Rodolfo Torres Velázquez (4/07/2021)
Aunque estamos a una aparente larga distancia (tres años) del momento en que acudiremos nuevamente a las urnas para votar en una elección presidencial, es posible vislumbrar, desde ahora, a la luz de las estrategias desplegadas por los contendientes, que estaremos nuevamente alejados de las condiciones adecuadas para ejercer un voto genuinamente libre y auténtico. Las restricciones y distorsiones de la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas han estado presentes desde la inauguración misma, en nuestro país, de ese ejercicio democrático. De ser el caso, la elección de 2024 sería lamentablemente un eslabón más de una larga cadena de obstáculos que han impedido la vigencia plena de la autenticidad del sufragio.
Fue, recordemos, en la Constitución de Cádiz de 1812, en donde se estableció, por primera vez, el atributo de ciudadanía. Antes de ella todos eran súbditos de la corona. Esa Constitución gaditana también estableció la figura del ayuntamiento y con ello dispuso la posibilidad de tener una representación política electa en esos órganos de gobierno. Sin embargo el ejercicio del voto se restringía de diversas maneras. En diversas latitudes del mundo, incluida la nuestra, se estableció el voto censitario, o sufragio restringido, que consiste en otorgar el derecho al voto a sólo una parte de la población. Por décadas, esas restricciones suscribían privilegios de carácter económico o social. Bien, podían votar sólo quienes fuesen propietarios de inmuebles o tuviesen ingreso económico elevado; o bien, tenían derecho al voto exclusivamente quienes supieran leer y escribir. Hasta 1964 , en los estados sureños de la unión americana, se aplicaban “examenes de alfabetización” que se utilizaban para negar el derecho al voto. A lo largo del siglo XIX estuvo en el debate público la conveniencia de la universalidad del voto. Aunque nuestra Constitución de 1857 estableció un voto universal se interpretaba que se refería sólo al voto masculino. Se razonaba, interesadamente, que la mujer formaba parte de una familia cuya cabeza era el hombre, y sólo él detentaba el derecho al voto.
Durante la mitad del siglo XIX destacados “intelectuales” mexicanos disertaban explícitamente respecto de la inconveniencia, para la cosa pública, de dejar en manos de la plebe el voto libre; a la que se atribuía, además de la pobreza material, la espirtual y una manifiesta “carencia de virtudes”. A fines del siglo XIX el ala liberal mexicana arribó a la convicción de que la educación masiva era una condición indipensable para la vigencia de la democracia. Ello explica, en buena medida, el emprendimiento de la educación pública universal.
Un mecanismo más refinado para restar efectividad al sufragio fue el del voto indirecto, que estuvo vigente en nuestro país durante buena parte del siglo XIX y que aún continúa vigente en los Estados Unidos. Consiste, básicamente en que se erige una suerte de intermediación en la que el voto popular se contabiliza para elegir electores, destinados a emitir sus votos -en principio, representativos- para la elección de los cargos públicos.
El neoliberalismo trazó una ruta más radical para descafeinar el valor del voto y llevó a cabo la separación de la política y de la economía (salvo cuando la política se subordina y sirve a la economía). Erigieron, así, múltiples instancias de ejercicio de poder desvinculadas del voto ciudadano. Entre ellas, los entes autónomos y órganos reguladores.
En el siglo XX, y hasta la fecha, se han utilizado mecanismos más burdos para demeritar la autenticidad del sufragio. La compra de votos, la coacción de votantes, la falsificación de electores, la alteración de votos y actas; todas ellas, aún prácticas vigentes.
Pero en fecha reciente (desde 2006) se ha innovado en cuanto a los medios que se usan para distorsionar el voto de los electores y son los que, desde ahora, se despliegan con miras a la elección del 2024. El primero de ellos es el uso persistente de la infodemia, que consiste en la confluencia de prácticas que provienen del denominado realismo político, de la psicología y de la informática. Su propósito es desfigurar, o al menos afear, la percepción de las acciones del gobierno para restarle densidad y peso específico. El segundo consiste, como lo aconsejó el neoliberalismo desde sus orígenes, en la apropiación de figuras públicas: actores, deportistas, youtubers u otros personajes que ejercen liderazgos formales o informales.
El tercero, y quizá el más pernicioso e intrusivo, sea la postulación del predominio de las emociones a la hora de que los votantes acuden a las urnas. El poder de este recurso no puede ser menospreciado a la luz de la efectividad de su puesta en operación en otros países: Reino Unido (Brexit) y los Estados Unidos (elección de Trump).
El voto razonado tiene como premisa que los electores reflexionen el sentido de su voto, que conozcan las consecuencias de éste, al menos, en lo que toca al mediano plazo (durante los tres o seis años subsecuentes); que su decisión tenga un mayor horizonte temporal. Las emociones son, generalmente, un obstáculo para la ponderación objetiva de factores que podrían influir para ese efecto de miradas razonadas a la vista de plazos temporales más amplios.
En razón de ello vemos, a partir de ahora, una creciente estridencia, si cabe, en los mensajes de los actores políticos. Los mensajes de los contendientes buscarán inocular rabia y miedo. Por desgracia, todos esos artilugios menoscaban las posibilidades de un ejercicio auténtico del sufragio. En ese mar embravecido de bajas pasiones, la objetividad de las y los votantes, en el momento de ejercer su sufragio, son el último recurso para el predominio de un voto libre, auténtico y razonado.