Neoliberalismo y Democracia

Rodolfo Torres (26/04/2020)

El obligado #QuédateEnCasa nos brinda la ocasión propicia para ocuparnos en la lectura. Desde 1995 el entonces IFE inauguró la publicación de su colección denominada “Conferencias Magistrales”. El volumen 28 tiene como título: “Senderos que se bifurcan. Reflexiones sobre neoliberalismo y democracia” cuyo autor es Fernando Escalante, profesor del Colegio de México. El texto es relevante no sólo porque se ocupa del análisis de uno de los temas sustantivos de nuestro tiempo, sino porque lo aborda con seriedad y lo expone con sencillez. Recomiendo ampliamente su lectura y ofrezco un resumen de algunos aspectos principales. Dada la eventual injusticia que pudiera cometer con este resumen, invito al lector a descargarlo gratuitamente desde la página web del INE en esta liga.

Escalante comienza por advertir que no hay un único liberalismo, sino varios, que obedecen a circunstancias históricas distintas. En sus inicios el liberalismo tenía como preocupación fundamental la limitación del poder del Estado. Este enfoque mira con profunda desconfianza a la democracia. Es de este tipo de liberalismo del que abreva el neoliberalismo. Otra tradición liberal tiene como interés principal favorecer la libertad individual que está amenazada, o limitada, no sólo por el poder político sino por otras formas de poder social: iglesia, gremios, o familia. Este último, es un liberalismo que necesita del Estado para combatir la autoridad de esas otras formas de poder, pero que, a la vez, busca imponer controles al poder del Estado, por la vía de normas legislativas. Es esta segunda tradición liberal la que entronca con la tradición democrática de las libertades políticas y de los los derechos civiles, y que, se puede decir, se ubica en las antípodas del neoliberalimo.

Escalante, advierte que aunque el neoliberalismo no tiene un programa cerrado, ni una doctrina única, su origen se remonta a fines de agosto de 1938, fecha en la que se llevó a cabo el Coloquio Lippman, en París. El coloquio tenía como telón de fondo la tensión constante entre liberalismo y democracia. Los asistentes coincidieron en que el liberalismo que se quería retomar era el que limitaba el poder del Estado. Aún más, dado que el mercado era la respuesta a múltiples dilemas, el Estado debía tener un un papel activo en su defensa y ampliación. De ahí la premisa del libre juego de los precios.

Se definieron tres principios básicos del programa neoliberal: 1) Promover un Estado fuerte que se ocupara de proteger al mercado; 2) Dar prioridad a las libertades económicas, por encima de las libertades políticas y; 3) Contrarrestar la tendencia  hacia la expansión de lo público: bienes públicos, servicios públicos, empresas públicas, es decir, favorecer su privatización. A ese programa le denominaron neoliberalismo. En el coloquio reinó el tono despectivo hacia la soberanía popular -dada la ignorancia de las masas, siempre resentidas, manipuladas, sometidas. También hacia la democracia que, como sugería Aristóteles, desemboca fatalmente en la demagogia. Por ello, había que poner un límite a la soberanía popular para proteger la propiedad, el mercado y el mecanismo de los precios. Para proteger al mercado, era necesario poner la libertades económicas más allá de la política, fuera del alcance de las mayorías.

El programa no pudo instrumentarse de inmediato debido a la inminencia de la segunda guerra mundial y, posteriormente, a causa a las tareas de reconstrucción. Durante tres décadas de posguerra no hubo espacio para el neoliberalismo. La situación cambió, no obstante, a partir de la crisis petrolera, el fin del patrón dólar y la estanflación de mediados de los setentas del siglo pasado. Crisis que en 1973, advertía James O’Connor, se debía a que la economía capitalista depende de la socialización de los costos y la privatización de las ganancias. Pero, para entonces, el neoliberalismo ya había elaborado un programa económico completo que ofrecía alternativas a la crisis y que descansaba en la privatización. Para el neoliberalismo todo es, o puede ser, mercancía, incluso la educación y la salud. Esa mirada se impuso desde los años setenta. Todo ello se ha traducido en una transformación cultural que, cuando se trata de servicios públicos, se habla de clientes, satisfacción, calidad; cuando se piense al Estado, se entiende empresa. Conviene, se argumenta, sustituir las formas políticas por formas empresariales basadas en criterios objetivos de rentabilidad, de productividad, de eficiencia. Adoptar soluciones técnicas y delegarlas en empresas privadas para proteger al Estado, ponerlo a salvo de la democracia, fuera del alcance de la mayoría. Poner límites a la democracia para proteger las libertades económicas.

En el eje del programa neoliberal hay una crítica a la democracia porque ésta pone en riesgo la libertad del mercado. La soberanía popular es peligrosa porque tiende a la destrucción del mercado. La democracia es peligrosa, dice el neoliberalismo, porque significa la tentación permanente de pedir al Estado que intervenga en la economía. Por ello , sostiene, son ilegítimas las ideas de interés público, bien común, justicia social, soberanía popular y voluntad general, pues, se dice, son figuras retóricas que se emplean para enmascarar la verdadera naturaleza de la política. En la década de los ochenta, mediante las condiciones de endeudamiento impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el modelo neoliberal se generalizó en el planeta.

Concluye Escalante: El funcionamiento de la democracia, incluso su legitimidad como régimen, depende de que pueda pensarse como una comunidad política, con un interés compartido.

Plan Marshall para la región del T-MEC

Rodolfo Torres (12/04/2020)

El efecto del covid-19 para las economías del mundo empieza a revelar su severidad. Aunque con impacto diferenciado, no hay país en el planeta que escape a sus consecuencias. Los gobiernos de cada país han anunciado medidas que, en formas diversas, buscan atenuar sus repercusiones. Sin duda, la extensión y gravedad de la situación ameritará acciones de carácter nacional, regional y global.

En el ámbito nacional, el gobierno de México ha privilegiado las acciones orientadas a proteger la salud y a la contención de las amenazas de pobreza para amplios segmentos de la población. En ese sentido avanzan las medidas que anunció el Presidente de México el pasado 5 de abril: el pago anticipado de la pensión para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para estudiantes de todos los niveles escolares; el impulso al empleo y a la producción mediante programas de apoyo a sembradores de parcelas y árboles, a jóvenes aprendices, a pescadores, a productores de caña y café; y la construcción de escuelas, de caminos rurales, de infraestructura hidráulica y de vivienda. Esos programas, se estima, alcanzarán a 22 millones de mexicanos. En la medida en que esas acciones mantienen y fortalecen el consumo local tienden a preservar el tejido microeconómico, que representa una proporción importante de la economía nacional.

Por su parte, el pasado 7 de abril el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer un conjunto de propuestas para enfrentar la contingencia económica producida por el covid-19. Propuso un plan que debería ser suscrito por el gobierno, los empresarios, los trabajadores y el sector social. Entre las medidas planteadas se encuentran: diferir el pago de contribuciones a la seguridad social; dar garantías (es decir que el gobierno sea el aval) a créditos mediante la banca de desarrollo en un programa por 100 mil millones de pesos; utilizar el programa de garantías para las empresas solventes con problemas de liquidez; diferir pago de impuestos sin cargo de intereses; operar una compensación universal para todo el año y establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020. Con excepción de este último punto, que fue respondido positivamente, el CCE considera que el gobierno cerró la puerta a sus propuestas.

Más allá del potencial impacto negativo que pudiera tener un eventual aplazamiento en el pago de impuestos y en las aportaciones a la seguridad social tanto para los indicadores de déficit público como para el perfil y monto de nuestras deudas públicas externa e interna, es un hecho que cualquier aporte económico gubernamental se quedaría corto frente a la colosal magnitud de esos requerimientos (sobre todo, de hacerse efectivos los avales que se brinden). Y ello se debe a que, desde 1985, se apostó por el empequeñecimiento del gobierno, por la preservación de un régimen impositivo de baja capacidad recaudatoria, por el endeudamiento creciente y por el quebranto de las empresas del Estado. En suma, se optó por reducir el acopio y disponibilidad de recursos públicos.

A nivel nacional, cabe esperar que durante el mes de mayo, o tan pronto se anuncie la reducción gradual del estado de confinamiento actual, y una vez que se haya valorado el impacto de la emergencia sanitaria en las finanzas públicas, se den a conocer apoyos adicionales a los ya anunciados para un millón de microempreas por un total de 25 mil millones de pesos.

Por otra parte, no debemos perder de vista que, en la región que abarca el T-MEC, se han construido encadenamientos productivos transfronterizos que son, junto con la amplitud de su mercado, los que sustentan su elevada capacidad económica. La crisis producida por el covid-19 ha puesto en jaque a esos encadenamientos y, en consecuencia, a las empresas que en México forman parte de ellos. Cabe recordar que nuestra economía depende, en una elevadísima proporción, de esos intercambios. Por lo que su afectación prolongada pondría en riesgo millones de empleos en los tres países. De ahí la urgencia de establecer acuerdos de apoyo económico regional, equivalentes al Plan Marshall cuya ejecución, después de la segunda guerra mundial, impidió poner en riesgo la viabiliadad de ningún país y favoreció la creación de mecanismos de recuperación coordinada y expedita. Para el espacio del T-MEC y, por supuesto, tan pronto lo permita la contingencia de salud, deben ejecutarse acuerdos equivalentes para hacerse cargo de los vínculos de la región México, Estados Unidos y Canadá; pero también con otras regiones del mundo. Por ejemplo, con China, que suministra una importante proporción de componentes a esas cadenas productivas, o Alemania, Japón, o Corea del Sur, en tanto poseedoras de las matrices más importantes de empresas automotrices y de tecnología. Nuestra diplomacia ha dado ya sobradas muestras de su capacidad para emprender con éxito iniciativas de este tipo.

Ese esfuerzo regional se torna aún más urgente a la luz de la parálisis de los organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que más allá del anuncio de montos que se antojan escasos -el FMI anunció la disponibilidad de apenas la mitad de los recursos de recuperación que el gobierno de Trump aprobó sólo para su país-, no han anunciado programas específicos acordes a la gravedad de la situación.

La magnitud del desafío ameritará, además, de un esfuerzo social de magnitud nunca antes vista en tiempos de paz. Debemos estar preparados para ello.

La salud es pública

Rodolfo Torres (29/03/2020)

La pandemia del Coronavirus nos enfrenta a escenarios inéditos que, además de a la salud física de los individuos y las comunidades, atañen a la salud económica y financiera de los países. El pasado 26 de marzo se llevó a cabo una teleconferencia de líderes de las principales economías del mundo, agrupadas en el denominado G20, que tuvo como tema central la ejecución de acciones coordinadas para proteger la vida de las personas y salvaguardar la economía mundial. Como se sabe, el G20 es un foro internacional que agrupa a gobiernos y bancos centrales de 19 paises, más la Unión Europea, que fue fundado en el año de 1999 con el objetivo de promover la estabilidad financiera. México pertenece a esa agrupación.

En dicha reunión el presidente de México sostuvo que, frente a ese reto colosal, debe reconocerse y fortalecerse la participación de la familia pues, a lo largo de la historia, ha sido ésta la principal institución de seguridad social. Que para atenuar el impacto económico en la población, debe darse preferencia a los pobres, a las micro empresas, y a quienes viven en la economía informal. Finalmente, hizo un llamado para que la ONU intervenga para garantizar el acceso a medicamentos y equipos que, por ahora, son acaparados por quienes tienen mas recursos económicos; para que las grandes potencias pacten una tregua que evite la imposición de políticas arancelarias unilaterales; y para que se fortalezca el trabajo coordinado a fin de estabilizar los mercados financieros.

En esa reunión, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva declaró que se prevé una contracción del producto mundial en 2020 y una recuperación en 2021. Aunque aún se desconoce la profundidad de la contracción y la rapidez de la recuperación pues, señaló, dependerá de la velocidad de contención de la pandemia y de la solidez y coordinación de las medidas de política monetaria y fiscal. Señaló que las economías de los mercados emergentes y en desarrollo son particularmente vulnerables por la combinación de crisis de salud, interrupción repentina de la economía mundial, fuga de capitales (desde el inicio de la crisis, los inversionistas ya han retirado 83 mil millones de dólares de los mercados emergentes) y por la caída brusca de los precios de las materias primas (el petróleo entre ellas).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), al evaluar el impacto del confinamiento completo en diversos países, para México, Alemania, España y Suecia estima un descenso potencial de la actividad en un 29%. Según su estimación, el PIB de una semana es aproximadamente el 2 por ciento de de todo el año. Calcula que por cada mes de confinamiento las economías sufrirán una pérdida de dos puntos del producto interno bruto.

Sabemos que para evitar la propagación del contagio es indispensable el aislamiento de la población. También somos concientes de que son inevitables los perjuicios económicos que ello trae consigo. Corresponde a nuestras autoridades sanitarias determinar, con la mayor precisión posible que permita lo inédito e incierto de nuestro momento actual, la duración del aislamiento que, iniciado parcialmente hace varios días, ahora requiere reforzamiento. El confinamiento es crucial, no hay dudas, para aminorar afectaciones a la salud y reducir los consecuencias funestas para las personas y para la economía.  

Sabemos que no todos pueden aislarse. Quienes se ocupan en actividades que hacen posible la subsistencia de la población: alimentación, agua, energía, salud, seguridad, limpieza, entre otras, no pueden ni deben hacerlo. Tampoco pueden hacerlo, por desgracia, quienes viven al día. Pero quienes sí podemos, estamos obligados a ello; no es opcional.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, con corte al 28 de marzo de 2020, en el mundo se habían presentado 571 mil 678 casos y 26 mil 495 muertes. Por país, el mayor número de casos ha ocurido en Italia con 86 mil 498 casos, le siguen los Estados Unidos con 85 mil 228 casos. En el lugar 25 está Dinamarca con 2 mil 46 casos. En esa lista de 25 países no aparece México, en donde, hasta el viernes pasado, se contabilizaban 717 casos y 12 fallecimientos. Lo que muestra el ejercicio comparativo es que, en nuestros país, se ha mantenido hasta hoy una relativa contención. Desde luego, lejos de que este delimitado freno al progreso exponencial de la enfermedad pudiera hacernos bajar la guardia, constituye una razón adicional para mantenernos en la observancia cabal de las disposiciones que emiten nuestras autoridades sanitarias. Con ello es previsible, todavía, la posibilidad de achatar la curva de incidencias y evitar el colapso del sistema sanitario que haría inmanejable la concurrencia de un número muy elevado de casos y provocaría, irremediablemente, más víctimas fatales.

Somos conscientes ahora, más que nunca, de que nuestra salud personal depende de la salud de los otros; si los otros se enferman es más probable que nosotros también sucumbiremos. Porque la salud o es pública o no lo es.

México cuenta con recursos para atenuar el daño económico del Coronavirus

Rodolfo Torres (15/03/2020)

La alta capacidad de contagio del virus Covid-19 ha motivado que en diversos países y regiones del mundo se hayan impuesto medidas orientadas a detener su expansión. En atención al número de casos presentados, las medidas oscilan entre la restricción de la movilidad de las personas, hasta en su aislamiento. Los efectos económicos de esas medidas son inevitables: la reducción del consumo de combustibles ha castigado el precio del petróleo, y se ha mermado el turismo; ambos factores han tenido consecuencias desfavorables para la disponibilidad de divisas y para el tipo de cambio. Es por ello que diversos organismos económicos internacionales han reducido las expectativas de crecimiento económico en todo el mundo y han pronosticado saldos dañinos por venir. Nuestro país cuenta con instrumentos de política económica, de tipo cambiario y financiero, para atenuar esos efectos nocivos. Lo que, aunado a la reciente aprobación por parte de Canadá del tratado comercial,T-MEC, dotan a nuestro país de una mayor estabilidad económica y financiera frente a la actual calamidad sanitaria.

Las severas crisis económicas que padeció nuestro país en los 80s y 90s, cuyas consecuencias aún resentimos (por vía, por ejemplo, del Fobaproa), motivaron la instrumentación de medidas económicas de contención frente a esos elevados riesgos puntuales, además de los sistémicos. Es por ello que ahora contamos con: elevadas reservas monetarias (que, de acuerdo con datos de Banco de México (Banxico), al 6 de marzo del presente año, alcanzaron los 185 mil 570 millones de dólares); abultadas líneas de crédito con disponibilidad inmediata (en noviembre de 2019 México renovó una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por un plazo de dos años por un monto de 61 mil millones de dólares); un Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por un monto de 260 mil 185 millones de pesos (a septiembre de 2019); además de coberturas cambiarias y petroleras, entre otras.

Como sabemos, desde el año 1994 nuestra moneda tiene un tipo de cambio de libre flotación con el dólar (y con otras monedas). El tipo de cambio está determinado por las condiciones de oferta y demanda del mercado. El tipo de cambio peso/dólar (denominado Fix) es determinado por el Banxico con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y de otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. A partir del crecimiento en el número de casos confirmados de coronavirus, el tipo de cambio tuvo un incremento desmesurado. Según datos publicados por el Banxico, el tipo de cambio pasó de 18.57 pesos por dólar, el 17 de febrero pasado, a 22.15, el 12 de marzo. Ello motivó que, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Banxico, activasen uno de los mecanismos de protección referidos -establecido en el año 2017- y anunciaron, ese mismo día que, por instrucción de la Comisión de Cambios (integrada por ambas instituciones), el Banxico subastaría coberturas cambiarias por un monto de 2 mil milones de dólares. Ello con el objetivo de propiciar mejores condiciones de liquidez y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios.

Las coberturas cambiarias son contratos que permiten pactar un tipo de cambio específico para realizar operaciones en un futuro determinado. Las coberturas utilizadas, en este caso, tienen la particularidad de que al vencimiento del contrato, el monto es pagado en pesos; de esa manera no se utilizan las reservas internacionales de México. Se considera por ello como un mecanismo de defensa para hacer frente a la volatilidad de los mercados cambiarios, pues permite una mejor planeación y certidumbre sobre los flujos económicos.

En cuanto a la caída en los precios del petróleo, con base en los datos publicados por Banxico, se observa una baja pronunciada en el precio de la mezcla mexicana que, el 3 de enero de este año, tenía un precio de 58.88 dólares por barril y, el 13 de marzo pasado, bajó a 24.19 dólares por barril (el precio más bajo de los últimos años ocurrió el 20 de enero de 2016 con un precio de 18.90). Para afrontar los riesgos de caída en los precios del petróleo, el país ha contratado las denominadas coberturas petroleras. Dichas coberturas, aunque no cubren la totalidad de barriles de petróleo mexicano, tienen el propósito de servir como mecanismos de protección frente a las variaciones abruptas en los precios del combustible. El pasado 9 de enero, el subsecretario de Hacienda informó de la contratación de dichas coberturas, que cubren un precio de 49 dólares por barril. El propio secretario de Hacienda informó que las coberturas buscan respaldar los ingresos petroleros del 2020, que representan alrededor del 4 por ciento del producto interno bruto. En el entendido de que, si el precio del barril es superior a la cifra señalada, no se ejercería la cobertura y nuestro país podría vender su petróleo a un precio más alto que el referido.

Aunque la aparición del coronavirus nos enfrenta a situaciones inéditas, lo cierto es que, saber que contamos con recursos de blindaje económico, nos permite concentranos en el objetivo principal; esto es, en atender, con puntualidad y rigor, las indicaciones de las autoridades sanitarias. Conviene, además, hacer caso omiso de quienes están habituados a hacer ganancias de ríos revueltos a costa del miedo e ignorancia de la gente o que, incluso, hacen de ellos un uso perverso.

El virus que infecta a la salud y a la economía

Rodolfo Torres (01/03/2020)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció, el viernes pasado, que el coronavirus es ya un riesgo muy alto para la salud a nivel global. Con ello, no sólo aumentó el miedo sobre las potenciales consecuencias sanitarias para toda la población, sino que despertó temores sobre los efectos en la economía mundial que, aunque son serias, tienen un origen discernible y, muy probablemente, un efecto controlable. La acción concertada de todos puede atenuar secuelas calamitosas.

El reporte más reciente de la OMS, (el número 39) del 28 de febrero, muestra que, a nivel mundial, existen 83 mil 652 casos confirmados. De ellos, 78 mil 961 se ubican en China. El número de muertes en ese país alcanza ya los 4 mil 691 casos. No obstante, 36 mil 117 personas ya se han recuperado de esa enfermedad en China.  Hasta el viernes pasado, 51 países habían reportado casos de contagio; a los que habría que agregar la confirmación de otros dos, en México. A pesar de que las cifras actuales reflejan una letalidad relativamente baja (3.5%, en China), es imperativo mantener el estado de alerta en todo el mundo.

China y los Estados Unidos son las dos principales potencias económicas mundiales. Dada la integración de la potencia oriental en las cadenas globales de manufactura, es comprensible que la desmovilización y aislamiento de su población laboral mengüe su capacidad productiva e impacte negativamente en la economía global.

En el caso de Europa, informa el diario El País, “la epidemia retrasará la recuperación que se preveía en la zona euro para este año …” El Bank of América presagia que el PIB italiano se contraiga un 0.2% y que Alemania quede al borde de la recesión, en el peor de los escenarios previsibles.

Por su parte, el Foro Económico Mundial identifica diversos impactos del fenómeno viral. Por ejemplo, en el caso de India se espera un impacto en la construcción de una planta de energía solar con capacidad de 100 giga watts (para dar luz sobre la dimensión de este efecto, conviene recordar que la capacidad de 215 centrales de generación, en México, es de poco más de 54 giga watts), pues el 80 por ciento de los módulos de celdas solares provienen de China. En Indonesia, que atrae a 10 millones de turistas chinos cada año, se podrían perder hasta 4 mil millones de dólares por causa del covid-19.

En el ámbito de los mercados bursátiles, también, han menudeado las malas noticias. El mismo viernes pasado los mercados bursátiles internacionales ya habían completado una semana consecutiva de pérdidas, la peor desde la crisis financiera del año 2008 -el indicador Standard and Poor’s tuvo la caída más acelerada de su historia-, lo que ha significado una pérdida de valor de mercado, en los Estados Unidos, por un equivalente de 6 billones de dólares. Arrastrada por ese fenómeno, en la semana del 24 de febrero al 28, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 8 por ciento.

Aunque no ha sido el único damnificado, en el rally de pérdidas bursátiles, el caso de Apple es el más notorio, dado su peso en ese mercado.

El valor de mercado de Apple superaba, en diciembre de 2019, los 1.3 billones de dólares. Ese monto era superior al Producto Interno Bruto de Suiza, Arabia Saudita, Holanda, Indonesia, o México. Para ese activo, del viernes 21 al lunes 24 de febrero de este año, se percibieron señales negativas que produjeron cuantiosas ventas de sus acciones, lo que hizo bajar su cotización en 4 por ciento. En una semana, Apple ha acumulado pérdidas por un 12.67%. Las causas tienen su origen en tres factores: amodorramiento en la manufactura, aletargamiento en las ventas y, baja en las expectativas de obtención de utilidades.

Se estima que 5 millones de empleos en China dependen de las manufactura de productos de Apple. Las medidas de aislamiento decretadas en diversas poblaciones han impactado negativamente el ritmo de la manufactura. A lo anterior hay que sumar que, esas mismas medidas han tenido efectos negativos en las ventas, dado el cierre de tiendas o la restricción en sus horarios de apertura.

Pero es le disminución de las expectativas de utilidad en la que se ceba, a mi juicio, la pronunciada caída de esas acciones. Me explico. De acuerdo con los resultados de su primer trimestre fiscal 2020, publicados el 28 de enero de 2020, dicha empresa anunció utilidades de poco más de 91 mil millones de dólares, que desde un punto de vista anualizado significaban un incremento del 9 por ciento. El 61 por ciento de esa utilidad está fincada en las ventas internacionales. Con base en esas cifras, anunciaba -para el segundo trimestre del 2020- utilidades estimadas entre 63 mil y 67 mil millones de dólares. La aparición del virus ha puesto en entredicho esas expectativas.

Sin embargo, en términos de manufactura, se trata de una demanda que está latente, misma que puede reactivarse tan pronto se contenga la propagación del coronavirus. Hay que recordar que la situación no es totalmente inédita; hace 18 años, con posterioridad a la presencia del virus del SARS, la economía tuvo una recuperación sorprendentemente rápida.

México es otro exponente destacado de los encadenamientos productivos globales. Por ello, atender a cabalidad y con rigor las medidas de prevención que han emitido las autoridades sanitarias coadyuvarán, sin duda, a atenuar las secuelas en materia de salud, tanto como a la superación de los impactos negativos de la epidemia en las economías nacional y mundial.

Las elevadas expectativas del triunfo

Rodolfo Torres (08/07/2018)

Participación social para un cambio verdadero

El triunfo de Morena en la elección presidencial del pasado domingo merece, sin atenuantes, el calificativo de apabullante. Los cómputos distritales del INE consignan que el 53.1% por ciento de los votos fue a favor de Andrés Manuel López Obrador; el mayor porcentaje obtenido, en una elección presidencial, desde hace 30 años.

El resultado es notable dada, entre otras cosas, la corta edad de ese partido; fue su primera participación en una elección presidencial, y porque venció a una dura oposición que lo confrontó con virulencia, organización y bastos recursos.

Fue precisamente el grado de aspereza de la campaña electoral la que hacía anticipar que viviríamos una pesadilla el día después. No ocurrió de ese modo, afortunadamente. Contribuyeron a eso numerosos factores, entre ellos: la significativa participación ciudadana, la amplia distancia entre el primero y el segundo lugar, la oportuna y meritoria declaración de aceptación de la derrota de los candidatos opositores (la primera de ellas formulada por José Antonio Meade), el puntual reconocimiento del triunfo de AMLO por el presidente Enrique Peña Nieto, y el tono mesurado y conciliatorio del discurso de inauguración de la victoria. A partir de ello, desde todos los flancos del poder, no han dejado de fluir felicitaciones por ese resultado. De mantenerse esa pauta tendríamos, contra todo pronóstico y para fortuna de todos, una tersa transición política.

El dominante número de votos a favor de Morena es muestra, también, de las elevadas expectativas que le acompañarán durante seis años para que se transformen, radicalmente, las condiciones de pobreza, de violencia, de corrupción, de impunidad, de falta de empleo bien remunerado y, en general, de desigualdad, que privan en nuestro país. Esas expectativas no son infundadas, pues esa fue la oferta de campaña de Morena y de los partidos que conformaron la coalición “Juntos haremos historia”.

El embarnecido capital político del que ahora dispone Morena le obligará, a riesgo de convertirse en flor de un día, a mantener una firme voluntad para cumplir sus ofertas de campaña. Sin embargo, sabemos, la obcecada realidad no se somete a la mera manifestación de la voluntad humana. En particular, para combatir esos flagelos, es indispensable contar con estrategias claras y sensatas que, una vez puestas en marcha, hagan factible la materialización de los anhelos. A ese respecto, el nuevo gobierno ya ha anunciado que ocupará los próximos meses, desde ahora hasta la toma de posesión, para elaborar los planes respectivos; plazo que se antoja reducido dada la magnitud de los retos.

Toda estrategia, para ser viable, debe partir de premisas de finitud de recursos y de la existencia de restricciones. En cuanto al primer rubro, ningún país puede partir de la base de que tendrá acceso ilimitado e inagotable a recursos naturales: agua, energía, clima favorable, alimentos, fertilidad de suelos y ausencia de catástrofes naturales. En cuanto al segundo, debe tener presente el estado actual de sus signos financieros vitales: deuda, inflación, productividad, ahorro y estructura fiscal; de sus condiciones sociales: seguridad, discriminación, educación y grado de desigualdad en los intercambios; de su entorno político, tanto externo: ubicación geopolítica y la persistente ofensiva contra gobiernos autodenominados de izquierda; como interno: debilidad de nuestro sistema de partidos, un reforzado entorno de exigencia social, conformación de los poderes legislativo y judicial, deteriorada salud de las instituciones públicas autónomas (con la notable excepción del Banco de México), existencia de una férrea oposición política, y la subsistencia de un ancestral e inercial entramado constitucional y legal.

Una vez ponderadas las premisas, formuladas las estrategias, elaborados los planes y dimensionadas adecuadamente las metas que será factible alcanzar en este corto lapso de gobierno (y toda vez que ya ha concluido la efervescencia de las campañas electorales que inducen al ofrecimiento de futuros idílicos), debe informarse a la sociedad, con veracidad, claridad y sin aderezos, respecto a la forma en que podrán superarse los desafíos. Es indispensable que se informe a la ciudadanía, no sólo para que ésta conozca y decida la forma en que habrá de participar, además porque la energía social positiva, que se ha revelado a partir de este proceso electoral en que una amplia mayoría ha manifestado su deseo de cambio, será el factor principal para transformar nuestra vida pública.

El daño que sufre ahora nuestro tejido social es de tal magnitud que es inconcebible que la sola acción de gobierno y de su partido sean suficientes para mitigarlo. Por ejemplo, uno de los males mayores que lastran nuestro desarrollo es, sin duda, el trato desigual (en muchos casos discriminatorio) que ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida social; en todas nuestras formas de intercambio. No es inusual que ese trato disparejo haya engendrado múltiples y ancestrales agravios que, en casos extremos, se dirimen de modo violento. Es ahí donde la participación social resulta indispensable y, para ser eficaz, deber ser armónica con la acción gobierno.

Por ello, la participación social no sólo es deseable, es indispensable si realmente se quiere transformar de raíz nuestra condición actual. Es por ello ineludible que esa participación esté prevista en toda estrategia y plan de gobierno. No se trata sólo de evitar una eventual frustración y un potencial y agudo conflicto social al que puede conducirnos el incumplimiento de expectativas, se trata de apostar a la viabilidad del cambio. No hay futuro posible sin la participación de la sociedad. El compromiso, hoy, es -como nunca- de todos.

Reconstruir desde los cimientos

Rodolfo Torres (01/10/2017)

Es imposible ir por la vida sin confiar en nadie; es como estar preso en la peor de las celdas: uno mismo. Graham Greene

La solidaridad mostrada con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre fue asombrosa, aún para quienes ya la habíamos vivido, con ímpetu, en septiembre de 1985. Fue gratificante, además, pues nos permitió revelar, de nueva vez, un rasgo semi-oculto de la población citadina, la generosidad. En particular, nuestros jóvenes que, con aguda presteza, se convirtieron en vanguardia de las labores de apoyo y rescate. En estos días, hemos vivido intensas emociones encontradas: el duelo por la pérdida de centenas de vidas humanas -muchas de ellas, de infantes- y el renacido optimismo respecto de la potencial mejora de nuestra vida colectiva.

Nos preguntamos si estas muestras de altruismo y filantropía son indicadores de la posibilidad de organizar nuestra vida en comunidad de mejor manera; ¿somos capaces de expandir la energía social positiva que hemos visto liberada tras los sismos? ¿Habrá un antes y un después al sismo del 19 de septiembre de 2017?

A mi juicio, la respuesta a esas interrogantes tiene que ver con la confianza, entendida ésta como la firme esperanza en que algo ocurra, la fe en los otros. La confianza es el cemento que materializa la condición humana en el cuerpo social. A su presencia acompañan la búsqueda de certidumbres, la cordialidad, la serenidad, la ilusión, la cooperación y la lealtad. Su ausencia conlleva, en cambio, al recelo, a la malicia, la duda, la aprensión, la competencia despiadada y el miedo. La generosidad es la manifestación más sublime de confianza. La violencia, su contraparte.

Sin confianza la vida económica sería irrealizable. En su origen, la utilidad que se ha concedido a la moneda (como a cualquier otro instrumento financiero: el billete, el cheque, la tarjeta de crédito) como medio para el intercambio de bienes y servicios, es una expresión material de confianza. Múltiples recorridos del intercambio económico cotidiano llevan implícito ese valor supremo.

La confianza es, también, indispensable para la construcción y preservación del entramado político institucional. La fe en la adecuada actuación del gobierno, de los representantes políticos, de la justicia y, en general, de las instituciones, es indispensable para preservar la convivencia pacífica.  Si una significativa mayoría de la población, desconfía de todo ello, quedamos todos al borde de la inestabilidad social.

Por desgracia, fuera del compás del sismo, vivimos inmersos en la desconfianza y en la incertidumbre. En lo social debido a robos y asaltos que no distinguen ubicación ni temporalidad: en el transporte público, en las calles, en los embotellamientos, en nuestros domicilios, de día o de noche; por no mencionar la imperdonable y creciente violencia contra de las mujeres.

En la actividad económica la desconfianza se agrava, pues hemos agregado, a la ancestral incertidumbre laboral, la precariedad del empleo -que suma el continuo deterioro de las condiciones laborales a los bajos salarios. En nuestros intercambios económicos pasamos de ser clientes a ser rehenes y víctimas de grandes corporativos. Se nos inscribe, sin consentimiento, a servicios telefónicos, seguros o servicios financieros, y se levantan muros que convierten en via crucis la cancelación de esos servicios que no hemos solicitado (cuando bien nos va, y lo logramos, habrán transcurrido meses de cargos indebidos).

La desconfianza en nuestra representación política se extiende sin freno.   A la ya dilatada y añeja percepción de que en diversos niveles y localidades: partidos, gobierno, integrantes del poder legislativo y jueces, actúan alejados del interés público, se suma un aumentado descrédito en todas nuestras instituciones.

Esa desconfianza e incertidumbre, que se alimenta y fortalece día con día, es la que propicia entornos de ansiedad, miedo y violencia.

No obstante, en las horas y días posteriores al sismo, la desconfianza se suspendió. Se pusieron a flote las mejores notas de la capacidad solidaria, desinteresada y generosa de quienes abrían las puertas de sus autos para ofrecer aventón a desconocidos que no podían trasladarse, o las puertas de sus casas para refugiar a los damnificados; de quienes participaron –o aún lo hacen- en las tareas de aportación, acopio, traslado, entrega de víveres, rescate, auxilio y consuelo de las víctimas del terremoto. En menos casos, si bien, pero no han faltado quienes, como animales de rapiña, buscan el beneficio económico, político o electoral de la desgracia ajena.

Queda, de cualquier forma, la experiencia de explosión de confianza de que ha dado muestra la juventud de nuestra ciudad y, con ello, la esperanza de que podríamos hacer de ella un hábito; podríamos expandirla a todas las esferas de la vida cotidiana. Para ello, sin embargo, tendríamos que cambiar pautas fundamentales en materia política, económica y social. Es decir, tendríamos que emprender la reconstrucción desde los cimientos de la confianza, la generosidad y la entereza. La fraternal reacción social frente a este nuevo 19 de septiembre debe darnos razones para el optimismo y la esperanza.

EL FUTURO DE LAS ELECCIONES. EL OJO DEL AMO ENGORDA EL CABALLO.

Rodolfo Torres (18/06/2017)

En conferencia magistral, impartida en el INE, el Profesor John Keane de la Universidad de Sydney, Australia, apuntó seis tendencias que erosionan la convicción sobre la efectividad de las elecciones; lo que a su vez incide sobre el futuro mismo de la democracia: desencanto público respecto a las elecciones, democracia monitoreada, campañas permanentes, insatisfacción ciudadana, dinero, y elecciones sin democracia. Destaco a continuación algunos aspectos de la conferencia.

En cuanto al desencanto público, Keane sostiene que tras el entusiamo (cuyo origen identifica a fines del siglo XVIII) respecto a los efectos positivos –un gobierno sin corrupción, igualdad política, dignidad social y armonía colectiva- que provocaría la realización de elecciones libres y justas, arrivamos hoy a una visión más realista y utilitaria de las elecciones.

Con la idea de democracia monitoreada se refiere a las elecciones rodeadas de un amplio conjunto de instituciones que las vigilan o supervisan (entre ellas el INE), lo que facilita la exposición de los casos de escándalo.

Keane señala que, el hecho de que estemos en medio de una revolución de las comunicaciones a nivel global, afecta diversos ámbitos, entre ellos a la radio, la televisión y la prensa, y también transforma la manera en que los partidos políticos y los gobiernos buscan aprovechar esos nuevos medios. Estas condiciones propician la existencia de campañas electorales permanentes.

 Por otra parte, en todo el mundo se expresa un desafecto por las elecciones que se manifiesta en una baja de la membresía política de los partidos, y en el surgimiento de la anti-política (que está en contra no sólo de los partidos políticos sino de los congresos y de las elecciones). Ese desafecto desplaza la pasión política de los ciudadanos hacia otros foros, algunos sólo de mera protesta; pero en otros, de generación de iniciativas ciudadanas de amplio espectro.

De acuerdo con Keane, los votantes, los partidos políticos y los gobiernos han tomado conciencia de que las elecciones están insertas en un sistema de ganancias, es decir de procesos capitalistas y mercantiles. El problema de circulación de grandes cantidades de dinero en las elecciones es un problema mundial. Es elocuente el ejemplo de los Estados Unidos en que la Corte Suprema resolvió, en el año 2010, que el dinero en las elecciones y la libertad de expresión eran equivalentes y, por tanto, ambos debían ser protegidos. Ello no es sino una muestra clara de que las elecciones se determinan por la dirección de los grandes capitales que en ellas se invierten.

Otro aspecto del uso del dinero es el cabildeo organizado. En Washington se calcula que hay 90 mil organizaciones encargadas de inducir las políticas de los gobiernos electos. Ello sugiere que las decisiones no se toman en función de los intereses de los electores sino de quienes detentan el poder del dinero. Lo que trae aparejado otro problema: cuando los mercados no funcionan, como en 2007 y 2008, se provocan seísmos sobre las elecciones y las democracias. En suma, se ha establecido un vínculo poderoso:  dinero-capitalismo-elecciones-democracia.

Así, sostiene John Keane, el sistema de partidos, de parlamentos y gobierno -las  formas de sus operaciones- en todo el mundo, han protegido a la riqueza. Por ejemplo, en el Reino Unido, el uno por ciento de la porción superior posee lo equivalente al 50 por ciento de la porción inferior y uno de cada 5 ciudadanos vive debajo de la línea oficial de pobreza. Esta situación, dice el conferencista, no es compatible con los ideales de la democracia.

En cuanto a la sexta tendencia, señala que en diversos paises: Irán, Vietnam, Hungría y Rusia, entre otros, hay elecciones pero no hay democracia. Así muestra que las elecciones pueden ser instrumentos al servicio de dictadores, quienes las usan para obtener apoyo público a su régimen autoritario, o para ventilar las diferencias en la cúspide del poder. En esos casos, también sirven -como en la Rusia de Putin- para celebrar el poder de un régimen.

Estas seis tendencias, sostiene el expositor, son relevantes pues nos permiten cuestionar si es que hay un futuro para las elecciones, si éstas están perdiendo su control sobre la democracia, o si esta última va en declive.

Concluye el Profesor Keane con tres futuros escenarios posibles. El primero se dibuja en dirección de que se siga alimentando el combustible anti-elecciones y se fortalezcan los llamados a dar la espalda a los procesos electorales como pieza central de la democracia. Argumenta el Profesor Keane que quienes están a favor de este escenario desestiman la sensación festiva que rodea en múltiples ocasiones al acto de votar. El segundo escenario consiste en renovar los procesos electivos para que efectivamente sean libres y justos; avanzar en un sentido en que recuperen su lugar al centro del alma de la democracia. La idea es limpiar las elecciones, eliminar la corrupción y crear los mecanismos para que los representantes políticos efectivamente representen a sus electores. El tercer escenario apuesta por fortalecer a las instituciones que se dedican al escrutinio constante del ejercicio del poder, para  incentivar a que éstas den lugar a la voz de las mínorias y al espacio que éstas han de tener en la vida pública. Entre otras cosas, con el propósito de que haya una mayor rendición de cuentas en los sistemas políticos.

Invito al lector interesado a disfrutar de esta lúcida conferencia en el canal INETV en Youtube.

REGULACIÓN DE MENSAJES POLÍTICO-ELECTORALES EN INTERNET. PERAS AL OLMO (II/II).

Rodolfo Torres (04/06/2017)

En entrega previa (de fecha 21 de mayo de 2017) señalamos que dos factores corren en sentido inverso al propósito de regular los mensajes político-electorales en Internet: la ausencia de gobierno en la red de redes, y la naturaleza distributiva del tráfico de información. En esta entrega, agregamos dos ingredientes que hacen inviable (en sentido clásico) su regulación: su ausencia de límites, espaciales y temporales, en el intercambio de mensajes.

Para que toda autoridad electoral (entre ellas el INE) pueda ejercer sus atribuciones punitivas –en aras de obligar a los sujetos a la observancia de las normas- debe tener capacidad para: determinar con nitidez las conductas infractoras, identificar las sanciones que corresponden a esas conductas, y reconocer a los sujetos infractores. Una condición implícita es que los sujetos hayan tenido (o tengan, si la conducta ocurre de modo continuo), control sobre el uso del medio que emplearon en el momento en que la norma fue violada. Por ejemplo, existe disposición normativa (en rigor se trata de un criterio orientador: Tesis XXIV/2016 del TEPJF) que obliga a los partidos políticos a retirar la propaganda genérica al iniciar las fases de precampaña y campaña; si la propaganda permanece durante esas etapas, los gastos en propaganda en los que se haya incurrido deben ser contabilizados y prorrateados entre las precampañas o campañas beneficiadas. Hasta este punto es clara la norma, su consecuencia y los sujetos involucrados. Está implícito, en esta disposición normativa, que el sujeto estuvo en aptitud de determinar, en su momento, la ubicación y el lapso en que la propaganda debía estar expuesta. Para el caso de exhibición de espectaculares, es evidente que el partido político es quien determina, por medio de un contrato, el ámbito espacial y temporal en que los anuncios pueden permanecer expuestos. De modo que, si el proveedor no  desmontase  los espectaculares a la conclusión del lapso acordado, o los hubiese colocado fuera de las localidades pactadas, el partido podría usar esos elementos para deslindarse de la conducta infractora y, en consecuencia, atenuar o eludir la sanción.

En Internet ocurre una situación muy diferente, tanto en lo que se refiere al ámbito temporal como al espacial. La vertiente temporal es relevante en la medida en que, tanto en el periodo ordinario como en las etapas de precampaña, inter-campaña y campaña del periodo electoral, la propaganda está regulada con mayores o menores márgenes de prohibición o permisividad. Es decir, mientras que, en la etapa de campaña, es claramente válido que los actores políticos llamen a sus simpatizantes a votar por sus candidaturas (de eso se tratan las campañas), en periodo ordinario esos llamados al voto están prohibidos (pues podrían configurarse como actos anticipados de precampaña o campaña).

El atributo espacial es fundamental en las contiendas electorales. Todos los cargos de representación, que resultan de las elecciones, tienen un referente territorial y sobre él se organizan los procesos electorales, ya sea por: entidad, municipio, distrito, circunscripción o a nivel nacional. Por ejemplo, la ley prevé sanciones si los representantes electos promocionan sus informes anuales fuera de la localidad que les corresponde. O, en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, existe disposición expresa que prohíbe realizar campañas electorales en el extranjero.

En Internet, el carácter distributivo del intercambio de información impide que los actores políticos puedan acotar el lapso de circulación de su propaganda. Podría acotarse la fecha de inicio, pero nunca la de término. Ello se debe a que la información transita en la red de redes a nivel mundial y es, potencialmente, susceptible de almacenaje en múltiples servidores de cómputo. Como se sabe, en Internet, participan entidades de naturaleza diversa: pública, privada, comercial, académica o gubernamental y, dada la falta de un gobierno central de la red, no hay manera de restringir o eliminar en su totalidad la información. Además, la aplastante mayoría de propietarios de esos servidores, en todos esos puntos potenciales de almacenamiento, no habrían sido partícipes de un eventual contrato. En suma, la información puede permanecer en el ciberespacio de manera indeterminada e incontrolada.

Asimismo, la aspiración de acotar el espacio por el que circula la información es una quimera. En Internet no existen fronteras, ya no digamos nacionales; mucho menos locales, como las que delimitan espacialmente una entidad, un municipio, un distrito o una circunscripción. Por ello, el potencial de derramamiento de la información es tan vasto.

Si los sujetos obligados -llámense partidos políticos, candidatos de partido o independientes- no tienen la posibilidad material (ni el interés, quizá, aun cuando tuviesen hipotéticamente esa posibilidad) de acotar temporal y espacialmente sus mensajes político-electorales, la autoridad no podría, al intentar obligarlos, alcanzar su propósito de delimitar la circulación de la información. Por tanto, esa autoridad –carente de instrumentos punitivos eficaces- no estaría en aptitud de hacer vigente una eventual regulación.

Es verdad que las redes sociales, que son parte del ecosistema del espacio virtual, tienen características particulares que ameritarían algunos matices. Sin embargo, en lo general, los argumentos siguen siendo válidos y, en consecuencia, las posibilidades de regular Internet para la difusión de mensajes político-electorales son inexistentes.

 Estos elementos nos emplazan a una reflexión más profunda respecto de las condiciones necesarias que deben concurrir para garantizar el principio de equidad en las contiendas. Que, como hemos visto, no convergen por ahora en Internet.

Resonancias desde Cataluña

Rodolfo Torres (29/10/2017)

La cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo. André Malraux

El viernes 27 de octubre de 2017 el parlamento de Cataluña aprobó, con 70 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones -con la ausencia de 52 diputados de oposición-, la declaración que pone en marcha el proceso constituyente para proclamar la República Catalana. Poco después, el Senado de aquel país aprobó, a solicitud del gobierno central, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le otorga capacidad para “adoptar las medidas necesarias, para obligar, a aquélla (comunidad) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones” (que la Constitución u otras leyes le impongan). Con base en ello, el gobierno central ha destituido al gobierno catalán y ha convocado a elecciones.

La disputa tiene causas históricas, económicas, políticas y culturales (estas últimas son, a mi juicio, las más agudas). Sin embargo, la evidente incapacidad que tiene cada uno para someter a su contraparte obliga, ahora sí, forzosamente, a abrir cuanto antes la vía del diálogo, so pena de recorrer un tortuoso camino que a su término arribará a un punto muerto en el que habrá pérdidas considerables para ambas partes (también para Europa y para otras regiones del mundo).

El Tratado de Utrecht (que es, en realidad, un conjunto de tratados firmados entre 1713 y 1715) es al que frecuentemente se alude como el agravio histórico originario. Esos tratados fueron firmados por los estados antagonistas (entre ellos Francia y Gran Bretaña) en la Guerra de Sucesión Española que tuvo lugar a principios de 1709 y en la que se confrontaron Felipe V (de la familia Borbón, apoyado por la región de Castilla y por Francia) y el archiduque Carlos (de la familia Habsburgo, que dominaba el principado de Cataluña y el reino de Mallorca, apoyada por Austria, y, momentáneamente, por Gran Bretaña). De esa disputa, surgió vencedor el bando que apoyaba a Felipe V (con la aquiescencia de la Gran Bretaña, quien obtuvo considerables beneficios como resultado de la firma de los tratados) y Cataluña perdió la vigencia de sus normas regionales. Ello desató una guerra desigual que duró catorce meses y que concluyó el 11 de septiembre de 1714 cuando los felipistas rompieron el sitio de Barcelona. Cabe recordar que, debido a ese tratado, Europa cambió su mapa político; también cambió el del continente americano.

Por otro lado, y desde el punto de vista económico, el denominado modelo de financiación español, propicia que la mayor parte de los ingresos de sus comunidades (excluidos el País Vasco y Navarra que tienen un esquema distinto al del resto), provenga de los impuestos que recaude y luego reparta el gobierno central. Cataluña sostiene que aporta más de lo que recibe. Numerosos estudios así lo confirman. Sin embargo, se sabe también, que podría decirse lo mismo de otras comunidades –como la de Madrid- y, sobre todo, que un modelo que repartiese a las autonomías lo mismo que éstas aportan sería injusto e insolidario con comunidades económicamente menos favorecidas. La vinculación entre financiación e independencia quedó de manifiesto cuando, el pasado 21 de septiembre, el ministro español de economía propuso más dinero y mayor autonomía financiera a Cataluña si abandonaba la senda independentista.

Desde el punto de vista político el Estatuto de autonomía de Cataluña ha sido parte importante en este debate. Originalmente aprobado en 1979, fue modificado por el parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 y, el 18 de junio de 2006, se celebró un referéndum que otorgó el sí con un 73 porciento de los votos (con una abstención del 50 porciento). Sin embargo, el 31 de julio de ese año el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad pues se oponía a que Cataluña fuese considerada una nación, así como al trato privilegiado que, a su juicio, se concedía a la lengua catalana, entre otros aspectos. El 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional aprobó el nuevo estatuto y resolvió que el término nación no tuviese eficacia jurídica y declaró inconstitucional, entre otros, el artículo 6º que se refería a la lengua catalana.

El tema cultural y lingüístico es, en mi opinión, el que se ubica en el centro de la crisis. No sólo porque, como hemos visto, formó parte del conflicto estatutario, sino además porque, en el segundo párrafo del apartado de la motivación del documento aprobado el viernes pasado, se alude a la lengua y cultura catalana con mil años de antigüedad; se justifica la declaración a partir de la negativa de reconocimiento de su entidad como nación; y se hace referencia a la discriminación lingüística y cultural que padece Cataluña. A ese respecto, cabe tener presente que desde el 11 de julio de 1961 (durante la dictadura franquista) se constituyó Omnium Cultural, la organización catalana que ha sido referente primordial del movimiento de independencia, a la que pertenece Jordi Cuixart uno de los dos encarcelados por un presunto delito de sedición, quien ha tenido como propósito manifiesto el defender, de la censura y de la persecución, a su cultura y a su lengua.

El inicio de negociaciones es indispensable y urgente. El PP, a partir de una propuesta del PSOE, ya se ha comprometido a modificar su Constitución. Es deseable que se haga sobre la base del reconocimiento y respeto explícito al aporte cultural y lingüístico que hacen a España sus comunidades.