Author: Rodolfo Torres

Rodolfo Torres (19/02/2017)

Las declaraciones y órdenes ejecutivas del presidente Trump han colocado a México en una condición de riesgo en los ámbitos: económico, social y político. La construcción del muro, la expulsión de migrantes, el encono en el discurso, y el lugar de privilegio que ahora ocupa en la agenda bilateral el tema de seguridad, en detrimento de los variados temas que derivan de nuestro intenso intercambio, modifican radicalmente nuestra relación. Ello exige, sin lugar a dudas, la unidad de sus habitantes y de quienes, viviendo en el extranjero, simpatizan con nuestro país.

Sin embargo, existen diversas formas de entender esa Unidad. Hay quienes la conciben bajo el símil de una contienda deportiva en la que basta que desde las gradas (en la que estaríamos nosotros) se apoye al unísono a un equipo (México) y a sus jugadores (nuestros gobernantes; en quienes, de entrada, los aficionados depositan poca fe en que se desempeñarán con pundonor). Desde esa perspectiva, el apoyo, aunque impetuoso, sería de corta duración. Al final del encuentro y con independencia del resultado, volveríamos a nuestra desavenida  realidad cotidiana.

Dada la gravedad de la situación, ese tipo de unidad, no es útil. Se requiere de una unidad auténtica. Que no se alcanza sólo con invocarla. Aquella que se logra con participación y compromiso. Que fortalezca nuestro tejido social y a sus instituciones. Porque el vigor de un país no depende únicamente de la actuación digna de su gobierno frente al exterior; requiere de mayor sustancia: de instituciones democráticas, de gobiernos y gobernantes honestos y eficaces, y de una ciudadanía actuante.

Podríamos conseguir esa unidad si quienes encabezan nuestra representación ante el exterior defienden con firmeza la soberanía de México. No se trata de una tarea imposible o inédita; tenemos precedentes significativos de ello. Por ejemplo, durante la segunda guerra mundial, Gilberto Bosques encabezó los esfuerzos de nuestro país para dar asilo a más de 40,000 refugiados de diversas nacionalidades. No menos destacado es el caso de Alfonso García Robles, el arquitecto del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, cuya actuación garantizó que nuestra región fuera la primera en el mundo, libre de armas nucleares –y ganó, por ello, el premio Nobel de la Paz en 1982.

Uno y otro, ejemplos de conducta recta en los asuntos hacia el exterior, han constituido asientos de unidad. Así, la cohesión a la que aspiramos, la que hoy requerimos ante la amenaza exterior, demanda que las instituciones públicas y quienes las integran honren su obligación de servir a la población. Se exige que esas instituciones no sean botín para el beneficio personal o de grupo. Urge, para ello, desterrar el ejercicio patrimonialista del servicio público. Terminar con la práctica de que alcanzar un cargo público significa obtener una patente de corso para el ejercicio arbitrario de la función pública.

Esa unidad requiere que los representantes electos atiendan al interés público, actúen con transparencia, rindan cuentas y no incurran en actos de corrupción. Aunque en materia normativa hemos avanzado considerablemente, en la práctica no hemos desterrado esos vicios de los tres niveles de gobierno. Estamos aún lejos de lograr un ejercicio democrático del poder público.

Esa unidad hace indispensable que los partidos políticos, grupos económicos y organismos sociales asuman que los intereses de México son superiores a sus demandas, por legítimas que fueran. Pues la defensa de nuestra soberanía sobrepasa los límites que una visión parcial impone.

Pero un componente fundamental de nuestra fortaleza como nación, lo debe aportar el comportamiento cívico de sus habitantes. Sin lugar a dudas, toca a los gobernantes conducirse escrupulosamente con eficacia y honestidad. A nosotros corresponde actuar con responsabilidad y respeto, sin discriminar por género, origen étnico o nacional, condición social, religión o preferencia sexual. Esa unidad exige un trato digno. Nuestra práctica cívica favorecería una mayor vigilancia de nuestros gobernantes y una representación política de mayor calidad.

Si bien, no todo abona en nuestro favor, tenemos de nuestro lado algunas bases económicas y culturales. Los lazos que ha construido México con otras naciones en materia económica nos permiten realizar exportaciones agropecuarias, extractivas y manufactureras que se colocan ya por encima de las exportaciones petroleras. De los productos mexicanos que se exportan destacan: la cerveza -con un monto de 2.4 mil millones de dólares, superando a Holanda y Alemania-; el aguacate, superando a Chile y a Perú con un 46% de comercio mundial, y; el limón, con 32.3% del mercado mundial. Nuestra posición geográfica, con acceso privilegiado a los océanos Pacífico y Atlántico, nos debe estimular para convertirnos en núcleo logístico mundial para el traslado de bienes; lo hace también para el transporte de personas por la vía aérea, sobre todo a partir de la decisión norteamericana de desalentar el acceso a sus aeropuertos.

México es, también, poseedor de una pujanza cultural que incita lazos de unidad. Somos herederos de una cultura milenaria –referente destacado en todo el mundo, y particularmente en Iberoamérica. Contamos con la mayor infraestructura arqueológica de América Latina, con 187 zonas prehispánicas; 1,200 museos; más de 120 mil inmuebles que son patrimonio cultural; y un mosaico extraordinario de patrimonio inmaterial.

Es cierto, alcanzar esa clase de unidad, en la que no haya espacio para el agravio, parece un sueño. Pero es preferible empeñarnos por alcanzar ese sueño, que resignarnos a padecer la pesadilla que ahora nos amenaza.

Rodolfo Torres (29/01/2017)

El pasado 20 de enero, Donald Trump tomó protesta como presidente de los Estados Unidos. Inicia su mandato con debilidad política interna y externa; cuenta con apenas el 40 por ciento de aprobación de los norteamericanos y,  su discurso agresivo, ha erosionado vertiginosamente el liderazgo político de ese país en el mundo, incluso frente a sus aliados históricos (Alemania, entre ellos). Durante su primera semana de gobierno ya ha detonado acciones dañinas para México.

La campaña de Trump estuvo plagada de tintes nacionalistas cuyo eje propagandístico fue la consigna de que haría grande a América, otra vez. Sus declaraciones (racistas, misóginas, xenófobas) desembocaron en numerosas y abultadas marchas organizadas por mujeres que abarcaron todo el territorio norteamericano y se replicaron en muchos otros países.

La propaganda de ataques a México redituó a Trump poderosos beneficios en la campaña electoral. Como si aún continuara en búsqueda del voto, ya como presidente, volvió a escoger a nuestro país como diana de sus primeras acciones. Parece no hacerse cargo de que el deterioro de la relación México-Estados Unidos generará inestabilidad en materia económica, migratoria y de seguridad, en ambos lados de la frontera.

No podemos desdeñar a los más de 34 millones de personas de origen mexicano en aquel país; ni la evidencia de que su eventual deportación provocaría una catástrofe humanitaria. En cuanto a remesas, de acuerdo con el Banco de México, de enero a noviembre de 2016 el monto acumulado se situó en 24 mil 626 millones de dólares, con un crecimiento de 9.03 por ciento. La ausencia de esas remesas provocaría carencias dramáticas en amplios sectores de nuestro país. Por otra parte, está el hecho de que la región compuesta por  los estados situados en ambos lados de la frontera representa la cuarta economía del mundo; cualquier perjuicio a esa zona dispararía: un daño irreparable a los más de 100 millones de habitantes de la región, la migración de mexicanos y un daño monumental a la economía norteamericana.

Trump se plantea cambiar o desaparecer el Tratado de Libre Comercio. Así, sostiene, subsanará el déficit comercial de su país en un monto que ahora equivale a la cuarta parte del total de lo que comercia con México. Parece no advertir que una parte considerable de ese superávit comercial a favor de México regresa como utilidad a compañias extranjeras, principalmente norteamericanas. Nuestra economía depende en más del 68 por ciento del comercio exterior, y de ese monto casi el 64 por ciento depende del intercambio comercial con Estados Unidos.  Las cadenas productivas entre los dos países, en particular en las industrias automotriz y electrónica, están fuertemente entrelazadas.

En el ámbito internacional, Donald Trump ha amenazado a países de Asia, Europa y América. El pasado 27 de enero la nueva embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, -al entregar su credencial de embajadora- declaró que “quienes no nos respalden, que sepan que vamos a apuntar sus nombres, y vamos a responder como corresponda”. Usa un tono pendenciero que en nada favorece el buen curso de las relaciones internacionales.

Por otra parte, las controversias con China comenzaron desde la administración de Obama, cuando el almirante Harry Harris aseguró la disponibilidad de Estados Unidos para enfrentarse a China por lo que llamó “reclamaciones marinas excesivas” del país asiático en el mar del Sur de China. Con la llegada de Trump, las relaciones con China se han tensado aún más. A mediados de enero, el entonces candidato a Secretario de Estado, Rex Tillerson, amenazó, durante su audiencia de confirmación, con bloquear el acceso de China a las islas artificiales que ese país construye en aguas en disputa en el mar del Sur. La prensa estatal de China respondió que, de concretarse esas acciones, se desataría una confrontación.

Contraria a la posición histórica de los Estados Unidos de respetar el principio de una sola China, Trump ha planteado un acercamiento a Taiwán. Además, ha acusado a Pekín de manipular su divisa y ha amenazado a China con imponerle aranceles del 45%. No conforme con esos ataques ha criticado, vía twitter, la construcción de las islas artificiales.

De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacinal, los Estados Unidos ha perdido frente a China, después de 126 años, la primacía de potencia económica mundial. El tono permanentemente belicista de Donald Trump lleva a suponer que aspira a recuperar el liderazgo económico y político con base en la fuerza que brinda a su país el liderazgo militar. De lograrlo, será recordado como #TrumpLordOfWar.

Frente a este panorama y ante el inicio de un reacomodo de los vínculos comerciales globales, México tiene la urgencia y la oportunidad de reforzar sus lazos de intercambio con otros países y regiones del mundo. Tiene a su favor una vasta capacidad en materia logísitica y de redes de comercialización mundial.  China es una buena oportunidad para reforzar esos intercambios dada su ubicación como primera potencia económica mundial. Ese país oriental es el segundo socio comercial de México y de América Latina, y el primero de Brasil, Chile y Perú.

Más allá de proclamas, nuestro país debe tomar acciones que lo alejen del papel subordinado que ha ocupado hasta hoy en el mundo. Debemos y podemos transformarnos en actores con capacidad para determinar nuestro futuro. Ello requiere invertir en México y en la enorme valía que tienen sus habitantes.

Rodolfo Torres (08/01/2017)

El incremento desmedido en el precio de la gasolina, y en general en el precio de los energéticos, ha sido el motivo más reciente para la protesta pública y para acusar a la clase gobernante de insensibilidad política, por decir lo menos. Tal insensibilidad, y el creciente alejamiento de la clase política de los intereses de los ciudadanos es un reclamo que, aunque no es reciente, ha aumentado hasta convertirse en el clamor general que hoy presenciamos. Conviene, sin afanes justificatorios ni fatalistas, examinar algunos de los factores estructurales que auspician ese fenómeno.

El primero, es de naturaleza externa, pues son los intereses económicos transnacionales, que se expresan a través de los organismos financieros internacionales, los que determinan los parámetros a los que deben sujetarse las políticas nacionales en las materias económica y social. Las empresas calificadoras de riesgo -que dan seguimiento puntual a la evolución de esos parámetros y de los indicadores fundamentales de las economías nacionales- realizan juicios que resultan determinantes, no sólo para alentar o desalentar las inversiones en un país determinado, sino para, en el extremo, derruir los cimientos económicos de la nación que incumpla con las expectativas de los organismos financieros internacionales. Veánse, como ejemplos, los casos de Portugal, Irlanda, Grecia y España.

El segundo factor, éste de naturaleza interna pero  íntimamente ligado con el anterior, ha favorecido políticas económicas nacionales orientadas a fortalecer a los corporativos económicos locales; cuya masa crítica resulte robustecida y capaz de competir, o al menos sobrevivir, en un mercado global enfebrecido. Ello en vista de la transnacionalización de las economías que ha exacerbado el gigantismo de los corporativos económicos; que, por sí mismos,  superan  la capacidad económica (y política) de la mayoría de los países en que operan.

Es por ello que, casi siempre, frente a cualquier disyuntiva en la que se contrapongan los intereses de los corporativos, ya sean transnacionales o nacionales, con los de las comunidades en las que éstos operan, las políticas y acciones gubernamentales nacionales optan por favorecer a las primeras. Ello ocurre, aunque no es motivo de consuelo, en la mayoría de los países de todas las latitudes. El actual modelo de desarrollo económico ha sometido de modo tal a la acción de la política que los espacios de intervención de esta última se restringen a potenciar la actuación del interés económico.

Ojo: el tema nada tiene que ver con satanizar el desarrollo económico por sí mismo, ni a los agentes que lo hacen posible. El problema es el tipo de desarrollo económico se ha privilegiado, que ha desatendido la comprensión del  trabajo como la fuente primordial para la superación espiritual y material de la humanidad. Al contrario, las condiciones laborales se han vuelto cada vez más precarias y el deterioro ambiental es más que evidente.

Por otra parte, ciertas particularidades de nuestro sistema político nacional estimulan, aún más, el alejamiento de los gobernantes con los ciudadanos.

Recordemos que la democracia representativa tiene como premisa fundamental la celebración de elecciones auténticas que se basan en contiendas electorales equitativas y en la efectividad del sufragio. En ello hemos avanzado considerablemente, pues, aunque todavía quedan algunos pendientes por resolver y no hay garantía de que esos avances sean irreversibles, nuestra sociedad ha invertido monumentales recursos para la edificación de su entramado electoral (que, también hay que decir, se ha vuelto inecesariamente complejo y costoso). Pero, para que una democracia sea efectiva, se requiere que sus gobernantes mantengan un apego continuo a sus compromisos con los electores y a la sociedad en su conjunto. Es ahí donde nuestro sistema político y nuestra democracia presentan uno de sus más considerables déficits.

A diferencia de los sistemas parlamentarios, en los que puede convocarse a elecciones anticipadas para que, de modo institucional y cierto, los ciudadanos elijan a un nuevo gobierno acorde con los intereses de una nueva mayoría de electores, nuestro sistema político no sólo carece de algo equivalente a esos instrumentos institucionales, sino que, además, arrastra una cultura política patrimonialista que lo obstaculiza.

Si bien, en algunos países sí existe la figura de revocación de mandato, lo cierto es que, cuando ésta se ha puesto en práctica, ha vigorizado la polarización social. El ejercicio del instrumento de revocación peca de ofrecer sólo la vista de una cara de la moneda (los electores muestran si están de acuerdo o no con el gobernante en cuestión) pero no se ofrecen recursos adecuados para construir un gobierno alternativo.

En nuestro país existe una práctica, por desgracia todavía muy extendida, en que los gobernantes cuentan con las condiciones favorables para actuar con despreocupación respecto a las consecuencias de sus actos; no se sienten obligados a ofrecer explicación a nadie. Si, además, se carece de los medios institucionales eficaces para hacer efectiva la rendición de cuentas de los gobernantes, se tiene un caldo de cultivo favorable al reforzamiento del uso patrimonialista de la función pública y al ejercicio abusivo del poder a espaldas de los ciudadanos. Su natural consecuencia es que los niveles de impunidad sean tan elevados.

La carencia de canales institucionales idóneos para preservar el vínculo continuo entre los gobernantes electos y la ciudadanía, crea un dique que agudiza la inconformidad y dificulta sus vías de expresión. De no generar esos instrumentos, seguiremos en presencia de un descontento social con causa pero sin cauce, con el consecuente debilitamiento de nuestra ya precaria democracia.

Aun en entornos como el presente, tan desfavorables y tan estrechos para la acción política (sometida, hemos dicho, a la lógica de un modelo de desarrollo económico excluyente), conviene recuperar las virtudes de la política. Es indispensable ponerla en práctica y cultivarla hasta alcanzar un desarrollo económico inclusivo, y para generar las condiciones que hagan posible nuestra convivencia pacífica.

Rodolfo Torres (13/11/2016)

En regímenes democráticos representativos, el acceso al poder se alcanza a través de la celebración de elecciones libres y equitativas (que en nuestro caso organizan el INE e Institutos Electorales Locales). En ellas se confrontan programas, planes, preceptos ideológicos y hasta, cada vez más frecuentemente, fisonomías de candidatos. Esa confrontación permite a los ciudadanos elegir la opción que consideran más satisfactoria de toda la oferta política. La decisión mayoritaria sintetiza la suma de voluntades individuales que otorgan el poder de gobernar a sus representantes electos.

Al otorgar ese poder de gobierno, el ciudadano tiene expectativas; pretende que: se protejan sus derechos; se garantice su seguridad personal, familiar y patrimonial; se generen condiciones que mejoren su calidad de vida; se actúe con justicia atendiendo con equidad las necesidades de todos. En suma, espera que la acción del gobierno sea eficaz y legítima.

Para que sea eficaz, es indispensable que el gobierno cuente con los recursos y los instrumentos normativos e institucionales que le permiten cristalizar las expectativas de la población. Sin embargo, aun cumplidas estas condiciones favorables, dicha eficacia se ve fuertemente comprometida, principalmente, desde dos flancos. El primero, causado por la inherente complejidad que representa la provisión de bienes y servicios en entornos que -como el actual- se caracterizan por aguda escasez y pronunciada desigualdad. El segundo, resultado de las condiciones que, en el proceso de creciente globalización, producen erosión sustancial a la capacidad de los gobiernos nacionales para formular y desarrollar políticas propias en materia económica y social. Esta ineficacia gubernamental (sumada, por supuesto, la corrupción e impunidad) es germen de desencanto democrático y obstáculo de su legitimidad.

Por otro lado, para que la democracia sea legítima, es imprescindible que el ejercicio de poder esté basado en la aceptación social. El triunfo legal de un partido político o candidato es, sin duda, una precondición de ello; pero, por sí misma, no garantiza el ejercicio legítimo del poder. La aceptabilidad ciudadana respecto al ejercicio de gobierno, es también clave de su legitimidad. Un gobierno legítimo  cuenta con la adhesión de la ciudadanía; no con su obediencia.

Por otra parte, la estabilidad es una condición necesaria para el buen rendimiento de las instituciones y la gobernabilidad del sistema, en especial, de cara a la aparición o agudización de condiciones de crisis del sistema político. Si la acción de gobierno es eficaz y legítima, la gobernabilidad se facilita. En caso contrario, se impulsa un círculo vicioso en el que se menoscaba la capacidad gubernamental para atender las demandas sociales y la gobernabilidad se fragiliza. 

En regímenes democráticos, representativos, de carácter presidencial, con división de poderes, como el nuestro, el Poder Ejecutivo cuenta con un conjunto de instrumentos para la administración eficaz del gobierno. Éste abarca: la presentación de iniciativas legislativas preferenciales; el veto presidencial respecto de legislaciones contrarias a la acción de gobierno; y la construcción de mayorías legislativas para dar viabilidad a las políticas y decisiones gubernamentales.

Este último ha constituido la respuesta más visitada  frente a las diversas crisis de gobernabilidad de los regímenes presidenciales en general. Pues no sólo permite que la acción de gobierno sea eficaz, al generar condiciones de estabilidad política y social; sino también que sea legítima, al buscar que se sumen a la acción del gobierno un mayor número de voluntades que están representadas en las Cámaras del Congreso.

Sin embargo, las tendencias electorales marcadas por los pronósticos de los resultados de la elección 2018, prefiguran una votación dividida por tercios, en que ninguna fuerza política será, por sí misma, mayoritaria en las cámaras de diputados y senadores. Ello puede repercutir en la eficacia del gobierno que resulte electo de ese proceso comicial y, en consecuencia, se puede deteriorar la ya de por sí agobiada gobernabilidad del país. Ese escenario sería sin duda peligroso, particularmente ahora, a la luz de los retos que arrojan los resultados de la elección de los Estados Unidos; el entorno económico mundial, que hace prever un crecimiento débil -quizá incluso negativo- del Producto Interno Bruto; y un entorno social y político en el que la crispación no amaina.

Por todo ello, son meritorias las propuestas que aspiran a hacer más eficaz la acción de gobierno mediante la construcción de mayorías legislativas estables en las Cámaras de Diputados y Senadores. Es cierto que esas propuestas se formulan ahora en el marco de reformas más amplias que tienen como eje la realización de una segunda vuelta para la elección de la presidencia del 2018 (no me detengo ahora a analizar los potenciales efectos de la propuesta de acudir al mecanismo de la segunda vuelta, pues amerita un tratamiento especial por cuenta propia).

Sin embargo, al margen del contexto en que se proponen, esas mayorías han de ser estables a lo largo de la legislatura  para que propicien la eficacia a que se aspira. Eso implica que deben ir más allá de acuerdos coyunturales. Se requiere, entonces, desde luego, de un Plan de Gobierno que las articule, las cohesione y las comprometa. Pero, además, se requiere que las mayorías se hagan cargo del efectivo cumplimiento del Plan y de sus potenciales consecuencias -sean éstas positivas o negativas.

Lo deseable es que ese plan de gobierno atienda efectivamente a las expectativas de la población. Sólo así se fortalecerá la gobernabilidad del país; y de ello depende, cardinalmente, la armonía social.

Rodolfo Torres (02/10/2016)

El 15 de septiembre de este año se instaló formalmente la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ese mismo día el Jefe de Gobierno entregó su Proyecto de Constitución Política. Será éste el punto de partida para que las y los Diputados Constituyentes cumplan con su misión de dotar a esta ciudad de su ley suprema, misma que deberá propiciar: la convivencia civilizada entre sus habitantes, la generación de condiciones para que se materialicen las expectativas de una vida mejor y, afrontar con éxito los retos que aseguren la sustentabilidad de la ciudad.

Para dimensionar esos desafíos, baste decir que, en 1960, la mitad de la población mexicana vivía en las ciudades, hoy lo hace el 80 por ciento; su consecuencia inmediata ha sido que los retos en materia de agua, drenaje, transporte, medio ambiente y seguridad sean más complejos. Por ejemplo, según estudios del Banco Mundial y la Conagua, si no hacemos algo, en 15 años sólo la mitad del agua del Valle de México estará asegurada.

Para afrontar esos retos es urgente planear el desarrollo de la ciudad. Una buena noticia es que el Proyecto de Constitución prevé la creación de un Instituto de Planeación; lo malo es que no le otorga autonomía plena.

El tema es relevante, pues es indispensable alejar el tratamiento de los temas estratégicos de la ciudad de la lucha política coyuntural, en ocasiones frívola. Los problemas que enfrentamos son de tal magnitud y complejidad, que no pueden improvisarse soluciones cada tres o seis años, con cada cambio de gobierno. Requieren de: instituciones sólidas, consensos políticos y sociales firmes, e inversiones cuantiosas, que deben ejercerse de modo transparente y honesto. Estos temas deben ser tratados con visión de Estado, con perspectiva de largo plazo y con enfoque sustentable.

Cabe mencionar que, ese Instituto de Planeación deberá integrar un Sistema de Información Estadística y Geográfica, en consecuencia, sus servicios irían más allá de los que pudiera aprovechar en exclusiva el gobierno de la ciudad; son de utilidad para la sociedad en su conjunto. Atendería una función primaria como lo es reunir datos y emitir información veraz y objetiva sobre la realidad de los habitantes de la Ciudad de México. Por ese motivo, esas cifras económicas y sociales no pueden estar sujetas a sesgo o “maquillaje” alguno en favor del interés de cualquier gobierno en turno.

Pero, para que la planeación sea eficaz, ese Instituto no debe depender jerárquicamente del Jefe de Gobierno, ni de ningún otro poder local. Lo contrario convertiría a ese organismo en dependiente de la administración central pues, aún con autonomía técnica y de gestión, pero bajo la figura de un organismo descentralizado, se subordinaría a esa administración centralizada.

Es por ello que, para articular las soluciones que le urgen a la Ciudad, es importante y necesario que el organismo de planeación sea autónomo y es prioritario elevarlo a rango constitucional pues, como lo ha dispuesto la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso federal, la naturaleza autónoma de los organismos debe estar establecida en la propia Constitución.

De igual forma, es menester manifestar preocupación acerca de otros dos temas. El primero se refiere a lo establecido en el artículo 29 numeral 3 del Proyecto de Constitución. Este dispone que al cumplir 16 años las personas adquieren el derecho al sufragio. Como se sabe, la Constitución General establece que sea a los 18 años. Por otra parte, el derecho al sufragio es uno de los signos distintivos de la ciudadanía. Sin embargo, en el proyecto constitucional no se precisa si con ello se otorgaría a esas personas una ciudadanía plena, es decir, con todos sus derechos, obligaciones, y con todos sus efectos jurídicos.

El segundo tiene que ver con la integración del Congreso de la Ciudad, previsto en el artículo 34; en particular con lo dispuesto en el inciso a), numeral 1, de su apartado B. Ahí se establece que las candidaturas sin partido tendrán derecho a la asignación de curules por el principio de representación proporcional. Si bien la propuesta tiene la virtud de intentar atajar la inequidad en la que se encuentran las candidaturas sin partido, lo hace de un modo que puede tener efectos colaterales contraproducentes.

Cabe recordar que en el rubro de representación proporcional el elector vota por listas. A esa lista de candidatos los cohesiona su pertenencia a un mismo partido, pero, sobre todo, suscriben una misma Declaración de Principios y un mismo Programa de Acción. En contraste, a los Candidatos Sin Partido: no los cohesiona una misma organización, no suscriben la misma Declaración, ni tienen un mismo Programa. ¿Cómo agruparlos entonces en una lista de individuos que no necesariamente tienen algo en común? De mantenerse la redacción actual puede favorecerse el surgimiento de Asociaciones Políticas de Candidatos sin Partido, es decir, un tipo sui generis de partido político, sólo con existencia para procesos electorales.

La Constitución Política de la Ciudad de México es un asunto de interés público. Todo ciudadano de esta ciudad debe estar informado y tomar parte en ese debate pues, no siempre tenemos la oportunidad de participar en asuntos que determinan nuestro entorno político, social, económico y cultural.