Author: Rodolfo Torres

Rodolfo Torres (04/06/2017)

A propósito del día mundial de Internet, celebrado el miércoles de la semana que concluye, se organizaron foros que, desde diversas perspectivas, analizaron las profundas transformaciones que su irrupción ha provocado en nuestra vida diaria. Una de las vertientes fue la eventual regulación por el INE de mensajes político-electorales. Al hablar de regulación nos referimos al establecimiento de reglas para su uso; no a la prohibición de acceso a ciertos sitios.

En esta entrega nos ocupamos de dos atributos de Internet, y de diversos incentivos, que convierten a esa regulación en un reto formidable. En cuanto a los atributos tenemos: su gobierno (entiéndase: la ausencia de éste)  y el modo en que intercambia la información. En cuanto a los incentivos están los que empujan la conversión de los medios tradicionales de radio y tv hacia internet.

Hoy día existe un conjunto de computadoras -interconectadas a nivel mundial- que para el intercambio de información utilizan un protocolo de comunicaciones basado en TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Se trata de la red de redes – privadas, públicas, académicas, de negocio y de gobierno, de alcance local y global- que se denomina, simplemente, Internet. Tiene su origen en un proyecto que, patrocinado por el gobierno norteamericano en 1960, buscaba construir redes (de computadoras) tolerantes a fallos. La primera columna vertebral de esa red fue construida por una oficina del Departamento de Defensa norteamericano (ARPA); en los años 80s, se sumaron a ella centros de educación y de investigación. La incorporación, en los 90s, de redes privadas y de negocios marcó el inicio de la transformación de esa red hacia lo que hoy nos es tan familiar.

Para entender la ausencia de gobierno de Internet, debe tenerse en cuenta que la red de redes tiene una arquitectura tecnológica no centralizada; distribuida. Ello, a partir de la premisa original de que una red con control central es mucho más vulnerable a un eventual ataque (militar o de otro tipo) que otra con control distribuido. Es por ello que no existe un ente que decida por sí sólo en la red, es decir, una autoridad central que imponga criterios de obligada observancia o que pudiera sancionar los casos de desatención a una norma. Lo más cercano a una entidad de gobierno es el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), sin embargo, este ente no controla el contenido de red, no puede detener el correo basura y no gestiona los accesos. ICANN sólo coordina el sistema de nombres de Internet (lo que tiene –hay que decirlo- una  importancia extraordinaria en la expansión y evolución de ese medio). Actualmente, se desarrollan debates acerca de si debiera existir un organismo que ejerciera el control de Internet (algunos, a contrapelo de numerosas opiniones, proponen que podría ser la ONU). No obstante, el debate no parece tener una conclusión cierta ni cercana; ni siquiera en el mediano plazo.

A diferencia de un modelo de comunicación centralizado (como el que caracteriza a los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión) en el que existe un solo emisor activo y múltiples receptores pasivos, Internet opera con un modelo de comunicación distribuido. En él conviven múltiples emisores y receptores, ambos activos (pues pueden interactuar de modo directo e inmediato entre ellos).

En lo que se refiere a los incentivos que favorecen el uso de Internet tenemos que, según un estudio publicado por la revista Forbes, los mexicanos creemos más a los medios digitales que a la televisión. Lo que, desde el punto de vista comunicacional, parece inaudito pues, en contraste con las redes sociales, esos medios tradicionales invierten ingentes recursos para validar las noticias que emiten. Sin embargo, ello podría explicarse debido a que los usuarios, principalmente de redes sociales, trasladan a la noticia el monto de credibilidad que les aporta el emisor que -como en el caso de Facebook- pertenece a su círculo de confianza. Pero los incentivos no terminan ahí. En materia de noticias de prensa, diversos medios luchan por mantener su difusión impresa, mientras que otros ya, de plano, otorgan mayor relevancia a sus versiones digitales.

 A lo anterior hay que sumar la penetración creciente que en el mercado actual tiene el video por demanda, tanto de series como de películas, así como la ubicuidad de los teléfonos inteligentes (que se han convertido en el principal medio para acceder a los recursos que brinda internet). Todo ello propicia una tendencia que parece irremediable: la migración creciente de recursos desde los medios audiovisuales centralizados hacia los medios distribuidos basados en Internet.

Además en México, según datos de la Asociación de Internet, para 2017 existen 70 millones de usuarios. De los que 9 de cada 10 internautas interesados en la democracia utilizan esa vía para estar informados, y lo hacen principalmente por redes sociales (97 por ciento), sitios de noticias (79), y buscadores (74). A lo anterior hay que agregar que las técnicas que hoy día utiliza el marketing aprovechan Internet de modo tal que la convierten en una herramienta superior a los medios audiovisuales tradicionales. Esos incentivos, y la carencia actual de regulación, provocarán que los partidos políticos y candidatos desplacen mayores recursos, que los que ahora destinan, hacia Internet.

 La indispensable equidad en las contiendas y la libertad de expresión obligan a atender sin dilación este fenómeno (en ello abundaremos en nuestra próxima entrega; en dos semanas).

Rodolfo Torres (16/07/2017)

La sesión del Consejo General del INE, iniciada el pasado viernes (ahora en suspenso y a reanudarse mañana), causa gran expectativa. Se dictaminarán, en ella, las cuentas de los partidos y candidatos con motivo de las campañas electorales locales realizadas en cuatro entidades: Coahuila, México, Nayarit y Veracruz. En las tres primeras, estuvo en juego la gubernatura y la revisión de cuentas podría -si se detecta rebase en el tope de gastos de campaña- conducir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a declarar la anulación de la elección.

Hay que recordar que la reforma electoral del 2013-2014 asignó al INE la responsabilidad exclusiva de la fiscalización de los procesos electorales, tanto en el ámbito federal como en el local. Esa reforma también dispuso, a nivel constitucional (artículo 41 base VI, párrafo tercero), que podría anularse la elección si se cumplían dos condiciones, a saber: que algún contendiente rebasara el tope de gastos de campaña en más de un 5 por ciento y que la diferencia entre el primero y segundo lugares fuera menor a un 5 por ciento de la votación.

Esa disposición muestra la alta valía que se otorga a la equidad en el gasto electoral. Tan es así que, si no se respeta el tope de gastos (y esa infracción es determinante), se produce la anulación de la elección; a mi juicio, la más elevada sanción, pues se anulan todos los votos ciudadanos, la mayoría legítimos y emitidos de buena fe. La aspiración de esa norma es que no sea el dinero el factor preponderante para decidir una elección. De ahí que la fiscalización sea fundamental para garantizar la equidad en las contiendas.

Sin embargo, la fiscalización se desarrolla bajo múltiples restricciones: a) la propia complejidad técnica de esa tarea -que vuelve difícil explicar y dilucidar sus determinaciones-; b) la limitación de sus insumos que, a pesar de la vastedad que envuelve a la actividad electoral, se proveen sólo  de la información que formalmente aportan los partidos y candidatos, de la que obtiene de sus auditorías y de sus actuaciones de monitoreo en campo, y de la que consigue -gracias a sus atribuciones investigativas- de los ámbitos comercial, hacendario y financiero; c) el volumen de su tarea y la brevedad de los plazos; y, d) la rigidez -consustancial al proceso- para atender las quejas en esa materia (por no mencionar la impronta de los contendientes por lindar la frontera de lo prohibido para obtener ventajas indebidas).

La labor de fiscalización requiere de un elevado grado de especialización. A la pericia contable debe aunarse un conocimiento del ámbito político electoral. Los partidos políticos no son ni entes privados ni públicos. Son entidades de interés público (una figura atípica). Por tanto, las prácticas de la auditoría pública no pueden trasladarse, sin más, a la fiscalización político-electoral.

El rebase del tope de gastos de campaña, por disposición normativa, sólo puede determinarse con base en: los registros asentados por los partidos y candidatos en el sistema de contabilidad en línea (a cargo del INE), las auditorías, los monitoreos y las investigaciones. De modo tal que, si algún gasto no es reportado por el sujeto obligado o no es detectado por el INE, no se reconoce su existencia y no cuenta para el cálculo de un potencial rebase. Ello deja abierto un amplísimo margen para eventuales operaciones subrepticias que utilicen dinero en efectivo.

Las restricciones derivadas del elevado número de informes y del breve plazo dispuesto para su revisión agregan complejidad a esa tarea. Para la elección del 2018 se espera recibir un número superior a los 50 mil informes (habrá 3,531 cargos de representación en disputa) que el INE deberá revisar y dictaminar en un brevísimo plazo. A esa complicación hay que agregar, tanto la obligación que tiene la Unidad Técnica de Fiscalización de actuar con exhaustividad, como la resolución del TEPJF que obliga al INE a resolver todas las quejas antes de la aprobación de los respectivos dictámenes.

Es, hoy, práctica común que los contendientes lleven a cabo una estrecha vigilancia de las actividades electorales de sus contrincantes. Con base en ella  presentan quejas denunciando la omisión en el registro de gastos y, como consecuencia, un potencial rebase del tope de gastos. Pero el desahogo de las quejas, al tratarse de un procedimiento de naturaleza jurisdiccional, debe sujetarse a las formalidades del debido proceso, lo que lo torna complejo para el ciudadano de a pie. Por ejemplo, es común que el denunciante no atienda a las prevenciones de la autoridad para que aporte mayor información respecto al contenido de su denuncia. Si no responde, la queja se desecha y los actos que denuncia, aunque sean ciertos, legalmente no pueden ser tomados en cuenta. Por otra parte, los procedimientos para el desahogo de las quejas exigen que el denunciante aporte circunstancias de tiempo, modo y lugar, elementos de los que no siempre dispone. En estos casos, aunque la autoridad podría investigar, esta indagación estaría acotada por la disponibilidad de tiempo y del volumen de los casos en trámite.

Todo ello explica porqué, desde la vertiente del dinero, resulta un reto colosal hacer creíble para el ciudadano común que, con base en los resultados de la fiscalización, pueda asegurarse que la contienda se ha desarrollado en un entorno de equidad en el uso de recursos (principalmente fondos públicos) y que, en consecuencia, los resultados electorales se han investido de legitimidad. Futuras reformas en esta materia ameritarán mayor pericia legislativa.

Rodolfo Torres (12/03/2017)

Los partidos políticos y el financiamiento público que reciben son, nuevamente y con intensidad, motivo de cuestionamiento. Múltiples voces se pronuncian por su disminución, incluso, por su supresión. Estas posturas se ven favorecidas por el creciente desafecto ciudadano hacia los partidos políticos y por un destacado desequilibrio de las finanzas públicas nacionales.

Con independencia de la visión ideológica o concepto de democracia que anima tales planteamientos, es imperativo ajustar el modelo de financiamiento público, local y federal, hábida cuenta de que la aplicación de disminuciones intuitivas o dictadas por la mera coyuntura distorsionan la equidad entre los partidos y amenazan la construcción democrática.

El modelo mexicano de financiamiento político, inaugurado con las reformas constitucionales de 1994 y 1996, representó un factor fundamental para la construcción de un sistema de partidos efectivamente competitivo y para propiciar condiciones de equidad entre ellos de cara a las contiendas electorales.

La transición mexicana a la democracia habría sido mucho más ardua si los partidos no hubieran contado con recursos económicos relativamente equilibrados. De ahí que cualquier valoración respecto del modelo mexicano de financiamiento político exija atender su funcionalidad sistémica, sus efectos en el régimen de partidos y su contribución a la competitividad y equidad electoral.

Es necesario tener en cuenta que el modelo de financiamiento político vigente es el único rubro del presupuesto de egresos de la federación que no sólo se encuentra constitucional y legalmente garantizado sino que, además, se  incrementa año con año, debido al natural e inevitable crecimiento de sus factores de cálculo, al embarnecimiento del padrón electoral y al valor de la Unidad de Medida y Actualización (hasta hace poco, el salario mínimo). Baste consignar que, tan sólo en el periodo 2007-2015, los partidos políticos recibieron recursos económicos por un monto de casi 28 mil millones de pesos ($27, 976, 505,371.14), por parte del erario público.

Paradójicamente, no se han apreciado, desde entonces, mejoras sustanciales ni en su patrimonio, ni en sus capacidades operativas. Sus publicaciones han sido escasamente distribuidas; su desvinculación con la sociedad se ha revelado creciente y su desempeño electoral aparenta estar basado más en las cualidades personales de los candidatos y en la atención a factores circunstanciales, que en la optimización de los diseños de sus campañas o en la mejora de la capacidad de sus estructuras electorales.

Si bien, modificar los factores del cálculo para la asignación de los recursos del erario a los partidos requeriría de una reforma al artículo 41 constitucional -algo que, a todas luces, se revela complejo y poco expedito- existen mecanismos disponibles que merecen ser considerados, al menos, en el registro de la atención al problema en el corto plazo. El artículo 116 constitucional, no establece método alguno para el cálculo del financiamiento local. Éste descansa en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que replica la fórmula federal. Desde 2014 -año en que se dispuso el súbito y, en algunos casos, desmedido incremento-, el peso del financiamiento a los partidos recayó en la hacienda pública de las entidades federativas, no obstante la conciencia de que ésta no es siempre boyante y de que, desde hace tiempo, arrastra vacilaciones presupuestales extraordinarias que ponen en jaque el equilibrio deseable entre el gasto corriente y el de operación.

El caso es que, dado el monto de egresos que ha alcanzado el gasto destinado a la política, tanto en las actividades cotidianas de los partidos como en las campañas electorales, es ingenuo pensar en un retorno espontáneo y afable a las prácticas de autofinanciamiento que, hasta 1994, hacía de los recursos aportados por los militantes y simpatizantes de los partidos la principal fuente de su financiamiento. Es perfectamente previsible que una disminución precipitada de las aportaciones públicas terminara favoreciendo que los  intereses económicos  impusieran agendas a los partidos por la vía del financiamiento.

Conviene pues revisar, en su conjunto, el modelo de apoyos del Estado a los partidos políticos. Parece posible, y exento de peligros, ejercer algunas formas de disminución sensatas e inmediatas, como la cancelación de las llamadas franquicias postales y telegráficas, por ejemplo. Es frecuente que los partidos políticos se abstengan de utilizar buena parte de los recursos presupuestados para estos efectos. De modo que el ajuste no sólo no afectaría su capacidad de acción y comunicación políticas, sino que implicaría, sin efectos nocivos, generar ahorros pertinentes. Por estar establecidos en la ley secundaria, estos destinos presupuestales podrían ser suprimidos por la vía de un proceso legislativo bastante llano.

Al mismo tiempo, tal vez sea un buen momento para reformar razonablemente los límites de financiamiento privado, sin que ello implique inobservancia del principio de primacía del financiamiento público. Convendría, por ejemplo, estimular a los militantes para que se conviertieran nuevamente en contribuyentes significativos de los gastos de su partido. En este línea de acción, la duplicación del monto máximo global permitido pareciera una alternativa plausible que tendría, además, otros efectos favorables para la salud de los institutos políticos, como el de la reconfiguración de las relaciones entre la dirigencia y las bases partidistas.

Una eventual reforma en esa materia debe discurrir sobre el monto y modalidades de financiamiento y debe acompañarse de un conjunto de medidas que incentiven la mejora en el desempeño de los partidos políticos.

Por supuesto, es posible y necesario disminuir el monto de recursos públicos que se destinan a los partidos políticos, pero nunca estará de más insistir en que, al hacerlo, debe preservarse el régimen de partidos políticos y las posibilidades de su mejora. La democracia lo requiere y a todos conviene.

Rodolfo Torres (13/05/2018)

Una buena elección exige, de todos, votar

Los presagios respecto a la elección en curso no son alentadores. La actuación parcial de algunas autoridades locales que niegan a discreción la ocupación de plazas públicas para la realización de actos de campaña de sus opositores, la violencia que sega la vida de candidatos, la menguada credibilidad de las autoridades electorales, así como el agudo encono entre los contendientes (que rebasa con creces el límite del fuerte contraste y la salud de la democracia) son factores que, en efecto, nublan el horizonte. Aunque no es ese un destino que deba cumplirse fatalmente. La participación ciudadana puede poner a flote un barco que, por ahora, parece a la deriva.

Para que tengamos una buena elección, en la que el proceso electoral transcurra y arribe a buen puerto, es condición necesaria que todos los implicados asumamos cabalmente nuestras responsabilidades: gobierno, autoridades electorales, actores públicos, partidos, candidatos, y ciudadanos.

Es menester que quien ocupe algún cargo público, en cualquiera de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal), se inhiba de canalizar cualquier tipo de recurso público para beneficiar o para perjudicar a cualquier partido o candidato. El gobierno, en su conjunto, tiene, además, la difícil labor de garantizar condiciones de seguridad apropiadas, en todo el territorio nacional, para que la contienda electoral se desarrolle pacíficamente. Desde septiembre de 2017 y hasta la fecha, se han registrado altos niveles de violencia en nuestro país contra personas que ocupan, ocuparon, o se postulan para ocupar cargos públicos. Sólo de precandidatos y candidatos se ha denunciado el asesinato de 36 personas.

Por actores públicos me refiero a quienes, como el suscrito, tenemos el privilegio de dirigirnos a la población desde una tribuna pública, sea ésta impresa, radiofónica o televisiva. Partiendo de la premisa indiscutible de que es nuestro derecho constitucional expresar nuestras ideas con libertad, también lo es que coadyuvamos a la paz social cuando lo hacemos con respeto a la dignidad de todas las personas y cuando nuestro discurso prescinde de palabras de odio que intimiden o denigren a quienes piensan diferente.

Una de las tareas primordiales de la autoridad electoral es vigilar que, tanto el gobierno como el resto de los actores, no trastoquen con sus actos la equidad de la contienda, que es un bien fundamental de los procesos electivos democráticos. Pero la autoridad electoral tiene además la compleja tarea de organizar las elecciones y, al hacerlo, debe garantizar que los ciudadanos ejerzamos libremente nuestro voto, sin dejar espacio para las amenazas y la coerción, y que nuestro voto sea, además, cabalmente respetado.

Partidos y candidatos, por su parte, tienen la obligación de conducir sus campañas con absoluto respeto al marco legal, sin buscar ni obtener primacías al margen de la ley que los posicione ventajosamente frente a los demás. Ésta es, quizá, dirán muchos, una aspiración vana (y no les faltará razón dados los abultados precedentes) si se considera que hoy día se ha potenciado el aprovechamiento de resquicios legales, de compadrazgos y prácticas fraudulentas para obtener ventajas en todo espacio competitivo, sea éste político, económico o social.

Pero somos los ciudadanos quienes, a pesar de ese entorno adverso, podemos fortificar nuestra vida pública, sin importar cuál candidata o candidato sea de nuestra preferencia. Podemos hacerlo si atendemos a nuestra responsabilidad de ejercer nuestro voto y si en absoluta mayoría acudimos a las casillas a votar.

Debemos hacerlo por varias razones. La primera, porque nuestro voto cuenta. En contraste con lo que ocurría en épocas pasadas en que predominaba un sólo partido en el espacio político, y que el resultado de la elección estaba predeterminado, hoy día el voto mayoritario es el que decide el resultado de la elección.

La segunda, porque al cobijo de la mampara en la casilla, el voto de cada ciudadano, ejercido en secrecía y en libertad, vale lo mismo. En ese espacio no hay lugar a la superioridad ni a la subordinación. Una persona, un voto.

La tercera, porque se trata del más amplio ejercicio de participación social en que la mayoría determina el futuro que desea para el país, la comunidad y el entorno familiar.

Pero la razón primordial es, quizá, la de que votar constituye una acción personal que nos dignifica; la participación en la elección significa el reconocimiento de que podemos tener opinión, de que esa opinión es valiosa y ha de contar. No deberíamos dejar lugar a la duda respecto de que la suma mayoritaria de nuestras opiniones será la que impere para designar el próximo lapso de gobierno.

La presencia de una absoluta mayoría ciudadana en las casillas en estas elecciones será fundamental, entre otras cosas, porque emitirá un mensaje inequívoco, claro y contundente, de que debe respetarse el resultado de las elecciones; habrá de hacerse valer la voluntad ciudadana que se manifieste en las urnas.

Será también crucial que el sentido de nuestro voto no se subordine a la decisión de terceros y que, la participación ciudadana, masiva y libre, sirva para combatir los actos ilícitos asociados a la contienda; que sirva ésta para apoyar y exigir las acciones que debieran emprender las autoridades contra quienes minan la libertad del voto vía la compra y la amenaza a los ciudadanos.

En todas las elecciones la voz que debe dominar es la de las y los ciudadanos libres; más, quizá en ésta, en que las condicione están dadas para evitarlo.

Rodolfo Torres (27/05/2018)

A menudo los héroes son desconocidos. Benjamin Disraeli

Nuestro marco jurídico dispone un procedimiento complejo, pero a la vez virtuoso, en términos de certeza e imparcialidad, para la integración de las mesas directivas de casilla. Abarca, a grandes rasgos, dos etapas.  A la primera, corresponde el sorteo que el INE realiza para determinar la letra del alfabeto del apellido paterno, con la que iniciarán las visitas, a la insaculación del 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada sección electoral, que realizan consejos y juntas distritales, y a la visita que los capacitadores asistentes electorales efectúan para notificar y capacitar a esos ciudadanos. En la segunda, se realiza otro sorteo, ahora para determinar el orden de participación de los ciudadanos que aceptaron fungir como funcionarios de casilla, los capacitadores consolidan la participación de esos ciudadanos, les entregan sus respectivos nombramientos y los capacitan sobre las funciones que llevarán a cabo durante la jornada electoral.

Los supervisores y los capacitadores asistentes electorales afrontan diversas conidiciones adversas en su camino por garantizar que las mesas directivas de casilla se integren debidamente. No hablamos sólo de las consabidas dificultades geográficas, climatológicas y socio culturales, pues éstas las han superado reiteradamente, sino de los variados riesgos que ahora asolan a nuestro país.

De acuerdo con informes conocidos por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, cada entidad federativa presenta problemáticas particulares que afectan los trabajos de los capacitadores. En primer lugar, las condiciones de inseguridad se han agravado durante este proceso electoral. En las entidades federativas donde el índice delictivo es mayor (Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Baja California, Tamaulipas y Veracruz) supervisores y capacitadores han reportado un mayor número de robos. Que ahora se han acentuado debido a que cada uno de ellos lleva consigo un teléfono móvil que utiliza para informar, en tiempo real, sus avances en la capacitación, entrega de nombramientos, características de las casillas electorales y simulacros del PREP y conteo rápido.

La inseguridad pública no sólo se ha manifestado en casos de robo, también en situaciones que han puesto en riesgo la vida e integridad física de los capacitadores. El pasado domingo, 20 de mayo, un capacitador electoral fue asesinado en el Estado de Guerrero sin que, hasta el momento, exista certeza sobre si el caso fue producto de su labor como funcionario o de la inseguridad ya prevaleciente. A este lamentable caso, que exige la rápida y eficaz intervención de las autoridades, se suman otros, por ejemplo: en Guanajuato, una capacitadora electoral fue herida en la pierna con arma de fuego; en Jalisco, un capacitador fue golpeado por un grupo de personas mientras entregaba notificaciones; entre otros sucesos.

Otra dificultad, a la que se enfrentan los capacitadores, es la apatía generalizada de la ciudadanía para participar como funcionarios de casilla. En este aspecto, los capacitadores se convierten en mediadores profesionales, ya que deben convencer a una ciudadanía desencantada con las instituciones públicas y con los partidos políticos. Su tarea no es sencilla, pues el índice de rechazo es alto, especialmente en estratos de clase media alta. La paradoja es que: a mayor nivel económico y educativo, menor participación en las elecciones.

Además de lo anterior, el capacitador debe vencer una adversidad adicional: los pagos y dádivas que varios actores políticos ofrecen a los ciudadanos para que, habiendo sido notificados para ser funcionarios de casilla, se conviertan ahora en representantes de los partidos en las casillas. El factor económico es determinante, ya que el apoyo que ofrece el INE a los funcionarios de casilla es simbólico (en el Proceso Electoral Federal anterior fue de apenas 300 pesos), mientras que dichos actores ofrecen desde 500 hasta 1500 pesos. Si bien es cierto que el Reglamento de Elecciones establece un procedimiento para evitar que los funcionarios que recibieron su nombramiento, en la segunda etapa de capacitación, participen como representantes de partido el día de la jornada electoral, dicho mecanismo ha resultado insuficiente, ya que si los ciudadanos se niegan a recibir el nombramiento no existe impedimento legal alguno para que participen como representantes.

Finalmente, es indispensable aludir a la remuneración que perciben los capacitadores, que se integra por honorarios, compensación y gastos de campo. La suma mensual de honorarios y compensación es de poco más de 6 mil pesos mensuales, mientras que los gastos de campo dependen de las distancias que recorran en los distritos electorales, oscilando entre 2500 y 5900 pesos al mes.

Esa remuneración conlleva otra problemática ya que este año se instalarán casillas únicas en 30 entidades federativas, lo que representa mayores cargas de trabajo, debido a que este tipo de casilla se integra con 6 funcionarios propietarios y 3 suplentes generales, mientras que en casillas federales o locales, se integra con 4 funcionarios y 3 suplentes. Lo anterior se traduce en un mayor número de recorridos, simulacros y, por ende, gastos. A pesar de ello, en este proceso, la remuneración de capacitadores no tuvo incremento alguno en relación con la otorgada en 2017.

A pesar de todas estas condiciones adversas, hay capacitadores que con entusiasmo recorren los caminos de nuestro país, buscando que los ciudadanos designados como funcionarios de mesas directivas de casilla reciban su nombramiento y convengan la fecha en que realizarán un simulacro sobre el desarrollo de la votación y el subsecuente escrutinio y cómputo. Son héroes anónimos.

Rodolfo Torres (10/06/2018)

¿Pero qué necesidad?

La decisión del Consejo General de INE de aprobar el jueves pasado, por ajustada mayoría, criterios de última hora para distinguir votos válidos de los nulos durante el conteo en las casillas el 1º de julio próximo, es no sólo inoportuna, además, se aleja del principio de legalidad y es generadora de incertidumbre. La segura intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para, eventualmente, invalidar ese acuerdo llegará necesariamente tarde, pues a 21 días de la fecha de votación, el INE ya habría aterrizado en campo los efectos de su acuerdo. Para entonces, el daño ya se habrá materializado.

En el imaginario colectivo el voto se concreta cuando el votante marca la boleta y la deposita en la urna. En término legales la transformación de una boleta electoral en un voto válido o nulo ocurre realmente en dos actos. El primero, en efecto, sucede cuando el ciudadano marca la boleta y la deposita, el segundo acontece cuando se cierra la casilla, se extraen las boletas de las urnas y se escrutan y se computan los votos. El escrutinio consiste en revisar con detalle la boleta para determinar si el voto debe considerarse válido o nulo. Es válido si la marca es clara en cuanto a la decisión del elector a favor de algún candidato o partido. Si de la marca no puede determinarse el sentido del voto, a favor de un único candidato, el voto se considerará inválido o nulo. El acuerdo del INE atañe al escrutinio de los votos.

Ese acuerdo permite ahora el uso de siglas, abreviaturas, sobrenombres, apodos o motes de los candidatos, que son del conocimiento y uso público, en la boleta electoral. De tal modo que si se encuentra una boleta marcada en cualquier espacio de la boleta, incluso ocupando gran parte de la superficie del anverso de la misma, si es clara la intención del voto, a juicio del Presidente/a de la Mesa Directiva de Casilla, el voto será considerado válido y se registrará en el espacio correspondiente al candidato, partido político, coalición postulante, o en su caso en el espacio de la candidatura independiente.

Sin embargo, la ley electoral (mejor conocida como LEGIPE) describe con nitidez, en los artículos 287 al 297, el mecanismo de escrutinio y cómputo en la casilla. En particular en el artículo 291 establece los criterios para distinguir un voto válido de uno nulo y dice: 1.a) “Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo recuadro en el que se contenga el emblema de un partido político” y hace la salvedad de que el voto también será válido, en cuanto a múltiples marcas, cuando los partidos marcados estén coaligados. El inciso 1.b) del mismo artículo señala “Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada”. Como puede verse la ley es clara. Sin embargo, el acuerdo no se apega a esos extremos de la norma.

El acuerdo atribuye sólo al presidente de la casilla (¿en dónde queda la responsabilidad del escrutador?) la compleja determinación de considerar un voto válido o nulo, bajo esa situación ya de suyo compleja, pues ¿cómo tratar los apodos ofensivos? ¿a favor o en contra del candidato? Un problema añadido, que propicia el acuerdo, es el relativo a la contabilidad de los votos. En caso de coalición ¿a que partido asignar el voto? El acuerdo despacha el asunto, sin la debida fundamentación, resolviendo que esos votos se deben asignar, sin distinción, a todos los partidos integrantes de la coalición. El asunto no es tan simple, pues hay que recordar que los votos para los partidos son determinantes para decidir la vigencia de su registro y su acceso a las prerrogativas que dispone la ley.

Por otra parte, el acuerdo del INE es a todas luces inoportuno. Ocurre a 21 días de la votación. Cuando ya se ha llevado a cabo la primera etapa de capacitación a los funcionarios de casilla, que son quienes escrutarán los votos. El 9 de mayo inició la segunda etapa de capacitación y ya se han llevado a cabo múltiples simulacros de la elección. El acuerdo deberá explicarse en breve tiempo a casi un millón 400 mil funcionarios de casilla en todo el país, por lo que el acuerdo se pondrá en marcha de inmediato. En caso de que el TEPJF invalide el acuerdo habría que informar nuevamente a ese elevado número de funcionarios respecto al cambio de criterio.

Por desgracia el asunto no termina ahí y atañe, también, al resultado de las elecciones. Dada la relevancia del acuerdo, cabe esperar que tendrá la suficiente repercusión mediática para que algunos electores lo consideren como una invitación a votar de esa forma. Si el TEPJF invalida el citado acuerdo esos votos serían considerados nulos y ello repercutiría en el cómputo de la elección (aunque el número fuese menor, cada voto cuenta). ¿Para que incurrir, a estas alturas, en ese riesgo? Los recursos públicos estarían mejor invertidos si se aplicasen en orientar a la población respecto a la forma correcta de votar de modo tal que el elector evite la anulación de su voto por incurrir en algún error. Con ello se fomentaría un mayor número de votos válidos. Sin embargo, la mayoría en el Consejo General del INE optó por una ruta distinta. Por una que es fuente de incertidumbre.

Rodolfo Torres (24/06/2018)

¡Ahora sí qué diferencia … quedó peor!

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder (TEPJF) aprobó, en el curso de la semana que hoy concluye, dos sentencias que generan incentivos perversos para la manipulación de votos al momento de ser contabilizados. Se impone así a los funcionarios de casilla una carga adicional; tendrán que reforzar su vigilancia durante la etapa de escrutinio y cómputo de los votos.

Como se sabe, al momento en que ocurrió la renuncia de la ex candidata independiente Margarita Zavala (MZ) era inviable modificar las boletas electorales. Había un avance del 43 por ciento en la impresión y reimprimir tendría un costo adicional de 44 millones de pesos; hacerlo, además retrasaría la emisión de las boletas y no habría tiempo suficiente para integrar con oportunidad los paquetes electorales. Fue necesario resolver cómo computar los votos que se emitieran a favor de la excandidata.

El primer intento para hacerlo, el acuerdo (INE/CG511/2018) del Instituto Nacional Electoral, determinó que los votos que se emitieran a favor de MZ se contabilizarían como votos a favor de “candidato no registrado”. Este acuerdo fue controvertido por el Partido Acción Nacional y por la Coalición por México al Frente. El TEPJF, mediante sentencia SUP-RAP-151/2018, dio la razón a quienes impugnaron y resolvió, en una suerte de prestidigitación jurídica, que esos votos podrían ser nulos o válidos, según ocurriesen dos supuestos. Bajo el primer supuesto, si sólo estuviese marcado el recuadro de MZ, esos votos se contabilizarían como votos nulos. Así, bajo la apariencia de un tecnicismo jurídico, se producirán consecuencias operativas que afectarán el trabajo de los funcionarios de casilla, pues el incremento del número de votos nulos tendrá un efecto en los supuestos para el reconteo de votos (de acuerdo con la norma, deberá realizarse nuevamente el escrutinio y cómputo cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar en la votación).

En cuanto al segundo supuesto, el asunto se vuelve más complicado aún porque, frente a la pregunta: ¿qué hacer cuando una boleta esté marcada en favor de MZ y, adicionalmente, lo esté en el recuadro de otro candidato registrado?, el INE sostuvo que debería considerarse nulo, mientras que el TEPJF resolvió que sería válido y computable a favor del otro candidato marcado. Para este segundo caso, el argumento del tribunal se centra en negar la existencia jurídica de ese recuadro y en consecuencia de la marca que estuviese contenida en él. En consecuencia, si hay otra marca, razona el tribunal, ese voto debe contar para el candidato registrado (pues, como se ha dicho, la marca a favor de MZ, aunque real, el tribunal la estima como una ficción jurídica).

La segunda sentencia, SUP-RAP-160/2018, se refiere al acuerdo del INE, ya analizado en estas páginas hace dos semanas, de que deben considerarse como válidos los votos marcados con apodos, nombre o siglas de los candidatos, aún cuando esa marca ocupe la totalidad de las boletas. Aunque la sentencia del TEPJF modifica algunos aspectos del acuerdo del INE (entre ellos: Si el votante escribe el apodo, sobrenombre o las siglas de un candidato y un partido que no lo postuló el voto será nulo), esas adecuaciones no bastan para desalentar el riesgo de una potencial manipulación ulterior del voto.

Me explico. Las leyes electorales no sólo son un compendio de normas que buscan hacer efectivo el ejercicio de derechos político-electorales. Van más allá. Buscan hacerlo mediante el diseño de procedimientos detallados que también aspiran a inhibir riesgos que menoscaben el ejercicio de esos derechos. En particular, al establecer que sólo una marca en la boleta, salvo coaliciones, conduzca a votos válidos, busca inhibir su manipulación posterior. Pues si, una vez marcada la boleta, alguien pretendiese manipularla marcándola nuevamente, esa acción sólo tendría dos efectos posibles: anular el voto en cuestión o repartirlo entre más integrantes de una coalición. De ese modo el potencial daño sería menor y estaría claramente acotado. En el caso que nos ocupa, al permitir el TEPJF que un voto sea válido, aunque se marque más de un recuadro en el que no medie coalición, pone en riesgo la efectividad del sufragio pues aumenta el riego de su manipulación.

En relación con la primera sentencia, imaginemos un escenario hipotético, perfectamente concebible; supongamos que, al momento de llevar a cabo el escrutinio y cómputo en la casilla, alguien aprovechase para, con o sin la complicidad de otros, adicionar una marca a las boletas ya marcadas a favor de la excandidata; convertiría, de ese modo, votos nulos en válidos. Para el caso de la segunda sentencia, pensemos en el riesgo posible de que alguien tomase votos válidos, a favor de algún candidato, para sobreponer, en toda la boleta, cubriendo la marca previa, una nueva marca a favor de un candidato distinto. Son, sin duda escenarios de pesadilla. De ese tamaño son los incentivos perversos que acrecentó el tribunal con esas sentencias.

Más allá del cuestionamiento respecto a su plausibilidad jurídica, las sentencias no tuvieron en cuenta la complejidad añadida que conlleva su explicación a los cerca de un millón 400 mil funcionarios de casilla a 8 días de la elección. Ambas sentencias se desentienden de sus consecuencias operativas y se alejan de uno de los aspectos cruciales que busca garantizar la norma: la efectividad del sufragio.

Rodolfo Torres (05/08/2018)

¡Que la promesa enriquezca!

El próximo miércoles 8 de agosto de 2018 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sesionará para realizar el cómputo de la elección, la calificación de validez y la declaración de Andrés Manuel López Obrador como Presidente Electo. Cerrará de ese modo el capítulo que corresponde a las autoridades electorales en el proceso de transmisión del poder público, e iniciará formalmente la transición de gobierno, que en los hechos ya ha comenzado.

Es una buena noticia para el país que ese capítulo concluya de manera pacífica. A ello han contribuido dos ingredientes fundamentales: el oportuno reconocimiento del triunfador de las elecciones, que hicieron público los contendientes y el gobierno saliente, en un gesto agradecible que les trascenderá; y la nutrida y activa participación de una ciudadanía que, de modo firme y contundente, expresó sus preferencias en las casillas.

Ahora, después del proceso electoral, la ciudadanía se muestra, mayoritariamente, optimista respecto a su futuro. Por ejemplo, la encuesta realizada por la empresa Consulta Mitofsky muestra que el resultado de la elección provocó sentimientos positivos en la población: 62.4 por ciento está alegre, el 62.7 es feliz, el 60.1 está satisfecha, el 59.6 está tranquila y al 59 por ciento le genera confianza.

La misma encuesta corrobora las altas expectativas que tiene la población respecto a su futuro. Espera mejoras en distintos rubros: el 65 por ciento en seguridad, el 67.4 en economía y el 64.8 en política. Respecto al plazo en el que cabría esperar resultados en esos rubros, el 61.1 por ciento espera que ocurran en el lapso que va de un mes a un año. En suma, en la elección que concluye la ciudadanía, que votó abrumadoramente por el cambio, confía en que éste se lleve a cabo y espera ver resultados inmediatos. Un reto formidable para el nuevo gobierno.

Cabe advertir que esas expectativas no carecen de fundamento. Fue oferta persistente de campaña el combatir los flagelos que, ancestralmente, han azotado a nuestras comunidades en materia de: seguridad, desigualdad, corrupción e impunidad, que hasta ahora han alcanzado niveles intolerables. Durante ese periodo de campaña, sin abordar en detalles respecto al cómo, la mayoría de los mensajes de los candidatos, ahora triunfantes, se concentraron en ofrecer solución a esos problemas.

Cada una de las referidas calamidades tiene, claramente, raíces profundas, que auguran que su solución definitiva no pueda ser alcanzada de manera inmediata; ya no digamos en el lapso de un año o un sexenio. Ello no quiere decir, desde luego, que no haya que acometerlos, desde ahora, en forma decidida y pronta. De hecho, uno de los saldos positivos de la elección es que hasta ahora existe correspondencia entre la voluntad manifestada por el nuevo gobierno de combatirlos y la confianza de la población de que esa vocación es creíble.

Pero, para su combate eficaz, debemos comenzar por reconocer que esos flagelos no son anecdóticos o episodios puntuales y aislados del paisaje nacional, que se resolverán sólo con demonizar y exorcizar a algunos culpables. Existen estructuras y mecanismos, esos sí eficaces, que los reproducen y preservan. A la par, debemos aceptar que los instrumentos institucionales con los que ahora cuenta la sociedad no sólo han sido ineficaces, sino que, en diversas ocasiones, han desatendido su finalidad superior y, algunos de ellos, han pasado a formar parte de esos mecanismos perversos.

Las instituciones son instrumentos esenciales de los que se ha dotado la sociedad para, al margen de los cambios de gobierno, asegurar su salud y vigencia en un horizonte temporal que va más allá del ejercicio de un periodo de gobierno. Su finalidad última es que, con apoyo en los instrumentos que la ley les confiere, todos los miembros de una sociedad tengan un trato equitativo, en materia económica, política y de justicia.

Se vislumbra que el nuevo gobierno electo busca alentar un saludable acercamiento e identidad con la población. Pero, es ineludible que, en algún momento del proceso de cambio, se aborde el desafío de una refundación institucional.

La reingeniería institucional requerirá de un trabajo detallado y cuidadoso. La complejidad del proceso lo amerita y deberá enriquecerse con todas las perspectivas.  Aunque sabemos, con base en la experiencia reciente, qué tipo de instituciones no son útiles al país: aquellas que se doblegan al interés privado frente al público, que son extensiones de intereses partidistas, de individuos, o de grupos políticos, que se encuentran integradas por burocracias ocupadas en  ampliar sus privilegios, y las que, conducidas por quienes se dotan a sí mismos de un aura que les exime de responsabilidad pública, les exenta de rendición de cuentas y les ubica por encima de los poderes legítimamente electos.

Las instituciones son artefactos esenciales para la salud de nuestra sociedad. La situación lamentable en la que se encuentra la mayoría de ellas amerita una intervención inmediata, a la vez prudente y cuidadosa. Estamos ante una oportunidad invaluable en la que se conjugan la voluntad expresada por el nuevo gobierno y la expectativa de la ciudadanía de que éste honrará la oferta de cambio que hizo a los electores.