La nueva Identidad Digital

Rodolfo Torres Velázquez (20/12/20)

La Ministra Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación, señaló el jueves pasado que la Cédula Única de Identidad Digital (ID) es la piedra angular para garantizar los derechos humanos. Mencionó que la CURP será el cimiento para transitar a la ID e informó que la CURP se usa actualmente en 96 por ciento de los trámites de la Administración Pública Federal y diariamente se realizan más de 4 millones de consultas a la base de datos de este documento. La instrumentación de la ID hará palidecer esas cifras, pues el volumen de transacciones en las que se utilizará la nueva identidad será considerablemente mayor. Para concretar ese proyecto informó que la Secretaría de Hacienda ya gestiona un préstamo con el Banco Mundial.

La relevancia de ese nuevo medio de identificación amerita un repaso a lo dispuesto en la nueva Ley General de Población aprobada por la Cámara de Diputados hace apenas 17 días.

A diferencia de la ley de población vigente, misma que se abrogaría al entrar en vigor la nueva ley, ahora se determina la integración de un solo registro, se eliminan las referencias a un registro para ciudadanos, otro para menores de edad y un catálogo de los extranjeros que residen en la República Mexicana.

El Título Cuarto de la nueva ley regula el derecho a la identidad de las personas, mismo que está consagrado en el artículo cuarto constitucional. Define al Registro Nacional de Población como el sistema de información que contiene los datos personales relativos a la identidad de una persona, y se integra por la información de los mexicanos, y de los extranjeros que se encuentren en México. Establece el Servicio Nacional de Identificación Personal como un servicio de interés público que permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas.

Asimismo, establece la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en sus modalidades temporal y permanente, a la que se asociarán los datos biométricos. La Clave deberá ser incorporada como único campo de registro y consulta para los registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por aquellos órganos constitucionales autónomos que, en virtud de sus atribuciones, integren algún registro de personas.

La nueva ley define a la Cédula Única de Identidad Digital como el documento fundacional de carácter nacional de tipo digital que acredita de manera fehaciente el registro y la identidad de una persona. Constituye, de forma primaria, el documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, tanto en el país como en el extranjero, y ante las personas físicas y morales con domicilio en la República Mexicana. Servirá para todo tipo de trámite o servicio. Atribuye a la Secretaría de Gobernación la facultad de expedir la Cédula Única de Identidad Digital. Será una obligación de todas las personas inscribirse al Registro Nacional de Población y será su derecho obtener su Cédula Única de Identidad Digital. Dicha Cédula se expedirá también a los mexicanos residentes en el extranjero. En todos los casos será gratuita y contendrá al menos los siguientes datos: I) Clave Única de Registro de Población; II) Nombre(s) y apellido(s); III) Fecha de nacimiento; IV) Entidad federativa de nacimiento; V) Nacionalidad; y VI) Datos biométricos. Corresponderá al titular de la Cédula su custodia y conservación, así como asegurarse que los datos en ella contenidos estén actualizados permanentemente, incluidos los datos biométricos.

La puesta en operación de este esquema está detallada en el transitorio Octavo de la reforma, mismo que dispone: que la Secretaría de Gobernación, en un plazo no mayor a un año, emitirá un programa de transición para dar inicio al Servicio Nacional de Identificación Personal. El Programa deberá contemplar al menos lo siguiente: a) el plazo y los procedimientos para recabar los datos biométricos de aquellas personas cuyos datos biométricos no estén en posesión de autoridades competentes; b) el plazo, procedimientos y requisitos que deberán cumplir las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal; c) el plazo, procedimientos y requisitos que deberán cumplir las entidades y dependencias de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno, así como de los órganos constitucionales autónomos para validar ante la Secretaría la identidad de las personas, a efecto de que obtengan el carácter de documentos oficiales de identificación, aquellas credenciales, cédulas, licencias, cartillas o cualquier otro documento análogo que emitan; d) los programas de pruebas que implementará para verificar el funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal; y e) el plazo, procedimientos y requisitos para expedir la Cédula Única de Identidad Digital, tanto en su versión física como digital, determinando los mecanismos de vinculación a la firma electrónica avanzada.

En sus artículos 68 y 69, la nueva ley ya prevé la existencia de documentos adicionales oficiales de identificación nacional, que deberán contener los elementos y características mínimas que la Secretaría de Gobernación establezca y la obligación de sus emisores de validar los datos personales que posean con aquellos que integren el Registro Nacional de Población, mediante los mecanismos de interoperabilidad que se establezcan en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

En este caso, como en tantos otros, el diablo se esconde en los detalles. De ahí que uno de los retos mayúsculos que se deberá contemplar en la elaboración de los reglamentos respectivos, consistirá en el diseño de una operación armónica de todos los subsistemas de identidad: económica, financiera, fiscal, laboral, judicial, gubernamental, sanitaria, ciudadana y civil, por mencionar algunos. Otros, serán: el adecuado manejo de los datos biométricos y la habilitación del proceso de su capacidad para provocar un círculo virtuoso de mejora de todos los ámbitos de la administración pública y de los intercambios económicos.

La puesta en operación de la Cédula de Identidad Digital es un elemento crucial para incorporar a México con éxito en la sociedad digital global que predominará en las décadas venideras; el desafío no es menor.

La Cédula Única de Identidad, un avance sustantivo en la política poblacional mexicana

Rodolfo Torres Velázquez (6/12/2020)

El pasado 3 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó, por 426 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, una nueva Ley General de Población que marca un hito en la vida institucional en nuestro país. La minuta respectiva se turnó a la Cámara de Senadores quien podría discutirlo en comisiones y quizá en el pleno durante la semana que ahora comienza. Se trata de una buena noticia por, al menos, 3 razones. La primera, porque se apuesta por la reconstrucción de las instituciones del Estado. La segunda, porque cancela, de una vez por todas, el sinsentido de la confección de nuestra identidad oficial (la llamada credencial del INE) a manos de esa institución -cuyos objetivos deben ser otros- y con la supervisión de los partidos políticos. Por último, porque la identificación oficial es piedra de toque para potenciar nuestros intercambios confiables para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida social, incluidos el económico, el financiero, el gubernamental, el laboral, el ciudadano y el judicial, entre otros. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados tuvo como base la iniciativa presentada por la Diputada Rocío Barrera Badillo (morena).

A grandes rasgos, la reforma aprobada establece las bases para formular y conducir la política de población en un marco de coordinación interinstitucional. Regula la operación del Registro Nacional de Población y de un nuevo Servicio Nacional de Identificación Personal. Reglamenta las atribuciones de las autoridades en materia de población, como el Consejo Nacional de Población que será el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país. Define las directrices de la política de población, por medio de un Programa Nacional que incorpora el enfoque de igualdad de género. Norma el derecho a la identidad de las personas a través de: i) el Registro Nacional de Población, ii) el Servicio Nacional de Identificación, iii) la Clave Única de Registro de Población; iv) la Clave Única de Identidad Digital y; v) establece un capítulo de interculturalidad en el que se asegura la inclusión igualitaria en nuestra sociedad culturalmente diversa. En el entendido de que, hasta en tanto no se inicie la expedición de la Cédula Única de Identidad, la credencial para votar con fotografía será considerada de forma primaria como documento oficial de identificación nacional ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero.

El 17 de junio de 2014, el concepto de identidad fue plasmado como derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 4º, octavo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la identidad. Este derecho, dice la exposición de motivos de la reforma, se ejerce principalmente a través de la identidad legal mediante el registro de nacimiento; sin embargo, el registro de nacimiento, en las circunstancias actuales, es insuficiente para acreditar fehacientemente la identidad. En México aún hay personas que no cuentan con un registro de nacimiento. Los diagnósticos recientes realizados por instituciones y organismos internacionales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial señalan índices de subregistro de nacimiento que van del 1 al 2.9 por ciento de la población total, es decir, entre uno y tres y medio millones de mexicanos no cuentan con registro de nacimiento.

La reforma aprobada tiene como referente la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo, Egipto (Conferencia del Cairo) que inauguró un nuevo enfoque de la política de población, antes basada en el control de la natalidad. Se orienta, ahora, hacia la atención de los derechos humanos fundamentales en razón del bienestar social, la igualdad y potenciación de género, las diversas formas de familia, el desarrollo sostenible, y la salud sexual y reproductiva.

A casi dos décadas de la Conferencia del Cairo y como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la misma, se llevó a cabo el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en 2013, en la que se ratificaron los principales compromisos internacionales en materia de población y desarrollo y se establecieron una serie de medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios. Los temas prioritarios incluyeron los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el envejecimiento y su protección social; el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; la igualdad de género; la migración internacional y la protección de los migrantes; la desigualdad territorial, la movilidad espacial y la vulnerabilidad ambiental; los pueblos indígenas y los afrodescendientes, sus derechos y el combate a la discriminación racial.

La nueva Ley General de Población contempla el uso de un identificador único para todos los trámites y servicios, una clave única para todo y para todos, la Clave Única de Registro de Población a la que se asociarán los datos biométricos, así como la obligación de todos los niveles de gobierno, de actualizar y coadyuvar a la integración del Registro Nacional de Población, así como la puesta en marcha del Servicio Nacional de Identificación Personal, como un servicio de interés público que brinda el Estado, con base en la información del Registro Nacional de Población. Este servicio permitirá validar, verificar y acreditar la identidad de las personas ante el sector público, el sector privado y el sistema financiero. Ello permitirá: la agilización y simplificación de trámites, el intercambio de información entre dependencias de la administración pública, el ahorro de recursos y, sobre todo, la disminución de delitos asociados con el robo de identidad.

Sin duda habrá polémica respecto al hecho de que los datos que identifican a las personas los administre ahora una entidad de gobierno (hecho que por cierto ya ocurre a través del SAT y de la Secretaría de Relaciones Exteriores), ese aspecto es sin duda perfectible. Sin embargo, frente a la condición actual, en que son los partidos políticos quienes supervisan la confección de nuestra identificación oficial vigente, el nuevo esquema representa un progreso significativo.

Por un federalismo incluyente de municipios y regiones

Los municipios adquirieron gran relevancia a partir de 1812;

Rodolfo Torres Velázquez

(27/09/2020)

El incremento de la temperatura política en nuestro país se debe, entre otros, a tres factores. A la convicción que tienen algunos actores y partidos políticos tradicionales de que, en las elecciones del 2021, podrían sufrir un quebranto de tal magnitud que pondría en riesgo su vigencia política; a que diversas  acciones del nuevo gobierno han minado a diversos grupos de poder que han visto perder la centralidad de su participación en la toma de decisiones fundamentales en el país; finalmente, al disgusto de algunos sectores por la revalorización del pueblo llano en la formulación de políticas públicas. Para revertir esa situación que les es adversa, los opositores apuestan también por aumentar la tensión entre los poderes estatales y el federal. Es ésta una jugada temeraria; sus resultados son impredecibles y son potencialmente peligrosos para la sociedad en su conjunto.

Conviene recordar que los municipios adquirieron gran relevancia a partir de 1812; no sólo porque articularon a los pueblos originarios y favorecieron el surgimiento de la ciudadanía (hasta ese entonces sólo existía la figura de súbdito), además fueron la base de la organización de los procesos electorales y elementos clave de los políticos. Puede afirmarse, sin duda, que en aquella época la República se constituyó a partir de sus poderes locales.

Pero el modelo basado en los ayuntamientos, y en los poderes locales en general, al que se acusaba de propiciar dispersión en lo político y en lo económico, sufrió, durante el siglo XIX, múltiples embates de intensidad diferenciada a lo largo y ancho del país. A principios del siglo XX, el ayuntamiento era una figura sin capacidad efectiva de gobierno. En el ámbito financiero, la hacienda pública se administraba centralmente. En el ámbito de la política, el poder se fue centralizando en los ejecutivos estatales y nacional, en un proceso paulatino en el que jugaron un rol destacado los denominados jefes políticos; que habían nacido como enlace entre los ayuntamientos y los gobernadores pero que, hacia finales del siglo XIX, dieron la espalda a los ayuntamientos y se convirtieron en elemento esencial de la centralización política.

En el último tercio del siglo XIX tuvo lugar un importante proceso de centralización, impulsado primordialmente por factores económicos, por lo que se consideraba entonces como exigencias de la modernidad. Ferrocarriles, puertos, telégrafos, industria eléctrica, legislación minera, uso del agua y deslinde de terrenos baldíos, con la hacienda pública por detrás, fomentaron un crecimiento económico en algunas zonas del país y la articulación de mercados regionales. Esos factores de centralización económica demandaban consensos políticos nacionales; algo que las regiones, por sí mismas, no fueron capaces de aportar. Es decir, el centralismo se practica tanto desde la federación como desde los gobiernos estatales en detrimento de la periferia: los municipios y las regiones.

Durante el siglo XIX, en el proceso de profundización del centralismo, se establecieron equilibrios regionales y nacionales que dieron cierta estabilidad a un modelo que se proclamaba federal en lo formal y que en la práctica era profundamente centralista.

Es interesante destacar que, previo a la alternancia en la titularidad de la Presidencia de la República, ocurrida en el año 2000, ya había sucedido un profundo proceso de cambio político a nivel municipal y local. La reforma electoral de 1996, que había fortalecido políticamente a los partidos y a los gobernadores, favoreció el cambio político en estados y municipios. Los resultados electorales de esa época revelan, en esos ámbitos, un debilitamiento del partido hasta entonces gobernante (PRI). Puede decirse, por ello, que la primera alternancia en la presidencia recorrió una ruta de la periferia hacia el centro.

Frente al arribo de un partido distinto a la titularidad del ejecutivo federal en el año 2000 (PAN), los ejecutivos locales, cuyo partido había pasado ahora a la oposición, impulsaron la creación de una instancia de agrupamiento político (la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO). Este organismo fue eficaz para hacer contrapeso político nacional al ejecutivo federal y para mantener vigente una oposición política regional. La CONAGO también jugó un papel fundamental en la creciente canalización de recursos a las entidades federativas.

La estrategia de atrincheramiento político en el espacio de las entidades, aunado a la disponibilidad de crecientes recursos económicos en los estados (el 80% del gasto federal se había descentralizado), resultó exitosa para que el PRI, que había mantenido el poder por 71 años, retomara espacios políticos en los estados y favoreciera su retorno al poder ejecutivo federal en el año 2012. Pero ese enorme caudal de recursos económicos asignado a los estados, usualmente ejercido con discrecionalidad y sin vigilancia efectiva, alimentó los múltiples y escandalosos casos de corrupción en las entidades. Durante los años 2012 al 2018 la CONAGO fue perdiendo paulatinamente su papel de oposición política al gobierno federal.

Ahora, diversos ejecutivos estatales en manos de partidos opositores al gobierno federal han reeditado, en una denominada Alianza Federalista, su actuación como oposición política. Esa Alianza tuvo su origen en marzo de este año con tres gobernadores (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), ahora cuenta con 12 mandatarios estatales que critican la actuación de las autoridades sanitarias frente a la pandemia y exigen la revisión del pacto fiscal vigente. Tanto la CONAGO como la Alianza Federalista comparten una visión centralista del federalismo y ambos se constituyeron como instrumentos de política partidista. Sin duda, es indispensable emprender una revisión profunda de la forma en que ahora están interrelacionados los tres niveles de gobierno. Una genuina reforma federalista no puede dejar de lado a los municipios y a las regiones, hasta ahora ninguneados. Sin embargo, la contienda electoral no puede, legítimamente, convertirse en pretexto para embarnecer la centralidad de los estados frente a la federación y los municipios.

La tirantez centro-periferia es una realidad de la historia política nacional que estuvo en la médula de conflictos, incluso armados, que recorrieron buena parte del siglo XIX y perduraron durante el siglo XX. Conviene a todos actuar con sabiduría y responsabilidad para no reeditar, de manera artificial, y sólo por razones electorales, añejos conflictos que han ocasionado gran dolor a la sociedad mexicana.

El camino a la refundación de nuestras instituciones

La evidencia de que la pandemia nos ha impuesto pautas inéditas de comportamiento social -lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”- …

Rodolfo Torres (21/06/2020)

La evidencia de que la pandemia nos ha impuesto pautas inéditas de comportamiento social -lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”- nos conduce a la certidumbre de que habrá que modificar, prontamente, nuestro arreglo institucional con el propósito de hacerlo acorde con las nuevas circunstancias. Aunque, claro, no es ésa la única razón para ello.

A la pandemia, cuyos efectos dañinos se han visto potenciados por múltiples malos hábitos sociales -de los que la ausencia de cooperación solidaria o el consumo masivo de alimentos chatarra son sólo algunos ejemplos-, deben añadirse flagelos ancestrales que han azotado a nuestro país en materia de: discriminación, desigualdad, corrupción e impunidad.

Cada una de esas añejas calamidades tiene raíces profundas que auguran que su solución definitiva no pueda ser alcanzada de manera inmediata; ya no digamos en el lapso de un año o un sexenio. Ello no quiere decir, desde luego, que no haya que acometerlos, desde ahora, en forma decidida, valiente y expedita.

Para su combate eficaz, debemos comenzar por reconocer que esos flagelos no son anecdóticos o episodios puntuales y aislados del paisaje nacional y de su clima moral; ni que se resolverán sólo con demonizar y exorcizar a sus principales culpables. Existen estructuras y mecanismos, ésos sí, tristemente eficaces, que los reproducen y preservan. A la par, debemos aceptar que los instrumentos institucionales con los que ahora cuenta la sociedad no sólo han sido infructuosos, sino que, en diversas ocasiones, han desatendido su finalidad superior y, algunos de ellos, contribuyen incluso a profundizar esos mecanismos perversos.

Entendemos por “instituciones” al conjunto de leyes, órganos del Estado y a todo ente público que asigna derechos y obligaciones. En ese sentido, las instituciones son instrumentos esenciales de los que se ha dotado la sociedad para que, al margen de los cambios de administración, aseguren su salud y vigencia en un horizonte temporal que vaya más allá del ejercicio de un periodo de gobierno. Su finalidad última es que, con apoyo en los instrumentos que la ley les confiere, todos los miembros de una sociedad tengan un trato equitativo, en materia económica, política y de justicia.

John Rawls (1921-2002) -uno de los filósofos norteamericanos más destacados del siglo pasado- sostenía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”. Afirmaba que “no importa que las instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”. Decía que “las instituciones son justas cuando no se hacen distinciones arbitrarias entre las personas al asignarles derechos y deberes básicos y cuando las reglas determinan un equilibrio debido entre pretensiones”.  Preocupaba al filósofo el proceso mediante el cual las desigualdades económicas se trasladan a los diferentes niveles de influencia política; daba cuenta del modo en que las estructuras de las instituciones sociales y políticas se sesgan en favor de las personas que detentan mayor poder económico. Para Rawls, la clave para corregir esas desigualdades se encontraba en la operación de las instituciones sociales que deben asegurar que todas las personas tengan acceso a ellas y conformar mecanismos de redistribución que mejoren la situación de todos. En suma: que es una condición fáctica que las desigualdades económicas y sociales favorecen a los privilegiados y que ese desequilibrio sólo puede corregirse por la vía de las reglas que rigen a las instituciones sociales.

El reciente sismo político, mostrado por los resultados de las elecciones del 2018, no puede explicarse sin el registro del profundo descontento de la ciudadanía respecto del desempeño del conjunto de las instituciones públicas. No es saludable para nadie que ese desafecto prevalezca.  

El proceso de refundación institucional requerirá, sin duda, de un esfuerzo persistente, detallado y prudente, tanto de quienes detentan el poder público como de la sociedad en su conjunto.  Para ello es útil tener en cuenta, con base en la experiencia reciente, el carácter operativo de las instituciones que daña al país: aquel que se doblega al interés privado frente al público; que ha sido apresado por intereses particulares, de individuos, o de grupos políticos formales o informales; que se encuentra integrado por burocracias ocupadas de  ampliar sus privilegios; que reduce sus propósitos a la colocación de allegados y familiares, y que, conducido por quienes se dotan a sí mismos de un aura que les exime de responsabilidad pública, se exenta a sí mismo de sus deberes de rendición de cuentas y se ubica por encima de los poderes legítimamente electos.

Las instituciones son artefactos esenciales para la salud de nuestra sociedad. La confianza que la ciudadanía consiga depositar en ellas es prioritaria para el fortalecimiento democrático y clave para la gobernabilidad de nuestro país.

Neoliberalismo y Democracia

Rodolfo Torres (26/04/2020)

El obligado #QuédateEnCasa nos brinda la ocasión propicia para ocuparnos en la lectura. Desde 1995 el entonces IFE inauguró la publicación de su colección denominada “Conferencias Magistrales”. El volumen 28 tiene como título: “Senderos que se bifurcan. Reflexiones sobre neoliberalismo y democracia” cuyo autor es Fernando Escalante, profesor del Colegio de México. El texto es relevante no sólo porque se ocupa del análisis de uno de los temas sustantivos de nuestro tiempo, sino porque lo aborda con seriedad y lo expone con sencillez. Recomiendo ampliamente su lectura y ofrezco un resumen de algunos aspectos principales. Dada la eventual injusticia que pudiera cometer con este resumen, invito al lector a descargarlo gratuitamente desde la página web del INE en esta liga.

Escalante comienza por advertir que no hay un único liberalismo, sino varios, que obedecen a circunstancias históricas distintas. En sus inicios el liberalismo tenía como preocupación fundamental la limitación del poder del Estado. Este enfoque mira con profunda desconfianza a la democracia. Es de este tipo de liberalismo del que abreva el neoliberalismo. Otra tradición liberal tiene como interés principal favorecer la libertad individual que está amenazada, o limitada, no sólo por el poder político sino por otras formas de poder social: iglesia, gremios, o familia. Este último, es un liberalismo que necesita del Estado para combatir la autoridad de esas otras formas de poder, pero que, a la vez, busca imponer controles al poder del Estado, por la vía de normas legislativas. Es esta segunda tradición liberal la que entronca con la tradición democrática de las libertades políticas y de los los derechos civiles, y que, se puede decir, se ubica en las antípodas del neoliberalimo.

Escalante, advierte que aunque el neoliberalismo no tiene un programa cerrado, ni una doctrina única, su origen se remonta a fines de agosto de 1938, fecha en la que se llevó a cabo el Coloquio Lippman, en París. El coloquio tenía como telón de fondo la tensión constante entre liberalismo y democracia. Los asistentes coincidieron en que el liberalismo que se quería retomar era el que limitaba el poder del Estado. Aún más, dado que el mercado era la respuesta a múltiples dilemas, el Estado debía tener un un papel activo en su defensa y ampliación. De ahí la premisa del libre juego de los precios.

Se definieron tres principios básicos del programa neoliberal: 1) Promover un Estado fuerte que se ocupara de proteger al mercado; 2) Dar prioridad a las libertades económicas, por encima de las libertades políticas y; 3) Contrarrestar la tendencia  hacia la expansión de lo público: bienes públicos, servicios públicos, empresas públicas, es decir, favorecer su privatización. A ese programa le denominaron neoliberalismo. En el coloquio reinó el tono despectivo hacia la soberanía popular -dada la ignorancia de las masas, siempre resentidas, manipuladas, sometidas. También hacia la democracia que, como sugería Aristóteles, desemboca fatalmente en la demagogia. Por ello, había que poner un límite a la soberanía popular para proteger la propiedad, el mercado y el mecanismo de los precios. Para proteger al mercado, era necesario poner la libertades económicas más allá de la política, fuera del alcance de las mayorías.

El programa no pudo instrumentarse de inmediato debido a la inminencia de la segunda guerra mundial y, posteriormente, a causa a las tareas de reconstrucción. Durante tres décadas de posguerra no hubo espacio para el neoliberalismo. La situación cambió, no obstante, a partir de la crisis petrolera, el fin del patrón dólar y la estanflación de mediados de los setentas del siglo pasado. Crisis que en 1973, advertía James O’Connor, se debía a que la economía capitalista depende de la socialización de los costos y la privatización de las ganancias. Pero, para entonces, el neoliberalismo ya había elaborado un programa económico completo que ofrecía alternativas a la crisis y que descansaba en la privatización. Para el neoliberalismo todo es, o puede ser, mercancía, incluso la educación y la salud. Esa mirada se impuso desde los años setenta. Todo ello se ha traducido en una transformación cultural que, cuando se trata de servicios públicos, se habla de clientes, satisfacción, calidad; cuando se piense al Estado, se entiende empresa. Conviene, se argumenta, sustituir las formas políticas por formas empresariales basadas en criterios objetivos de rentabilidad, de productividad, de eficiencia. Adoptar soluciones técnicas y delegarlas en empresas privadas para proteger al Estado, ponerlo a salvo de la democracia, fuera del alcance de la mayoría. Poner límites a la democracia para proteger las libertades económicas.

En el eje del programa neoliberal hay una crítica a la democracia porque ésta pone en riesgo la libertad del mercado. La soberanía popular es peligrosa porque tiende a la destrucción del mercado. La democracia es peligrosa, dice el neoliberalismo, porque significa la tentación permanente de pedir al Estado que intervenga en la economía. Por ello , sostiene, son ilegítimas las ideas de interés público, bien común, justicia social, soberanía popular y voluntad general, pues, se dice, son figuras retóricas que se emplean para enmascarar la verdadera naturaleza de la política. En la década de los ochenta, mediante las condiciones de endeudamiento impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el modelo neoliberal se generalizó en el planeta.

Concluye Escalante: El funcionamiento de la democracia, incluso su legitimidad como régimen, depende de que pueda pensarse como una comunidad política, con un interés compartido.

Las elevadas expectativas del triunfo

Rodolfo Torres (08/07/2018)

Participación social para un cambio verdadero

El triunfo de Morena en la elección presidencial del pasado domingo merece, sin atenuantes, el calificativo de apabullante. Los cómputos distritales del INE consignan que el 53.1% por ciento de los votos fue a favor de Andrés Manuel López Obrador; el mayor porcentaje obtenido, en una elección presidencial, desde hace 30 años.

El resultado es notable dada, entre otras cosas, la corta edad de ese partido; fue su primera participación en una elección presidencial, y porque venció a una dura oposición que lo confrontó con virulencia, organización y bastos recursos.

Fue precisamente el grado de aspereza de la campaña electoral la que hacía anticipar que viviríamos una pesadilla el día después. No ocurrió de ese modo, afortunadamente. Contribuyeron a eso numerosos factores, entre ellos: la significativa participación ciudadana, la amplia distancia entre el primero y el segundo lugar, la oportuna y meritoria declaración de aceptación de la derrota de los candidatos opositores (la primera de ellas formulada por José Antonio Meade), el puntual reconocimiento del triunfo de AMLO por el presidente Enrique Peña Nieto, y el tono mesurado y conciliatorio del discurso de inauguración de la victoria. A partir de ello, desde todos los flancos del poder, no han dejado de fluir felicitaciones por ese resultado. De mantenerse esa pauta tendríamos, contra todo pronóstico y para fortuna de todos, una tersa transición política.

El dominante número de votos a favor de Morena es muestra, también, de las elevadas expectativas que le acompañarán durante seis años para que se transformen, radicalmente, las condiciones de pobreza, de violencia, de corrupción, de impunidad, de falta de empleo bien remunerado y, en general, de desigualdad, que privan en nuestro país. Esas expectativas no son infundadas, pues esa fue la oferta de campaña de Morena y de los partidos que conformaron la coalición “Juntos haremos historia”.

El embarnecido capital político del que ahora dispone Morena le obligará, a riesgo de convertirse en flor de un día, a mantener una firme voluntad para cumplir sus ofertas de campaña. Sin embargo, sabemos, la obcecada realidad no se somete a la mera manifestación de la voluntad humana. En particular, para combatir esos flagelos, es indispensable contar con estrategias claras y sensatas que, una vez puestas en marcha, hagan factible la materialización de los anhelos. A ese respecto, el nuevo gobierno ya ha anunciado que ocupará los próximos meses, desde ahora hasta la toma de posesión, para elaborar los planes respectivos; plazo que se antoja reducido dada la magnitud de los retos.

Toda estrategia, para ser viable, debe partir de premisas de finitud de recursos y de la existencia de restricciones. En cuanto al primer rubro, ningún país puede partir de la base de que tendrá acceso ilimitado e inagotable a recursos naturales: agua, energía, clima favorable, alimentos, fertilidad de suelos y ausencia de catástrofes naturales. En cuanto al segundo, debe tener presente el estado actual de sus signos financieros vitales: deuda, inflación, productividad, ahorro y estructura fiscal; de sus condiciones sociales: seguridad, discriminación, educación y grado de desigualdad en los intercambios; de su entorno político, tanto externo: ubicación geopolítica y la persistente ofensiva contra gobiernos autodenominados de izquierda; como interno: debilidad de nuestro sistema de partidos, un reforzado entorno de exigencia social, conformación de los poderes legislativo y judicial, deteriorada salud de las instituciones públicas autónomas (con la notable excepción del Banco de México), existencia de una férrea oposición política, y la subsistencia de un ancestral e inercial entramado constitucional y legal.

Una vez ponderadas las premisas, formuladas las estrategias, elaborados los planes y dimensionadas adecuadamente las metas que será factible alcanzar en este corto lapso de gobierno (y toda vez que ya ha concluido la efervescencia de las campañas electorales que inducen al ofrecimiento de futuros idílicos), debe informarse a la sociedad, con veracidad, claridad y sin aderezos, respecto a la forma en que podrán superarse los desafíos. Es indispensable que se informe a la ciudadanía, no sólo para que ésta conozca y decida la forma en que habrá de participar, además porque la energía social positiva, que se ha revelado a partir de este proceso electoral en que una amplia mayoría ha manifestado su deseo de cambio, será el factor principal para transformar nuestra vida pública.

El daño que sufre ahora nuestro tejido social es de tal magnitud que es inconcebible que la sola acción de gobierno y de su partido sean suficientes para mitigarlo. Por ejemplo, uno de los males mayores que lastran nuestro desarrollo es, sin duda, el trato desigual (en muchos casos discriminatorio) que ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida social; en todas nuestras formas de intercambio. No es inusual que ese trato disparejo haya engendrado múltiples y ancestrales agravios que, en casos extremos, se dirimen de modo violento. Es ahí donde la participación social resulta indispensable y, para ser eficaz, deber ser armónica con la acción gobierno.

Por ello, la participación social no sólo es deseable, es indispensable si realmente se quiere transformar de raíz nuestra condición actual. Es por ello ineludible que esa participación esté prevista en toda estrategia y plan de gobierno. No se trata sólo de evitar una eventual frustración y un potencial y agudo conflicto social al que puede conducirnos el incumplimiento de expectativas, se trata de apostar a la viabilidad del cambio. No hay futuro posible sin la participación de la sociedad. El compromiso, hoy, es -como nunca- de todos.

Reconstruir desde los cimientos

Rodolfo Torres (01/10/2017)

Es imposible ir por la vida sin confiar en nadie; es como estar preso en la peor de las celdas: uno mismo. Graham Greene

La solidaridad mostrada con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre fue asombrosa, aún para quienes ya la habíamos vivido, con ímpetu, en septiembre de 1985. Fue gratificante, además, pues nos permitió revelar, de nueva vez, un rasgo semi-oculto de la población citadina, la generosidad. En particular, nuestros jóvenes que, con aguda presteza, se convirtieron en vanguardia de las labores de apoyo y rescate. En estos días, hemos vivido intensas emociones encontradas: el duelo por la pérdida de centenas de vidas humanas -muchas de ellas, de infantes- y el renacido optimismo respecto de la potencial mejora de nuestra vida colectiva.

Nos preguntamos si estas muestras de altruismo y filantropía son indicadores de la posibilidad de organizar nuestra vida en comunidad de mejor manera; ¿somos capaces de expandir la energía social positiva que hemos visto liberada tras los sismos? ¿Habrá un antes y un después al sismo del 19 de septiembre de 2017?

A mi juicio, la respuesta a esas interrogantes tiene que ver con la confianza, entendida ésta como la firme esperanza en que algo ocurra, la fe en los otros. La confianza es el cemento que materializa la condición humana en el cuerpo social. A su presencia acompañan la búsqueda de certidumbres, la cordialidad, la serenidad, la ilusión, la cooperación y la lealtad. Su ausencia conlleva, en cambio, al recelo, a la malicia, la duda, la aprensión, la competencia despiadada y el miedo. La generosidad es la manifestación más sublime de confianza. La violencia, su contraparte.

Sin confianza la vida económica sería irrealizable. En su origen, la utilidad que se ha concedido a la moneda (como a cualquier otro instrumento financiero: el billete, el cheque, la tarjeta de crédito) como medio para el intercambio de bienes y servicios, es una expresión material de confianza. Múltiples recorridos del intercambio económico cotidiano llevan implícito ese valor supremo.

La confianza es, también, indispensable para la construcción y preservación del entramado político institucional. La fe en la adecuada actuación del gobierno, de los representantes políticos, de la justicia y, en general, de las instituciones, es indispensable para preservar la convivencia pacífica.  Si una significativa mayoría de la población, desconfía de todo ello, quedamos todos al borde de la inestabilidad social.

Por desgracia, fuera del compás del sismo, vivimos inmersos en la desconfianza y en la incertidumbre. En lo social debido a robos y asaltos que no distinguen ubicación ni temporalidad: en el transporte público, en las calles, en los embotellamientos, en nuestros domicilios, de día o de noche; por no mencionar la imperdonable y creciente violencia contra de las mujeres.

En la actividad económica la desconfianza se agrava, pues hemos agregado, a la ancestral incertidumbre laboral, la precariedad del empleo -que suma el continuo deterioro de las condiciones laborales a los bajos salarios. En nuestros intercambios económicos pasamos de ser clientes a ser rehenes y víctimas de grandes corporativos. Se nos inscribe, sin consentimiento, a servicios telefónicos, seguros o servicios financieros, y se levantan muros que convierten en via crucis la cancelación de esos servicios que no hemos solicitado (cuando bien nos va, y lo logramos, habrán transcurrido meses de cargos indebidos).

La desconfianza en nuestra representación política se extiende sin freno.   A la ya dilatada y añeja percepción de que en diversos niveles y localidades: partidos, gobierno, integrantes del poder legislativo y jueces, actúan alejados del interés público, se suma un aumentado descrédito en todas nuestras instituciones.

Esa desconfianza e incertidumbre, que se alimenta y fortalece día con día, es la que propicia entornos de ansiedad, miedo y violencia.

No obstante, en las horas y días posteriores al sismo, la desconfianza se suspendió. Se pusieron a flote las mejores notas de la capacidad solidaria, desinteresada y generosa de quienes abrían las puertas de sus autos para ofrecer aventón a desconocidos que no podían trasladarse, o las puertas de sus casas para refugiar a los damnificados; de quienes participaron –o aún lo hacen- en las tareas de aportación, acopio, traslado, entrega de víveres, rescate, auxilio y consuelo de las víctimas del terremoto. En menos casos, si bien, pero no han faltado quienes, como animales de rapiña, buscan el beneficio económico, político o electoral de la desgracia ajena.

Queda, de cualquier forma, la experiencia de explosión de confianza de que ha dado muestra la juventud de nuestra ciudad y, con ello, la esperanza de que podríamos hacer de ella un hábito; podríamos expandirla a todas las esferas de la vida cotidiana. Para ello, sin embargo, tendríamos que cambiar pautas fundamentales en materia política, económica y social. Es decir, tendríamos que emprender la reconstrucción desde los cimientos de la confianza, la generosidad y la entereza. La fraternal reacción social frente a este nuevo 19 de septiembre debe darnos razones para el optimismo y la esperanza.

Resonancias desde Cataluña

Rodolfo Torres (29/10/2017)

La cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo. André Malraux

El viernes 27 de octubre de 2017 el parlamento de Cataluña aprobó, con 70 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones -con la ausencia de 52 diputados de oposición-, la declaración que pone en marcha el proceso constituyente para proclamar la República Catalana. Poco después, el Senado de aquel país aprobó, a solicitud del gobierno central, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le otorga capacidad para “adoptar las medidas necesarias, para obligar, a aquélla (comunidad) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones” (que la Constitución u otras leyes le impongan). Con base en ello, el gobierno central ha destituido al gobierno catalán y ha convocado a elecciones.

La disputa tiene causas históricas, económicas, políticas y culturales (estas últimas son, a mi juicio, las más agudas). Sin embargo, la evidente incapacidad que tiene cada uno para someter a su contraparte obliga, ahora sí, forzosamente, a abrir cuanto antes la vía del diálogo, so pena de recorrer un tortuoso camino que a su término arribará a un punto muerto en el que habrá pérdidas considerables para ambas partes (también para Europa y para otras regiones del mundo).

El Tratado de Utrecht (que es, en realidad, un conjunto de tratados firmados entre 1713 y 1715) es al que frecuentemente se alude como el agravio histórico originario. Esos tratados fueron firmados por los estados antagonistas (entre ellos Francia y Gran Bretaña) en la Guerra de Sucesión Española que tuvo lugar a principios de 1709 y en la que se confrontaron Felipe V (de la familia Borbón, apoyado por la región de Castilla y por Francia) y el archiduque Carlos (de la familia Habsburgo, que dominaba el principado de Cataluña y el reino de Mallorca, apoyada por Austria, y, momentáneamente, por Gran Bretaña). De esa disputa, surgió vencedor el bando que apoyaba a Felipe V (con la aquiescencia de la Gran Bretaña, quien obtuvo considerables beneficios como resultado de la firma de los tratados) y Cataluña perdió la vigencia de sus normas regionales. Ello desató una guerra desigual que duró catorce meses y que concluyó el 11 de septiembre de 1714 cuando los felipistas rompieron el sitio de Barcelona. Cabe recordar que, debido a ese tratado, Europa cambió su mapa político; también cambió el del continente americano.

Por otro lado, y desde el punto de vista económico, el denominado modelo de financiación español, propicia que la mayor parte de los ingresos de sus comunidades (excluidos el País Vasco y Navarra que tienen un esquema distinto al del resto), provenga de los impuestos que recaude y luego reparta el gobierno central. Cataluña sostiene que aporta más de lo que recibe. Numerosos estudios así lo confirman. Sin embargo, se sabe también, que podría decirse lo mismo de otras comunidades –como la de Madrid- y, sobre todo, que un modelo que repartiese a las autonomías lo mismo que éstas aportan sería injusto e insolidario con comunidades económicamente menos favorecidas. La vinculación entre financiación e independencia quedó de manifiesto cuando, el pasado 21 de septiembre, el ministro español de economía propuso más dinero y mayor autonomía financiera a Cataluña si abandonaba la senda independentista.

Desde el punto de vista político el Estatuto de autonomía de Cataluña ha sido parte importante en este debate. Originalmente aprobado en 1979, fue modificado por el parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 y, el 18 de junio de 2006, se celebró un referéndum que otorgó el sí con un 73 porciento de los votos (con una abstención del 50 porciento). Sin embargo, el 31 de julio de ese año el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad pues se oponía a que Cataluña fuese considerada una nación, así como al trato privilegiado que, a su juicio, se concedía a la lengua catalana, entre otros aspectos. El 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional aprobó el nuevo estatuto y resolvió que el término nación no tuviese eficacia jurídica y declaró inconstitucional, entre otros, el artículo 6º que se refería a la lengua catalana.

El tema cultural y lingüístico es, en mi opinión, el que se ubica en el centro de la crisis. No sólo porque, como hemos visto, formó parte del conflicto estatutario, sino además porque, en el segundo párrafo del apartado de la motivación del documento aprobado el viernes pasado, se alude a la lengua y cultura catalana con mil años de antigüedad; se justifica la declaración a partir de la negativa de reconocimiento de su entidad como nación; y se hace referencia a la discriminación lingüística y cultural que padece Cataluña. A ese respecto, cabe tener presente que desde el 11 de julio de 1961 (durante la dictadura franquista) se constituyó Omnium Cultural, la organización catalana que ha sido referente primordial del movimiento de independencia, a la que pertenece Jordi Cuixart uno de los dos encarcelados por un presunto delito de sedición, quien ha tenido como propósito manifiesto el defender, de la censura y de la persecución, a su cultura y a su lengua.

El inicio de negociaciones es indispensable y urgente. El PP, a partir de una propuesta del PSOE, ya se ha comprometido a modificar su Constitución. Es deseable que se haga sobre la base del reconocimiento y respeto explícito al aporte cultural y lingüístico que hacen a España sus comunidades.

CORRUPCIÓN ENDÉMICA. A QUIEN PARTE Y COMPARTE LE TOCA LA MAYOR PARTE.

Rodolfo Torres (23/04/2017)

Se ha llegado a afirmar, a mi entender injustamente, que la corrupción es consustancial al sistema democrático representativo. La afirmación es injusta por sobre-simplificación de análisis; entre otras cosas, pasa de largo sobre el hecho de que los regímenes autoritarios pueden tener (y tienen de facto) mayores dosis de corrupción. No obstante, debemos, al menos, intentar explicar por qué en tiempos recientes, y en todas las latitudes, los diversos sistemas democráticos se han impregnado por extendidos y  escandalosos casos de corrupción. A mi juicio, existen  condiciones estructurales que alimentan esa degradación. Me explico:

El enfoque más socorrido para explicar la prevalencia del fenómeno de la corrupción de servidores públicos se centra en la (in)moralidad de sus actos. Se sostiene que la manera de acabar con la corrupción es asegurar que estos servidores se ajusten a un comportamiento ético. Para ello, además de reiterados llamados a la ética pública, se han instituido numerosos cuerpos normativos y órganos de vigilancia (Auditorías Superiores, Contadurías Mayores, Contralorías, etc.) que tienen como propósito esencial disuadir y, en su caso sancionar, a quienes incurran en actos de corrupción.

Acercamientos recientes al problema explican el fenómeno como consecuencia de la debilidad de los sistemas democráticos; como corolario, se apuesta por la creación o fortalecimiento de entes reguladores e instituciones autónomas. Entre otras, las dedicadas a vigilar y promover la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores e instituciones públicas (en nuestro caso el INAI). En esa materia destaca la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Sin embargo, a pesar de la abundancia de instrumentos orgánicos y normativos, y sin negar importancia a su existencia y actuación, crece la percepción de que el número y gravedad de los casos de corrupción que se conocen, lejos de disminuir, embarnece.

A mi juicio, uno de los factores que explican el crecimiento desmedido de esa calamidad tiene su origen en un modelo económico que acentuó la transferencia de bienes públicos a manos privadas. Desde la década de 1990, recordemos, el impulso a la transnacionalización de la economía indujo el gigantismo de los corporativos económicos (que, por sí mismos, superan en capacidad económica y política a la mayoría de los países en que operan); ello a partir de su necesidad de contar con una masa crítica mayúscula que les permitiera competir ventajosamente, si no es que sólo sobrevivir, en los enfebrecidos mercados mundiales. Bajo esa perspectiva, se puso a disposición de ese propósito -el del crecimiento desmedido de los corporativos económicos- todos los instrumentos del Estado (algo que, conviene señalar, ocurrió en todas las latitudes, no sólo en México).

Todo ello trajo consigo la creación de un entramado normativo e institucional en el que ya no se cuestiona la conveniencia de transferir, continuamente, bienes  de la esfera pública a la privada; se busca, a costa de todo, la eficiencia del proceso.

En esa aspiración de eficiencia se enmarca la creación de entes reguladores, en las materias de competencia económica, de energía o de telecomunicaciones. Sin embargo, se ha señalado que los entes regulados (los corporativos económicos) han apostado por coptar o limitar la actuación de los entes reguladores.

En ese –ya monumental- proceso de traslado de bienes públicos al ámbito privado, que alcanzó, entre otras, a las industrias eléctrica, energética, de telecomunicaciones, y a la de servicios financieros (sistemas de ahorro para el retiro, entre otros), diversos funcionarios públicos, adscritos a las áreas responsables de las autorizaciones, jugaron un papel arbitral determinante. La certeza de este rol definitorio motivó múltiples casos de corrupción en que muchos funcionarios públicos se beneficiaron de los procesos de traslado de bienes. Se generaron nuevas y abundantes riquezas y se enraizó la convicción de conveniencia de ese modelo en el imaginario de las élites políticas y económicas nacionales.

Actualmente, esos procesos de apropiación (o despojo) de lo público a lo privado, ya no atañen sólo a la gran industria; ahora alcanzan todos los espacios de la vida económica sin importar su tamaño. Incluye todo tipo de permisos que emite la autoridad en todos los niveles de gobierno. Lo que ha favorecido el afianzamiento de amplias redes de complicidad.

Una vez que este mecanismo –a todas luces nocivo y generador de corrupción- se ha asentado en diversos segmentos del servicio público, y que los propios servidores, encargados de permitir la operación de esos servicios, han asimilado plenamente su rol determinante para inclinar la balanza, esa maquinaria perversa ha asegurado su persistencia.

Peor aún, hoy día, la pretensión de ocupar cargos públicos se ha convertido en  una aspiración absolutamente consciente en aras del beneficio personal, familiar o de grupo, pues se sabe que se podrá obtener una tajada (cada vez mayor) de ese proceso de apropiación. Así es como se retroalimenta y perpetúa ese mecanismo perverso.

Los llamados a la ética importan; lo hacen, también, la existencia de mecanismos que disuaden y castigan los actos de corrupción y la actuación de instituciones abocadas a combatir la corrupción y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.  No obstante, hay que decirlo, la prevalencia de la corrupción es consustancial al modelo actual de desarrollo económico; y sí, se beneficia, además, de las debilidades de nuestro modelo democrático representativo. Sin lugar a dudas, para combatir eficazmente la corrupción, urge reformular nuestro modelo económico. También, por supuesto,  mejorar nuestro sistema democrático.

Aeropuerto a consulta

Rodolfo Torres (19/08/2018)

El precio de la grandeza es la responsabilidad. Winston Churchill

El gobierno que entrará en funciones el próximo primero de diciembre ha anunciado su propósito de llevar a cabo ya sea una encuesta, o una consulta pública, en el mes de octubre, que sería vinculante, para determinar el destino que tendrá el proyecto de nuevo aeropuerto internacional de México. La propuesta que será sometida a consulta (seguramente bajo la modalidad de una encuesta, pues la fecha señalada hace inviable que el Instituto Nacional Electoral organice una consulta con las formalidades previstas en la ley), es si se debe continuar con el proyecto actual en Texcoco, o el aeropuerto internacional de la Ciudad de México debe complementarse con las pistas que se ubican en Santa Lucía.

El tema es desde luego relevante por varias razones: es indispensable aumentar la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México, que es a todas luces insuficiente, en el proyecto actual el monto de la inversión pública es monumental (y se ha cuestionado su pulcritud, lo que amerita una cuidadosa revisión de su uso), el impacto en la zona circundante es colosal, y, al concluir el proyecto, podría colocar a nuestro país como uno los nodos principales de la región para la interconexión aérea, lo que favorecería al conjunto de la economía nacional.

Aunque, por ahora, no podamos pronunciarnos respecto al estudio que dará sustento a la consulta, pues será dado a conocer hasta la próxima semana, si podemos reflexionar respecto al contexto más amplio que enmarca la discusión: el que atañe a las responsabilidades de todo gobierno.

El postular que el ejercicio de gobierno trae consigo una elevada responsabilidad frente a la sociedad, es una afirmación que, aunque obvia, conviene tener siempre presente. Las acciones de gobierno, para bien y para mal, son de efecto prolongado. Los resultados de las acciones acertadas suelen percibirse aún después de muchos años. Los que devienen de decisiones equivocadas suelen padecerse, frecuentemente, por décadas. Ello no es casual, pues se inducen alteraciones, en un cuerpo social altamente complejo, que las tornan de dilatada digestión.

La aceptación de esa realidad debiera conducir a los gobiernos a un desempeño no sólo prudente y sensato, sino a contar, en todos los casos, con la información pertinente y suficiente que le permita ponderar las inevitables consecuencias de su actuar. De ese modo se estaría en mejores condiciones de escoger aquellas que ofrezcan al interés público los mayores beneficios o, en no pocas ocasiones, los menores perjuicios. De ahí que el mayor daño que pueda infringirse a la sociedad es la puesta en práctica de ideas que no se hacen cargo de sus consecuencias. No es esta, desde luego, una receta que conduzca a la infalibilidad de los gobiernos, si es, en cambio, una exigencia mínima que debieran atender.

Pero este enfoque, basado en el análisis de consecuencias, no es de sencilla aplicación. Juegan en su contra diversos factores.

El primero de ellos, se debe a que diversos gobiernos han mostrado una clara preferencia por acciones que tengan resultados positivos inmediatos sin analizar si sus efectos serán perjudiciales en el largo plazo. A la vez, muestran menosprecio por aquellas medidas que pudieran tener potenciales efectos benéficos que sólo fuesen percibidos con posterioridad a la conclusión de su ejercicio de gobierno (¿Porqué permitir que sea quien suceda quien se cuelgue la medalla?). De ese modo se gobierna para la “grada” y para el relumbrón y en perjuicio del interés público.

El segundo, que es el recurso más socorrido, consiste en que el resultado de las acciones de gobierno proviene únicamente de un proceso de negociación política, sin importar si sus efectos son buenos o malos en el mediano o largo plazo. Ello no quiere decir que los factores políticos específicos no deban tomarse en cuenta, significa que no deben ser los elementos predominantes; éstos también pueden, y deben, subordinarse al interés general.

El tercero y de mayor impacto, tiene que ver con la pregunta ¿Qué hacer para que las acciones de gobierno tengan un efecto benéfico en la sociedad en el corto, mediano y corto plazo? Esta pregunta puede no tener una respuesta única y satisfactoria para todos, pero sabemos, al menos, los elementos que se necesitan para responderla. Se requiere de una comprensión plausible respecto de los factores que intervienen en el tema en cuestión y de la forma en que éstos interactúan. Demanda un cuidadoso análisis de la información relevante que provenga desde todas las perspectivas. Exige una férrea voluntad para que se anteponga el interés público frente al interés particular, de individuos o grupos, ya sean éstos económicos o políticos. Precisa del empleo de todos los instrumentos que la ley le otorga para hacer efectivas esas condiciones.

Todo ejercicio de consulta, que tenga como finalidad conocer el pulso social respecto a temas que le atañen, es bienvenido. La encuesta respecto al nuevo aeropuerto tiene un reto añadido, pues exige del encuestado una opinión fundada acerca de un tema en que, aparentemente, aún los especialistas no han arribado a un consenso.

Aunque, cabe advertir, que la eventual encuesta que se realizaría en el mes de octubre y la asunción por el nuevo gobierno de que sus efectos serían vinculantes, no le eximirían de sus obligaciones. Las responsabilidades respecto a las consecuencias del ejercicio de gobierno no son, ni pueden ser, transferibles.