Rabia y miedo, armas para la elección presidencial del 2024

Rodolfo Torres Velázquez (4/07/2021)

Aunque estamos a una aparente larga distancia (tres años) del momento en que acudiremos nuevamente a las urnas para votar en una elección presidencial, es posible vislumbrar, desde ahora, a la luz de las estrategias desplegadas por los contendientes, que estaremos nuevamente alejados de las condiciones adecuadas para ejercer un voto genuinamente libre y auténtico. Las restricciones y distorsiones de la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas han estado presentes desde la inauguración misma, en nuestro país, de ese ejercicio democrático. De ser el caso, la elección de 2024 sería lamentablemente un eslabón más de una larga cadena de obstáculos que han impedido la vigencia plena de la autenticidad del sufragio.

Fue, recordemos, en la Constitución de Cádiz de 1812, en donde se estableció, por primera vez, el atributo de ciudadanía. Antes de ella todos eran súbditos de la corona. Esa Constitución gaditana también estableció la figura del ayuntamiento y con ello dispuso la posibilidad de tener una representación política electa en esos órganos de gobierno. Sin embargo el ejercicio del voto se restringía de diversas maneras. En diversas latitudes del mundo, incluida la nuestra, se estableció el voto censitario, o sufragio restringido, que consiste en otorgar el derecho al voto a sólo una parte de la población. Por décadas, esas restricciones  suscribían privilegios de carácter económico o social. Bien, podían votar sólo quienes fuesen propietarios de inmuebles o tuviesen ingreso económico elevado; o bien, tenían derecho al voto exclusivamente quienes supieran leer y escribir. Hasta 1964 , en los estados sureños de la unión americana, se aplicaban “examenes de alfabetización” que se utilizaban para negar el derecho al voto. A lo largo del siglo XIX estuvo en el debate público la conveniencia de la universalidad del voto. Aunque nuestra Constitución de 1857 estableció un voto universal se interpretaba que se refería sólo al voto masculino. Se razonaba, interesadamente, que la mujer formaba parte de una familia cuya cabeza era el hombre, y sólo él detentaba el derecho al voto.

Durante la mitad del siglo XIX destacados “intelectuales” mexicanos disertaban explícitamente respecto de la inconveniencia, para la cosa pública, de dejar en manos de la plebe el voto libre; a la que se  atribuía, además de la pobreza material, la espirtual y una manifiesta “carencia de virtudes”. A fines del siglo XIX el ala liberal mexicana arribó a la convicción de que la educación masiva era una condición indipensable para la vigencia de la democracia. Ello explica, en buena medida, el emprendimiento de la educación pública universal.


Un mecanismo más refinado para restar efectividad al sufragio fue el del voto indirecto, que estuvo vigente en nuestro país durante buena parte del siglo XIX y que aún continúa vigente en los Estados Unidos. Consiste, básicamente en que se erige una suerte de intermediación en la que el voto popular se contabiliza para elegir electores, destinados a emitir sus votos -en principio, representativos- para la elección de los cargos públicos.

El neoliberalismo trazó una ruta más radical para descafeinar el valor del voto y llevó a cabo la separación de la política y de la economía (salvo cuando la política se subordina y sirve a la economía). Erigieron, así, múltiples instancias de ejercicio de poder desvinculadas del voto ciudadano. Entre ellas, los entes autónomos y órganos reguladores.

En el siglo XX, y hasta la fecha, se han utilizado mecanismos más burdos para demeritar la autenticidad del sufragio. La compra de votos, la coacción de votantes, la falsificación de electores, la alteración de votos y actas; todas ellas, aún prácticas vigentes.

Pero en fecha reciente (desde 2006) se ha innovado en cuanto a los medios que se usan para distorsionar el voto de los electores y son los que, desde ahora, se despliegan con miras a la elección del 2024. El primero de ellos es el uso persistente de la infodemia, que consiste en la confluencia de prácticas que provienen del denominado realismo político, de la psicología y de la informática. Su propósito es desfigurar, o al menos afear, la percepción de las acciones del gobierno para restarle densidad y peso específico. El segundo consiste, como lo aconsejó el neoliberalismo desde sus orígenes, en la apropiación de figuras públicas: actores, deportistas, youtubers u otros personajes que ejercen liderazgos formales o informales.

El tercero, y quizá el más pernicioso e intrusivo, sea la postulación del predominio de las emociones a la hora de que los votantes acuden a las urnas. El poder de este recurso no puede ser menospreciado a la luz de la efectividad de su puesta en operación en otros países: Reino Unido (Brexit) y los Estados Unidos (elección de Trump).

El voto razonado tiene como premisa que los electores reflexionen el sentido de su voto, que conozcan las consecuencias de éste, al menos, en lo que toca al mediano plazo (durante los tres o seis años subsecuentes);  que su decisión tenga un mayor horizonte temporal. Las emociones son, generalmente, un obstáculo para la ponderación objetiva de factores que podrían influir para ese efecto de miradas razonadas a la vista de plazos temporales más amplios.

En razón de ello vemos, a partir de ahora, una creciente estridencia, si cabe, en los mensajes de los actores políticos. Los mensajes de los contendientes buscarán inocular rabia y miedo. Por desgracia, todos esos artilugios menoscaban las posibilidades de un ejercicio auténtico del sufragio. En ese mar embravecido de bajas pasiones, la objetividad de las y los votantes, en el momento de ejercer su sufragio, son el último recurso para el predominio de un voto libre, auténtico y razonado.

Este 6 de junio ¡Vota y vigila tu voto!

Rodolfo Torres Velázquez (23/05/2021)

En catorce días se llevarán a cabo las elecciones intermedias. Se determinará la integración de la Cámara de Diputados mediante la elección de 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. También habrá elecciones locales en las entidades federativas en las que, entre otros cargos, se elegirá a 15 gubernaturas. En el ámbito local habrá 19 mil 915 cargos en disputa. Para el total de cargos, se inscribieron 101 mil 634 candidaturas. Podrán votar 93 millones 528 mil 473 personas de las que casi el 52 por ciento son mujeres. El número de electores registrados para ejercer su voto desde el extranjero es de 32 mil 303 personas. Ese voto se contabilizará en once entidades federativas para 9 gubernaturas, una diputación migrante en la Ciudad de México y la asignación de diputaciones de representación proporcional en Jalisco.

El INE, como autoridad electoral nacional, tiene una función de Estado; la de organizar las elecciones de modo que se garantice la equidad en la contienda electoral y se preserve la autenticidad del sufragio. Para el logro de esos objetivos es trascendente la eficacia de todos sus actos, ahora de manera especial, en la capacitación electoral de quienes fungirán como funcionarios de casilla.

Se instalarán 162 mil 926 casillas, que serán atendidas por 1 millón 464 mil 840 funcionarios electorales, quienes deberán cumplir con las tareas de recoger el voto ciudadano y de llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos. La primera etapa de capacitación concluyó el 31 de marzo; la segunda, transcurre del 13 de abril hasta el 5 de junio. Cabe esperar que mediante dicha capacitación se hayan subsanado las deficiencias que, en esa materia, han exhibido las evaluaciones realizadas por el propio INE, y antes por el IFE.

Hace varios meses, el INE, publicó un “Informe de resultados del estudio muestral del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018”. Este estudio pretendía examinar el llenado de dichos documentos para identificar la proporción de inconsistencias en los datos asentados. En él se concluyó que dos de cada tres actas presentaban errores. Según este estudio, el resultado del número de actas con equívocos fue similar al observado en las elecciones del año 2006. El estudio detectó, también, que, en el conjunto de entidades federativas que celebraron elecciones concurrentes, la incidencia de errores en las actas fue hasta diez puntos porcentuales más que en el de las entidades federativas en las que sólo ocurrieron elecciones federales. Con ello se reveló que las elecciones concurrentes pueden tener un efecto negativo en el porcentaje de acertividad en el llenado de las actas. La dificultad supuesta en el escrutinio es elevada, las actas por llenar son numerosas y significativo el agotamiento de las y los funcionarias/os de las Mesas Directivas de Casilla tras su labor en el largo día de la jornada electoral.

Otro aspecto relevante que se anota en el informe tiene que ver con las actas que fueron objeto de recuento durante los cómputos distritales. Más del 70 por ciento de las actas tuvieron que ser recontadas. De las actas que fueron objeto de recuento, entre el 78 y el 80 por ciento, revelaron inconsistencias en los datos.

Ese resultado apunta con nitidez hacia la urgencia de instrumentar soluciones que subsanen el elevado número de errores que se observan. No sólo porque obligan a realizar múltiples reconteos, también, porque retrasan la emisión de resultados y, sobre todo, merman la confianza de los ciudadanos en los comicios y en la institucionalidad electoral.

Pero el alivio de esas deficiencias es también responsabilidad de la propia organización electoral. No sólo es cierto que un deficiente diseño de las actas impacta negativamente en la eficiencia y calidad de su llenado; hay otras condiciones organizativas a considerar. De la organización electoral depende, por ejemplo, la eficacia de los mecanismos de recolección de paquetes y de su entrega el propio día de la jornada. Si la recolección es poco expedita, como ha ocurrido en procesos anteriores, ocurrirá, como en experiencias precedentes, un retraso indeseable en la obtención de los resultados electorales.

Otra etapa crucial del proceso, al término del día de votación, es la que compete al escrutinio de las boletas. Como se sabe, es ésta la etapa en que la boleta electoral, marcada por el elector, una vez revisada minuciosamente (escrutada) por el funcionario de casilla, pasa a convertirse en un voto. Es decir, hay una intermediación, que cumple el funcionario de casilla, para hacer, de una boleta marcada, un voto. Esa intermediación no está exenta de errores, que se agravan por una capacitación deficiente. Cuando la boleta tiene una sola marca en un recuadro, la posibilidad de interpretación equivocada es mínima. Sin embargo, cuando en la boleta aparece marcado más de un recuadro, aumenta la posibilidad de error. Esto puede ocurrir con frecuencia, recordemos, porque la ley contempla la validez de una boleta marcada en más de un recuadro cuando se trata de partidos que participan en la misma coalición. Sin embargo, ese incremento en la posibilidad de error, y la eventual anulación del voto, se debe a que las coaliciones no son homogéneas en todos los ámbitos de la geografía electoral. Es decir, en el ámbito federal podría existir una coalición de partidos que sea distinta de las del ámbito local, por lo que, si se marcan los mismos múltiples recuadros en las boletas, en algunos casos el voto sería válido; en otras, en cambio, sería nulo. Ello exige un ejercicio de mucho cuidado tanto por parte del elector, a la hora de marcar su boleta, como del funcionario de casilla al momento de escrutar cada boleta marcada.

Ese cúmulo de retos, aunados a los que impone la emergencia sanitaria, hacen deseable que el INE se haya ocupado, con la oportunidad y diligencia debidas, de atender a cabalidad con sus tareas fundamentales en la capacitación electoral y la organización de las elecciones para garantizar que se preserve la autenticidad del sufragio. Si bien, es tarea de toda la ciudadanía asegurarse de que cada voto cuente y se cuente bien; parte de esa tarea consiste en señalar las responsabilidades organizativas que el INE tiene que cumplir.

El INE construye las causas de su propio naufragio.

Rodolfo Torres Velázquez (28/03/2021)

El pasado 19 de marzo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos un acuerdo (INE/CG193/2021) “Por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el seis de junio de dos mil veintiuno”. Se trata de un acuerdo que violenta la autenticidad y efectividad del voto de los ciudadanos; la legalidad -en tanto transgrede una norma constitucional expresa- y la certeza que debe prevalecer en las elecciones. A más de ser contrario a precedentes emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe, por eso; esperar, en buena lid, que esta instancia lo invalide.

A decir del INE: “El acuerdo aprobado busca evitar la sobrerrepresentación y que se haga efectivo el principio constitucional establecido en el artículo 54 de la Carta Magna, que establece que ‘En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida’”. Para ello el INE acuña un concepto, no previsto en la Constitución, no contemplado en las leyes electorales ni en las jurisprudencias, y sin precedentes en los acuerdos del propio IFE-INE. Me refiero al término de “afiliación efectiva”. Para cumplir con el precepto constitucional, dice el INE, se verificará la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa; es decir, aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura. Por tanto, el triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual el o la candidata ganadora tengan una “afiliación efectiva”.

El acuerdo es extraño a precedentes jurisprudenciales pues, como argumentó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien votó en contra del acuerdo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver la contradicción de criterios en el expediente SUP-CDC-8/2015 y realizar el análisis constitucional y legal respecto de la sobrerrepresentación, ratificó la libertad de autodeterminación y auto-organización de los partidos políticos, así como el derecho a la libre asociación política con la que cuentan las personas ciudadanas como una garantía fundamental que el Estado debe proteger y que, por tal motivo, aprobó la Jurisprudencia 29/2015: “CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN SER POSTULADOS POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN”. Además, argumenta el consejero Ruiz Saldaña, en dicha resolución determinó que el Convenio que fue motivo de impugnación, atendía fundamentalmente a la libertad de los partidos de postular candidatos conforme a sus Estatutos, así como al reconocimiento del ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos de afiliarse a algún instituto político de manera libre e individual y que, bajo ese contexto, no se apreciaba que se encontrara restringido por alguna disposición constitucional o legal que expresamente lo establezca en ese sentido. Por el contrario, identificó que los Convenios tienen un asidero en el principio de autodeterminación que se concede a los partidos políticos y en el reconocimiento de los ciudadanos del derecho de libre asociación política.

El acuerdo es contrario a la legalidad pues, como señala la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, quien también votó en contra del acuerdo: “Al disponer el legislador la fórmula de asignación en una norma de orden público y de observancia general en el territorio nacional, el INE tiene la obligación de aplicarlas tal cual se prevé en la norma comicial, en estricto apego al principio de legalidad y en aras de respetar la voluntad popular expresada en las urnas mediante el sufragio.”

El mecanismo actual de asignación de curules de representación proporcional está claramente definido en los artículos 52, 53, 54 y 60 constitucionales. El artículo 60, de hecho, establece expresamente: “El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución (el INE) … hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley”. Por su parte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece, en su título segundo capítulo segundo: “De la Representación Proporcional para la Integración de las Cámaras de Diputados y Senadores y de las Fórmulas de Asignación” que abarca los artículos del 15 al 21, el procedimiento específico que debe seguir el INE para la asignación de esos cargos.

El acuerdo trastoca severamente la efectividad del sufragio en tanto que derecho político fundamental de la ciudadanía. Como es sabido, la marca que hace el votante en la boleta de diputado de mayoría es la misma que se utiliza para asignar las diputaciones de representación proporcional. En las elecciones usamos una sola boleta para ambos principios (de mayoría y de representación proporcional, salvo los casos excepcionales de las casillas especiales) y una sola marca. El acuerdo aprobado por el INE abre la posibilidad de que el votante marque a un partido en la boleta y el INE asigne ese voto a otro partido (distinto al que correspondería de acuerdo con la constitución y la LGIPE), al momento de asignar las diputaciones de representación proporcional, en función de lo que han llamado “afiliación efectiva”. El resultado es grave, pues la marca que haga el elector en la boleta tendrá un efecto final que será desconocido por el ciudadano al momento emitir su voto. El alarmante riesgo de ocurrencia de este despropósito debiera bastar para invalidar el acuerdo.

En un futuro, cuando los cronistas quieran dar cuenta de las razones del naufragio del INE, habrán de encontrar notas de causalidad en las propias manos de los consejeros; en el desatino de sus acuerdos, tan contrapuestos al corpus normativo a que se deben y, sobre todo, violatorios de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos. Derechos que ellos, más que nadie, tendrían que pugnar por garantizar.

Imperdonable la ausencia de directrices del INE para actos de campaña en tiempos de pandemia

Rodolfo Torres Velázquez (14/03/2021)

Dentro de 3 semanas iniciarán las campañas federales para las elecciones de este año. Transcurrirán del 4 de abril al 2 de junio del año en curso. Se elegirá a 300 diputados de mayoría relativa y a 200 diputados de representación proporcional (ello sin contar la elección federal extraordinaria en Nayarit que recién aprobó el Senado de la República). En el ámbito local, algunas de cuyas campañas ya comenzaron, se elegirá a 19 mil 915 cargos, entre ellos a 15 gubernaturas. Dado el diseño de nuestro modelo político-electoral esas campañas traen consigo la movilización de millones de personas. A pesar de que la pandemia y sus efectos trágicos nos acompañan desde hace más de un año y los calendarios electorales son conocidos con mucha antelación, es alarmante que la autoridad electoral no haya emitido oportunamente directrices para los actos de campaña, de cara a los riesgos sanitarios que, en la contienda, se expondrá a la población.

Aunque el Instituto Nacional Electoral no es, evidentemente, autoridad en materia sanitaria, su estatus de máxima autoridad administrativa en materia electoral le obliga a emitir directrices que adecuen los procedimientos electorales para hacerse cargo de las circunstancias que impone la pandemia. Así lo hizo, con mayor o menor eficacia, según se vea, para las elecciones del año pasado en Coahuila e Hidalgo. También lo ha hecho en fecha reciente.

El pasado 24 de febrero la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE aprobó cuatro protocolos de medidas sanitarias, a saber: El “Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para el almacenamiento de la documentación electoral; conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; integración de las cajas paquetes y entrega de la documentación y materiales electorales a las presidencias de casilla en el marco de las actividades del Proceso Electoral 2020-2021, tiene el objetivo de minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus del COVID-19, así como proteger la salud de las y los asistentes que participen en estas actividades.”

El “Protocolo Específico de Medidas Sanitarias y Protección a la Salud para el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos Distritales del Proceso Electoral Federal 2020-2021, tiene el objetivo de fortalecer la seguridad e higiene, realizarlos dentro de los plazos establecidos en la ley, con estricta observancia a los principios rectores de la función electoral, promover la corresponsabilidad para  que, en un marco de previsiones, permitan mitigar los riesgos de contagio para quienes intervienen en su desarrollo”.

El “Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral, Proceso Electoral 2020-2021, define las tareas y actividades a realizar por parte de las juntas distritales, bajo la coordinación de las juntas locales y en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales, a fin de implementar las medidas de atención sanitaria que permitan minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus del COVID-19 y con ello favorecer el cuidado de la salud de todas las personas que estarán en la casilla única”.

Y, finalmente, el “Protocolo para la Detección, Entrega e Intercambio de Paquetes y Documentación Electoral Federal y Local entre el INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México recibidos en un órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez del Proceso Electoral 2020-2021, establece las bases para realizar estas acciones coordinadas en la etapa de resultados y declaración de validez”.

La especificidad de esos protocolos, en materia de capacitación y organización electoral, hace más evidente el brillo de la ausencia de los que deberían haberse emitido frente a la vista de los actos de campaña.

El artículo 41 de la Constitución General reconoce la centralidad que tienen las campañas electorales en la renovación de los poderes públicos. El artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que: la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, y define como actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Por otra parte, tanto la legislación electoral como la jurisprudencia es abundante en el registro de la importancia que tiene el hacer prevalecer el principio de equidad en las campañas electorales. En suma, las campañas electorales (y los actos de campaña que traen aparejadas abultadas movilizaciones) juegan un papel fundamental en nuestro modelo político-electoral.

El pasado viernes 5 de marzo iniciaron las campañas en Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Sonora. Con base en datos publicados por el diario El Financiero, las campañas electorales arrancarán así: el 29 de marzo en Chiapas; el 4 de abril en  Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila,  Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas; el 5 de abril en Guanajuato; el 9 de abril en Yucatán; el 14 de abril en Durango; el 19 de abril en Aguascalientes, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas; el 24 de abril en Oaxaca; el 30 de abril en el Estado de México y;  el 4 de mayo en Campeche, Puebla y Veracruz. Dado que ya han comenzado campañas en 5 entidades, parece imposible ya subsanar ahora la omisión que se acusa.

Aunque algunas autoridades electorales, ingenuamente (por decir lo menos), han tratado de comparar el supuesto impacto sanitario ocurrido en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo con lo que podríamos observar en las próximas elecciones, es evidente que hablamos de órdenes de magnitud muy diferente. En los primeros actos de campaña que se han realizado, ya se puede constatar el incumplimiento de las medidas sanitarias básicas. La ausencia de directrices por parte de la autoridad electoral para regular los actos de campaña, grave ya por sí misma, también inhibe la actuación en esa materia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues cualquier eventual intervención de su parte podría interpretarse como un afán de alterar la equidad que debe prevalecer en las contiendas electorales. En suma, esa omisión normativa es perjudicial para todos; imperdonable.

El INE incumple la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Rodolfo Torres Velázquez (17/01/29)

El pasado viernes 15 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo mediante el que pretende acatar una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-REP-3/2021), relacionado con las denominadas “mañaneras”. Mediante esa sentencia la Sala Superior revocó un acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE: ACQyD-INE-33/2020 y ordenó que sea el CG del INE quien se pronuncie sobre la tutela inhibitoria correspondiente. El caso tiene su origen en una solicitud de Medidas Cautelares que formuló el Partido de la Revolución Democrática por la presunta violación a lo establecido en los artículos 41 y 134 de nuestra Constitución, atribuibles al Presidente de México. 

La Sala advirtió que los hechos denunciados se ubican en un contexto extraordinario y novedoso respecto del mecanismo de comunicación conocido como “Mañaneras”. De modo que la resolución del INE debe sustentarse en el claro entendimiento de la conducta típica esperada, entendiendo esto en el sentido de comprender con claridad la tipicidad del supuesto normativo aplicable a la conducta futura que se pretende evitar. 

La propia Sala señaló que: “… el ejercicio de comunicación realizado por el Presidente de la República mediante tal formato es, a todas luces, un método de comunicación sui generis, pues no se adecúa a las maneras tradicionales de transmitir información por parte de cualquier órgano de gobierno … dicho formato posibilita abordar temáticas diarias y relevantes, desde el punto de vista del Ejecutivo Federal … al tratarse de un ejercicio de información presencial y con interlocución, las mañaneras posibilitan a los medios de comunicación generar los cuestionamientos que, desde su óptica, resulten importantes tanto para ampliar o profundizar en un tema, como para posicionar un tópico de relevancia para la opinión pública … Lo anterior, implica que el Ejecutivo Federal se encuentra expuesto y medianamente obligado a participar de una discusión sobre los temas que son tratados en las “mañaneras”, los cuales no forzosamente son previamente definidos y son de una gama amplísima dado su formato diario … el ejercicio de comunicación general, en principio, no se da entre el emisor (Presidente de la República) y el receptor final (ciudadanía y población en general), sino entre el Presidente de la República y los medios de comunicación … Por ello presenta elementos diferentes a los parámetros tradicionales aplicables a la comunicación social de los órganos del Estado … De lo anterior resulta que las características del formato analizado son distintas a las que se desprenden de los medios de propaganda tradicionales o de la comunicación en redes sociales.” Es decir que, “frente a un nuevo modelo de comunicación gubernamental, cuyas características son disímiles en comparación con los mecanismos tradicionales, es preciso que, para imponer medidas inhibitorias, se tenga claridad respecto de los parámetros de aplicación de las disposiciones de carácter prohibitivo que se supone pueden ser vulneradas”.

Para el caso, dice el tribunal “y dada la naturaleza extraordinaria de las “Mañaneras” (a la luz del modelo tradicional de comunicación gubernamental), resulta insuficiente el análisis aislado de las manifestaciones que se controvierten en el presente procedimiento especial sancionador para justificar la medida inhibitoria, pues dadas las características del nuevo mecanismo de comunicación, la manifestación de ideas y cuestionamientos a futuro puede ser de muy diversa índole y obedecer a contextos políticos, pues se insertan en el contexto de un ejercicio de información diario, personal y de interlocución, respecto del rumbo del ejercicio gubernamental y de la vida pública del país, que representa una oportunidad de discutir con el Presidente los distintos tópicos que se relacionan con lo anterior”.

Aún más: “tratándose de un ejercicio comunicativo al más alto nivel, que confluye con el ejercicio administrativo y gubernamental, es inevitable que su contenido esté relacionado con aspectos políticos, lo que incluso se evidencia si se toma en consideración que los medios de comunicación son interlocutores que pueden y deben incitar el ejercicio dialéctico respecto de los temas que consideran relevantes. 

Todo lo anterior impone que las decisiones relacionadas con ajustar el actuar del Ejecutivo Federal, a los principios que tradicionalmente influyen en la comunicación política y con ello evitar una afectación a la equidad e imparcialidad, deben generarse por el máximo órgano de dirección de la autoridad electoral nacional, con base en parámetros objetivos que arrojen claridad para que, en el futuro, el mencionado funcionario pueda ejercitar el mecanismo de comunicación analizado sin caer en posibles violaciones al sistema normativo constitucional y electoral”.

Por otra parte, para justificar su acuerdo, el CG del INE enumera un conjunto de casos que considera “potencialmente  reiterados y sistemáticos que pueden poner en peligro los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, toda vez que las conductas denunciadas aparentemente se realizan como parte de una posible estrategia de comunicación gubernamental seguida por el Presidente de la República, cuyo contenido común podría constituir una conducta transgresora de lo previsto en el artículo 134 constitucional y, en consecuencia, afectar la equidad en la contienda electoral …”. Sin embargo, diversas sentencias del TEPJF (SRE-PES-70/2019, SRE-PES-4/2020, SUP-REP-109/2020, SRE-PES-30/2020, SUP-REP-183/2020 y SUP-REP-156/2020) caminan en sentido contrario a lo que se afirma en el acuerdo del INE.

El acuerdo del CG del INE incumple con lo ordenado en la sentencia del TEPJF, pues no atiende a la vertiente informativa de las conferencias matutinas. El acuerdo del órgano electoral queda en deuda con la sentencia al ordenar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (y a otros funcionarios públicos) que se abstengan de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral, “tales como las que a continuación se señalan de manera enunciativa pero no limitativa: ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación, entre otras); cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales …”.

La resolución del INE, por otra parte, admite que “se considera que el dictado de una medida preventiva de carácter inhibitoria resultaría en una restricción proporcional y justificada de la libertad de expresión del Presidente de la República, a cambio del daño que se podría generar a los bienes jurídicos antes mencionados si es que la conducta llegara a ser considerada como ilícita.”

El acuerdo del INE violenta la libertad de expresión (también de los periodistas) y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. La resolución del Consejo General constituye un rosario de términos que no sólo incumple la sentencia de la Sala Superior, sino que tendrá efectos perniciosos para el embarnecimiento de la judicialización de la contienda político-electoral.

La Cédula Única de Identidad, un avance sustantivo en la política poblacional mexicana

Rodolfo Torres Velázquez (6/12/2020)

El pasado 3 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó, por 426 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, una nueva Ley General de Población que marca un hito en la vida institucional en nuestro país. La minuta respectiva se turnó a la Cámara de Senadores quien podría discutirlo en comisiones y quizá en el pleno durante la semana que ahora comienza. Se trata de una buena noticia por, al menos, 3 razones. La primera, porque se apuesta por la reconstrucción de las instituciones del Estado. La segunda, porque cancela, de una vez por todas, el sinsentido de la confección de nuestra identidad oficial (la llamada credencial del INE) a manos de esa institución -cuyos objetivos deben ser otros- y con la supervisión de los partidos políticos. Por último, porque la identificación oficial es piedra de toque para potenciar nuestros intercambios confiables para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida social, incluidos el económico, el financiero, el gubernamental, el laboral, el ciudadano y el judicial, entre otros. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados tuvo como base la iniciativa presentada por la Diputada Rocío Barrera Badillo (morena).

A grandes rasgos, la reforma aprobada establece las bases para formular y conducir la política de población en un marco de coordinación interinstitucional. Regula la operación del Registro Nacional de Población y de un nuevo Servicio Nacional de Identificación Personal. Reglamenta las atribuciones de las autoridades en materia de población, como el Consejo Nacional de Población que será el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país. Define las directrices de la política de población, por medio de un Programa Nacional que incorpora el enfoque de igualdad de género. Norma el derecho a la identidad de las personas a través de: i) el Registro Nacional de Población, ii) el Servicio Nacional de Identificación, iii) la Clave Única de Registro de Población; iv) la Clave Única de Identidad Digital y; v) establece un capítulo de interculturalidad en el que se asegura la inclusión igualitaria en nuestra sociedad culturalmente diversa. En el entendido de que, hasta en tanto no se inicie la expedición de la Cédula Única de Identidad, la credencial para votar con fotografía será considerada de forma primaria como documento oficial de identificación nacional ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero.

El 17 de junio de 2014, el concepto de identidad fue plasmado como derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 4º, octavo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la identidad. Este derecho, dice la exposición de motivos de la reforma, se ejerce principalmente a través de la identidad legal mediante el registro de nacimiento; sin embargo, el registro de nacimiento, en las circunstancias actuales, es insuficiente para acreditar fehacientemente la identidad. En México aún hay personas que no cuentan con un registro de nacimiento. Los diagnósticos recientes realizados por instituciones y organismos internacionales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial señalan índices de subregistro de nacimiento que van del 1 al 2.9 por ciento de la población total, es decir, entre uno y tres y medio millones de mexicanos no cuentan con registro de nacimiento.

La reforma aprobada tiene como referente la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo, Egipto (Conferencia del Cairo) que inauguró un nuevo enfoque de la política de población, antes basada en el control de la natalidad. Se orienta, ahora, hacia la atención de los derechos humanos fundamentales en razón del bienestar social, la igualdad y potenciación de género, las diversas formas de familia, el desarrollo sostenible, y la salud sexual y reproductiva.

A casi dos décadas de la Conferencia del Cairo y como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la misma, se llevó a cabo el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en 2013, en la que se ratificaron los principales compromisos internacionales en materia de población y desarrollo y se establecieron una serie de medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios. Los temas prioritarios incluyeron los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el envejecimiento y su protección social; el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; la igualdad de género; la migración internacional y la protección de los migrantes; la desigualdad territorial, la movilidad espacial y la vulnerabilidad ambiental; los pueblos indígenas y los afrodescendientes, sus derechos y el combate a la discriminación racial.

La nueva Ley General de Población contempla el uso de un identificador único para todos los trámites y servicios, una clave única para todo y para todos, la Clave Única de Registro de Población a la que se asociarán los datos biométricos, así como la obligación de todos los niveles de gobierno, de actualizar y coadyuvar a la integración del Registro Nacional de Población, así como la puesta en marcha del Servicio Nacional de Identificación Personal, como un servicio de interés público que brinda el Estado, con base en la información del Registro Nacional de Población. Este servicio permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas ante el sector público, el sector privado y el sistema financiero. Ello permitirá: la agilización y simplificación de trámites, el intercambio de información entre dependencias de la administración pública, el ahorro de recursos y, sobre todo, la disminución de delitos asociados con el robo de identidad.

Sin duda habrá polémica respecto al hecho de que los datos que identifican a las personas los administre ahora una entidad de gobierno (hecho que por cierto ya ocurre a través del SAT y de la Secretaría de Relaciones Exteriores), ese aspecto es sin duda perfectible. Sin embargo, frente a la condición actual, en que son los partidos políticos quienes supervisan la confección de nuestra identificación oficial vigente, el nuevo esquema representa un progreso significativo.

Remoción arbitraria de Presidenta del IMPEPAC

Rodolfo Torres Velázquez (22/11/2020)

El pasado miércoles 18 de noviembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó remover a la Maestra en Ciencias Ana Isabel León Trueba de su cargo como Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). La resolución tiene serias deficiencias procesales que la tornan arbitraria y, por ende, injusta.

A la maestra León Trueba se le imputa como responsable por el retraso, se dice sin causa justificada, de un procedimiento sancionador en contra del entonces candidato a la alcaldía de Cuernavaca y hoy Gobernador de Morelos. Ese procedimiento tendría como base un reportaje televisivo, difundido el 25 de agosto de 2016, mediante el cual se hizo del conocimiento público que el Presidente Municipal Electo de Cuernavaca Morelos celebró un contrato por 7 millones de pesos con el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, para ser postulado a candidato de la Alcaldía de dicha municipalidad por el Partido Socialdemócrata de Morelos.

Al respecto, la maestra León Trueba ha informado públicamente que, tan pronto fueron valorados los hechos denunciados en dicho reportaje, se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo de consejeros del instituto local. En esas reuniones, refiere, se propuso que se acudiera al INE por dos razones. En primer lugar, porque es esa institución la que tiene las atribuciones de fiscalización; en segundo lugar, porque el instituto nacional ya estaba llevando a cabo una investigación al respecto. Esto quedó acreditado en el expediente del caso.

La maestra León Trueba da cuenta, además, de dos reuniones entre el IMPEPAC y el INE que resultan clave para comprender el desarrollo de los eventos que condujeron a la remoción y que, incomprensiblemente, el INE no investigó con exhaustividad.

En la primera de esas reuniones, refiere la maestra, participaron -por parte del IMPEPAC- su presidenta y su entonces Secretario Ejecutivo; por parte del INE, su Consejero Presidente y su Secretario Ejecutivo. En ésta, dice Ana Isabel León, se informó sobre la investigación de hechos relativa al caso de Cuauhtémoc Blanco y se concluyó que, dado que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el tema, era conveniente una reunión con su titular. Cabe señalar que en la resolución del INE no se hace ninguna alusión a esta reunión y no se menciona la participación del presidente y del secretario ejecutivo del INE. Tampoco se consigna que hayan sido citados a comparecer.

La maestra ha informado públicamente que a la segunda reunión acudieron, por parte del INE, el entonces Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, CP Eduardo Gurza Curiel; y, por parte del IMPEPAC, ella misma, en su carácter de Consejera Presidenta; el Consejero Electoral Carlos Uribe, en su calidad de Presidente de la Comisión de Quejas, y el Secretario Ejecutivo. En esa reunión, señala, se abordó el tema de las investigaciones que ambas instituciones llevaban a cabo. Una de las conclusiones a las que se llegó es que lo adecuado sería resolver en tiempos cercanos, permitiéndole al IMPEPAC tener mayores elementos para resolver derivado de las actuaciones de otras autoridades investigadoras, y no emitir resoluciones que pudieran resultar contrarias entre sí. Cabe destacar que, en la resolución del pasado miércoles no aparece, una sola vez, el nombre del CP Gurza ni se consigna que se le haya pedido comparecer para confirmar o negar que dicha reunión se hubiese llevado a cabo.

A este respecto, la maestra León Trueba sostiene que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, encargada -por disposición de ley- de desahogar el asunto, no dio trámite a su solicitud para que el titular de la UTF del INE rindiera un informe respecto de la reunión sostenida el 20 de febrero de 2017.

Estos dos elementos (hay más) son suficientes para mostrar que hubo deficiencias procesales y que no se actuó con la exhaustividad debida. Cabe recordar que, en materia jurídico-procesal existe un importante principio al que se denomina de exhaustividad, que exige al juzgador el estudio cuidadoso de la totalidad de los argumentos jurídicos disponibles.

El campo jurídico otorga a este principio un elevado significado y, acorde con esa valoración, la autoridad electoral jurisdiccional ha emitido al menos dos jurisprudencias: 12/2001 y 43/2002.

La primera de ellas establece que “Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; …”

La segunda dispone: “Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, … De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

El numeral 2 del artículo 102 de la ley electoral (LGIPE) otorga al consejo general del INE la facultad de remover a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales ante causas graves. Esa disposición legal es parte de la reforma político electoral de 2014 que centralizó en el INE la función electoral nacional y que convirtió, en los hechos, a los consejeros electorales locales en subordinados del órgano nacional y a la autonomía constitucional de los órganos electorales locales en una frase hueca. Al margen de las opiniones sobre la idoneidad de esta regulación en torno a las facultades del INE para ese efecto, hay algo que es inopinable, y es que dicha facultad no puede, no debería, ser ejercida con deficiencias procesales o por motivaciones políticas.

Votación postal y pandemia

Rodolfo Torres Velázquez (8/11/2020)

Es probable que, para cuando usted lea estas notas, ya se hayan dado a conocer los saldos de la elección en los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán hasta dentro de unas semanas; sólo hasta que los recursos legales -que tendrán como eje el voto postal- sean eventualmente resueltos por la Corte Suprema de los EEUU.

La ampliación del voto postal fue la respuesta que se dio en los EEUU ante el escenario de riesgo elevado para la salud derivado de la pandemia. A diferencia de lo que ocurrió México, donde el INE optó por mantener el modelo vigente acompañado de medidas sanitarias que, lamentablemente, no sólo no eliminaron el riesgo para la población y para los funcionarios electorales, sino que, además, produjeron un incremento de la abstención. En las elecciones en Coahuila sólo acudió a las casillas el 39 por ciento de los electores.

Aunque el ejercicio del voto postal en los EEUU data de hace más de un siglo y medio -fue utilizado por primera vez con motivo de la Guerra Civil de ese país durante los años 1861-1865-, su relevancia aumentó con motivo de la pandemia. En estas elecciones, al menos, tres cuartas partes de los potenciales votantes norteamericanos fueron habilitados para ejercer el voto postal. El mayor número en toda la historia de los EEUU. Se estima que 80 millones de electores usaron esa vía. Cifra que, por otra parte, es muy cercana a la lista nominal de electores en México (de alrededor de 90 millones).

Ese elevado número puso en jaque al Servicio Postal de ese país cuya eficacia se ha visto cuestionada respecto de la oportunidad en la entrega de esos votos a las autoridades electorales de estados clave como: Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina y Wisconsin, según reportes de la cadena norteamericana CNBC.

La disputa por el voto postal no es novedosa. Hay precedentes de controversias de ese tipo en los EEUU: en 2018 quedó vacante por nueve meses un asiento de la Cámara de Representantes. En otros países también ha ocurrido, por ejemplo, en diciembre de 2016, Austria tuvo que volver a las urnas para elegir presidente debido a que en mayo de ese año sus elecciones presidenciales fueron anuladas por el Tribunal Constitucional debido a irregularidades en el recuento del voto postal.

El modelo de voto postal en los EEUU afrontó, en las elecciones recientes, diversos desafíos: 1) que las boletas llegasen con oportunidad a los votantes pues, de no arribar a tiempo, el votante no podría ejercer su derecho al voto; 2) en varios estados sólo son admisibles los sobres marcados con una fecha límite predeterminada, aun en ese caso, el servicio postal debió asegurar el arribo oportuno de los votos a fin de no retrasar su cómputo; 3) errores de llenado del formulario o de su lectura provocan que votos legítimos no sean computados. Esto ocurrió ya antes, en el 2018 el 8.2 por ciento de los votos no fueron computados; en 2016, en Georgia, el 6.4 no fueron contados.

Es razonable que cualquier servicio postal se viese abrumado por el elevado volumen de entregas. La solución propuesta por algunos ha sido que el voto se emita con varias semanas de anticipación. Lo que significa un reto añadido, pues los votos se emitirían en contextos políticos diferentes al propio del día de la votación en las casillas. En México, por ejemplo, los mensajes electorales están prohibidos desde tres días anteriores a la elección con el propósito de permitir una pausa de reflexión detenida previa a la emisión del voto.

Con base en datos publicados por el New York Times, en todos los estados del vecino país se admite el voto postal, aunque su facilidad de acceso es diferenciada. En nueve estados y en la capital se envía, con anticipación a la elección, una boleta a cada votante registrado. En 34 estados, los votantes pueden justificar su ausencia de las casillas por motivo de la pandemia, o pueden solicitar su boleta postal sin especificar razón alguna. En 9 estados cada votante registrado recibe automáticamente un formato de solicitud que le permite pedir su boleta postal. En 25 estados los propios votantes deben procurarse el formato de solicitud para pedir el voto postal. Mientras que en 7 estados (destacan Nueva York y Texas) los votantes deben aportar una razón válida, que no sea la pandemia, para ausentarse de las casillas y así poder ejercer su voto postal. En suma, 27 estados de ese país, de alguna manera, expandieron el acceso de los electores al voto postal.

La disputa sobre los resultados puede llegar a manos de la Corte Suprema de los EEUU. Ya el pasado 6 de noviembre ese órgano emitió una orden directa a oficiales encargados del cómputo de la elección en Pensilvania para que separasen todos los votos postales que arribaron con posterioridad al día de la elección, aunque no ordenó que esos votos no fueran computados.

Lo cierto es que el elevado volumen del voto postal ha infligido un severo golpe a la credibilidad por el retraso en la obtención de resultados.

En estas páginas, de manera reiterada, he señalado que el voto no presencial, como es el caso del postal (u otros por internet), compromete las certezas sobre la secrecía del voto dada la ausencia del cobijo que brindan las mamparas y la vigilancia en las casillas.

Con independencia de la certidumbre que brinde el cómputo de los votos postales en los EEUU, que sólo compete a los ciudadanos norteamericanos resolver, esta experiencia, para muchos desastrosa, hará volver rápidamente los ojos a otras alternativas, entre ellas al voto por internet. Dada la persistencia de la pandemia y a que las versiones actuales de ese mecanismo de votación adolecen de las garantías de secrecía plena, es urgente analizar alternativas. Tanto el Poder Legislativo, como las autoridades electorales, todas las instancias responsables de asegurar las garantías de los votantes y cualquier ciudadano interesado, deben abocarse con celeridad a esta discusión y al análisis de su mejor resolución. El uso de la tecnología de cadenas de bloques (mejor conocida como blockchain) acompañada de una indispensable reingeniería del sistema de identidad electoral es una luz en ese túnel. Pongamos manos a la obra.

Lánguida participación ciudadana en procesos electorales

Aunque la legislación establece como una obligación ciudadana el acudir a votar y dispone sanciones específicas cuando no se atiende a ese deber ciudadano, ha sido práctica regular la ausencia en las casillas.

Rodolfo Torres Velázquez (25/10/2020)

            Aunque la legislación establece como una obligación ciudadana el acudir a votar y dispone sanciones específicas cuando no se atiende a ese deber ciudadano, ha sido práctica regular la ausencia en las casillas. Los bajos niveles de participación ciudadana en las elecciones locales de Coahuila, de hace apenas una semana (estimados en un 39 por ciento) reiteran esa preocupante regularidad. En esa elección ordinaria se eligieron 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional.

El voto es un derecho de los ciudadanos. Así lo establece la fracción I del artículo 35 de nuestra Constitución. También es una obligación. El artículo 36 en su fracción III señala que es deber de los ciudadanos “Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato …” La propia Constitución señala las consecuencias cuando no se atienden las obligaciones dispuestas en el referido artículo 36; consisten éstas en la suspensión, durante un año, de los derechos o prerrogativas del ciudadano que incurra en ese incumplimiento. Sin embargo, a todos consta, no se ha sabido que esa sanción se haya aplicado a los millones de abstencionistas infractores.

A pesar de que la obligatoriedad del voto y la sanción por su ausentismo en las urnas es un tema que, en sí mismo, tiene méritos suficientes para un análisis detallado, no está en nuestro interés abordarlo en este momento. Hacemos alusión a la norma constitucional sólo para destacar la importancia que nuestra ley suprema otorga a la participación ciudadana en las elecciones.

Sin embargo, insistimos, es notoria la desafección ciudadana por acudir a las urnas a votar. En el año 2017 el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, elaboró un “Estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2009, 2012 y 2015”. Las cifras del estudio muestran que en las elecciones presidenciales hay una mayor participación que en las intermedias, en que sólo se contiende por diputaciones. En el primer caso, el de las elecciones presidenciales, ese estudio reporta que en 1994 ocurrió la mayor participación, con un 77.16 por ciento; mientras que en 2006 fue la más baja, con el 58.55 por ciento. Para las elecciones intermedias, las de diputaciones, la mayor participación fue en 1991 con el 65.97 por ciento y la más baja en el año 2003, con el 41.68 por ciento.

Según datos del “Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018”, en la elección presidencial de ese año, dicha participación fue de 63.4 por ciento.

En todos los casos que el estudio analiza existe una notoria mayor participación de mujeres que de hombres.

En el primer estudio se observa que la mayor participación en la elección presidencial de 2012 ocurrió en Yucatán, con un 76.81 por ciento de participación. La más baja para esa elección sucedió en Michoacán con un 51.48 por ciento.

Para elecciones intermedias la participación más alta fue nuevamente en Yucatán, en 2015, con un 70.55 por ciento. La más baja en 2015 en Baja California con un 29.95 por ciento. Similares resultados se observan para el caso de elecciones concurrentes.

Si ahora observamos el grado de participación ciudadana en las elecciones locales de Coahuila (con base en datos publicados por el PREP y por el Observatorio de la Laguna) se nota que la participación más baja ocurrió en la elección de hace una semana con un 39.38 por ciento de participación. La más alta fue en el año 2018 con el 62.4 por ciento de participación.

Las sociedades que se denominan democráticas han desarrollado, a lo largo de su historia, un conjunto de instrumentos para procesar pacíficamente el (en no pocas ocasiones, agudo) conflicto político. Entre otros: el sufragio efectivo (universal y libre), los procesos electorales equitativos, las instituciones electorales que garanticen el desarrollo equitativo de las contiendas y resuelvan con justicia las controversias, los parlamentos (en nuestro caso, cámaras de diputados y senadores) con genuina representatividad y que tengan al interés público como premisa, y los partidos políticos que favorezcan la participación ciudadana para la renovación del poder público. Por desgracia, la percepción de la población, aparentemente mayoritaria, es que todos esos instrumentos no cumplen a cabalidad con las expectativas señaladas.

Es plausible suponer que un elevado volumen de participación ciudadana podría atenuar un agudo conflicto político y, como consecuencia, beneficiar la transmisión pacífica del poder público. Sin embargo, la distorsión de la voluntad del elector que provocan la coacción, la compra de voto, el predominio de la propaganda negativa, y la baja estima en las instituciones en general, en las electorales en particular y en la representación política, dislocan esa participación y sus posibilidades.

Más allá de las denuncias que se llegasen a presentar con motivo de esas elecciones locales, resulta importante cuestionarnos si los bajos niveles de participación no pudieran ser interpretados como un llamado de alerta respecto de la insatisfacción ciudadana con sus instrumentos políticos y de representación.

Sabemos que el temor a los contagios de la covid pudieran ser un factor de estímulo a la abstención. Pero sabemos, también, que el abstencionismo es un fenómeno global que no está asociado con la condición pandémica. En las elecciones europeas de 2014, por poner un ejemplo, sólo participó un 42.5 por ciento. Esa cifra es notoriamente baja si se considera que en Italia la participación era del 90 por ciento hasta el año 1979 que empezó a caer sin freno. También es notable el caso de Francia, donde, para las elecciones europeas de 1999, sólo participó el 30 por ciento, por no mencionar el caso de la República Checa con menos del 20 por ciento en las elecciones europeas de 2014.

La abstención pasiva, aunque también la activa, es un fenómeno que se ha asentado en el entramado electoral. Ha llegado la hora de cuestionarnos si el modelo de representación actual sigue vigente y si debiera considerarse algún umbral de participación mínimo para considerar como legítimo un proceso electivo.

Consulta Popular y jornada electoral 2021

El pasado 1º de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta que se someterá a consulta de los ciudadanos el próximo año.

Rodolfo Torres Velázquez (11/10/2020)

 El pasado 1º de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta que se someterá a consulta de los ciudadanos el próximo año. Se trata de una resolución inédita; es la primera vez que ese poder del Estado aprueba una cuestión de esta naturaleza.

La práctica democrática, desde la perspectiva de la forma de participación popular, tiene dos caracteres: representativo, uno; directo el otro. Dada la constatación de que los representantes políticos habían abandonado, desde hace décadas, su compromiso con los electores para someterse a la voluntad e intereses de élites económicas o políticas no es de extrañar que se vivieran las horas bajas de la vertiente representativa.

Se denomina democracia directa al régimen político en el que los ciudadanos ejercen, sin intermediarios o representantes, es decir por sí mismos, los poderes del Estado. La democracia directa tiene su origen en la Grecia Antigua. En la filosofía política clásica, Jean Jacques Rousseau, uno de sus principales defensores, argumentaba en su favor en virtud de la convicción respecto de que la soberanía del pueblo no puede ser representada sino por sí mismo.

Aunque una forma común de visualizar la práctica de la democracia directa es a través del asambleísmo, se han utilizado otros instrumentos como la consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato y el plebiscito. Este tipo de democracia parte del supuesto de que existe una comunidad política formada por personas que pueden y deben ser consultadas sobre los asuntos públicos. Aunque en épocas pasadas esa posibilidad parecía alejada de la realidad, los modernos medios informáticos la tornan ahora factible.

El empleo de los instrumentos de la democracia directa, en particular el plebiscito, data del siglo IV, cuando los romanos lo utilizaban para legitimar sus decisiones. Se volvió práctica común durante la Revolución Francesa y lo usó profusamente Napoleón Bonaparte para la aprobación de sus propuestas de modificaciones a la Constitución. Los mecanismos de democracia directa siguen vigentes aún en diversos espacios. Naciones como Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Suiza, entre otras, recurren a ellos. La ONU ha utilizado ese medio también, en fechas recientes, para resolver disputas de límites territoriales y de soberanía.

Nuestra Constitución General (artículo 35), reformada en 2014 y 2019, prevé la consulta popular como mecanismo de democracia directa. Desde su aprobación, no se ha realizado ninguna consulta bajo esa disposición constitucional.

El 15 de septiembre de este año el Presidente de la República presentó una petición de consulta popular con la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Cabe recordar que el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 establece, que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de consulta”. Por su parte el artículo 26 fracción II inciso b) de la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) dispone que la SCJN deberá “realizar las modificaciones conducentes a la pregunta …”.

Sobre esas bases normativas, el 1º de octubre de 2020 la SCJN notificó al Senado de la República que la pregunta aprobada por su pleno fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” La pregunta aprobada se centra en garantizar el acceso a la justicia de víctimas derivadas de decisiones de actores políticos.

El artículo 26 de la LFCP señala que esa resolución debe comunicarse a la Cámara de origen; en este caso la de Senadores. El pasado 7 de octubre de 2020 el Senado de la República aprobó dicha consulta, por 64 votos a 43, y remitió su resolución a la Cámara de Diputados. Posterior a su aprobación en esa Cámara el Congreso de la Unión expedirá la convocatoria respectiva, misma que notificará al Instituto Nacional Electoral para la organización de ese ejercicio.

La fecha en que se llevará a cabo el procedimiento participativo no está aún decidida. El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma el apartado 5º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional para establecer que las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto. Sin embargo, la fracción II del artículo 30 de la LFCP indica que la convocatoria de consulta popular deberá contener la fecha de la jornada federal en que habrá de realizarse. Es decir, la misma fecha que la jornada federal de 2021.

Los procedimientos para la organización y celebración de la consulta están claramente especificados en la LFCP. Su diseño es acorde con el supuesto de que su celebración es coincidente con la jornada electoral.  Por ejemplo, el artículo 52 establece que, en ausencia de un escrutador designado, las funciones se realizarán por parte de cualquiera de los escrutadores designados para la elección federal.

A la fecha no contamos con otra ley secundaria que tenga como premisa la celebración de la consulta en fecha distinta a la de la jornada electoral. Por lo que, en el caso presente, no se trata de una discusión respecto del predominio de una norma superior, la Constitución, sobre una ley secundaria, la LFCP. Se trata de decidir el procedimiento que garantice a cabalidad el ejercicio de un derecho político fundamental.

En ese sentido, sin duda, la fecha más conveniente para la consulta popular es el primer domingo de junio de 2021. Ello sin contar con el importante ahorro de recursos que se obtendrían, pues opiniones precipitadas ya cifran ese gasto en ocho mil millones de pesos si se realiza en el mes de agosto. Cabe esperar que así lo valore el Congreso de la Unión al momento de emitir la convocatoria respectiva.