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Elecciones en Coahuila e Hidalgo: un falso dilema

Si no se aporta confianza suficiente a los ciudadanos de que su salud no estará en riesgo si deciden acudir a votar, se presentará un sesgo en el número de votantes que acudirían a las casillas.

Rodolfo Torres Velázquez (01/08/2020)

Hace apenas tres días, el pasado jueves 30 de julio, el Instituto Nacional Electoral acordó que será el 18 de octubre cuando se realicen las elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo. Tanto el PAN como Morena han anunciado que impugnarán esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ambos argumentan que se expondrá a la ciudadanía al contagio de Covid-19. Para el caso de Hidalgo, una vez electos los Consejos Municipales, sus integrantes rendirían protesta el 15 de diciembre de 2020. En tanto ello ocurra, el Congreso del Estado de Hidalgo deberá designar, entre los vecinos, un Consejo Municipal interino.

El pasado primero de abril, con motivo de la pandemia, el INE acordó ejercer su facultad de atracción para suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales en esas entidades. En el mismo acuerdo se formularon dos resolutivos adicionales. En el primero se mandató al consejero presidente del INE a establecer vínculos permanentes con las autoridades sanitarias, a fin de contar con los elementos necesarios para, en su momento, convocar a su Consejo General. En el segundo, se acordó que, una vez restablecidas las condiciones de seguridad sanitarias y en atención a las medidas que determine el Consejo de Salubridad General, el Consejo General del INE determinará la fecha para celebrar la Jornada Electoral en dichas entidades federativas.

Aunque en el acuerdo del pasado jueves se admite que aún continúa la emergencia de salud y se acepta que, en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades sanitarias, no se contempló a la materia electoral. El INE, en una lectura laxa de su propio acuerdo del primero de abril, argumenta que existen diversas disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias que permiten reanudar actividades esenciales a través de la implementación de protocolos de seguridad sanitaria.

Tengamos presentes las cifras. En abril pasado, cuando se acordó la suspensión de esos procesos electorales locales, en Coahuila se estimaban 407 contagios, ahora el recuento asciende a 12,090. En cuanto a defunciones, había entonces 42; ahora son 591. En Hidalgo, la estimación era de 261 contagios y ahora de 6,544. Sumaban, en aquel momento, 29 defunciones y ahora se cuentan 969. A la fecha, ambas entidades se encuentran en semáforo rojo: con máximo riesgo de contagio. Nadie podría sostener que, en esa materia, estamos ahora en una mejor situación que en abril pasado.

A pesar de que el INE acepta que la emergencia sanitaria aún continúa, estima que, atendiendo a la estrategia para la reapertura de actividades, es procedente establecer como fecha para la celebración de la Jornada Electoral local en las entidades federativas referidas el domingo 18 de octubre. Aunque, también debe advertirse, en el resolutivo octavo del citado acuerdo se señala que: “En caso de que las autoridades competentes en materia de salud pública determinen oficialmente la existencia de condiciones sanitarias que vuelvan inviable la realización de actividades de organización o el adecuado desarrollo de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral inmediatamente tomará las medidas conducentes, en el ámbito de sus atribuciones, para garantizar la salvaguarda del derecho a la salud de las y los funcionarios electorales y de la ciudadanía en general.” Dada esta previsión, es probable que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no otorgará la razón a quienes llegaran a impugnar el acuerdo. Sin embargo, ello no resolvería el problema de fondo. Me explico.

Aun frente al escenario de que las autoridades sanitarias competentes, pues tanto la autoridad de salud local como la federal tendrían potestad para pronunciarse al respecto, considerasen suficientes las medidas preventivas que se implementen (uso obligatorio de cubrebocas, careta y sanitización continua de mamparas, casillas, mesas receptoras y espacios para el escrutinio y cómputo), queda aún por ver si las medidas serán suficientes para aportar a la ciudadanía la confianza suficiente de que su salud no se pondrá en riesgo y de que podrán acudir con tranquilidad a votar a las casillas. Ello, sin abundar en la dificultad que tendrían los funcionarios de casilla -algo que, en otro momento, ya he apuntado- para identificar plenamente al votante que, con todo derecho, pudiera negarse a deprenderse de su cubrebocas.

Si no se aporta confianza suficiente a los ciudadanos de que su salud no estará en riesgo si deciden acudir a votar, se presentará un sesgo en el número de votantes que acudirían a las casillas. Es previsible que se presenten elevados niveles de abstención y de ausentismo de los funcionarios electorales, con el consecuente impacto negativo en el número de casillas que podrán instalarse. No debe olvidarse que el diseño electoral está concebido para evitar, en todas sus etapas, un sesgo en la participación ciudadana en las elecciones. Como puede verse, el tema no se reduce a la vehemencia con que pueda argumentarse sobre la relevancia de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía -lo que sin duda es relevante -, sino que, ahora, se adhiere a él la responsabilidad que tiene la autoridad electoral de generar las condiciones necesarias para que ese ejercicio ocurra sin poner en riesgo la salud de los participantes. Ello pasa necesariamente por el completo rediseño de los procesos electorales que preserven la efectividad del sufragio y la autenticidad de las contiendas. Y en eso, el INE debe admitir que, en condiciones de riesgo a la salud y la vida de los ciudadanos, no hay lugar a un dilema; las culpas y responsabilidades no se podrán compartir.

Alto a la trampa en las elecciones

El próximo miércoles 22 de julio, la Cámara de Diputados designará a 4 nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; al menos, dos deberán ser mujeres.

Rodolfo Torres Velázquez (18/07/2020)

El próximo miércoles 22 de julio, la Cámara de Diputados designará a 4 nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; al menos, dos deberán ser mujeres. La designación ocurrirá en un contexto en el que, de acuerdo con las más recientes encuestas, la autoridad electoral se encuentra entre las instituciones que brindan a la ciudadanía un nivel de confianza mediano. Lo que no es buen dato, pues la importancia de la función electoral, que tiene a su cargo – nada más y nada menos- que la organización de las elecciones mediante las que se transmite el poder público, requiere de la más alta confianza.

Con base en estudios de la casa encuestadora Consulta Mitofsky, durante los años 2004 al 2005 y del 2007 al 2010, al INE se le ubicó entre las instituciones que brindaban niveles altos de confianza. En los años 2006, del 2011 al 2016, y del 2018 al 2019 se le ubicó entre las que aportaban confianza media. En el año 2017 cayó al rango de confianza baja.

Esa constatación debería, por sí misma, alentar al INE, por el bien de la alta función de Estado que desempeña, a desplegar una agenda de transformación en al menos tres rubros: 1) en el aprecio que le tiene la ciudadanía; 2) en el cambio de su dinámica de operación institucional y 3) en el rediseño de sus procedimientos de organización de las elecciones.

Sin negar mérito a la realización de foros y encuentros de análisis del estado que guarda nuestra democracia o nuestra condición política, no puede ser éste el ingrediente único para trasmitir a la población la percepción respecto de la utilidad de la autoridad electoral. Tampoco basta, para concitar el aprecio ciudadano, el débil refugio en la emisión de la credencial para votar. Menos aún en la mera proclama de la defensa de la autonomía de las instituciones electorales, que en muchos despierta la suspicacia de una retórica orientada a la defensa de condiciones de privilegio.

Es un hecho que, hasta la fecha, la trampa ha estado presente en las elecciones que se celebran en nuestro país. Por desgracia, no ha sido infrecuente que esa trampa haya tenido éxito y haya distorsionado el voto ciudadano. Peor aún, a pesar de la evidencia de que se ha incurrido en trampas, esos actos han quedado impunes. Y ésa es la verdadera y legítima causa de la desconfianza ciudadana en los procesos electorales y en sus autoridades. En la medida en que la autoridad electoral castigue la trampa con severidad y construya los mecanismos para vigilar la limpia realización de todos los actos que le competen, seguramente gozará de mayor aprecio por parte de la ciudadanía.

Más allá de proclamas formuladas de manera sencilla o compleja, la autoridad debe mostrar su irrenunciable compromiso con la organización de elecciones auténticas y equitativas, con la efectividad del sufragio y con el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas las personas. A fin de cuentas, el propósito de la autoridad electoral debe ser el asegurar la vigencia y respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Como consecuencia de sus actos, la autoridad electoral se ubicará en el nivel de confianza que merezca.

En cuanto al segundo rubro, la inercia que resulta de la forma en la que se ha designado a las y los consejeros electorales, mediante “cuotas y cuates”, ha producido una operación institucional deficiente.

Como sabemos, durante buena parte del siglo XX, el gobierno organizaba las elecciones (a conveniencia). Después de un largo proceso de reformas, en el órgano superior de dirección, el Consejo General, sólo votan consejeras y consejeros electorales designados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los partidos y otras fuerzas políticas formales e informales han pactado, por casi dos décadas, el reparto de esas designaciones.

Ese reparto extralegal se ha trasladado al ámbito del INE, y de los Institutos Electorales en las entidades, que preservan la lógica de la negociación y de las cuotas. La consecuencia de ello ha sido un ejercicio patrimonialista, “feudal”, de la administración institucional en la que algunos consejeros fungen como supra-directores ejecutivos, sin que asuman las inherentes responsabilidades administrativas. Ello explica, en buena medida, la ausencia de un genuino ejercicio público de autocrítica al fin de cada proceso electoral. Las sesiones públicas se convierten en torneos de elogios mutuos, a pesar de los errores cometidos. Toda crítica, aun cuando fuese fundada, se interpreta como un intento de confrontación política. Ello demerita sustancialmente las tareas de los consejeros como integrantes del órgano superior de dirección. La mejora del accionar operativo institucional pasa por la desarticulación de feudos, por combatir el reparto de posiciones, por privilegiar la profesionalización de la función electoral en todos sus ámbitos, y por asumir que los procedimientos electorales son esencialmente de naturaleza transversal.

Por último, aunque ya en otros artículos he abogado por la incorporación de dispositivos electrónicos en la casilla de votación, también se requiere en otras áreas. En materia de fiscalización, por ejemplo, deben cumplirse los acuerdos del propio Consejo General que exigieron una fiscalización inteligente, que evite los errores que se cometen debido a la revisión y dictaminación manual de informes. Lo propio puede hacerse para revisar la membresía a organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos y a los ya constituidos. Debe hacerse uso de todas las herramientas disponibles para, tan pronto una organización registre una afiliación, se notifique de inmediato a la persona implicada para que confirme su membresía a la organización en cuestión . No es necesario esperar a la confronta de membresías duplicadas, que ahora ocurre, hasta el momento en que se detecta una misma afiliación en dos partidos distintos. Es un reto enorme, sin duda, aunque indispensable, si se quiere fortalecer la institucionalidad electoral y la gobernabilidad democrática.

Las elecciones del 2021 requieren ya de dispositivos electrónicos

En apenas 57 días dará comienzo el proceso electoral 2020-2021. En ese ámbito, a las acciones que la emergencia sanitaria ahora nos impone debemos agregar las indispensables adecuaciones a los procedimientos logísticos que, desde la organización y la capacitación electorales, deben emprenderse para subsanar las deficiencias que la experiencia reciente ha evidenciado.

Rodolfo Torres Velázquez (04/07/2020)

La reforma de 2014 estableció, en su artículo transitorio octavo, párrafos primero y segundo, que una vez integrado el Instituto Nacional Electoral, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva en los procesos electorales locales se entenderán delegadas a los Organismos Públicos Locales y se dispuso que se mantendrían delegadas hasta en tanto no fuesen reasumidas por votación de la mayoría del Consejo General del INE. Sin embargo, en sesión celebrada el 14 de julio de 2014, su Consejo General aprobó retomar la casilla única para procesos concurrentes, federales y locales (INE/CG100/2014). En concordancia con lo anterior, el 13 de agosto de ese mismo año, el INE aprobó el modelo de casilla única para las elecciones concurrentes del 2015 (INE/CG114/2014).

Así, para el proceso electoral 2015, del total de casillas proyectadas, el 56.26 por ciento fueron casillas únicas. Para las elecciones de 2018 se estimó que el porcentaje de casillas únicas alcanzaría un 96 por ciento.

Aunque el modelo de casilla única ha depurado paulatinamente su operación, se han identificado múltiples oportunidades de mejora. Entre ellas, destacaré sólo algunas. Primero, la que atiende a la dificultad para encontrar locales apropiados y suficientemente amplios para albergar al elevado número de personas que deben estar presentes en la casilla durante la jornada electoral -funcionarios de casilla, representantes de partido y de candidatos. Ello tiene, además, un impacto desfavorable en el el objetivo de reducción de costos, pues los gastos destinados al mobiliario y al apoyo alimenticio son muy altos. Otra importante es que, el elevado número de elecciones concurrentes, torna extenuante la labor de los funcionarios electorales, con el consecuente aumento en el riesgo de errores. No puede obviarse la complejidad extraordinaria que supone el conteo de los votos en la casilla única para procesos concurrentes. Finalmente, que la recolección de paquetes y su entrega es poco expedita y repercute negativamente en la obtención de resultados electorales oportunos.

Estas dificultades operativas encuentran su expresión en los estudios elaborados por la propia autoridad electoral nacional. El INE, produjo su “Informe de resultados del estudio muestral del llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones federales de 2018”. Este estudio tuvo como objetivo general examinar el llenado de dichos documentos para identificar la proporción que tuvo inconsistencias en los datos asentados. En él se concluye que dos de cada tres actas presentan errores. Según este estudio, el resultado del número de actas con equívocos fue similar al observado en las elecciones del año 2006. Por otra parte, el estudio detectó que, en el conjunto de entidades federativas que celebraron elecciones concurrentes, la incidencia de errores en las actas fue hasta diez puntos porcentuales más que en el de las entidades federativas en las que sólo ocurrieron elecciones federales. Con ello se reveló que las elecciones concurrentes pueden tener un efecto negativo en el porcentaje de actas llenadas correctamente, debido a la dificultad supuesta en el escrutinio, al aumento de trabajo y al cansancio de las y los funcionarias/os de las Mesas Directivas de Casilla el día de la jornada electoral.

Otro aspecto relevante que se anota en el informe tiene que ver con las actas que fueron objeto de recuento durante los cómputos distritales. Más del 70 por ciento de la actas tuvieron que ser recontadas. De las actas que fueron objeto de recuento, entre el 78 y el 80 por ciento, revelaron inconsistencias en los datos.

Ese resultado apunta con nitidez hacia la urgencia de instrumentar soluciones que subsanen el elevado número de errores que se observan, mismos que producen múltiples reconteos, retrasan la emisión de resultados y, sobre todo, merman la confianza de los ciudadanos en los comicios y en la institucionalidad electoral.

La mejora en la operación de la casilla única debe abordarse desde los aspectos logísticos, normativos y, desde luego, también tecnológicos. A ese fin coadyuva la eventual incorporación de dispositivos electrónicos de votación en la operación de la casilla única.

Los proyectos de incorporación de ese tipo de dispositivos electrónicos no son novedosos a nivel nacional. Los Institutos Electorales del entonces Distrito Federal, de Coahuila, y de Jalisco, fueron pioneros en esa materia.

Como participante en ese proceso puedo dar constancia que desde el 13 de febrero del 2003 el Consejo General del IEDF aprobó “la investigación de alternativas sobre la posibilidad de automatizar los procedimientos electorales, modernizar el ejercicio del voto de los ciudadanos y reducir sus costos”. El 21 de diciembre de 2005 el IEDF concluyó con la construcción de 60 unidades de urna electrónica. Desde entonces y hasta diciembre de 2019, esas urnas se utilizaron en 75 ejercicios de votación, 29 de ellos vinculatorios y de participación ciudadana; en todos ellos participaron más de 80 mil personas.

Sobran razones para impulsar la operación de las urnas electrónicas en los comicios que están en puerta. La reingeniería de los procesos electorales, fustigada ahora por la contingencia sanitaria, apela al uso de los instrumentos tecnológicos y a la vigilancia de que su utilización preserve y fortalezca la autenticidad del sufragio.

El camino a la refundación de nuestras instituciones

La evidencia de que la pandemia nos ha impuesto pautas inéditas de comportamiento social -lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”- …

Rodolfo Torres (21/06/2020)

La evidencia de que la pandemia nos ha impuesto pautas inéditas de comportamiento social -lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”- nos conduce a la certidumbre de que habrá que modificar, prontamente, nuestro arreglo institucional con el propósito de hacerlo acorde con las nuevas circunstancias. Aunque, claro, no es ésa la única razón para ello.

A la pandemia, cuyos efectos dañinos se han visto potenciados por múltiples malos hábitos sociales -de los que la ausencia de cooperación solidaria o el consumo masivo de alimentos chatarra son sólo algunos ejemplos-, deben añadirse flagelos ancestrales que han azotado a nuestro país en materia de: discriminación, desigualdad, corrupción e impunidad.

Cada una de esas añejas calamidades tiene raíces profundas que auguran que su solución definitiva no pueda ser alcanzada de manera inmediata; ya no digamos en el lapso de un año o un sexenio. Ello no quiere decir, desde luego, que no haya que acometerlos, desde ahora, en forma decidida, valiente y expedita.

Para su combate eficaz, debemos comenzar por reconocer que esos flagelos no son anecdóticos o episodios puntuales y aislados del paisaje nacional y de su clima moral; ni que se resolverán sólo con demonizar y exorcizar a sus principales culpables. Existen estructuras y mecanismos, ésos sí, tristemente eficaces, que los reproducen y preservan. A la par, debemos aceptar que los instrumentos institucionales con los que ahora cuenta la sociedad no sólo han sido infructuosos, sino que, en diversas ocasiones, han desatendido su finalidad superior y, algunos de ellos, contribuyen incluso a profundizar esos mecanismos perversos.

Entendemos por “instituciones” al conjunto de leyes, órganos del Estado y a todo ente público que asigna derechos y obligaciones. En ese sentido, las instituciones son instrumentos esenciales de los que se ha dotado la sociedad para que, al margen de los cambios de administración, aseguren su salud y vigencia en un horizonte temporal que vaya más allá del ejercicio de un periodo de gobierno. Su finalidad última es que, con apoyo en los instrumentos que la ley les confiere, todos los miembros de una sociedad tengan un trato equitativo, en materia económica, política y de justicia.

John Rawls (1921-2002) -uno de los filósofos norteamericanos más destacados del siglo pasado- sostenía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”. Afirmaba que “no importa que las instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”. Decía que “las instituciones son justas cuando no se hacen distinciones arbitrarias entre las personas al asignarles derechos y deberes básicos y cuando las reglas determinan un equilibrio debido entre pretensiones”. Preocupaba al filósofo el proceso mediante el cual las desigualdades económicas se trasladan a los diferentes niveles de influencia política; daba cuenta del modo en que las estructuras de las instituciones sociales y políticas se sesgan en favor de las personas que detentan mayor poder económico. Para Rawls, la clave para corregir esas desigualdades se encontraba en la operación de las instituciones sociales que deben asegurar que todas las personas tengan acceso a ellas y conformar mecanismos de redistribución que mejoren la situación de todos. En suma: que es una condición fáctica que las desigualdades económicas y sociales favorecen a los privilegiados y que ese desequilibrio sólo puede corregirse por la vía de las reglas que rigen a las instituciones sociales.

El reciente sismo político, mostrado por los resultados de las elecciones del 2018, no puede explicarse sin el registro del profundo descontento de la ciudadanía respecto del desempeño del conjunto de las instituciones públicas. No es saludable para nadie que ese desafecto prevalezca.

El proceso de refundación institucional requerirá, sin duda, de un esfuerzo persistente, detallado y prudente, tanto de quienes detentan el poder público como de la sociedad en su conjunto. Para ello es útil tener en cuenta, con base en la experiencia reciente, el carácter operativo de las instituciones que daña al país: aquel que se doblega al interés privado frente al público; que ha sido apresado por intereses particulares, de individuos, o de grupos políticos formales o informales; que se encuentra integrado por burocracias ocupadas de ampliar sus privilegios; que reduce sus propósitos a la colocación de allegados y familiares, y que, conducido por quienes se dotan a sí mismos de un aura que les exime de responsabilidad pública, se exenta a sí mismo de sus deberes de rendición de cuentas y se ubica por encima de los poderes legítimamente electos.

Las instituciones son artefactos esenciales para la salud de nuestra sociedad. La confianza que la ciudadanía consiga depositar en ellas es prioritaria para el fortalecimiento democrático y clave para la gobernabilidad de nuestro país.