Consulta Popular y jornada electoral 2021

El pasado 1º de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta que se someterá a consulta de los ciudadanos el próximo año.

Rodolfo Torres Velázquez (11/10/2020)

 El pasado 1º de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta que se someterá a consulta de los ciudadanos el próximo año. Se trata de una resolución inédita; es la primera vez que ese poder del Estado aprueba una cuestión de esta naturaleza.

La práctica democrática, desde la perspectiva de la forma de participación popular, tiene dos caracteres: representativo, uno; directo el otro. Dada la constatación de que los representantes políticos habían abandonado, desde hace décadas, su compromiso con los electores para someterse a la voluntad e intereses de élites económicas o políticas no es de extrañar que se vivieran las horas bajas de la vertiente representativa.

Se denomina democracia directa al régimen político en el que los ciudadanos ejercen, sin intermediarios o representantes, es decir por sí mismos, los poderes del Estado. La democracia directa tiene su origen en la Grecia Antigua. En la filosofía política clásica, Jean Jacques Rousseau, uno de sus principales defensores, argumentaba en su favor en virtud de la convicción respecto de que la soberanía del pueblo no puede ser representada sino por sí mismo.

Aunque una forma común de visualizar la práctica de la democracia directa es a través del asambleísmo, se han utilizado otros instrumentos como la consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato y el plebiscito. Este tipo de democracia parte del supuesto de que existe una comunidad política formada por personas que pueden y deben ser consultadas sobre los asuntos públicos. Aunque en épocas pasadas esa posibilidad parecía alejada de la realidad, los modernos medios informáticos la tornan ahora factible.

El empleo de los instrumentos de la democracia directa, en particular el plebiscito, data del siglo IV, cuando los romanos lo utilizaban para legitimar sus decisiones. Se volvió práctica común durante la Revolución Francesa y lo usó profusamente Napoleón Bonaparte para la aprobación de sus propuestas de modificaciones a la Constitución. Los mecanismos de democracia directa siguen vigentes aún en diversos espacios. Naciones como Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Suiza, entre otras, recurren a ellos. La ONU ha utilizado ese medio también, en fechas recientes, para resolver disputas de límites territoriales y de soberanía.

Nuestra Constitución General (artículo 35), reformada en 2014 y 2019, prevé la consulta popular como mecanismo de democracia directa. Desde su aprobación, no se ha realizado ninguna consulta bajo esa disposición constitucional.

El 15 de septiembre de este año el Presidente de la República presentó una petición de consulta popular con la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Cabe recordar que el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 establece, que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de consulta”. Por su parte el artículo 26 fracción II inciso b) de la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) dispone que la SCJN deberá “realizar las modificaciones conducentes a la pregunta …”.

Sobre esas bases normativas, el 1º de octubre de 2020 la SCJN notificó al Senado de la República que la pregunta aprobada por su pleno fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” La pregunta aprobada se centra en garantizar el acceso a la justicia de víctimas derivadas de decisiones de actores políticos.

El artículo 26 de la LFCP señala que esa resolución debe comunicarse a la Cámara de origen; en este caso la de Senadores. El pasado 7 de octubre de 2020 el Senado de la República aprobó dicha consulta, por 64 votos a 43, y remitió su resolución a la Cámara de Diputados. Posterior a su aprobación en esa Cámara el Congreso de la Unión expedirá la convocatoria respectiva, misma que notificará al Instituto Nacional Electoral para la organización de ese ejercicio.

La fecha en que se llevará a cabo el procedimiento participativo no está aún decidida. El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma el apartado 5º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional para establecer que las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto. Sin embargo, la fracción II del artículo 30 de la LFCP indica que la convocatoria de consulta popular deberá contener la fecha de la jornada federal en que habrá de realizarse. Es decir, la misma fecha que la jornada federal de 2021.

Los procedimientos para la organización y celebración de la consulta están claramente especificados en la LFCP. Su diseño es acorde con el supuesto de que su celebración es coincidente con la jornada electoral.  Por ejemplo, el artículo 52 establece que, en ausencia de un escrutador designado, las funciones se realizarán por parte de cualquiera de los escrutadores designados para la elección federal.

A la fecha no contamos con otra ley secundaria que tenga como premisa la celebración de la consulta en fecha distinta a la de la jornada electoral. Por lo que, en el caso presente, no se trata de una discusión respecto del predominio de una norma superior, la Constitución, sobre una ley secundaria, la LFCP. Se trata de decidir el procedimiento que garantice a cabalidad el ejercicio de un derecho político fundamental.

En ese sentido, sin duda, la fecha más conveniente para la consulta popular es el primer domingo de junio de 2021. Ello sin contar con el importante ahorro de recursos que se obtendrían, pues opiniones precipitadas ya cifran ese gasto en ocho mil millones de pesos si se realiza en el mes de agosto. Cabe esperar que así lo valore el Congreso de la Unión al momento de emitir la convocatoria respectiva.

Renovar el mecanismo de afiliación a los Partidos Políticos

Los mecanismos vigentes para determinar la membresía de ciudadanos a los partidos políticos asoman su ineficacia en el proceso de registro de nuevos partidos políticos que participarán por primera vez en las elecciones del año 2021.

Rodolfo Torres Velázquez (13/09/2020)

Los mecanismos vigentes para determinar la membresía de ciudadanos a los partidos políticos asoman su ineficacia en el proceso de registro de nuevos partidos políticos que participarán por primera vez en las elecciones del año 2021. Esa ineficacia pone en cuestión el ejercicio de asociación política; uno de los derechos fundamentales de las personas. Se advierten como ineficaces pues, a pesar de la complejidad involucrada en los procedimientos actuales, aún prevalecen insuficiencias estructurales que aconsejan la pronta instrumentación de mecanismos que los reemplacen.

Como es sabido, el artículo noveno de nuestra Constitución establece que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.” Este artículo ha estado vigente, en sus términos, desde su promulgación hace más de cien años (1917).

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos dispone que: “Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes: … b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos”.

El más reciente procedimiento de afiliación de ciudadanos a organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos estuvo reglamentado mediante el “Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que deben cumplir para ese fin”, aprobado por el INE el 19 de diciembre de 2018 (Acuerdo INE/CG1478/2018).

Sin entrar en los detalles del instructivo (40 páginas), conviene destacar que éste establece el uso de una denominada aplicación móvil “para recabar las manifestaciones formales de afiliación de las organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional”. Otro elemento importante del procedimiento es la participación de un “Auxiliar/Gestor” que ayuda a recabar las manifestaciones formales de afiliación, mediante la aplicación móvil. Dicho mecanismo prevé la concentración de personas en lugares públicos, bajo el mecanismo de Asambleas, para su afiliación.

En atención a este procedimiento, por ejemplo, una de las organizaciones programó 441 asambleas distritales, de las que celebró 237; en ellas recabó 41 mil 348 afiliados. De un total de 103 mil 250 afiliaciones registradas, 10 mil 621 (alrededor de un 10 por ciento) fueron afiliaciones no válidas.  Entre otras particularidades, esa organización dio lugar a ser señalada porque numerosos potenciales afiliados eran trasladados a esos eventos en camionetas o minibuses.

En cuanto a la recaudación de los datos de los ciudadanos en la aplicación móvil por parte de los auxiliares, también hay lugar a dificultades. Una vez que un auxiliar registra los datos de una persona –que incluyen datos de su credencial para votar, fotografía y firma, entre otros–, el INE procede a la verificación de que esos datos se corresponden con los asentados en sus registros. La experiencia ha demostrado la falibilidad de este proceso. Tenemos noticias de un conocido caso en que, de 173 mil 458 registros, 10 mil 483 presentaron inconsistencias.

Hasta donde sabemos, no existe un mecanismo externo que audite que el resultado de esa verificación sea correcto; es decir que, en ausencia de esa auditoría, debemos creer a ciegas que la verificación practicada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores es acertada. Esta observación es pertinente en virtud de que la verificación manual o automatizada de fotografías y de firmas es propensa a errores. No cabe duda de que convendría dimensionar la magnitud del número de fallos.

Si bien es cierto que los registros inválidos fueron, en el caso que he citado, restados del resultado final, ese solo dato debería bastar, por sí mismo, como un llamado de atención para revisar el procedimiento en cuestión. Sin embargo, a lo anterior se añade el caso de los consejeros que revirtieron, en consejo general, el voto que habían emitido en la comisión respectiva (habiendo dado un voto aprobatorio lo tornaron en reprobatorio). Una de las razones esgrimidas fue que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos llevó a cabo un análisis espacial de las afiliaciones captadas vía la aplicación móvil y detectó irregularidades, mismas que dio vista a la Unidad de lo Contencioso Electoral (ambas del INE) para la investigación respectiva. Es decir, a pesar de la sofisticación del procedimiento, la mera presunción fue determinante en la emisión del voto de los consejeros.

Por otra parte, tanto para la creación de nuevos partidos, como para validar que los partidos registrados preservan el umbral mínimo de afiliaciones requerido por la ley, se sigue un procedimiento que identifica las afiliaciones duplicadas. En esos casos, se interroga al ciudadano respecto de su voluntad de pertenencia a alguno de ellos.

Un nuevo diseño del procedimiento debe inhibir o eliminar la afiliación masiva y la intermediación. Que sea el propio ciudadano quien, quizá ante los módulos del INE o, si lo prefiere mediante una aplicación móvil, manifieste de modo directo su interés personal de pertenecer a un partido político; o expresar su voluntad de dejar de pertenecer. De esa manifestación debe turnarse copia a la organización respectiva, sin tener que anexar, en la copia, todos sus datos personales; debe bastar con los que sean pertinentes. Tampoco es razonable que sea el ciudadano quien deba verificar en el portal del INE (como ocurre actualmente) si aparece como afiliado a un determinado partido y presentar denuncia -como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, en que tantos ciudadanos se han sorprendido de haber sido afiliados sin su consentimiento. El mecanismo es ineficaz, además, porque no inhibe la compra y coacción de afiliaciones.

La participación, o no, en un partido político debe ser una decisión individual, libre y voluntaria.  ¿A qué viene la intervención de un tercero -auxiliar o gestor- para el ejercicio de ese derecho político fundamental?

En 2021 la secrecía del Voto por Internet será parcial

Rodolfo Torres Velázquez

(30/08/2020)

Votar en las elecciones, dice la ley, constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos que se ejerce para integrar los órganos del Estado con puestos de elección popular. Agrega: El voto debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a las y los electores.

Durante largos periodos en nuestro país no se cumplieron esos atributos del voto. Aún, hoy día, es práctica común que candidatos y partidos eludan la tarea de convencer a los electores y opten por la compra de votos y la coacción a los votantes. Cuando esos actos no son sancionados y sus efectos no son revertidos se hace nugatorio el libre ejercicio del sufragio.

El denominador más común de las prácticas de compra y coacción ha cursado en México, históricamente, por la violación del atributo de secrecía del sufragio. En el caso de votación en casilla, la compraventa de votos se ha puesto en práctica por la vía de dos procedimientos bien conocidos: o bien, se exige a los electores que ofrezcan pruebas del sentido del voto para corroborar que lo han emitido en el sentido esperado, o bien, se compra o renta la identidad del elector.

Garantizar la secrecía del voto es de tal relevancia que, en todos los procesos electorales, la mayor proporción de recursos monetarios, humanos y materiales se destina siempre a ese fin. La protección de la secrecía del sufragio es el propósito primordial que tiene la instalación de las casillas de votación.

Asegurar el secreto del voto en las casillas supone su cuidado en dos etapas: la primera se registra en el propio momento de votar; la segunda, en el momento inmediato posterior, tras haber marcado la boleta electoral. La mampara tiene como finalidad asegurar la secrecía cuando ocurre el marcado de la boleta.

Durante la segunda etapa, la secrecía se hace posible gracias al uso de las urnas.  Cuando las boletas se acumulan en las urnas, se torna imposible saber quién ha depositado qué voto. Proveer la certeza en ambas etapas constituye una obligación de las autoridades electorales. Todas las actividades que lleva a cabo el INE para la organización de las elecciones tienen como piedra de toque la adecuada operación de las casillas a fin de salvaguardar todos los atributos de los votos y las garantías de los votantes.

La secrecía del sufragio significa que esa vinculación no pueda ser hecha por nadie; no sólo por los funcionarios de casilla o por el INE, tampoco por los familiares, los empleadores, otras autoridades, los partidos o candidatos, ni sus representantes.

Hasta la fecha, el ejercicio del voto sin el auxilio de una casilla de votación no ha mostrado su aptitud para garantizar que el voto pueda ser ejercido sin poner en riesgo la secrecía, particularmente en la primera de las dos etapas referidas. Es ésa la objeción a las modalidades de votación por correo postal y por internet. Las formas de votación que no utilizan casillas ya sean físicas o virtuales engendran una pregunta clave: ¿Qué autoridad se encarga de asegurar que, al momento de emitir su voto, el elector no está siendo observado o coaccionado?

Por otra parte, el párrafo 3 del artículo 329 de la ley electoral obliga a que el voto por vía electrónica sólo pueda realizarse conforme a los Lineamientos que emita el INE en términos de la Ley, mismos que “deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada”. El párrafo 2 del artículo 343, por su parte, dispone que el sistema de voto por medios electrónicos que apruebe el Consejo General del INE deberá cumplir con “… c) Evitar la coacción del voto, garantizando el sufragio libre y secreto”.

La pregunta viene al caso a propósito del acuerdo que, el pasado 26 de agosto, tomó el INE al aprobar las modalidades de votación postal y electrónica por internet de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para diversos cargos de elección en 2021.

En dicho acuerdo, el INE sólo se ocupa parcialmente de la garantía del secreto del voto y dispone, en el numeral 15 de sus Lineamientos que el Sistema (de votación por internet): “deberá desvincular de manera permanente e irreversible los votos cifrados de las y los electores que los emitieron, de tal forma que se obtenga una base de datos con los votos cifrados sin que exista un vínculo con la o el elector”.

Es decir, el numeral citado de los Lineamientos sólo se ocupa de la segunda de las etapas que hacen posible la secrecía del voto: la que ocurre con posterioridad a su emisión, pero no atiende a la primera etapa, que se refiere a la secrecía que debe existir durante la emisión del sufragio. No da respuesta a la pregunta planteada. La consecuencia de esa omisión es que la autoridad no se ocupará a cabalidad de la secrecía y del ejercicio libre del voto; deja esa responsabilidad en manos del propio ciudadano. La secrecía del voto será parcial.

La gravedad del problema es suprema, y la percepción de su magnitud se extiende si uno se asoma a algunos de los cuestionamientos que han formulado los especialistas en el tema. Por ejemplo, la “Red de Defensa de los Derechos Digitales” ha señalado que “las medidas aprobadas por el INE … implica riesgos para la legitimidad debido a que el proyecto, los lineamientos y el contenido técnico detallado de las auditorías no fueron difundidos antes de su aprobación, lo que impide su escrutinio público y exige que los votantes, candidatos y partidos políticos confíen ciegamente en que el sistema funciona y en que no ha sido manipulado”. Las autoridades electorales, dicen esos expertos, “han minimizado los riesgos de alteración por ataques informáticos”.

La fortaleza de las instituciones, en este caso de las electorales, no deviene de un ejercicio retórico, sino de la eficaz construcción de los instrumentos que garanticen el cabal ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos.

Fiscalización Electoral: un problema urgente de resolver

El entramado normativo vigente mantiene aún omisiones reglamentarias y procedimentales que obstaculizan las acciones de fiscalización.

Rodolfo Torres Velázquez (15/08/2020)

Las filtraciones del “caso Lozoya”, que aluden a la inyección de abultados montos a la campaña presidencial de 2012, que no fueron sancionados, han traído a la mesa la discusión respecto de las irresueltas deficiencias que hasta la fecha se arrastran en materia de fiscalización. Es cierto que desde aquel entonces las reglas han cambiado, sin embargo, el entramado normativo vigente mantiene aún omisiones reglamentarias y procedimentales que obstaculizan las acciones de fiscalización. Tres factores alimentan ese rezago: el registro de operaciones contables, que no se lleva a cabo en tiempo real, del que se hace una apresurada revisión de decenas de miles de informes de partidos y candidatos en tiempos ajustadísimos, y la ausencia de medios para seguir la pista a los colosales montos de dinero en efectivo que circulan durante las campañas.

Cabe admitir que la fiscalización se desarrolla bajo múltiples restricciones: a) la propia complejidad técnica de esa tarea -que vuelve difícil explicar y dilucidar sus determinaciones-; b) la limitación de sus insumos que se proveen sólo  de la información que formalmente aportan los partidos y candidatos, de la que obtiene de sus auditorías y de sus actuaciones de monitoreo en campo, y de la que consigue -gracias a sus atribuciones investigativas- de los ámbitos comercial, hacendario y financiero; y c) el volumen de su tarea y la brevedad de los plazos.

Como se sabe, la reforma electoral de 2014 centralizó en el Instituto Nacional Electoral la fiscalización federal y la local. Antes de esa reforma la fiscalización en el ámbito local la llevaban a cabo los órganos electorales locales. La misma reforma estableció, como causal de nulidad de las elecciones, el rebase determinante del tope de gastos de campaña, mismo que se acredita por las labores de fiscalización. Por lo que esa labor es fundamental para asegurar la equidad en las contiendas.

Por disposición de ley, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de los candidatos está a cargo del Consejo General del INE y de su comisión de fiscalización (integrada por 5 consejeros). Para llevar a cabo esas tareas, el Consejo General tiene amplias capacidades, pues su actuación no está limitada por los secretos bancarios, ni fiscales ni fiduciarios. El Consejo General tiene la facultad para desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, que es crucial para el cumplimiento de las obligaciones de éstos en materia de fiscalización, pues es la base para las tareas de auditoría que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización. La fortaleza o debilidad del sistema en línea de contabilidad determina, poderosamente, la eficacia de la fiscalización.

En el artículo 60 de la Ley General de Partidos Políticos se establecen las características que debe tener ese sistema. Entre ellas destaca la obligación de generar, en tiempo real, estados financieros. Esta cualidad, aunada a la ya referida de que se trata de un sistema en línea, conduce a la convicción de que la operación eficaz de ese sistema demanda que los registros se asienten al momento de su concreción (para inhibir toda posibilidad de manipulación de los datos) y no de manera diferida. Sin embargo, ello no ocurre de ese modo, pues el Reglamento de Fiscalización del INE, en su artículo 38 “Registro de operaciones en tiempo real”, indica que “Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización” Un tiempo real muy sui generis.

Por otra parte, en agosto de 2014, el INE, mediante acuerdo INE/CG120/2014, aprobó el diseño y alcances del sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos. En la página 23 del anexo de ese acuerdo se establece que dicho sistema contará con tres módulos. El segundo, denominado fiscalización inteligente: “enfocado a verificar en forma automatizada a partir de un modelo de riesgo la veracidad de las operaciones e informes reportados”. La fiscalización inteligente, se explica en el documento, “busca permitir una revisión e intervención más ágil de la información reportada, de forma tal que la autoridad esté en condiciones de auditar con mayor precisión aquellos informes y operaciones que denotan mayores discrepancias con la normatividad. La fiscalización inteligente constituye entonces un cambio en el paradigma de la fiscalización y tiene como objetivo no sólo contribuir a que la autoridad pueda ejercer sus funciones en tiempo y forma, sino también a realizar un uso racional de los recursos públicos. Enfrentarse de otra forma al volumen de trabajo y plazos descritos … requeriría de una muy cuantiosa inversión pública que no necesariamente redundaría en una mayor precisión en las revisiones.” Sin embargo, hasta donde se conoce, ese módulo nunca fue instrumentado y se optó por “una cuantiosa inversión pública” para la contratación de cientos de personas. Un rol destacado en ese módulo era la información proveniente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de proveedores o de quejas y procedimientos oficiosos.

A pesar del tiempo transcurrido y de las amargas experiencias de uso ilegal de dinero en los procesos electorales: Pemexgate, Amigos de Fox, Monex, y tantos otros, la fiscalización electoral permanece como un problema no resuelto. Éste puede agravarse en un entorno polarizado como el de las elecciones de 2021. El tiempo apremia. La autoridad electoral está obligada a fortalecer sus instrumentos de fiscalización, pues a pesar de las inversiones colosales en ese rubro, hasta la fecha, no se han vigilado de manera puntual los recursos que debieran ser fiscalizados.

Elecciones en Coahuila e Hidalgo: un falso dilema

Si no se aporta confianza suficiente a los ciudadanos de que su salud no estará en riesgo si deciden acudir a votar, se presentará un sesgo en el número de votantes que acudirían a las casillas.

Rodolfo Torres Velázquez (01/08/2020)

Hace apenas tres días, el pasado jueves 30 de julio, el Instituto Nacional Electoral acordó que será el 18 de octubre cuando se realicen las elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo. Tanto el PAN como Morena han anunciado que impugnarán esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ambos argumentan que se expondrá a la ciudadanía al contagio de Covid-19. Para el caso de Hidalgo, una vez electos los Consejos Municipales, sus integrantes rendirían protesta el 15 de diciembre de 2020. En tanto ello ocurra, el Congreso del Estado de Hidalgo deberá designar, entre los vecinos, un Consejo Municipal interino. 

El pasado primero de abril, con motivo de la pandemia, el INE acordó ejercer su facultad de atracción para suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales en esas entidades. En el mismo acuerdo se formularon dos resolutivos adicionales. En el primero se mandató al consejero presidente del INE a establecer vínculos permanentes con las autoridades sanitarias, a fin de contar con los elementos necesarios para, en su momento, convocar a su Consejo General. En el segundo, se acordó que, una vez restablecidas las condiciones de seguridad sanitarias y en atención a las medidas que determine el Consejo de Salubridad General, el Consejo General del INE determinará la fecha para celebrar la Jornada Electoral en dichas entidades federativas.

Aunque en el acuerdo del pasado jueves se admite que aún continúa la emergencia de salud y se acepta que, en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades sanitarias, no se contempló a la materia electoral. El INE, en una lectura laxa de su propio acuerdo del primero de abril, argumenta que existen diversas disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias que permiten reanudar actividades esenciales a través de la implementación de protocolos de seguridad sanitaria.

Tengamos presentes las cifras. En abril pasado, cuando se acordó la suspensión de esos procesos electorales locales, en Coahuila se estimaban 407 contagios, ahora el recuento asciende a 12,090. En cuanto a defunciones, había entonces 42; ahora son 591. En Hidalgo, la estimación era de 261 contagios y ahora de 6,544. Sumaban, en aquel momento, 29 defunciones y ahora se cuentan 969. A la fecha, ambas entidades se encuentran en semáforo rojo: con máximo riesgo de contagio. Nadie podría sostener que, en esa materia, estamos ahora en una mejor situación que en abril pasado.

A pesar de que el INE acepta que la emergencia sanitaria aún continúa, estima que, atendiendo a la estrategia para la reapertura de actividades, es procedente establecer como fecha para la celebración de la Jornada Electoral local en las entidades federativas referidas el domingo 18 de octubre. Aunque, también debe advertirse, en el resolutivo octavo del citado acuerdo se señala que:  “En caso de que las autoridades competentes en materia de salud pública determinen oficialmente la existencia de condiciones sanitarias que vuelvan inviable la realización de actividades de organización o el adecuado desarrollo de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral inmediatamente tomará las medidas conducentes, en el ámbito de sus atribuciones, para garantizar la salvaguarda del derecho a la salud de las y los funcionarios electorales y de la ciudadanía en general.” Dada esta previsión, es probable que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no otorgará la razón a quienes llegaran a impugnar el acuerdo. Sin embargo, ello no resolvería el problema de fondo. Me explico.

Aun frente al escenario de que las autoridades sanitarias competentes, pues tanto la autoridad de salud local como la federal tendrían potestad para pronunciarse al respecto, considerasen suficientes las medidas preventivas que se implementen (uso obligatorio de cubrebocas, careta y sanitización continua de mamparas, casillas, mesas receptoras y espacios para el escrutinio y cómputo), queda aún por ver si las medidas serán suficientes para aportar a la ciudadanía la confianza suficiente de que su salud no se pondrá en riesgo y de que podrán acudir con tranquilidad a votar a las casillas. Ello, sin abundar en la dificultad que tendrían los funcionarios de casilla -algo que, en otro momento, ya he apuntado- para identificar plenamente al votante que, con todo derecho, pudiera negarse a deprenderse de su cubrebocas.

Si no se aporta confianza suficiente a los ciudadanos de que su salud no estará en riesgo si deciden acudir a votar, se presentará un sesgo en el número de votantes que acudirían a las casillas. Es previsible que se presenten elevados niveles de abstención y de ausentismo de los funcionarios electorales, con el consecuente impacto negativo en el número de casillas que podrán instalarse. No debe olvidarse que el diseño electoral está concebido para evitar, en todas sus etapas, un sesgo en la participación ciudadana en las elecciones. Como puede verse, el tema no se reduce a la vehemencia con que pueda argumentarse sobre la relevancia de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía -lo que sin duda es relevante -, sino que, ahora, se adhiere a él la responsabilidad que tiene la autoridad electoral de generar las condiciones necesarias para que ese ejercicio ocurra sin poner en riesgo la salud de los participantes. Ello pasa necesariamente por el completo rediseño de los procesos electorales que preserven la efectividad del sufragio y la autenticidad de las contiendas. Y en eso, el INE debe admitir que, en condiciones de riesgo a la salud y la vida de los ciudadanos, no hay lugar a un dilema; las culpas y responsabilidades no se podrán compartir.

Alto a la trampa en las elecciones

El próximo miércoles 22 de julio, la Cámara de Diputados designará a 4 nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; al menos, dos deberán ser mujeres.

Rodolfo Torres Velázquez (18/07/2020)

El próximo miércoles 22 de julio, la Cámara de Diputados designará a 4 nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; al menos, dos deberán ser mujeres. La designación ocurrirá en un contexto en el que, de acuerdo con las más recientes encuestas, la autoridad electoral se encuentra entre las instituciones que brindan a la ciudadanía un nivel de confianza mediano. Lo que no es buen dato, pues la importancia de la función electoral, que tiene a su cargo – nada más y nada menos- que la organización de las elecciones mediante las que se transmite el poder público, requiere de la más alta confianza.

Con base en estudios de la casa encuestadora Consulta Mitofsky, durante los años 2004 al 2005 y del 2007 al 2010, al INE se le ubicó entre las instituciones que brindaban niveles altos de confianza. En los años 2006, del 2011 al 2016, y del 2018 al 2019 se le ubicó entre las que aportaban confianza media. En el año 2017 cayó al rango de confianza baja.

Esa constatación debería, por sí misma, alentar al INE, por el bien de la alta función de Estado que desempeña, a desplegar una agenda de transformación en al menos tres rubros: 1) en el aprecio que le tiene la ciudadanía; 2) en el cambio de su dinámica de operación institucional y 3) en el rediseño de sus procedimientos de organización de las elecciones.

Sin negar mérito a la realización de foros y encuentros de análisis del estado que guarda nuestra democracia o nuestra condición política, no puede ser éste el ingrediente único para trasmitir a la población la percepción respecto de la utilidad de la autoridad electoral. Tampoco basta, para concitar el aprecio ciudadano, el débil refugio en la emisión de la credencial para votar. Menos aún en la mera proclama de la defensa de la autonomía de las instituciones electorales, que en muchos despierta la suspicacia de una retórica orientada a la defensa de condiciones de privilegio.

Es un hecho que, hasta la fecha, la trampa ha estado presente en las elecciones que se celebran en nuestro país. Por desgracia, no ha sido infrecuente que esa trampa haya tenido éxito y haya distorsionado el voto ciudadano. Peor aún, a pesar de la evidencia de que se ha incurrido en trampas, esos actos han quedado impunes. Y ésa es la verdadera y legítima causa de la desconfianza ciudadana en los procesos electorales y en sus autoridades. En la medida en que la autoridad electoral castigue la trampa con severidad y construya los mecanismos para vigilar la limpia realización de todos los actos que le competen, seguramente gozará de mayor aprecio por parte de la ciudadanía.

Más allá de proclamas formuladas de manera sencilla o compleja, la autoridad debe mostrar su irrenunciable compromiso con la organización de elecciones auténticas y equitativas, con la efectividad del sufragio y con el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas las personas. A fin de cuentas, el propósito de la autoridad electoral debe ser el asegurar la vigencia y respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Como consecuencia de sus actos, la autoridad electoral se ubicará en el nivel de confianza que merezca.

En cuanto al segundo rubro, la inercia que resulta de la forma en la que se ha designado a las y los consejeros electorales, mediante “cuotas y cuates”, ha producido una operación institucional deficiente.

Como sabemos, durante buena parte del siglo XX, el gobierno organizaba las elecciones (a conveniencia). Después de un largo proceso de reformas, en el órgano superior de dirección, el Consejo General, sólo votan consejeras y consejeros electorales designados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los partidos y otras fuerzas políticas formales e informales han pactado, por casi dos décadas, el reparto de esas designaciones.

Ese reparto extralegal se ha trasladado al ámbito del INE, y de los Institutos Electorales en las entidades, que preservan la lógica de la negociación y de las cuotas. La consecuencia de ello ha sido un ejercicio patrimonialista, “feudal”, de la administración institucional en la que algunos consejeros fungen como supra-directores ejecutivos, sin que asuman las inherentes responsabilidades administrativas. Ello explica, en buena medida, la ausencia de un genuino ejercicio público de autocrítica al fin de cada proceso electoral. Las sesiones públicas se convierten en torneos de elogios mutuos, a pesar de los errores cometidos. Toda crítica, aun cuando fuese fundada, se interpreta como un intento de confrontación política. Ello demerita sustancialmente las tareas de los consejeros como integrantes del órgano superior de dirección. La mejora del accionar operativo institucional pasa por la desarticulación de feudos, por combatir el reparto de posiciones, por privilegiar la profesionalización de la función electoral en todos sus ámbitos, y por asumir que los procedimientos electorales son esencialmente de naturaleza transversal.

Por último, aunque ya en otros artículos he abogado por la incorporación de dispositivos electrónicos en la casilla de votación, también se requiere en otras áreas. En materia de fiscalización, por ejemplo, deben cumplirse los acuerdos del propio Consejo General que exigieron una fiscalización inteligente, que evite los errores que se cometen debido a la revisión y dictaminación manual de informes. Lo propio puede hacerse para revisar la membresía a organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos y a los ya constituidos. Debe hacerse uso de todas las herramientas disponibles para, tan pronto una organización registre una afiliación, se notifique de inmediato a la persona implicada para que confirme su membresía a la organización en cuestión . No es necesario esperar a la confronta de membresías duplicadas, que ahora ocurre, hasta el momento en que se detecta una misma afiliación en dos partidos distintos. Es un reto enorme, sin duda, aunque indispensable, si se quiere fortalecer la institucionalidad electoral y la gobernabilidad democrática.

Las elecciones del 2021 requieren ya de dispositivos electrónicos

En apenas 57 días dará comienzo el proceso electoral 2020-2021. En ese ámbito, a las acciones que la emergencia sanitaria ahora nos impone debemos agregar las indispensables adecuaciones a los procedimientos logísticos que, desde la organización y la capacitación electorales, deben emprenderse para subsanar las deficiencias que la experiencia reciente ha evidenciado.

Rodolfo Torres Velázquez (04/07/2020)

En apenas 57 días dará comienzo el proceso electoral 2020-2021. En ese ámbito, a las acciones que la emergencia sanitaria ahora nos impone debemos agregar las indispensables adecuaciones a los procedimientos logísticos que, desde la organización y la capacitación electorales, deben emprenderse para subsanar las deficiencias que la experiencia reciente ha evidenciado. En particular en lo que se refiere a la operación de la casilla única de votación.

La reforma de 2014 estableció, en su artículo transitorio octavo, párrafos primero y segundo, que una vez integrado el Instituto Nacional Electoral, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva en los procesos electorales locales se entenderán delegadas a los Organismos Públicos Locales y se dispuso que se mantendrían delegadas hasta en tanto no fuesen reasumidas por votación de la mayoría del Consejo General del INE. Sin embargo, en sesión celebrada el 14 de julio de 2014, su Consejo General aprobó retomar la casilla única para procesos concurrentes, federales y locales (INE/CG100/2014). En concordancia con lo anterior, el 13 de agosto de ese mismo año, el INE aprobó el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes del 2015 (INE/CG114/2014).

Así, para el proceso electoral 2015, del total de casillas proyectadas, el 56.26 por ciento fueron casillas únicas. Para las elecciones de 2018 se estimó que el porcentaje de casillas únicas alcanzaría un 96 por ciento.

Aunque el modelo de casilla única ha depurado paulatinamente su operación, se han identificado múltiples oportunidades de mejora. Entre ellas, destacaré sólo algunas. Primero, la que atiende a la dificultad para encontrar locales apropiados y suficientemente amplios para albergar al elevado número de personas que deben estar presentes en la casilla durante la jornada electoral -funcionarios de casilla, representantes de partido y de candidatos. Ello tiene, además, un impacto desfavorable en el el objetivo de reducción de costos, pues los gastos destinados al mobiliario y al apoyo alimenticio son muy altos. Otra importante es que, el elevado número de elecciones concurrentes, torna extenuante la labor de los funcionarios electorales, con el consecuente aumento en el riesgo de errores. No puede obviarse la complejidad extraordinaria que supone el conteo de los votos en la casilla única para procesos concurrentes. Finalmente, que la recolección de paquetes y su entrega es poco expedita y repercute negativamente en la obtención de resultados electorales oportunos.

Estas dificultades operativas encuentran su expresión en los estudios elaborados por la propia autoridad electoral nacional. El INE, produjo su “Informe de resultados del estudio muestral del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018”. Este estudio tuvo como objetivo general examinar el llenado de dichos documentos para identificar la proporción que tuvo inconsistencias en los datos asentados. En él se concluye que dos de cada tres actas presentan errores. Según este estudio, el resultado del número de actas con equívocos fue similar al observado en las elecciones del año 2006. Por otra parte, el estudio detectó que, en el conjunto de entidades federativas que celebraron elecciones concurrentes, la incidencia de errores en las actas fue hasta diez puntos porcentuales más que en el de las entidades federativas en las que sólo ocurrieron elecciones federales. Con ello se reveló que las elecciones concurrentes pueden tener un efecto negativo en el porcentaje de actas llenadas correctamente, debido a la dificultad supuesta en el escrutinio, al aumento de trabajo y al cansancio de las y los funcionarias/os de las Mesas Directivas de Casilla el día de la jornada electoral.

Otro aspecto relevante que se anota en el informe tiene que ver con las actas que fueron objeto de recuento durante los cómputos distritales. Más del 70 por ciento de la actas tuvieron que ser recontadas. De las actas que fueron objeto de recuento, entre el 78 y el 80 por ciento, revelaron inconsistencias en los datos.

Ese resultado apunta con nitidez hacia la urgencia de instrumentar soluciones que subsanen el elevado número de errores que se observan, mismos que producen múltiples reconteos, retrasan la emisión de resultados y, sobre todo, merman la confianza de los ciudadanos en los comicios y en la institucionalidad electoral.

La mejora en la operación de la casilla única debe abordarse desde los aspectos logísticos, normativos y, desde luego, también tecnológicos. A ese fin coadyuva la eventual incorporación de dispositivos electrónicos de votación en la operación de la casilla única.

Los proyectos de incorporación de ese tipo de dispositivos electrónicos no son novedosos a nivel nacional. Los Institutos Electorales del entonces Distrito Federal, de Coahuila, y de Jalisco, fueron pioneros en esa materia.

Como participante en ese proceso puedo dar constancia que desde el 13 de febrero del 2003 el Consejo General del IEDF aprobó “la investigación de alternativas sobre la posibilidad de automatizar los procedimientos electorales, modernizar el ejercicio del voto de los ciudadanos y reducir sus costos”. El 21 de diciembre de 2005 el IEDF concluyó con la construcción de 60 unidades de urna electrónica. Desde entonces y hasta diciembre de 2019, esas urnas se utilizaron en 75 ejercicios de votación, 29 de ellos vinculatorios y de participación ciudadana; en todos ellos participaron más de 80 mil personas.

Sobran razones para impulsar la operación de las urnas electrónicas en los comicios que están en puerta. La reingeniería de los procesos electorales, fustigada ahora por la contingencia sanitaria, apela al uso de los instrumentos tecnológicos y a la vigilancia de que su utilización preserve y fortalezca la autenticidad del sufragio.

EL FUTURO DE LAS ELECCIONES. EL OJO DEL AMO ENGORDA EL CABALLO.

Rodolfo Torres (18/06/2017)

En conferencia magistral, impartida en el INE, el Profesor John Keane de la Universidad de Sydney, Australia, apuntó seis tendencias que erosionan la convicción sobre la efectividad de las elecciones; lo que a su vez incide sobre el futuro mismo de la democracia: desencanto público respecto a las elecciones, democracia monitoreada, campañas permanentes, insatisfacción ciudadana, dinero, y elecciones sin democracia. Destaco a continuación algunos aspectos de la conferencia.

En cuanto al desencanto público, Keane sostiene que tras el entusiamo (cuyo origen identifica a fines del siglo XVIII) respecto a los efectos positivos –un gobierno sin corrupción, igualdad política, dignidad social y armonía colectiva- que provocaría la realización de elecciones libres y justas, arrivamos hoy a una visión más realista y utilitaria de las elecciones.

Con la idea de democracia monitoreada se refiere a las elecciones rodeadas de un amplio conjunto de instituciones que las vigilan o supervisan (entre ellas el INE), lo que facilita la exposición de los casos de escándalo.

Keane señala que, el hecho de que estemos en medio de una revolución de las comunicaciones a nivel global, afecta diversos ámbitos, entre ellos a la radio, la televisión y la prensa, y también transforma la manera en que los partidos políticos y los gobiernos buscan aprovechar esos nuevos medios. Estas condiciones propician la existencia de campañas electorales permanentes.

 Por otra parte, en todo el mundo se expresa un desafecto por las elecciones que se manifiesta en una baja de la membresía política de los partidos, y en el surgimiento de la anti-política (que está en contra no sólo de los partidos políticos sino de los congresos y de las elecciones). Ese desafecto desplaza la pasión política de los ciudadanos hacia otros foros, algunos sólo de mera protesta; pero en otros, de generación de iniciativas ciudadanas de amplio espectro.

De acuerdo con Keane, los votantes, los partidos políticos y los gobiernos han tomado conciencia de que las elecciones están insertas en un sistema de ganancias, es decir de procesos capitalistas y mercantiles. El problema de circulación de grandes cantidades de dinero en las elecciones es un problema mundial. Es elocuente el ejemplo de los Estados Unidos en que la Corte Suprema resolvió, en el año 2010, que el dinero en las elecciones y la libertad de expresión eran equivalentes y, por tanto, ambos debían ser protegidos. Ello no es sino una muestra clara de que las elecciones se determinan por la dirección de los grandes capitales que en ellas se invierten.

Otro aspecto del uso del dinero es el cabildeo organizado. En Washington se calcula que hay 90 mil organizaciones encargadas de inducir las políticas de los gobiernos electos. Ello sugiere que las decisiones no se toman en función de los intereses de los electores sino de quienes detentan el poder del dinero. Lo que trae aparejado otro problema: cuando los mercados no funcionan, como en 2007 y 2008, se provocan seísmos sobre las elecciones y las democracias. En suma, se ha establecido un vínculo poderoso:  dinero-capitalismo-elecciones-democracia.

Así, sostiene John Keane, el sistema de partidos, de parlamentos y gobierno -las  formas de sus operaciones- en todo el mundo, han protegido a la riqueza. Por ejemplo, en el Reino Unido, el uno por ciento de la porción superior posee lo equivalente al 50 por ciento de la porción inferior y uno de cada 5 ciudadanos vive debajo de la línea oficial de pobreza. Esta situación, dice el conferencista, no es compatible con los ideales de la democracia.

En cuanto a la sexta tendencia, señala que en diversos paises: Irán, Vietnam, Hungría y Rusia, entre otros, hay elecciones pero no hay democracia. Así muestra que las elecciones pueden ser instrumentos al servicio de dictadores, quienes las usan para obtener apoyo público a su régimen autoritario, o para ventilar las diferencias en la cúspide del poder. En esos casos, también sirven -como en la Rusia de Putin- para celebrar el poder de un régimen.

Estas seis tendencias, sostiene el expositor, son relevantes pues nos permiten cuestionar si es que hay un futuro para las elecciones, si éstas están perdiendo su control sobre la democracia, o si esta última va en declive.

Concluye el Profesor Keane con tres futuros escenarios posibles. El primero se dibuja en dirección de que se siga alimentando el combustible anti-elecciones y se fortalezcan los llamados a dar la espalda a los procesos electorales como pieza central de la democracia. Argumenta el Profesor Keane que quienes están a favor de este escenario desestiman la sensación festiva que rodea en múltiples ocasiones al acto de votar. El segundo escenario consiste en renovar los procesos electivos para que efectivamente sean libres y justos; avanzar en un sentido en que recuperen su lugar al centro del alma de la democracia. La idea es limpiar las elecciones, eliminar la corrupción y crear los mecanismos para que los representantes políticos efectivamente representen a sus electores. El tercer escenario apuesta por fortalecer a las instituciones que se dedican al escrutinio constante del ejercicio del poder, para  incentivar a que éstas den lugar a la voz de las mínorias y al espacio que éstas han de tener en la vida pública. Entre otras cosas, con el propósito de que haya una mayor rendición de cuentas en los sistemas políticos.

Invito al lector interesado a disfrutar de esta lúcida conferencia en el canal INETV en Youtube.

REGULACIÓN DE MENSAJES POLÍTICO-ELECTORALES EN INTERNET. PERAS AL OLMO (II/II).

Rodolfo Torres (04/06/2017)

En entrega previa (de fecha 21 de mayo de 2017) señalamos que dos factores corren en sentido inverso al propósito de regular los mensajes político-electorales en Internet: la ausencia de gobierno en la red de redes, y la naturaleza distributiva del tráfico de información. En esta entrega, agregamos dos ingredientes que hacen inviable (en sentido clásico) su regulación: su ausencia de límites, espaciales y temporales, en el intercambio de mensajes.

Para que toda autoridad electoral (entre ellas el INE) pueda ejercer sus atribuciones punitivas –en aras de obligar a los sujetos a la observancia de las normas- debe tener capacidad para: determinar con nitidez las conductas infractoras, identificar las sanciones que corresponden a esas conductas, y reconocer a los sujetos infractores. Una condición implícita es que los sujetos hayan tenido (o tengan, si la conducta ocurre de modo continuo), control sobre el uso del medio que emplearon en el momento en que la norma fue violada. Por ejemplo, existe disposición normativa (en rigor se trata de un criterio orientador: Tesis XXIV/2016 del TEPJF) que obliga a los partidos políticos a retirar la propaganda genérica al iniciar las fases de precampaña y campaña; si la propaganda permanece durante esas etapas, los gastos en propaganda en los que se haya incurrido deben ser contabilizados y prorrateados entre las precampañas o campañas beneficiadas. Hasta este punto es clara la norma, su consecuencia y los sujetos involucrados. Está implícito, en esta disposición normativa, que el sujeto estuvo en aptitud de determinar, en su momento, la ubicación y el lapso en que la propaganda debía estar expuesta. Para el caso de exhibición de espectaculares, es evidente que el partido político es quien determina, por medio de un contrato, el ámbito espacial y temporal en que los anuncios pueden permanecer expuestos. De modo que, si el proveedor no  desmontase  los espectaculares a la conclusión del lapso acordado, o los hubiese colocado fuera de las localidades pactadas, el partido podría usar esos elementos para deslindarse de la conducta infractora y, en consecuencia, atenuar o eludir la sanción.

En Internet ocurre una situación muy diferente, tanto en lo que se refiere al ámbito temporal como al espacial. La vertiente temporal es relevante en la medida en que, tanto en el periodo ordinario como en las etapas de precampaña, inter-campaña y campaña del periodo electoral, la propaganda está regulada con mayores o menores márgenes de prohibición o permisividad. Es decir, mientras que, en la etapa de campaña, es claramente válido que los actores políticos llamen a sus simpatizantes a votar por sus candidaturas (de eso se tratan las campañas), en periodo ordinario esos llamados al voto están prohibidos (pues podrían configurarse como actos anticipados de precampaña o campaña).

El atributo espacial es fundamental en las contiendas electorales. Todos los cargos de representación, que resultan de las elecciones, tienen un referente territorial y sobre él se organizan los procesos electorales, ya sea por: entidad, municipio, distrito, circunscripción o a nivel nacional. Por ejemplo, la ley prevé sanciones si los representantes electos promocionan sus informes anuales fuera de la localidad que les corresponde. O, en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, existe disposición expresa que prohíbe realizar campañas electorales en el extranjero.

En Internet, el carácter distributivo del intercambio de información impide que los actores políticos puedan acotar el lapso de circulación de su propaganda. Podría acotarse la fecha de inicio, pero nunca la de término. Ello se debe a que la información transita en la red de redes a nivel mundial y es, potencialmente, susceptible de almacenaje en múltiples servidores de cómputo. Como se sabe, en Internet, participan entidades de naturaleza diversa: pública, privada, comercial, académica o gubernamental y, dada la falta de un gobierno central de la red, no hay manera de restringir o eliminar en su totalidad la información. Además, la aplastante mayoría de propietarios de esos servidores, en todos esos puntos potenciales de almacenamiento, no habrían sido partícipes de un eventual contrato. En suma, la información puede permanecer en el ciberespacio de manera indeterminada e incontrolada.

Asimismo, la aspiración de acotar el espacio por el que circula la información es una quimera. En Internet no existen fronteras, ya no digamos nacionales; mucho menos locales, como las que delimitan espacialmente una entidad, un municipio, un distrito o una circunscripción. Por ello, el potencial de derramamiento de la información es tan vasto.

Si los sujetos obligados -llámense partidos políticos, candidatos de partido o independientes- no tienen la posibilidad material (ni el interés, quizá, aun cuando tuviesen hipotéticamente esa posibilidad) de acotar temporal y espacialmente sus mensajes político-electorales, la autoridad no podría, al intentar obligarlos, alcanzar su propósito de delimitar la circulación de la información. Por tanto, esa autoridad –carente de instrumentos punitivos eficaces- no estaría en aptitud de hacer vigente una eventual regulación.

Es verdad que las redes sociales, que son parte del ecosistema del espacio virtual, tienen características particulares que ameritarían algunos matices. Sin embargo, en lo general, los argumentos siguen siendo válidos y, en consecuencia, las posibilidades de regular Internet para la difusión de mensajes político-electorales son inexistentes.

 Estos elementos nos emplazan a una reflexión más profunda respecto de las condiciones necesarias que deben concurrir para garantizar el principio de equidad en las contiendas. Que, como hemos visto, no convergen por ahora en Internet.

REGULACIÓN DE MENSAJES POLÍTICO-ELECTORALES EN INTERNET. LA CUADRATURA DEL CÍRCULO (I/II)

Rodolfo Torres (04/06/2017)

A propósito del día mundial de Internet, celebrado el miércoles de la semana que concluye, se organizaron foros que, desde diversas perspectivas, analizaron las profundas transformaciones que su irrupción ha provocado en nuestra vida diaria. Una de las vertientes fue la eventual regulación por el INE de mensajes político-electorales. Al hablar de regulación nos referimos al establecimiento de reglas para su uso; no a la prohibición de acceso a ciertos sitios.

En esta entrega nos ocupamos de dos atributos de Internet, y de diversos incentivos, que convierten a esa regulación en un reto formidable. En cuanto a los atributos tenemos: su gobierno (entiéndase: la ausencia de éste)  y el modo en que intercambia la información. En cuanto a los incentivos están los que empujan la conversión de los medios tradicionales de radio y tv hacia internet.

Hoy día existe un conjunto de computadoras -interconectadas a nivel mundial- que para el intercambio de información utilizan un protocolo de comunicaciones basado en TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Se trata de la red de redes – privadas, públicas, académicas, de negocio y de gobierno, de alcance local y global- que se denomina, simplemente, Internet. Tiene su origen en un proyecto que, patrocinado por el gobierno norteamericano en 1960, buscaba construir redes (de computadoras) tolerantes a fallos. La primera columna vertebral de esa red fue construida por una oficina del Departamento de Defensa norteamericano (ARPA); en los años 80s, se sumaron a ella centros de educación y de investigación. La incorporación, en los 90s, de redes privadas y de negocios marcó el inicio de la transformación de esa red hacia lo que hoy nos es tan familiar.

Para entender la ausencia de gobierno de Internet, debe tenerse en cuenta que la red de redes tiene una arquitectura tecnológica no centralizada; distribuida. Ello, a partir de la premisa original de que una red con control central es mucho más vulnerable a un eventual ataque (militar o de otro tipo) que otra con control distribuido. Es por ello que no existe un ente que decida por sí sólo en la red, es decir, una autoridad central que imponga criterios de obligada observancia o que pudiera sancionar los casos de desatención a una norma. Lo más cercano a una entidad de gobierno es el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), sin embargo, este ente no controla el contenido de red, no puede detener el correo basura y no gestiona los accesos. ICANN sólo coordina el sistema de nombres de Internet (lo que tiene –hay que decirlo- una  importancia extraordinaria en la expansión y evolución de ese medio). Actualmente, se desarrollan debates acerca de si debiera existir un organismo que ejerciera el control de Internet (algunos, a contrapelo de numerosas opiniones, proponen que podría ser la ONU). No obstante, el debate no parece tener una conclusión cierta ni cercana; ni siquiera en el mediano plazo.

A diferencia de un modelo de comunicación centralizado (como el que caracteriza a los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión) en el que existe un solo emisor activo y múltiples receptores pasivos, Internet opera con un modelo de comunicación distribuido. En él conviven múltiples emisores y receptores, ambos activos (pues pueden interactuar de modo directo e inmediato entre ellos).

En lo que se refiere a los incentivos que favorecen el uso de Internet tenemos que, según un estudio publicado por la revista Forbes, los mexicanos creemos más a los medios digitales que a la televisión. Lo que, desde el punto de vista comunicacional, parece inaudito pues, en contraste con las redes sociales, esos medios tradicionales invierten ingentes recursos para validar las noticias que emiten. Sin embargo, ello podría explicarse debido a que los usuarios, principalmente de redes sociales, trasladan a la noticia el monto de credibilidad que les aporta el emisor que -como en el caso de Facebook- pertenece a su círculo de confianza. Pero los incentivos no terminan ahí. En materia de noticias de prensa, diversos medios luchan por mantener su difusión impresa, mientras que otros ya, de plano, otorgan mayor relevancia a sus versiones digitales.

 A lo anterior hay que sumar la penetración creciente que en el mercado actual tiene el video por demanda, tanto de series como de películas, así como la ubicuidad de los teléfonos inteligentes (que se han convertido en el principal medio para acceder a los recursos que brinda internet). Todo ello propicia una tendencia que parece irremediable: la migración creciente de recursos desde los medios audiovisuales centralizados hacia los medios distribuidos basados en Internet.

Además en México, según datos de la Asociación de Internet, para 2017 existen 70 millones de usuarios. De los que 9 de cada 10 internautas interesados en la democracia utilizan esa vía para estar informados, y lo hacen principalmente por redes sociales (97 por ciento), sitios de noticias (79), y buscadores (74). A lo anterior hay que agregar que las técnicas que hoy día utiliza el marketing aprovechan Internet de modo tal que la convierten en una herramienta superior a los medios audiovisuales tradicionales. Esos incentivos, y la carencia actual de regulación, provocarán que los partidos políticos y candidatos desplacen mayores recursos, que los que ahora destinan, hacia Internet.

 La indispensable equidad en las contiendas y la libertad de expresión obligan a atender sin dilación este fenómeno (en ello abundaremos en nuestra próxima entrega; en dos semanas).