Este 6 de junio ¡Vota y vigila tu voto!

Rodolfo Torres Velázquez (23/05/2021)

En catorce días se llevarán a cabo las elecciones intermedias. Se determinará la integración de la Cámara de Diputados mediante la elección de 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. También habrá elecciones locales en las entidades federativas en las que, entre otros cargos, se elegirá a 15 gubernaturas. En el ámbito local habrá 19 mil 915 cargos en disputa. Para el total de cargos, se inscribieron 101 mil 634 candidaturas. Podrán votar 93 millones 528 mil 473 personas de las que casi el 52 por ciento son mujeres. El número de electores registrados para ejercer su voto desde el extranjero es de 32 mil 303 personas. Ese voto se contabilizará en once entidades federativas para 9 gubernaturas, una diputación migrante en la Ciudad de México y la asignación de diputaciones de representación proporcional en Jalisco.

El INE, como autoridad electoral nacional, tiene una función de Estado; la de organizar las elecciones de modo que se garantice la equidad en la contienda electoral y se preserve la autenticidad del sufragio. Para el logro de esos objetivos es trascendente la eficacia de todos sus actos, ahora de manera especial, en la capacitación electoral de quienes fungirán como funcionarios de casilla.

Se instalarán 162 mil 926 casillas, que serán atendidas por 1 millón 464 mil 840 funcionarios electorales, quienes deberán cumplir con las tareas de recoger el voto ciudadano y de llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos. La primera etapa de capacitación concluyó el 31 de marzo; la segunda, transcurre del 13 de abril hasta el 5 de junio. Cabe esperar que mediante dicha capacitación se hayan subsanado las deficiencias que, en esa materia, han exhibido las evaluaciones realizadas por el propio INE, y antes por el IFE.

Hace varios meses, el INE, publicó un “Informe de resultados del estudio muestral del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018”. Este estudio pretendía examinar el llenado de dichos documentos para identificar la proporción de inconsistencias en los datos asentados. En él se concluyó que dos de cada tres actas presentaban errores. Según este estudio, el resultado del número de actas con equívocos fue similar al observado en las elecciones del año 2006. El estudio detectó, también, que, en el conjunto de entidades federativas que celebraron elecciones concurrentes, la incidencia de errores en las actas fue hasta diez puntos porcentuales más que en el de las entidades federativas en las que sólo ocurrieron elecciones federales. Con ello se reveló que las elecciones concurrentes pueden tener un efecto negativo en el porcentaje de acertividad en el llenado de las actas. La dificultad supuesta en el escrutinio es elevada, las actas por llenar son numerosas y significativo el agotamiento de las y los funcionarias/os de las Mesas Directivas de Casilla tras su labor en el largo día de la jornada electoral.

Otro aspecto relevante que se anota en el informe tiene que ver con las actas que fueron objeto de recuento durante los cómputos distritales. Más del 70 por ciento de las actas tuvieron que ser recontadas. De las actas que fueron objeto de recuento, entre el 78 y el 80 por ciento, revelaron inconsistencias en los datos.

Ese resultado apunta con nitidez hacia la urgencia de instrumentar soluciones que subsanen el elevado número de errores que se observan. No sólo porque obligan a realizar múltiples reconteos, también, porque retrasan la emisión de resultados y, sobre todo, merman la confianza de los ciudadanos en los comicios y en la institucionalidad electoral.

Pero el alivio de esas deficiencias es también responsabilidad de la propia organización electoral. No sólo es cierto que un deficiente diseño de las actas impacta negativamente en la eficiencia y calidad de su llenado; hay otras condiciones organizativas a considerar. De la organización electoral depende, por ejemplo, la eficacia de los mecanismos de recolección de paquetes y de su entrega el propio día de la jornada. Si la recolección es poco expedita, como ha ocurrido en procesos anteriores, ocurrirá, como en experiencias precedentes, un retraso indeseable en la obtención de los resultados electorales.

Otra etapa crucial del proceso, al término del día de votación, es la que compete al escrutinio de las boletas. Como se sabe, es ésta la etapa en que la boleta electoral, marcada por el elector, una vez revisada minuciosamente (escrutada) por el funcionario de casilla, pasa a convertirse en un voto. Es decir, hay una intermediación, que cumple el funcionario de casilla, para hacer, de una boleta marcada, un voto. Esa intermediación no está exenta de errores, que se agravan por una capacitación deficiente. Cuando la boleta tiene una sola marca en un recuadro, la posibilidad de interpretación equivocada es mínima. Sin embargo, cuando en la boleta aparece marcado más de un recuadro, aumenta la posibilidad de error. Esto puede ocurrir con frecuencia, recordemos, porque la ley contempla la validez de una boleta marcada en más de un recuadro cuando se trata de partidos que participan en la misma coalición. Sin embargo, ese incremento en la posibilidad de error, y la eventual anulación del voto, se debe a que las coaliciones no son homogéneas en todos los ámbitos de la geografía electoral. Es decir, en el ámbito federal podría existir una coalición de partidos que sea distinta de las del ámbito local, por lo que, si se marcan los mismos múltiples recuadros en las boletas, en algunos casos el voto sería válido; en otras, en cambio, sería nulo. Ello exige un ejercicio de mucho cuidado tanto por parte del elector, a la hora de marcar su boleta, como del funcionario de casilla al momento de escrutar cada boleta marcada.

Ese cúmulo de retos, aunados a los que impone la emergencia sanitaria, hacen deseable que el INE se haya ocupado, con la oportunidad y diligencia debidas, de atender a cabalidad con sus tareas fundamentales en la capacitación electoral y la organización de las elecciones para garantizar que se preserve la autenticidad del sufragio. Si bien, es tarea de toda la ciudadanía asegurarse de que cada voto cuente y se cuente bien; parte de esa tarea consiste en señalar las responsabilidades organizativas que el INE tiene que cumplir.

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