El camino a la refundación de nuestras instituciones

La evidencia de que la pandemia nos ha impuesto pautas inéditas de comportamiento social -lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”- …

Rodolfo Torres (21/06/2020)

La evidencia de que la pandemia nos ha impuesto pautas inéditas de comportamiento social -lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”- nos conduce a la certidumbre de que habrá que modificar, prontamente, nuestro arreglo institucional con el propósito de hacerlo acorde con las nuevas circunstancias. Aunque, claro, no es ésa la única razón para ello.

A la pandemia, cuyos efectos dañinos se han visto potenciados por múltiples malos hábitos sociales -de los que la ausencia de cooperación solidaria o el consumo masivo de alimentos chatarra son sólo algunos ejemplos-, deben añadirse flagelos ancestrales que han azotado a nuestro país en materia de: discriminación, desigualdad, corrupción e impunidad.

Cada una de esas añejas calamidades tiene raíces profundas que auguran que su solución definitiva no pueda ser alcanzada de manera inmediata; ya no digamos en el lapso de un año o un sexenio. Ello no quiere decir, desde luego, que no haya que acometerlos, desde ahora, en forma decidida, valiente y expedita.

Para su combate eficaz, debemos comenzar por reconocer que esos flagelos no son anecdóticos o episodios puntuales y aislados del paisaje nacional y de su clima moral; ni que se resolverán sólo con demonizar y exorcizar a sus principales culpables. Existen estructuras y mecanismos, ésos sí, tristemente eficaces, que los reproducen y preservan. A la par, debemos aceptar que los instrumentos institucionales con los que ahora cuenta la sociedad no sólo han sido infructuosos, sino que, en diversas ocasiones, han desatendido su finalidad superior y, algunos de ellos, contribuyen incluso a profundizar esos mecanismos perversos.

Entendemos por “instituciones” al conjunto de leyes, órganos del Estado y a todo ente público que asigna derechos y obligaciones. En ese sentido, las instituciones son instrumentos esenciales de los que se ha dotado la sociedad para que, al margen de los cambios de administración, aseguren su salud y vigencia en un horizonte temporal que vaya más allá del ejercicio de un periodo de gobierno. Su finalidad última es que, con apoyo en los instrumentos que la ley les confiere, todos los miembros de una sociedad tengan un trato equitativo, en materia económica, política y de justicia.

John Rawls (1921-2002) -uno de los filósofos norteamericanos más destacados del siglo pasado- sostenía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”. Afirmaba que “no importa que las instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”. Decía que “las instituciones son justas cuando no se hacen distinciones arbitrarias entre las personas al asignarles derechos y deberes básicos y cuando las reglas determinan un equilibrio debido entre pretensiones”.  Preocupaba al filósofo el proceso mediante el cual las desigualdades económicas se trasladan a los diferentes niveles de influencia política; daba cuenta del modo en que las estructuras de las instituciones sociales y políticas se sesgan en favor de las personas que detentan mayor poder económico. Para Rawls, la clave para corregir esas desigualdades se encontraba en la operación de las instituciones sociales que deben asegurar que todas las personas tengan acceso a ellas y conformar mecanismos de redistribución que mejoren la situación de todos. En suma: que es una condición fáctica que las desigualdades económicas y sociales favorecen a los privilegiados y que ese desequilibrio sólo puede corregirse por la vía de las reglas que rigen a las instituciones sociales.

El reciente sismo político, mostrado por los resultados de las elecciones del 2018, no puede explicarse sin el registro del profundo descontento de la ciudadanía respecto del desempeño del conjunto de las instituciones públicas. No es saludable para nadie que ese desafecto prevalezca.  

El proceso de refundación institucional requerirá, sin duda, de un esfuerzo persistente, detallado y prudente, tanto de quienes detentan el poder público como de la sociedad en su conjunto.  Para ello es útil tener en cuenta, con base en la experiencia reciente, el carácter operativo de las instituciones que daña al país: aquel que se doblega al interés privado frente al público; que ha sido apresado por intereses particulares, de individuos, o de grupos políticos formales o informales; que se encuentra integrado por burocracias ocupadas de  ampliar sus privilegios; que reduce sus propósitos a la colocación de allegados y familiares, y que, conducido por quienes se dotan a sí mismos de un aura que les exime de responsabilidad pública, se exenta a sí mismo de sus deberes de rendición de cuentas y se ubica por encima de los poderes legítimamente electos.

Las instituciones son artefactos esenciales para la salud de nuestra sociedad. La confianza que la ciudadanía consiga depositar en ellas es prioritaria para el fortalecimiento democrático y clave para la gobernabilidad de nuestro país.

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