divisas exige la realización de auditorías permanentes, a cargo entidades externas -en el caso de nuestro país, eventualmente del Banco de México- para asegurar la validez del precio de la stablecoin.

Las stablecoins surgen debido a que criptomonedas clásicas, como Bitcoin y Ethereum, que ofrecen importantes beneficios para el intercambio seguro de valor digital a nivel global y sin intermediación, cuyo precio puede llegar a ser altamente fluctuante, suponen una desventaja en situaciones en las que se requiere una mayor predictibilidad del precio de la criptomoneda. Debido a que ciertos activos externos cambian su precio de manera gradual, el precio de las stablecoins, cuando se vinculan con esos activos externos, tiene menores fluctuaciones. Aunque debe advertirse que su estabilidad dependerá de la persistencia en el valor de los activos externos a los que estén vinculadas. En algunos países las personas migran hacia ese tipo de criptomoneda, respaldadas en divisas distintas de la propia, pues les brinda mayor certidumbre en tiempos de alta volatilidad económica o financiera local.

A nivel global las stablecoins tienen una importante presencia. A mayo de 2020 se estimaba que esa familia de criptomonedas tenía una participación en el mercado de alrededor de 10 mil millones de dólares. Tether (USDT), que tiene como respaldo al dólar estadounidense, es una de las stablecoins más antiguas (fue emitida en el año 2014); es una de las más populares y tiene la mayor participación por capitalización de mercado. De acuerdo con datos de BBVA de enero de 2019, USDT tenía una capitalización de mercado de 2 mil 600 millones de dólares. Desde aquellas fechas la capitalización de mercado de esas stablecoins ha aumentado considerablemente. Al día de ayer, la capitalización de mercado de USDT era de 62 mil 676 millones de dólares. USD Coin, emitida en el año 2018 por las empresas Circle y Coinbase, también está vinculada al dólar estadounidense. Es la segunda más grande en cuanto a capitalización de mercado. Ayer, la capitalización de mercado de USDC era de 24 mil 240 millones de dólares.

Aunque las stablecoins no sean el tipo preponderante en las familias de criptomonedas, el papel que juega la autoridad monetaria es relevante y no puede ni debe menospreciarse. El Banco de México no debería contentarse con jugar un papel marginal y reactivo en una nueva economía digital que es altamente dinámica. La autoridad monetaria debe ser más proactiva para estar a la altura de los nuevos tiempos. La prudencia no es, aquí, equiparable al aletargamiento. Confiemos en que los relevos anunciados en la gubernatura de esa institución autónoma hagan propicio un cambio de tónica en esta materia.

Fin a subsidios a la Industria Eléctrica Privada

La iniciativa preferente tiene como una de sus finalidades principales la eliminación de las condiciones de asimetría que se impusieron a la CFE. Ello está en concordancia con lo que establece el T-MEC (Art 14 Capítulo Inversión), relativo a un trato justo y equitativo para los competidores del mercado. En términos coloquiales la iniciativa “levanta la canasta” a los competidores abusivos y termina con un esquema que no ha conducido a la disminución de tarifas y que, a cambio, sí ha significado una carga insoportable para el bolsillo de los mexicanos.

Rodolfo Torres Velázquez (14/02/2021)

Hace un par de días concluyó el Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados para discutir la “Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, algunos saldos pueden anticiparse desde ahora en el sentido de que puede vislumbrarse que los cuantiosos subsidios que hoy, con dinero público, la Comisión Federal de Electricidad otorga a las empresas privadas estarían por llegar a su fin.

Durante la larga noche neoliberal, que ha durado alrededor de 30 años y que aún no termina, hubo, a nivel mundial, una colosal transferencia de bienes públicos a manos privadas, alentada y exigida por los organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esa transferencia se llevó a cabo, principalmente, mediante la venta de activos públicos, a precios de remate, en los sectores de telecomunicaciones, petróleo, electricidad, ferrocarriles, salud, educación, infraestructura y, en general, en todos aquellos en los que el Estado tuviese alguna participación económica.

De esas transferencias se beneficiaron altos funcionarios públicos, ya fuese: como receptores de esos bienes; como directivos de las empresas privadas beneficiadas (entre ellos expresidentes y exsecretarios de estado); como mercaderes de información privilegiada; o como vulgares traficantes de influencias. También se crearon mecanismos más sofisticados de apropiación y transferencia. Es el caso de la industria eléctrica en México, que se constituyó en esquema de subsidio permanente e ilimitado hacia las empresas privadas a costa del presupuesto público.

Durante el debate en el Parlamento Abierto, diversos representantes de empresas privadas, quienes apenas hace unos meses despachaban desde cargos directivos en los órganos reguladores de energía y que, ahora, desde la academia o desde la consultoría, continúan defendiendo a esas empresas privadas, justificaron los subsidios y señalaron que es admisible su existencia y que éstos deben correr a cargo del presupuesto público. Es esta cuestión la que está hoy en el centro de la polémica.

Se dice que el subsidio está plenamente justificado pues es una práctica internacionalmente aceptada; que en mercados, en que existe un actor preponderante, deben implementarse mecanismos asimétricos que traten de manera desigual a los desiguales, para favorecer la competencia (lo que, en el credo del libre mercado, conduce inevitablemente a mejores precios para el consumidor). Es decir, que se deben establecer normas que beneficien a las empresas “débiles” frente a las poderosas. Como ejemplo señalaron el caso de la empresa Teléfonos de México, a la que se obligó a conceder acceso a su red, con costo cero, a los nuevos competidores en el sector. El argumento parecería plausible si no fuese por una sutil pero enorme diferencia. En el caso de Telmex y sus competidores el “subsidio” no es permanente ni ilimitado; no podría serlo. El razonamiento detrás del esquema de asimetría es que tan pronto se haya constituido un mercado competitivo (cuando deja de existir un actor preponderante), se deja en libertad a las fuerzas del mercado. No hacerlo de ese modo tendría la clara intencionalidad de extinguir al actor preponderante. Esto último es lo que se quiere hacer con la Comisión Federal de Electricidad, pues no se establecieron límites a la provisión de subsidios ni a las reglas de asimetría.

Las condiciones asimétricas que se impusieron en sucesivas reformas, consistieron en: 1) el establecimiento de criterios de despacho, que oculta el costo real de generación y que beneficia a generadores privados; 2) el establecimiento de subsidios de la CFE a empresas privadas en la transmisión eléctrica; 3) las restricciones a la CFE para la emisión de Certificados de Energías Limpias (CEL); 4) la obligación para la CFE de adquirir CEL de privados; y 5) los contratos de producción independiente, desventajosos para la CFE.

Esas condiciones han tenido como consecuencia la aportación de colosales subsidios de la CFE (que provienen del presupuesto público) a esas empresas. Sólo para el caso de los denominados contratos con PIE (Productores Independientes de Energía), figura creada por la reforma eléctrica de 1992, la CFE estima una sangría de 414 mil 410 millones de pesos entre los años del 2020 al 2024.

Para respaldar sus argumentos, los opositores a la iniciativa preferente esgrimieron la resolución que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 27 de enero, acerca del “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2020”. Aunque, dados los alcances del Acuerdo, la resolución no abordó la integralidad del debate actual, perspectiva que, en contraste, si tendrá que tomar en cuenta, en su momento, el Pleno de la Corte. Es importante destacar que la sentencia de la Segunda Sala admitió como válidos tres puntos que tienen que ver con la provisión de subsidios.

En primer lugar, admitió la definición de Nuevos Servicios Conexos, plasmados en el numeral 4.17: “Son servicios vinculados a la operación del SEN y que son necesarios para garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad, y que complementan a los Servicios Conexos señalados actualmente en la LIE…”.

Tuvo por válido el numeral 8.10 del Acuerdo relativo al pago de servicios conexos: “Los Generadores que representen en el MEM a Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, cuyas características provoquen un incremento de los requisitos de Servicios Conexos para garantizar la Confiabilidad en la operación del SEN, deberán cubrir el costo asociado a dicho incremento conforme a lo establecido en DACG y en las Reglas del Mercado, que emita la CRE.”

Por último, aceptó el numeral 10.8 donde se sostiene que la intermitencia de las energías limpias tiene un impacto desfavorable en la confiabilidad del sistema eléctrico: “Respecto al Mercado para el Balance de Potencia, las Centrales con fuente de Energía Limpia Intermitente no proveen una cantidad firme Potencia, por tanto, no aportan a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico…”. La iniciativa preferente tiene como una de sus finalidades principales la eliminación de las condiciones de asimetría que se impusieron a la CFE. Ello está en concordancia con lo que establece el T-MEC (Art 14 Capítulo Inversión), relativo a un trato justo y equitativo para los competidores del mercado. En términos coloquiales la iniciativa “levanta la canasta” a los competidores abusivos y termina con un esquema que no ha conducido a la disminución de tarifas y que, a cambio, sí ha significado una carga insoportable para el bolsillo de los mexicanos.

Divisas Digitales. Urge pronunciamiento de Banxico

Rodolfo Torres Velázquez (31/01/2021)

Hace 4 semanas, en este mismo espacio, señalamos que en este año las divisas digitales recibirían un importante impulso a nivel mundial. El pasado miércoles 27 de enero, Agustín Carstens, Gerente General del Banco Internacional de Pagos -organización financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Suiza- en el marco de un seminario de la Institución Hoover, hizo una serie de pronunciamientos relevantes. Éstos, sin duda, conformarán el conjunto de lineamientos a los que se apegarán los bancos centrales en el mundo para la puesta en marcha de proyectos de instrumentación de divisas digitales.

Aunque la digitalización del dinero ha estado presente en el sistema financiero por décadas, dos formas específicas de dinero digital centran, por ahora, el interés mundial: las divisas digitales emitidas por los bancos centrales (Central Bank Digital Currencies: CBDC) y las criptomonedas. Aunque podrían compartir algunas similitudes (por ejemplo, ambas podrían estar basadas en la tecnología de cadenas de bloques, Blockchain: BC), las CBDC no son lo mismo que las criptomonedas.

Las criptomonedas son un subproducto del BC, sin esa tecnología las criptomonedas, como hoy las conocemos, no hubiesen sido factibles. Importa conocer las bases de su funcionamiento, pues un lineamiento importante de los dados a conocer por Carstens tiene que ver con las BC. La tecnología de cadena de bloques consiste en una cadena secuencial de bloques (equivalentes a libros contables) que almacenan transacciones; que, mediante procedimientos criptográficos, garantizan que esos registros no pueden ser falsificados y que son inmutables. Gracias a ello el BC se han convertido en un medio ideal para el intercambio de valor digital mediante internet. Es debido a ello que se pronostica que la tecnología de cadena de bloques se convertirá en una revolución tecnológica con mayor impacto al que estamos viviendo con internet. Prueba de ello es que tres gigantes tecnológicos ofrecen ya plataformas para el desarrollo de proyectos de cadenas de bloques: Amazon, Google y Microsoft.

Por la forma en la que se conforma y opera la red en la que vive la cadena de bloques, cuyos nodos verifican la validez de las transacciones, se tienen tres tipos de redes. 1) Privadas, que operan en una red sin acceso al público (como las que utilizan Coca-Cola y Walmart, y en las que los nodos de la red son administrados de manera centralizada). 2) Públicas, que operan de manera que cualquier persona puede configurar un nodo de la red que, a cambio de una remuneración, se encargue de las tareas de validación y verificación de las transacciones -este tipo de red, por cierto, resuelve de manera innovadora y brillante la llamada “Tragedia de los comunes” de las ciencias económicas-, en estas redes la información está distribuida y el control es descentralizado. Se trata de un enfoque revolucionario pues torna innecesaria la existencia de intermediarios, llámense bancos y otras entidades mediadoras (entes gubernamentales u otras instituciones). 3) Consorcio, en estas redes no existe un control central y la información está distribuida pero la participación, como nodos de la red, no es público pues sólo se autoriza a determinados actores. La mayoría de las criptomonedas utilizan la variante “pública”; de ahí que se hayan convertido en una especie de némesis de los organismos financieros pues, de predominar, tornaría innecesarios a varios de ellos.

En la primera parte de su presentación Agustín Carstens se cuestiona a sí mismo si son necesarias nuevas monedas digitales y, si es el caso, quién debiera emitirlas. Reconoce que el avance de las tecnologías de comunicación y de cómputo ha favorecido una inmensa actividad en línea que ha disminuido dramáticamente el costo de muchas tareas, lo que ha provocado disrupciones en múltiples sectores e industrias que han dado lugar a una creciente economía digital. Paradójicamente, dice, la Covid-19 ha acelerado el ritmo del cambio digital.

Admite que existen dos arquitecturas posibles: la primera basada en una autoridad central (como un banco central) y la otra basada en un sistema de gobierno descentralizado que no requiere un intermediario central (como el de las criptomonedas, entre ellas el Bitcoin). Más allá del tono peyorativo que utiliza para describir el Bitcoin y de su predicción funesta respecto de la vigencia de esta criptomoneda, se decanta, como resulta obvio, por la primera opción: la de que sean los bancos centrales quienes, en caso de existir una moneda digital, la emitan y controlen. Lo cierto es que la vigencia de las criptomonedas, al ser públicas y tener un control distribuido, no depende de la única opinión de los bancos centrales, aunque ciertamente una opinión negativa dificulta la velocidad de su adopción. Al momento de escribir estas notas el Bitcoin superaba los 35 mil dólares por unidad.

Un aspecto importante de su planteamiento es la aceptación de la viabilidad y ventajas en el uso de la tecnología de cadena de bloques en su variante “consorcio” para las monedas digitales que emitan los bancos centrales, enfoque que, por cierto, ya ha empezado a explorar el banco central de Suecia.

Dejaré pendiente la tarea de comentar otros aspectos fundamentales, como el que toca a las formas en que se llevaría a cabo la identificación de las personas; lo que Carstens llama: la “apropiada identificación y adecuada privacidad”.

Lo que no puedo omitir ahora es el señalamiento de que, en la encuesta más reciente (enero de 2021), llevada a cabo por el Banco Internacional de Pagos, 56 bancos centrales (el 86% del total) informaron estar llevando a cabo algún tipo de investigación o experimentación con CBDC. Aunque el pasado 9 de enero un funcionario de un banco privado informó que el Banco de México no tiene planeado lanzar una moneda digital, convendría que fuese el propio banco central quien informara al respecto. El asunto no es menor, está en su cancha de atribuciones y, de no hacerse cargo de su responsabilidad oportuna y adecuadamente, el impacto sobre la economía nacional podría ser negativo en una medida considerable.

2021: Arranque de las Divisas Digitales

Rodolfo Torres Velázquez (03/01/21)

Además de nuestro deseo de que este nuevo año apunte hacia una firme contención de la pandemia, gracias a las vacunas que se aplicarán masivamente en los meses venideros, el año 2021 dejará huella -entre otras cosas- por la cristalización de proyectos de divisas digitales en varias regiones y países del mundo.

El dinero digital sólo existe en forma electrónica. A diferencia de su contraparte, el efectivo, que utilizamos cotidianamente en forma de billetes y monedas. Aunque para referirse al dinero digital en ocasiones se alude a los conceptos de divisas digitales o criptomonedas, esos términos no son sinónimos. Las criptomonedas son dinero digital, pero no todo el dinero digital es criptomoneda.

Las variantes del dinero digital que hasta ahora se han implementado son operables sólo si se dispone de: un dispositivo electrónico apropiado (computadora, terminal o teléfono); una cuenta bancaria en la que se registran las transacciones monetarias realizadas y el acceso a una red de comunicaciones.

La modalidad de dinero digital es más barata puesto que no es necesario producir billetes y monedas (podría prescindirse de todo el sistema que le acompaña, por ejemplo: el traslado y los cajeros automáticos) y el registro de transacciones es inmediato. Si se cuenta con esos medios, la posibilidad de adquirir bienes y servicios es idéntica a la que se tendría si se utilizara dinero en efectivo. Las tarjetas de débito o de crédito son una modalidad particular de dinero digital, aunque en el segundo caso se exige ser sujeto de crédito.

En México, en septiembre de 2019, el Banco de México implementó el CoDi para realizar transferencias electrónicas utilizando la actual infraestructura de pagos. El CoDi no tiene costo, realiza operaciones en tiempo real y es seguro. Hasta ahora el avance del CoDi es modesto: del 21 al 24 de diciembre se reportaron únicamente 17 mil 534 operaciones. Para poner en marcha el dinero digital, varios países apuestan en favor de la alfabetización digital, de la creación de infraestructura de cómputo y comunicaciones y de la bancarización universal. Por desgracia, la disposición de esos recursos no es viable a corto plazo; por ello, los planes para su uso la consideran sólo como un medio complementario a la utilización del dinero en efectivo.

En el caso de México no sólo es la carencia de las condiciones citadas lo que aminora el ritmo de su adopción, sino una extendida economía opaca y una propiedad del dinero físico que, bajo esas condiciones, no tendrían algunas modalidades de dinero digital, que es el del anonimato. Mientras que el dinero en efectivo permite que se lleven a cabo transacciones sin intermediación, el dinero digital exige que cada transacción sea registrada por un mediador (usualmente bancario, cuando no se trata del uso de criptomonedas). En contrapartida, el distanciamiento social, debido a la pandemia, favorecerá el uso del dinero digital.

No obstante, es la vertiente de la divisa digital la que marcará un antes y un después. Hace apenas unos días, el gobierno sueco anunció que explora la factibilidad de crear su propia divisa digital. Su banco central ejecuta actualmente un proyecto piloto en esa materia. El Banco Central Europeo explora los beneficios y riesgos de crear un euro digital para complementar las operaciones en efectivo e informa que a mediados del año 2021 decidirá si lanza el proyecto de euro digital.

El Banco Central de Turquía, por su parte, anunció que pondrá en marcha su proyecto piloto en el segundo semestre de este año. De acuerdo con datos del Banco Internacional de Pagos, que es una organización financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Suiza, el 80 por ciento de los bancos centrales está involucrado en la investigación, desarrollo o experimentación de proyectos de divisas digitales. En el caso de los Estados Unidos, “The Boston Fed” trabaja con investigadores del MIT para desarrollar y probar una moneda digital para ser utilizada por bancos centrales. El Reino Unido, Canadá, Rusia, Japón y Corea del Sur tienen, también, proyectos en ese sentido.

Pero es China quien lleva la delantera en la instrumentación del dinero y de la divisa digitales. Su proyecto inició en el año 2014. Actualmente, lleva a cabo un enorme experimento público y tiene planeado llevar a cabo una prueba intensa durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. De acuerdo con reportes de la revista Forbes, en agosto pasado, el Ministro de Comercio de China anunció la expansión de su programa piloto para incluir a las grandes ciudades de ese país.

Las divisas digitales agilizarán sustancialmente las operaciones monetarias transfronterizas, que hoy toman días o semanas en concretarse. El flujo monetario, como otros flujos, tomará la vía que le ofrezca una menor resistencia. Las divisas digitales proporcionan esa vía. China conjuga tres ventajas cruciales para beneficiarse de ese nuevo entorno: será el primer país con condiciones para poner en marcha el proyecto; tiene un amplio mercado interno y cuenta con elevados volúmenes de intercambios comerciales con todas las regiones del mundo.

Las divisas digitales son un componente esencial para una nueva globalización monetaria. Esta globalización, posiblemente liderada por China, favorecerá procesos de concentración que pueden volver marginales a otras múltiples divisas y tornarlas prescindibles.

A pesar de nuestra añeja subordinación a la política monetaria de los Estados Unidos, es urgente, ante el aletargamiento de nuestro principal socio comercial, que nuestro país ponga en marcha planes de instrumentación de un peso mexicano digital. El Banco de México tiene la palabra.

Plan Marshall para la región del T-MEC

Rodolfo Torres (12/04/2020)

El efecto del covid-19 para las economías del mundo empieza a revelar su severidad. Aunque con impacto diferenciado, no hay país en el planeta que escape a sus consecuencias. Los gobiernos de cada país han anunciado medidas que, en formas diversas, buscan atenuar sus repercusiones. Sin duda, la extensión y gravedad de la situación ameritará acciones de carácter nacional, regional y global.

En el ámbito nacional, el gobierno de México ha privilegiado las acciones orientadas a proteger la salud y a la contención de las amenazas de pobreza para amplios segmentos de la población. En ese sentido avanzan las medidas que anunció el Presidente de México el pasado 5 de abril: el pago anticipado de la pensión para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para estudiantes de todos los niveles escolares; el impulso al empleo y a la producción mediante programas de apoyo a sembradores de parcelas y árboles, a jóvenes aprendices, a pescadores, a productores de caña y café; y la construcción de escuelas, de caminos rurales, de infraestructura hidráulica y de vivienda. Esos programas, se estima, alcanzarán a 22 millones de mexicanos. En la medida en que esas acciones mantienen y fortalecen el consumo local tienden a preservar el tejido microeconómico, que representa una proporción importante de la economía nacional.

Por su parte, el pasado 7 de abril el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer un conjunto de propuestas para enfrentar la contingencia económica producida por el covid-19. Propuso un plan que debería ser suscrito por el gobierno, los empresarios, los trabajadores y el sector social. Entre las medidas planteadas se encuentran: diferir el pago de contribuciones a la seguridad social; dar garantías (es decir que el gobierno sea el aval) a créditos mediante la banca de desarrollo en un programa por 100 mil millones de pesos; utilizar el programa de garantías para las empresas solventes con problemas de liquidez; diferir pago de impuestos sin cargo de intereses; operar una compensación universal para todo el año y establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020. Con excepción de este último punto, que fue respondido positivamente, el CCE considera que el gobierno cerró la puerta a sus propuestas.

Más allá del potencial impacto negativo que pudiera tener un eventual aplazamiento en el pago de impuestos y en las aportaciones a la seguridad social tanto para los indicadores de déficit público como para el perfil y monto de nuestras deudas públicas externa e interna, es un hecho que cualquier aporte económico gubernamental se quedaría corto frente a la colosal magnitud de esos requerimientos (sobre todo, de hacerse efectivos los avales que se brinden). Y ello se debe a que, desde 1985, se apostó por el empequeñecimiento del gobierno, por la preservación de un régimen impositivo de baja capacidad recaudatoria, por el endeudamiento creciente y por el quebranto de las empresas del Estado. En suma, se optó por reducir el acopio y disponibilidad de recursos públicos.

A nivel nacional, cabe esperar que durante el mes de mayo, o tan pronto se anuncie la reducción gradual del estado de confinamiento actual, y una vez que se haya valorado el impacto de la emergencia sanitaria en las finanzas públicas, se den a conocer apoyos adicionales a los ya anunciados para un millón de microempreas por un total de 25 mil millones de pesos.

Por otra parte, no debemos perder de vista que, en la región que abarca el T-MEC, se han construido encadenamientos productivos transfronterizos que son, junto con la amplitud de su mercado, los que sustentan su elevada capacidad económica. La crisis producida por el covid-19 ha puesto en jaque a esos encadenamientos y, en consecuencia, a las empresas que en México forman parte de ellos. Cabe recordar que nuestra economía depende, en una elevadísima proporción, de esos intercambios. Por lo que su afectación prolongada pondría en riesgo millones de empleos en los tres países. De ahí la urgencia de establecer acuerdos de apoyo económico regional, equivalentes al Plan Marshall cuya ejecución, después de la segunda guerra mundial, impidió poner en riesgo la viabiliadad de ningún país y favoreció la creación de mecanismos de recuperación coordinada y expedita. Para el espacio del T-MEC y, por supuesto, tan pronto lo permita la contingencia de salud, deben ejecutarse acuerdos equivalentes para hacerse cargo de los vínculos de la región México, Estados Unidos y Canadá; pero también con otras regiones del mundo. Por ejemplo, con China, que suministra una importante proporción de componentes a esas cadenas productivas, o Alemania, Japón, o Corea del Sur, en tanto poseedoras de las matrices más importantes de empresas automotrices y de tecnología. Nuestra diplomacia ha dado ya sobradas muestras de su capacidad para emprender con éxito iniciativas de este tipo.

Ese esfuerzo regional se torna aún más urgente a la luz de la parálisis de los organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que más allá del anuncio de montos que se antojan escasos -el FMI anunció la disponibilidad de apenas la mitad de los recursos de recuperación que el gobierno de Trump aprobó sólo para su país-, no han anunciado programas específicos acordes a la gravedad de la situación.

La magnitud del desafío ameritará, además, de un esfuerzo social de magnitud nunca antes vista en tiempos de paz. Debemos estar preparados para ello.

La salud es pública

Rodolfo Torres (29/03/2020)

La pandemia del Coronavirus nos enfrenta a escenarios inéditos que, además de a la salud física de los individuos y las comunidades, atañen a la salud económica y financiera de los países. El pasado 26 de marzo se llevó a cabo una teleconferencia de líderes de las principales economías del mundo, agrupadas en el denominado G20, que tuvo como tema central la ejecución de acciones coordinadas para proteger la vida de las personas y salvaguardar la economía mundial. Como se sabe, el G20 es un foro internacional que agrupa a gobiernos y bancos centrales de 19 paises, más la Unión Europea, que fue fundado en el año de 1999 con el objetivo de promover la estabilidad financiera. México pertenece a esa agrupación.

En dicha reunión el presidente de México sostuvo que, frente a ese reto colosal, debe reconocerse y fortalecerse la participación de la familia pues, a lo largo de la historia, ha sido ésta la principal institución de seguridad social. Que para atenuar el impacto económico en la población, debe darse preferencia a los pobres, a las micro empresas, y a quienes viven en la economía informal. Finalmente, hizo un llamado para que la ONU intervenga para garantizar el acceso a medicamentos y equipos que, por ahora, son acaparados por quienes tienen mas recursos económicos; para que las grandes potencias pacten una tregua que evite la imposición de políticas arancelarias unilaterales; y para que se fortalezca el trabajo coordinado a fin de estabilizar los mercados financieros.

En esa reunión, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva declaró que se prevé una contracción del producto mundial en 2020 y una recuperación en 2021. Aunque aún se desconoce la profundidad de la contracción y la rapidez de la recuperación pues, señaló, dependerá de la velocidad de contención de la pandemia y de la solidez y coordinación de las medidas de política monetaria y fiscal. Señaló que las economías de los mercados emergentes y en desarrollo son particularmente vulnerables por la combinación de crisis de salud, interrupción repentina de la economía mundial, fuga de capitales (desde el inicio de la crisis, los inversionistas ya han retirado 83 mil millones de dólares de los mercados emergentes) y por la caída brusca de los precios de las materias primas (el petróleo entre ellas).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), al evaluar el impacto del confinamiento completo en diversos países, para México, Alemania, España y Suecia estima un descenso potencial de la actividad en un 29%. Según su estimación, el PIB de una semana es aproximadamente el 2 por ciento de de todo el año. Calcula que por cada mes de confinamiento las economías sufrirán una pérdida de dos puntos del producto interno bruto.

Sabemos que para evitar la propagación del contagio es indispensable el aislamiento de la población. También somos concientes de que son inevitables los perjuicios económicos que ello trae consigo. Corresponde a nuestras autoridades sanitarias determinar, con la mayor precisión posible que permita lo inédito e incierto de nuestro momento actual, la duración del aislamiento que, iniciado parcialmente hace varios días, ahora requiere reforzamiento. El confinamiento es crucial, no hay dudas, para aminorar afectaciones a la salud y reducir los consecuencias funestas para las personas y para la economía.

Sabemos que no todos pueden aislarse. Quienes se ocupan en actividades que hacen posible la subsistencia de la población: alimentación, agua, energía, salud, seguridad, limpieza, entre otras, no pueden ni deben hacerlo. Tampoco pueden hacerlo, por desgracia, quienes viven al día. Pero quienes sí podemos, estamos obligados a ello; no es opcional.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, con corte al 28 de marzo de 2020, en el mundo se habían presentado 571 mil 678 casos y 26 mil 495 muertes. Por país, el mayor número de casos ha ocurido en Italia con 86 mil 498 casos, le siguen los Estados Unidos con 85 mil 228 casos. En el lugar 25 está Dinamarca con 2 mil 46 casos. En esa lista de 25 países no aparece México, en donde, hasta el viernes pasado, se contabilizaban 717 casos y 12 fallecimientos. Lo que muestra el ejercicio comparativo es que, en nuestros país, se ha mantenido hasta hoy una relativa contención. Desde luego, lejos de que este delimitado freno al progreso exponencial de la enfermedad pudiera hacernos bajar la guardia, constituye una razón adicional para mantenernos en la observancia cabal de las disposiciones que emiten nuestras autoridades sanitarias. Con ello es previsible, todavía, la posibilidad de achatar la curva de incidencias y evitar el colapso del sistema sanitario que haría inmanejable la concurrencia de un número muy elevado de casos y provocaría, irremediablemente, más víctimas fatales.

Somos conscientes ahora, más que nunca, de que nuestra salud personal depende de la salud de los otros; si los otros se enferman es más probable que nosotros también sucumbiremos. Porque la salud o es pública o no lo es.