Plan Marshall para la región del T-MEC

Rodolfo Torres (12/04/2020)

El efecto del covid-19 para las economías del mundo empieza a revelar su severidad. Aunque con impacto diferenciado, no hay país en el planeta que escape a sus consecuencias. Los gobiernos de cada país han anunciado medidas que, en formas diversas, buscan atenuar sus repercusiones. Sin duda, la extensión y gravedad de la situación ameritará acciones de carácter nacional, regional y global.

En el ámbito nacional, el gobierno de México ha privilegiado las acciones orientadas a proteger la salud y a la contención de las amenazas de pobreza para amplios segmentos de la población. En ese sentido avanzan las medidas que anunció el Presidente de México el pasado 5 de abril: el pago anticipado de la pensión para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para estudiantes de todos los niveles escolares; el impulso al empleo y a la producción mediante programas de apoyo a sembradores de parcelas y árboles, a jóvenes aprendices, a pescadores, a productores de caña y café; y la construcción de escuelas, de caminos rurales, de infraestructura hidráulica y de vivienda. Esos programas, se estima, alcanzarán a 22 millones de mexicanos. En la medida en que esas acciones mantienen y fortalecen el consumo local tienden a preservar el tejido microeconómico, que representa una proporción importante de la economía nacional.

Por su parte, el pasado 7 de abril el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer un conjunto de propuestas para enfrentar la contingencia económica producida por el covid-19. Propuso un plan que debería ser suscrito por el gobierno, los empresarios, los trabajadores y el sector social. Entre las medidas planteadas se encuentran: diferir el pago de contribuciones a la seguridad social; dar garantías (es decir que el gobierno sea el aval) a créditos mediante la banca de desarrollo en un programa por 100 mil millones de pesos; utilizar el programa de garantías para las empresas solventes con problemas de liquidez; diferir pago de impuestos sin cargo de intereses; operar una compensación universal para todo el año y establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020. Con excepción de este último punto, que fue respondido positivamente, el CCE considera que el gobierno cerró la puerta a sus propuestas.

Más allá del potencial impacto negativo que pudiera tener un eventual aplazamiento en el pago de impuestos y en las aportaciones a la seguridad social tanto para los indicadores de déficit público como para el perfil y monto de nuestras deudas públicas externa e interna, es un hecho que cualquier aporte económico gubernamental se quedaría corto frente a la colosal magnitud de esos requerimientos (sobre todo, de hacerse efectivos los avales que se brinden). Y ello se debe a que, desde 1985, se apostó por el empequeñecimiento del gobierno, por la preservación de un régimen impositivo de baja capacidad recaudatoria, por el endeudamiento creciente y por el quebranto de las empresas del Estado. En suma, se optó por reducir el acopio y disponibilidad de recursos públicos.

A nivel nacional, cabe esperar que durante el mes de mayo, o tan pronto se anuncie la reducción gradual del estado de confinamiento actual, y una vez que se haya valorado el impacto de la emergencia sanitaria en las finanzas públicas, se den a conocer apoyos adicionales a los ya anunciados para un millón de microempreas por un total de 25 mil millones de pesos.

Por otra parte, no debemos perder de vista que, en la región que abarca el T-MEC, se han construido encadenamientos productivos transfronterizos que son, junto con la amplitud de su mercado, los que sustentan su elevada capacidad económica. La crisis producida por el covid-19 ha puesto en jaque a esos encadenamientos y, en consecuencia, a las empresas que en México forman parte de ellos. Cabe recordar que nuestra economía depende, en una elevadísima proporción, de esos intercambios. Por lo que su afectación prolongada pondría en riesgo millones de empleos en los tres países. De ahí la urgencia de establecer acuerdos de apoyo económico regional, equivalentes al Plan Marshall cuya ejecución, después de la segunda guerra mundial, impidió poner en riesgo la viabiliadad de ningún país y favoreció la creación de mecanismos de recuperación coordinada y expedita. Para el espacio del T-MEC y, por supuesto, tan pronto lo permita la contingencia de salud, deben ejecutarse acuerdos equivalentes para hacerse cargo de los vínculos de la región México, Estados Unidos y Canadá; pero también con otras regiones del mundo. Por ejemplo, con China, que suministra una importante proporción de componentes a esas cadenas productivas, o Alemania, Japón, o Corea del Sur, en tanto poseedoras de las matrices más importantes de empresas automotrices y de tecnología. Nuestra diplomacia ha dado ya sobradas muestras de su capacidad para emprender con éxito iniciativas de este tipo.

Ese esfuerzo regional se torna aún más urgente a la luz de la parálisis de los organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que más allá del anuncio de montos que se antojan escasos -el FMI anunció la disponibilidad de apenas la mitad de los recursos de recuperación que el gobierno de Trump aprobó sólo para su país-, no han anunciado programas específicos acordes a la gravedad de la situación.

La magnitud del desafío ameritará, además, de un esfuerzo social de magnitud nunca antes vista en tiempos de paz. Debemos estar preparados para ello.

La salud es pública

Rodolfo Torres (29/03/2020)

La pandemia del Coronavirus nos enfrenta a escenarios inéditos que, además de a la salud física de los individuos y las comunidades, atañen a la salud económica y financiera de los países. El pasado 26 de marzo se llevó a cabo una teleconferencia de líderes de las principales economías del mundo, agrupadas en el denominado G20, que tuvo como tema central la ejecución de acciones coordinadas para proteger la vida de las personas y salvaguardar la economía mundial. Como se sabe, el G20 es un foro internacional que agrupa a gobiernos y bancos centrales de 19 paises, más la Unión Europea, que fue fundado en el año de 1999 con el objetivo de promover la estabilidad financiera. México pertenece a esa agrupación.

En dicha reunión el presidente de México sostuvo que, frente a ese reto colosal, debe reconocerse y fortalecerse la participación de la familia pues, a lo largo de la historia, ha sido ésta la principal institución de seguridad social. Que para atenuar el impacto económico en la población, debe darse preferencia a los pobres, a las micro empresas, y a quienes viven en la economía informal. Finalmente, hizo un llamado para que la ONU intervenga para garantizar el acceso a medicamentos y equipos que, por ahora, son acaparados por quienes tienen mas recursos económicos; para que las grandes potencias pacten una tregua que evite la imposición de políticas arancelarias unilaterales; y para que se fortalezca el trabajo coordinado a fin de estabilizar los mercados financieros.

En esa reunión, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva declaró que se prevé una contracción del producto mundial en 2020 y una recuperación en 2021. Aunque aún se desconoce la profundidad de la contracción y la rapidez de la recuperación pues, señaló, dependerá de la velocidad de contención de la pandemia y de la solidez y coordinación de las medidas de política monetaria y fiscal. Señaló que las economías de los mercados emergentes y en desarrollo son particularmente vulnerables por la combinación de crisis de salud, interrupción repentina de la economía mundial, fuga de capitales (desde el inicio de la crisis, los inversionistas ya han retirado 83 mil millones de dólares de los mercados emergentes) y por la caída brusca de los precios de las materias primas (el petróleo entre ellas).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), al evaluar el impacto del confinamiento completo en diversos países, para México, Alemania, España y Suecia estima un descenso potencial de la actividad en un 29%. Según su estimación, el PIB de una semana es aproximadamente el 2 por ciento de de todo el año. Calcula que por cada mes de confinamiento las economías sufrirán una pérdida de dos puntos del producto interno bruto.

Sabemos que para evitar la propagación del contagio es indispensable el aislamiento de la población. También somos concientes de que son inevitables los perjuicios económicos que ello trae consigo. Corresponde a nuestras autoridades sanitarias determinar, con la mayor precisión posible que permita lo inédito e incierto de nuestro momento actual, la duración del aislamiento que, iniciado parcialmente hace varios días, ahora requiere reforzamiento. El confinamiento es crucial, no hay dudas, para aminorar afectaciones a la salud y reducir los consecuencias funestas para las personas y para la economía.  

Sabemos que no todos pueden aislarse. Quienes se ocupan en actividades que hacen posible la subsistencia de la población: alimentación, agua, energía, salud, seguridad, limpieza, entre otras, no pueden ni deben hacerlo. Tampoco pueden hacerlo, por desgracia, quienes viven al día. Pero quienes sí podemos, estamos obligados a ello; no es opcional.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, con corte al 28 de marzo de 2020, en el mundo se habían presentado 571 mil 678 casos y 26 mil 495 muertes. Por país, el mayor número de casos ha ocurido en Italia con 86 mil 498 casos, le siguen los Estados Unidos con 85 mil 228 casos. En el lugar 25 está Dinamarca con 2 mil 46 casos. En esa lista de 25 países no aparece México, en donde, hasta el viernes pasado, se contabilizaban 717 casos y 12 fallecimientos. Lo que muestra el ejercicio comparativo es que, en nuestros país, se ha mantenido hasta hoy una relativa contención. Desde luego, lejos de que este delimitado freno al progreso exponencial de la enfermedad pudiera hacernos bajar la guardia, constituye una razón adicional para mantenernos en la observancia cabal de las disposiciones que emiten nuestras autoridades sanitarias. Con ello es previsible, todavía, la posibilidad de achatar la curva de incidencias y evitar el colapso del sistema sanitario que haría inmanejable la concurrencia de un número muy elevado de casos y provocaría, irremediablemente, más víctimas fatales.

Somos conscientes ahora, más que nunca, de que nuestra salud personal depende de la salud de los otros; si los otros se enferman es más probable que nosotros también sucumbiremos. Porque la salud o es pública o no lo es.

México cuenta con recursos para atenuar el daño económico del Coronavirus

Rodolfo Torres (15/03/2020)

La alta capacidad de contagio del virus Covid-19 ha motivado que en diversos países y regiones del mundo se hayan impuesto medidas orientadas a detener su expansión. En atención al número de casos presentados, las medidas oscilan entre la restricción de la movilidad de las personas, hasta en su aislamiento. Los efectos económicos de esas medidas son inevitables: la reducción del consumo de combustibles ha castigado el precio del petróleo, y se ha mermado el turismo; ambos factores han tenido consecuencias desfavorables para la disponibilidad de divisas y para el tipo de cambio. Es por ello que diversos organismos económicos internacionales han reducido las expectativas de crecimiento económico en todo el mundo y han pronosticado saldos dañinos por venir. Nuestro país cuenta con instrumentos de política económica, de tipo cambiario y financiero, para atenuar esos efectos nocivos. Lo que, aunado a la reciente aprobación por parte de Canadá del tratado comercial,T-MEC, dotan a nuestro país de una mayor estabilidad económica y financiera frente a la actual calamidad sanitaria.

Las severas crisis económicas que padeció nuestro país en los 80s y 90s, cuyas consecuencias aún resentimos (por vía, por ejemplo, del Fobaproa), motivaron la instrumentación de medidas económicas de contención frente a esos elevados riesgos puntuales, además de los sistémicos. Es por ello que ahora contamos con: elevadas reservas monetarias (que, de acuerdo con datos de Banco de México (Banxico), al 6 de marzo del presente año, alcanzaron los 185 mil 570 millones de dólares); abultadas líneas de crédito con disponibilidad inmediata (en noviembre de 2019 México renovó una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por un plazo de dos años por un monto de 61 mil millones de dólares); un Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por un monto de 260 mil 185 millones de pesos (a septiembre de 2019); además de coberturas cambiarias y petroleras, entre otras.

Como sabemos, desde el año 1994 nuestra moneda tiene un tipo de cambio de libre flotación con el dólar (y con otras monedas). El tipo de cambio está determinado por las condiciones de oferta y demanda del mercado. El tipo de cambio peso/dólar (denominado Fix) es determinado por el Banxico con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y de otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. A partir del crecimiento en el número de casos confirmados de coronavirus, el tipo de cambio tuvo un incremento desmesurado. Según datos publicados por el Banxico, el tipo de cambio pasó de 18.57 pesos por dólar, el 17 de febrero pasado, a 22.15, el 12 de marzo. Ello motivó que, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Banxico, activasen uno de los mecanismos de protección referidos -establecido en el año 2017- y anunciaron, ese mismo día que, por instrucción de la Comisión de Cambios (integrada por ambas instituciones), el Banxico subastaría coberturas cambiarias por un monto de 2 mil milones de dólares. Ello con el objetivo de propiciar mejores condiciones de liquidez y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios.

Las coberturas cambiarias son contratos que permiten pactar un tipo de cambio específico para realizar operaciones en un futuro determinado. Las coberturas utilizadas, en este caso, tienen la particularidad de que al vencimiento del contrato, el monto es pagado en pesos; de esa manera no se utilizan las reservas internacionales de México. Se considera por ello como un mecanismo de defensa para hacer frente a la volatilidad de los mercados cambiarios, pues permite una mejor planeación y certidumbre sobre los flujos económicos.

En cuanto a la caída en los precios del petróleo, con base en los datos publicados por Banxico, se observa una baja pronunciada en el precio de la mezcla mexicana que, el 3 de enero de este año, tenía un precio de 58.88 dólares por barril y, el 13 de marzo pasado, bajó a 24.19 dólares por barril (el precio más bajo de los últimos años ocurrió el 20 de enero de 2016 con un precio de 18.90). Para afrontar los riesgos de caída en los precios del petróleo, el país ha contratado las denominadas coberturas petroleras. Dichas coberturas, aunque no cubren la totalidad de barriles de petróleo mexicano, tienen el propósito de servir como mecanismos de protección frente a las variaciones abruptas en los precios del combustible. El pasado 9 de enero, el subsecretario de Hacienda informó de la contratación de dichas coberturas, que cubren un precio de 49 dólares por barril. El propio secretario de Hacienda informó que las coberturas buscan respaldar los ingresos petroleros del 2020, que representan alrededor del 4 por ciento del producto interno bruto. En el entendido de que, si el precio del barril es superior a la cifra señalada, no se ejercería la cobertura y nuestro país podría vender su petróleo a un precio más alto que el referido.

Aunque la aparición del coronavirus nos enfrenta a situaciones inéditas, lo cierto es que, saber que contamos con recursos de blindaje económico, nos permite concentranos en el objetivo principal; esto es, en atender, con puntualidad y rigor, las indicaciones de las autoridades sanitarias. Conviene, además, hacer caso omiso de quienes están habituados a hacer ganancias de ríos revueltos a costa del miedo e ignorancia de la gente o que, incluso, hacen de ellos un uso perverso.

El virus que infecta a la salud y a la economía

Rodolfo Torres (01/03/2020)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció, el viernes pasado, que el coronavirus es ya un riesgo muy alto para la salud a nivel global. Con ello, no sólo aumentó el miedo sobre las potenciales consecuencias sanitarias para toda la población, sino que despertó temores sobre los efectos en la economía mundial que, aunque son serias, tienen un origen discernible y, muy probablemente, un efecto controlable. La acción concertada de todos puede atenuar secuelas calamitosas.

El reporte más reciente de la OMS, (el número 39) del 28 de febrero, muestra que, a nivel mundial, existen 83 mil 652 casos confirmados. De ellos, 78 mil 961 se ubican en China. El número de muertes en ese país alcanza ya los 4 mil 691 casos. No obstante, 36 mil 117 personas ya se han recuperado de esa enfermedad en China.  Hasta el viernes pasado, 51 países habían reportado casos de contagio; a los que habría que agregar la confirmación de otros dos, en México. A pesar de que las cifras actuales reflejan una letalidad relativamente baja (3.5%, en China), es imperativo mantener el estado de alerta en todo el mundo.

China y los Estados Unidos son las dos principales potencias económicas mundiales. Dada la integración de la potencia oriental en las cadenas globales de manufactura, es comprensible que la desmovilización y aislamiento de su población laboral mengüe su capacidad productiva e impacte negativamente en la economía global.

En el caso de Europa, informa el diario El País, “la epidemia retrasará la recuperación que se preveía en la zona euro para este año …” El Bank of América presagia que el PIB italiano se contraiga un 0.2% y que Alemania quede al borde de la recesión, en el peor de los escenarios previsibles.

Por su parte, el Foro Económico Mundial identifica diversos impactos del fenómeno viral. Por ejemplo, en el caso de India se espera un impacto en la construcción de una planta de energía solar con capacidad de 100 giga watts (para dar luz sobre la dimensión de este efecto, conviene recordar que la capacidad de 215 centrales de generación, en México, es de poco más de 54 giga watts), pues el 80 por ciento de los módulos de celdas solares provienen de China. En Indonesia, que atrae a 10 millones de turistas chinos cada año, se podrían perder hasta 4 mil millones de dólares por causa del covid-19.

En el ámbito de los mercados bursátiles, también, han menudeado las malas noticias. El mismo viernes pasado los mercados bursátiles internacionales ya habían completado una semana consecutiva de pérdidas, la peor desde la crisis financiera del año 2008 -el indicador Standard and Poor’s tuvo la caída más acelerada de su historia-, lo que ha significado una pérdida de valor de mercado, en los Estados Unidos, por un equivalente de 6 billones de dólares. Arrastrada por ese fenómeno, en la semana del 24 de febrero al 28, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 8 por ciento.

Aunque no ha sido el único damnificado, en el rally de pérdidas bursátiles, el caso de Apple es el más notorio, dado su peso en ese mercado.

El valor de mercado de Apple superaba, en diciembre de 2019, los 1.3 billones de dólares. Ese monto era superior al Producto Interno Bruto de Suiza, Arabia Saudita, Holanda, Indonesia, o México. Para ese activo, del viernes 21 al lunes 24 de febrero de este año, se percibieron señales negativas que produjeron cuantiosas ventas de sus acciones, lo que hizo bajar su cotización en 4 por ciento. En una semana, Apple ha acumulado pérdidas por un 12.67%. Las causas tienen su origen en tres factores: amodorramiento en la manufactura, aletargamiento en las ventas y, baja en las expectativas de obtención de utilidades.

Se estima que 5 millones de empleos en China dependen de las manufactura de productos de Apple. Las medidas de aislamiento decretadas en diversas poblaciones han impactado negativamente el ritmo de la manufactura. A lo anterior hay que sumar que, esas mismas medidas han tenido efectos negativos en las ventas, dado el cierre de tiendas o la restricción en sus horarios de apertura.

Pero es le disminución de las expectativas de utilidad en la que se ceba, a mi juicio, la pronunciada caída de esas acciones. Me explico. De acuerdo con los resultados de su primer trimestre fiscal 2020, publicados el 28 de enero de 2020, dicha empresa anunció utilidades de poco más de 91 mil millones de dólares, que desde un punto de vista anualizado significaban un incremento del 9 por ciento. El 61 por ciento de esa utilidad está fincada en las ventas internacionales. Con base en esas cifras, anunciaba -para el segundo trimestre del 2020- utilidades estimadas entre 63 mil y 67 mil millones de dólares. La aparición del virus ha puesto en entredicho esas expectativas.

Sin embargo, en términos de manufactura, se trata de una demanda que está latente, misma que puede reactivarse tan pronto se contenga la propagación del coronavirus. Hay que recordar que la situación no es totalmente inédita; hace 18 años, con posterioridad a la presencia del virus del SARS, la economía tuvo una recuperación sorprendentemente rápida.

México es otro exponente destacado de los encadenamientos productivos globales. Por ello, atender a cabalidad y con rigor las medidas de prevención que han emitido las autoridades sanitarias coadyuvarán, sin duda, a atenuar las secuelas en materia de salud, tanto como a la superación de los impactos negativos de la epidemia en las economías nacional y mundial.

Las batallas por el presupuesto Federal

Rodolfo Torres (11/11/2018)

Amor son hechos …

El presidente electo delineó, el pasado fin de semana, los ejes principales del presupuesto federal para el año 2019. Ese presupuesto se presentará, a más tardar, el 15 de diciembre ante la Cámara de Diputados. La fecha límite para su aprobación es el 31 de diciembre de este año. La batalla por el presupuesto ya ha comenzado y, sin duda, se agudizará en la medida en que se desplieguen los restantes instrumentos normativos que buscan hacer viable la reorientación del gasto público.

Las prioridades establecidas por el nuevo gobierno, para el gasto público federal, se enfocan en atemperar los agudos niveles de pobreza e inducir el desarrollo comenzando por el entorno más cercano a la población. En el primer rubro se anuncia el otorgamiento de apoyos económicos a adultos mayores, a personas con discapacidad que se encuentran en niveles de pobreza, a infantes y jóvenes de los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria y universidad. En cuanto a desarrollo, se plantean partidas presupuestales para la reconstrucción (motivada por desastres naturales), el mejoramiento de colonias urbanas marginadas (dotación de agua), el empleo a jóvenes, el apoyo al campo (mediante fertilizantes, empleo y crédito), el mejoramiento o construcción de vías férreas (Istmo de Tehuantepec y Tren Maya), la construcción de una refinería, la mejora de caminos, la ampliación de Internet, y la mejora en la provisión de salud y educación (creación de 100 nuevas universidades públicas). Con independencia de la opinión que se tenga respecto a la pertinencia de esos proyectos, que cabe recordar provienen de sus ofertas de campaña, conviene reflexionar respecto a su viabilidad financiera.

El nuevo gobierno ha anunciado su disposición de mantener los indicadores macroeconómicos bajo estrecho control. En consecuencia, se ha comprometido a no incrementar el déficit fiscal, ni la deuda, ni a establecer nuevos impuestos, ni a acrecentar los actuales. También se ha comprometido a no aumentar, en términos reales, los precios de los energéticos (gasolina, gas y electricidad).

Por otra parte, el presupuesto amanecerá con restricciones considerables. De los casi 5.7 billones de pesos, en que se estima el presupuesto 2019, ya se tienen comprometidos los siguientes rubros: costo financiero de la deuda 725 mil millones, participaciones federales a las entidades 703 mil millones, compromisos de pago por bienes o servicios ya devengados (ADEFAS) 36 mil millones, servicios personales (nóminas y otros gastos de personal) 1 billón 252 mil millones, y pensiones y jubilaciones 928 mil millones de pesos.

A la luz de esas obligaciones: ¿Cómo financiar el costo de los nuevos proyectos? Dos instrumentos normativos (uno ya aprobado y el otro en camino de serlo; antes de la aprobación del presupuesto) aunados, en mi opinión, con el combate a la evasión fiscal, serán las apuestas del nuevo gobierno para obtener los recursos necesarios para sus proyectos.

En el primer caso, la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre pasado), establece que el sueldo de los funcionarios federales no puede ser superior al que perciba el presidente de la República. Esa nueva disposición obliga, en primer lugar, al propio Poder Legislativo a formular y aprobar un presupuesto que garantice su observancia. La aprobación de esa ley ya ha provocado los primeros escarceos de una batalla que se vislumbra prolongada, dados los recursos legales de los echarán mano los involucrados, tanto de quienes están adscritos a algunos de los órganos autónomos como, sobre todo, de quienes integran el Poder Judicial. A pesar de las resistencias, la disminución de recursos a la partida de servicios personales será importante.

Esa disminución se verá robustecida por la aprobación de la denominada Ley de Austeridad Republicana. La iniciativa respectiva fue presentada el 11 de septiembre y ya se procesa actualmente en comisiones legislativas. Se tiene previsto se apruebe el 29 de noviembre próximo; es decir, antes de la aprobación del presupuesto. La puesta en marcha de esa ley también tendrá un impacto importante hacia la baja en el presupuesto, pues contempla: la prohibición de contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación con cargo a recursos públicos, la contención del crecimiento de plazas, la eliminación de escoltas, secretarios privados y asesores de los funcionarios públicos, la limitación en el uso de vehículos, la reducción de propaganda oficial, y la disminución de viajes oficiales al extranjero. Un aspecto destacable es la restricción de fideicomisos que utilizan recursos públicos. Se estima que existen 341 de éstos que manejan recursos por 875 mil millones de pesos y que carecen de una vigilancia cabal.

Esas medidas de contención y reorientación del gasto público tendrán el mayor impacto en la percepción de la población respecto al nuevo gobierno. Es por ello que buscará asegurar la suficiencia de caudales. Pero los recursos que deriven de las medidas de contención referidas podrían no ser suficientes para dar viabilidad a los nuevos proyectos.

Es por ello previsible que, para la formulación del presupuesto, dadas las restricciones ya mencionadas, se tomen acciones adicionales para el fortalecimiento de los ingresos públicos. En particular, es aconsejable que el nuevo gobierno combata la evasión fiscal, que se enmascara en la condonación interesada y discrecional del pago de impuestos. Esa medida tendría, además, la virtud de sanear y fortalecer a la economía en su conjunto.

Gasto para combatir pobreza

Rodolfo Torres (23/12/2018)

Con un ojo al gato y otro al garabato

En el ocaso de este año 2018 la Cámara de Diputados se apresta a aprobar, en ejercicio de sus facultades constitucionales exclusivas, el presupuesto para el año 2019, mismo que plantea una importante reorientación del gasto público a favor de mejorar las condiciones de quienes perciben ingresos que no les permiten acceder a una vida digna.

Nadie debería dudar que las condiciones de miseria en el país son dramáticas. Las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), correspondientes a 2016, nos informan que el 43.6 por ciento de la población mexicana (53.4 millones de personas) viven en estado de pobreza y el 7.6 por ciento (9.4 millones de personas) viven en pobreza extrema.

Es, desde luego, indispensable instrumentar paliativos que, a la par que se diseñan y ponen en marcha soluciones de largo plazo, frenen esa trágica tendencia que disuelve aceleradamente las condiciones mínimas necesarias para una convivencia social afable y cuya dinámica puebla de desesperanza y desolación a todos los miembros de nuestra sociedad.

Pero ¿De dónde obtener recursos para subsanar tan elevada deuda social? Sobre todo, si tomamos en cuenta que sucesivos gobiernos -desde 1985-, se aplicaron, de modo continuo y perseverante, a adelgazar, hasta la anemia, los ingresos gubernamentales. Ya fuese mediante la venta, a precios de ganga, de las empresas del Estado, o mediante la provisión de lánguidos presupuestos a esas empresas cuya venta no pudieron llevar a cabo (como PEMEX y la CFE), postrándolas en un estado de chatarrización. Si a lo anterior agregamos el prolongado aplazamiento de reformas fiscales que propiciarían finanzas públicas sanas, resulta un panorama sombrío. Baste señalar que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los ingresos tributarios en Francia representaron alrededor de 45 por ciento, en Chile el 20 por ciento, mientras que en México apenas ronda el 15 por ciento. La Ley de Ingresos, aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores, prevé que los ingresos (estimados en 5 billones 838 mil 59 millones de pesos, que financiarán el gasto público) provendrán, principalmente, de los siguientes rubros: el impuesto sobre la renta aportará el 30 por ciento; el IVA el 17 por ciento; el IEPS el 7.5; las cuotas de seguridad social el 5.9; PEMEX el 8.98; la CFE el 7.16; del Fondo petrolero vendrá el 8.92 y de deuda interna el 8.31.

Si el compromiso del nuevo gobierno es no aumentar impuestos, ni crear nuevos impuestos, no hay duda de que el reforzamiento de sus ingresos fiscales se sostendrá en una reforzada vigilancia del cumplimiento del pago de impuestos, de la ampliación del número de quienes deben pagarlos, y de la cancelación del festín de devoluciones discrecionales de impuestos.

Por otra parte, si bien es cierto que, de acuerdo con estimaciones, la corrupción le cuesta anualmente al país hasta un 10 por ciento de su producto interno bruto (que al tercer trimestre del 2018 fue de 18 billones 610 mil 326 millones de pesos), su recuperación inmediata es incierta (si sólo se recuperase el 10 por ciento de las pérdidas se tendrían ingresos adicionales por más de 180 mil millones de pesos), pues la corrupción es un mecanismo perverso incrustado en la médula de múltiples procesos económicos y políticos. Será, desde luego, un factor favorable, el compromiso presidencial, y de su gobierno, de combatir en todos los frentes y de manera prioritaria esa calamidad, pero su combate a largo plazo requiere, además de postulados éticos, un replanteamiento profundo de nuestras estructuras y relaciones políticas y económicas.

Por último, algunas de las fórmulas que se han propuesto para superar la lacerante pobreza, apelan al mérito y al esfuerzo personales. Sin embargo, esa ruta, cómo única vía, parece infértil si se consideran los datos que aporta el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz quien, en su libro El Precio de la Desigualdad, cuestiona severamente los postulados de la meritocracia y la teoría del esfuerzo personal, al señalar que el 90 por ciento de los que nacen pobres mueren pobres, mientras que el 90 por ciento de los que nacen ricos mueren ricos, sin importar los actos que realicen para alterar esa condición. De acuerdo con reportes del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, en México, 7 de cada 10 personas que nacen en situación de pobreza se quedan así toda su vida. Por su parte, el Banco Mundial ha señalado que la población con menores ingresos tiene escasas probabilidades de mejorar su calidad de vida, a pesar de contar con estudios.

En el combate a la pobreza se han ensayado diversos mecanismos que, hasta ahora, no han tenido éxito y en los que han estado presentes elevadas dosis de corrupción. A la par de los indispensables paliativos es urgente diseñar y poner en práctica mecanismos que aspiren a transformar de raíz esa situación. Es decir, a desterrar, en definitiva, de nuestro modelo de desarrollo, las condicionantes que propician que nuestro país se convierta en una fábrica de pobreza, no sólo económica, sino también humana.

En TLC, con Trump, riesgo de perder-perder

Rodolfo Torres (15/10/2017)

La imprudencia suele preceder a la calamidad. Apiano

La renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos (EU) y México vive ahora, en su cuarta ronda, momentos cruciales.  La promesa de campaña de Donald Trump de darle la vuelta a ese tratado, es la causa de sus amenazas de rompimiento si los resultados de la negociación no le satisfacen. Aunque una eventual rotura del TLC afectaría a nuestro país, diversas cifras indican que ninguna de las partes resultaría indemne.

Nuestra economía depende en más de un 68% del comercio exterior, y de ese monto casi el 64% depende del intercambio comercial con los EU. Desde la firma del TLC (en 1994), nuestro intercambio comercial se ha multiplicado por casi 6 veces (a 2015).

Conviene recordar que, bajo el TLC, los 3 países no hacen pago alguno de impuestos por la mayoría de los bienes que cruzan su frontera común. Si el TLC se quebrase, habría que pagar impuestos por el intercambio de diversos bienes. Pero ese incremento afectaría a todas las partes. Para algunos bienes alcanzaría hasta 150% de aumento. En ausencia del TLC los intercambios ocurrirían bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Bajo esa hipótesis, los EU afrontarían incrementos, por la exportación de sus productos, de, por ejemplo, 25% en carne y de 75% en pollo y papas. En cambio, los bienes que México exporta tendrían un incremento promedio del 3.5%. Esos incrementos los pagarían, a final de cuentas, los consumidores; en mayor medida los estadounidenses.

Desde el punto de vista fronterizo la afectación también sería mayor para aquel país. A través de nuestra frontera norte se comercializa un millón de dólares cada minuto, mil millones de dólares por día. El 70% del total de comercio exterior entre México y los EU se lleva a cabo por esa frontera común.

Como sabemos, a ambos lados de nuestra frontera norte hay 10 estados: cuatro del lado norteamericano (Texas, Nuevo México, Arizona y California) y seis del lado mexicano (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California). La población en esas 10 entidades es cercana a los 100 millones de habitantes (78 del lado norteamericano y casi 22 del lado mexicano).

Desde el punto de vista económico, sus 4 entidades fronterizas le aportan a los EU el 25% de su producto interno bruto (destacadamente California y Texas con el 14.1 y el 8.8 porciento). A México, sus 6 entidades fronterizas le proveen del 23%. La zona fronteriza es, por sí misma, la cuarta economía regional más importante del mundo.

Por otra parte, México ocupa el primero y segundo lugar como mercado de exportación para 21 estados de la Unión Americana, desde Colorado a Ohio. Como puede verse, la eventual conclusión del TLC, afectaría fuertemente a esos estados, aunque en mayor medida a California y Texas, que ocupan el primero y segundo lugar en la economía de ese país.

A lo anterior hay que sumar que las cadenas productivas entre México y los EU, en particular en las industrias automotriz, aeronáutica y electrónica, están fuertemente arraigadas (destacan los casos de Ford y Boeing). Esos encadenamientos hacen posible que las importaciones que hace Estados Unidos de México tengan un 40% de contenido norteamericano. Además, esos enlaces productivos hacen viable alcanzar precios que los vuelven competitivos con los que ofrecen otras regiones del mundo. Un rompimiento, incrementaría los precios de esos productos en detrimento de la competitividad.

En términos geopolíticos, la firma del TLC trajo consigo nuestra reubicación en el mapa mundial. Desde nuestra localización Centroamericana nos trasladamos a la región de América del Norte. Con ello, las fronteras de ese nuevo espacio comercial (y su seguridad regional), se ubicaron en las fronteras de Canadá y México. De ahí que la frontera sur de México se convirtiera, paulatinamente, en un filtro clave para quienes, desde Centro y Sudamérica, desean llegar a los EU. Ello explica también, en algún grado, nuestro giro diplomático más proclive ahora a privilegiar nuestra relación con la América del Norte que nuestra añeja actuación en el espacio Latinoamericano.

Pero nuestro eventual alejamiento del mercado común norteamericano también tendría implicaciones para el entramado de seguridad nacional de los EU. Un eventual rompimiento de nuestro tratado comercial, obligaría a ese país a focalizar su interés en su línea divisoria sur, pues se convertiría en su última frontera. Al hacerlo, distraería su atención de otras latitudes. Bajo cualquier escenario, es más conveniente para los EU tener acuerdos de colaboración con México en aras de fortalecer su seguridad nacional.

Por último, no hay que olvidar que México ha signado diversos acuerdos de Libre Comercio con Europa y con Asia. Un eventual rompimiento del TLC haría más atractivos nuestros intercambios con esas regiones del mundo.

En la mesa de negociación, Trump no sólo deberá afrontar los planteamientos de sus contrapartes, deberá, además, sobreponerse a la constatación, de cada vez más amplios sectores norteamericanos, de su incapacidad para cumplir con sus promesas (así lo muestran las fallidas reformas en migración, salud, e impuestos, para las que ahora lanza medidas ejecutivas que sólo derruyen acuerdos previos), y a la cada vez más extendida apreciación de que su habilidad como negociador está muy alejada de sus alardes. En suma, a la percepción de que se ha vuelto un riesgo para la economía y la seguridad de su país.

Retos de la economía global para el 2019

Rodolfo Torres (06/01/2019)

Desear lo mejor, recelar lo peor y tomar lo que viniere. Eugène Delacroix

En apego a una añeja tradición, el fin de un año y el principio de uno nuevo son ocasión propicia para manifestar buenos deseos, buenas intenciones y buenos propósitos. Los primeros parecen someterse plenamente a los azares de la fortuna. Los segundos parten de una inclinación personal benevolente pero que se sabe sujeta a los avatares del destino. Los últimos, otorgan mayor peso a nuestra voluntad, a nuestras capacidades y empeños; no ya sólo a los designios de alguna diosa de la fortuna. Pero, en todo caso, en éstos también, deben tomarse en cuenta los factores externos pues actúan, a veces de modo determinante, en la cristalización de nuestras expectativas.

En materia financiera, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima, en sus criterios generales de política económica para el 2019, un crecimiento real de nuestro producto interno bruto en un rango del 1.5 al 2.5 por ciento (el Banco de México estima ese crecimiento en un 1.89 por ciento). Dada la profunda articulación de nuestra economía con la de los Estados Unidos (EU), no es de extrañar que uno de los referentes en los que se sostiene esa estimación sea, a su vez, la estimación de crecimiento de esa variable para ese país; que la SHCP pondera en 2.6 y el Banxico en 2.44. En este caso, la estimación de nuestro crecimiento para 2019, va más allá de un cúmulo de buenos deseos o intenciones pues tiene como sustento rigurosos análisis económicos a cargo de ambas instituciones. Sin embargo, más allá de la precisión de las estimaciones, el factor externo jugará un papel sumamente relevante en el cumplimiento de esas expectativas, y no sólo respecto del desempeño de los EU sino del comportamiento de la economía mundial en su conjunto. Y es en ese ámbito que las perspectivas no parecen, por el momento, ser halagüeñas.

Una de las causas principales que proyectan un panorama sombrío son las políticas económicas de la administración de Donald Trump que fomentan la contracción de la economía mundial.

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, desde principios del año 2018, se observó un enfriamiento en la confianza acerca de las expectativas económicas mundiales que se expresó por la caída pronunciada de los indicadores de producción industrial, de manufactura y de volumen de comercio internacional.

Ello fue motivado, principalmente, por las tensiones comerciales entre los EU y China surgidas por la imposición de tarifas al acero y al aluminio, como parte de una estrategia de los EU por nivelar a su favor su balance comercial.

Donald Trump impulsó una reducción de impuestos que estimuló la demanda, pero acrecentó los temores de la Reserva Federal de aquel país en cuanto que pudiera producirse un sobrecalentamiento de su economía. Lo anterior, aunado a la intención de esa autoridad de normalizar los mercados financieros (trastocados desde la última crisis mundial, aún no superada) le condujeron a incrementar las tasas de interés de los bonos del tesoro.

Ese incremento en las tasas de interés ha tenido dos consecuencias de elevada magnitud. Por un lado, ha fortalecido al dólar frente a otras monedas, lo que a su vez ha ocasionado que los denominados países de economías emergentes, entre ellos México, vean acrecentados sus costos de endeudamiento y que, dado su peso en la economía internacional, retroalimenten la turbulencia de la economía global.

Por otro lado, el aumento de las tasas de interés, aunado a las tensiones comerciales, ha provocado una continua y aguda caída de los mercados accionarios estadounidenses (y de varias bolsas en el mundo). Por ejemplo, el indicador Standard and Poor’s 500 (S&P 500), que es el principal indicador accionario en los Estados Unidos, ha perdido en un año el 7.85 por ciento de su valor, mientras que el indicador Dow Jones perdió, en el mismo lapso, el 7.32 por ciento.

Pero el mayor desafío en el entorno consiste en la incertidumbre respecto del rumbo que tomará la economía del mundo a la luz de la desaceleración de la economía alemana, de la crisis social en Francia, del Brexit, y de la guerra comercial de los Estados Unidos con China.

Todos esos fenómenos tendrán un impacto desfavorable en la economía mundial e, inevitablemente, en las expectativas de crecimiento de nuestra economía. Las autoridades financiera y hacendaria en México harían bien en estar preparadas y en alerta permanente para actuar de modo oportuno frente a los riesgos que se vislumbran en el frente exterior.

Ante calificación de S&P, fortalecimiento de PEMEX

Rodolfo Torres (03/03/2019)

Para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud. Publio Siro

Las agencias calificadoras de riesgo proveen a los inversionistas de información que les permite estimar si los emisores de bonos, o de otros instrumentos de deuda (o de acciones) tienen capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago. Para la expedición de sus calificaciones, esas agencias llevan a cabo un análisis exhaustivo, que aspira a ser objetivo e independiente, y que evalúa a las empresas y gobiernos que generan esos instrumentos.

Los aspectos que valoran esas agencias, en el caso de la denominada deuda soberana, que es la que emiten los países, son: condiciones económicas, volumen de inversión pública y privada, transparencia del mercado de capitales, reservas monetarias, estabilidad política, y estabilidad económica durante transiciones políticas. La calificación que se otorgue a la deuda soberana determina, a su vez, la calificación crediticia que se concederá a las empresas del país respectivo. El resultado de esas evaluaciones condiciona los niveles de riesgo a los que podrían estar sujetos los potenciales inversionistas. En consecuencia, esas mediciones determinan, en buena medida, el flujo y costo de los recursos financieros.

De modo tal que, una baja calificación crediticia encarecería el acceso a recursos frescos de endeudamiento para el financiamiento de nuevos proyectos y, en consecuencia, reduciría las expectativas de crecimiento económico. Para quienes ya tienen una deuda contraída, una mala calificación crediticia elevaría los intereses que se deben pagar, con el consecuente debilitamiento de su potencial económico. De ahí la importancia de las calificaciones que otorguen esas agencias para la salud económica de un país o de una empresa. También debe señalarse que esas agencias han estado bajo la aguda crítica y el escrutinio severo de las autoridades reguladoras norteamericanas, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC), sobre todo a partir de la crisis económica global de 2007 y 2008, debido a la convicción de que sus calificaciones fueron descuidadas y benevolentes, y fueron factor importante para conducir al quebranto a miles de inversionistas. Al extremo de que esas agencias pueden ser demandadas por evaluaciones negligentes o impropias que causen daño a un inversor. De ahí que, actualmente, sus evaluaciones sean más cautelosas (es decir, con tendencia a sobrestimar los riesgos).

Las principales agencias calificadoras, a nivel mundial, son: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y Standard & Poor’s (S&P).

En el caso más reciente, la calificadora S&P, aunque mantuvo vigente la calificación crediticia de la deuda soberana de México (en BBB+), advirtió que en el lapso de un año esa calificación podría, si no se corrigen sus causas, bajar dos escalones (a BBB-). Esa advertencia debe ser tomada seriamente en cuenta, aunque la baja de la calificación no se haya materializado aún.

La perspectiva negativa que percibe S&P se basa en la conjunción potencial de dos factores: un crecimiento en el volumen de deuda y la previsión de un bajo crecimiento económico, lo que puede conducir a erosionar la calificación de la deuda soberana de México. El segundo de los factores, el del crecimiento económico, tiene una elevada complejidad para su solución, pues depende de factores internos y externos. En el frente interno, los saldos de la semana que concluye han sido particularmente positivos dados los compromisos acordados con los empresarios, en cuanto a metas de crecimiento económico (4 por ciento), abatimiento de la pobreza extrema y combate a la corrupción. En el frente externo la amenaza de una recesión global está presente. La desaceleración de la economía alemana (la primera economía europea) y de Italia (tercera economía de esa región), aunado a la aún no resuelta disputa por el Brexit, el bajo crecimiento de China y la incertidumbre respecto de si la economía norteamericana podrá recuperar, bajo su nueva política aislacionista, su papel en la economía mundial, conforman un escenario incierto respecto del crecimiento económico internacional, no sólo de México.

El primer factor, y quizá el más importante en el análisis de S&P, tiene que ver con su argumento respecto del cambio en políticas públicas del gobierno de México en el sector energético. Cabe señalar que PEMEX padece una añeja debilidad financiera que tiene su origen en políticas gubernamentales que, intencionalmente y por décadas, han erosionado a esa empresa del Estado. Que la condujeron no sólo a adeudos que la asfixian, que se cifran en la friolera de 105 mil 800 millones de dólares, sino que han minado sus activos, llámense instalaciones o producción y reservas de hidrocarburos.

A ese respecto, el 15 de febrero el gobierno anunció un plan de apoyo para PEMEX que consiste en una inyección de recursos por 107 mil millones de pesos en 2019. La medida más importante es un incentivo fiscal de 15 mil millones de pesos. Aunque esas medidas son relevantes, S&P asume que se materializará ese apoyo gubernamental a PEMEX y que, dado el incremento de esa deuda contingente, se afectará la calificación de la deuda soberana de México.

Es por ello urgente actualizar el Plan de Negocios de PEMEX, emitido en 2016, para que exprese de manera nítida que esa empresa productiva del Estado tendrá las capacidades suficientes para, con base en planes y programas que incrementen su eficiencia operativa, con medidas inmediatas que fortalezcan sus activos y alivien su deuda, garantizar por sí misma, aunque con el aval del gobierno, el cumplimiento de todos sus compromisos financieros.

Comisión Reguladora de Energía ¿Por qué es importante para el país?

Rodolfo Torres (31/03/2019)

Cuando el río suena …

El Senado de la República se encuentra en proceso de designación de cuatro vacantes en el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Para que ésta quede debidamente integrada, se ha suscitado un encendido debate entre las fuerzas políticas, en el que ha estado ausente el juicio razonado, se ha abusado del histrionismo y la falta de reflexión ha conducido al absurdo; se ha accedido al extremo de sustituir el argumento por la ofensa personal a los aspirantes.

Recordemos que la reforma energética de 2013-2014 modificó el párrafo octavo de la Constitución para reformular tanto la CRE como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). A partir de ahí, el debate público ha ocurrido en medio de una confusión respecto al grado de autonomía del que goza la CRE.

La reforma constitucional señala que ambos órganos reguladores son dependientes del Poder Ejecutivo Federal. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), publicada el 11 agosto de 2014, en su artículo 2, reitera que la CRE es una dependencia del Poder Ejecutivo. En consecuencia, dice el artículo 4, el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de la CRE y de la CNH.

Es interesante observar, además, que, si bien es cierto que en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la reforma constitucional se otorga a la CRE autonomía técnica, operativa y de gestión, también le obliga a coordinarse con la Secretaría de Energía para que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal.

En suma, la CRE tiene una autonomía que está claramente acotada en términos orgánicos y funcionales.

Para la integración del órgano de gobierno de la CRE existen responsabilidades compartidas entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, por conducto de la Cámara de Senadores, sin embargo, de acuerdo con la ley, la decisión del Ejecutivo Federal en esa materia es predominante. La ley establece que el presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. En caso de que la Cámara rechace la totalidad de la terna propuesta el presidente someterá una nueva. Si esta segunda terna también fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente.

Uno de los temas ardientes del debate se refiere al perfil que deben cumplir los aspirantes a comisionados, a ese respecto la ley es minimalista. A diferencia de otros procesos de designación de integrantes de órganos directivos de otros entes autónomos, por ejemplo, el de consejeros del Instituto Nacional Electoral, en  que la ley respectiva prevé extendidos procesos de evaluación (ensayo, examen y entrevista), en el caso de la CRE sólo se exige el cumplimiento de 6 requisitos: ser mexicano en pleno goce de derechos; gozar de buena reputación y no haber sido condenado  por delito que amerite prisión; poseer título profesional en disciplinas que se vinculen con las actividades del sector energético; haberse desempeñado en forma destacada  durante al menos 5 años en materias afines a la CRE; no haber sido secretario, subsecretario, procurador, senador, diputado federal o local, gobernador  o jefe de gobierno, durante el año previo a su nombramiento; y no haber ocupado, en el año previo, ningún cargo directivo en empresas sujetas a regulación por la CRE. Como puede verse, tres de los requisitos pueden verificarse mediante cotejo de documentos, dos de ellos por la suscripción de cartas de protesta de decir verdad y uno (el de desempeño destacado) se encuentra sujeto a la perspectiva subjetiva del evaluador.

La relevancia de la CRE se entiende mejor si se observa su abultado cúmulo de atribuciones y, en consecuencia, su papel preponderante en la regulación del mercado energético. De las decisiones de la CRE depende, en gran medida, la creación, vigencia y relevancia de los actores en ese gigante mercado energético. De conformidad con el Artículo 41, la CRE regula las siguientes actividades: transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos (léase gasolinas) y petroquímicos; transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos; a ello se suman: la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. Si a lo anterior agregamos lo dispuesto en el artículo 22 de la ley que establece la facultad de la CRE de: imponer sanciones respecto de actos u omisiones, otorgar permisos y autorizaciones en la materia regulada y actuar como mediador o árbitro en la solución de controversias, tenemos un claro panorama de la influencia decisiva de la CRE.

A fin de cuentas, y una vez que se asiente la polvareda, lo que esperamos es que la CRE atienda su finalidad última de propiciar una adecuada cobertura nacional y atienda a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, todo ello haciendo prevalecer el interés general por encima de los intereses individuales o de grupo. Sin duda, dado el colosal caudal de recursos e interés público involucrados en el mercado energético es evidente que lo que es indispensable garantizar es el comportamiento ético de sus comisionados.