Author: Rodolfo Torres

Rodolfo Torres (26/04/2020)

El obligado #QuédateEnCasa nos brinda la ocasión propicia para ocuparnos en la lectura. Desde 1995 el entonces IFE inauguró la publicación de su colección denominada “Conferencias Magistrales”. El volumen 28 tiene como título: “Senderos que se bifurcan. Reflexiones sobre neoliberalismo y democracia” cuyo autor es Fernando Escalante, profesor del Colegio de México. El texto es relevante no sólo porque se ocupa del análisis de uno de los temas sustantivos de nuestro tiempo, sino porque lo aborda con seriedad y lo expone con sencillez. Recomiendo ampliamente su lectura y ofrezco un resumen de algunos aspectos principales. Dada la eventual injusticia que pudiera cometer con este resumen, invito al lector a descargarlo gratuitamente desde la página web del INE en esta liga.

Escalante comienza por advertir que no hay un único liberalismo, sino varios, que obedecen a circunstancias históricas distintas. En sus inicios el liberalismo tenía como preocupación fundamental la limitación del poder del Estado. Este enfoque mira con profunda desconfianza a la democracia. Es de este tipo de liberalismo del que abreva el neoliberalismo. Otra tradición liberal tiene como interés principal favorecer la libertad individual que está amenazada, o limitada, no sólo por el poder político sino por otras formas de poder social: iglesia, gremios, o familia. Este último, es un liberalismo que necesita del Estado para combatir la autoridad de esas otras formas de poder, pero que, a la vez, busca imponer controles al poder del Estado, por la vía de normas legislativas. Es esta segunda tradición liberal la que entronca con la tradición democrática de las libertades políticas y de los los derechos civiles, y que, se puede decir, se ubica en las antípodas del neoliberalimo.

Escalante, advierte que aunque el neoliberalismo no tiene un programa cerrado, ni una doctrina única, su origen se remonta a fines de agosto de 1938, fecha en la que se llevó a cabo el Coloquio Lippman, en París. El coloquio tenía como telón de fondo la tensión constante entre liberalismo y democracia. Los asistentes coincidieron en que el liberalismo que se quería retomar era el que limitaba el poder del Estado. Aún más, dado que el mercado era la respuesta a múltiples dilemas, el Estado debía tener un un papel activo en su defensa y ampliación. De ahí la premisa del libre juego de los precios.

Se definieron tres principios básicos del programa neoliberal: 1) Promover un Estado fuerte que se ocupara de proteger al mercado; 2) Dar prioridad a las libertades económicas, por encima de las libertades políticas y; 3) Contrarrestar la tendencia  hacia la expansión de lo público: bienes públicos, servicios públicos, empresas públicas, es decir, favorecer su privatización. A ese programa le denominaron neoliberalismo. En el coloquio reinó el tono despectivo hacia la soberanía popular -dada la ignorancia de las masas, siempre resentidas, manipuladas, sometidas. También hacia la democracia que, como sugería Aristóteles, desemboca fatalmente en la demagogia. Por ello, había que poner un límite a la soberanía popular para proteger la propiedad, el mercado y el mecanismo de los precios. Para proteger al mercado, era necesario poner la libertades económicas más allá de la política, fuera del alcance de las mayorías.

El programa no pudo instrumentarse de inmediato debido a la inminencia de la segunda guerra mundial y, posteriormente, a causa a las tareas de reconstrucción. Durante tres décadas de posguerra no hubo espacio para el neoliberalismo. La situación cambió, no obstante, a partir de la crisis petrolera, el fin del patrón dólar y la estanflación de mediados de los setentas del siglo pasado. Crisis que en 1973, advertía James O’Connor, se debía a que la economía capitalista depende de la socialización de los costos y la privatización de las ganancias. Pero, para entonces, el neoliberalismo ya había elaborado un programa económico completo que ofrecía alternativas a la crisis y que descansaba en la privatización. Para el neoliberalismo todo es, o puede ser, mercancía, incluso la educación y la salud. Esa mirada se impuso desde los años setenta. Todo ello se ha traducido en una transformación cultural que, cuando se trata de servicios públicos, se habla de clientes, satisfacción, calidad; cuando se piense al Estado, se entiende empresa. Conviene, se argumenta, sustituir las formas políticas por formas empresariales basadas en criterios objetivos de rentabilidad, de productividad, de eficiencia. Adoptar soluciones técnicas y delegarlas en empresas privadas para proteger al Estado, ponerlo a salvo de la democracia, fuera del alcance de la mayoría. Poner límites a la democracia para proteger las libertades económicas.

En el eje del programa neoliberal hay una crítica a la democracia porque ésta pone en riesgo la libertad del mercado. La soberanía popular es peligrosa porque tiende a la destrucción del mercado. La democracia es peligrosa, dice el neoliberalismo, porque significa la tentación permanente de pedir al Estado que intervenga en la economía. Por ello , sostiene, son ilegítimas las ideas de interés público, bien común, justicia social, soberanía popular y voluntad general, pues, se dice, son figuras retóricas que se emplean para enmascarar la verdadera naturaleza de la política. En la década de los ochenta, mediante las condiciones de endeudamiento impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el modelo neoliberal se generalizó en el planeta.

Concluye Escalante: El funcionamiento de la democracia, incluso su legitimidad como régimen, depende de que pueda pensarse como una comunidad política, con un interés compartido.

Rodolfo Torres (08/07/2018)

Participación social para un cambio verdadero

El triunfo de Morena en la elección presidencial del pasado domingo merece, sin atenuantes, el calificativo de apabullante. Los cómputos distritales del INE consignan que el 53.1% por ciento de los votos fue a favor de Andrés Manuel López Obrador; el mayor porcentaje obtenido, en una elección presidencial, desde hace 30 años.

El resultado es notable dada, entre otras cosas, la corta edad de ese partido; fue su primera participación en una elección presidencial, y porque venció a una dura oposición que lo confrontó con virulencia, organización y bastos recursos.

Fue precisamente el grado de aspereza de la campaña electoral la que hacía anticipar que viviríamos una pesadilla el día después. No ocurrió de ese modo, afortunadamente. Contribuyeron a eso numerosos factores, entre ellos: la significativa participación ciudadana, la amplia distancia entre el primero y el segundo lugar, la oportuna y meritoria declaración de aceptación de la derrota de los candidatos opositores (la primera de ellas formulada por José Antonio Meade), el puntual reconocimiento del triunfo de AMLO por el presidente Enrique Peña Nieto, y el tono mesurado y conciliatorio del discurso de inauguración de la victoria. A partir de ello, desde todos los flancos del poder, no han dejado de fluir felicitaciones por ese resultado. De mantenerse esa pauta tendríamos, contra todo pronóstico y para fortuna de todos, una tersa transición política.

El dominante número de votos a favor de Morena es muestra, también, de las elevadas expectativas que le acompañarán durante seis años para que se transformen, radicalmente, las condiciones de pobreza, de violencia, de corrupción, de impunidad, de falta de empleo bien remunerado y, en general, de desigualdad, que privan en nuestro país. Esas expectativas no son infundadas, pues esa fue la oferta de campaña de Morena y de los partidos que conformaron la coalición “Juntos haremos historia”.

El embarnecido capital político del que ahora dispone Morena le obligará, a riesgo de convertirse en flor de un día, a mantener una firme voluntad para cumplir sus ofertas de campaña. Sin embargo, sabemos, la obcecada realidad no se somete a la mera manifestación de la voluntad humana. En particular, para combatir esos flagelos, es indispensable contar con estrategias claras y sensatas que, una vez puestas en marcha, hagan factible la materialización de los anhelos. A ese respecto, el nuevo gobierno ya ha anunciado que ocupará los próximos meses, desde ahora hasta la toma de posesión, para elaborar los planes respectivos; plazo que se antoja reducido dada la magnitud de los retos.

Toda estrategia, para ser viable, debe partir de premisas de finitud de recursos y de la existencia de restricciones. En cuanto al primer rubro, ningún país puede partir de la base de que tendrá acceso ilimitado e inagotable a recursos naturales: agua, energía, clima favorable, alimentos, fertilidad de suelos y ausencia de catástrofes naturales. En cuanto al segundo, debe tener presente el estado actual de sus signos financieros vitales: deuda, inflación, productividad, ahorro y estructura fiscal; de sus condiciones sociales: seguridad, discriminación, educación y grado de desigualdad en los intercambios; de su entorno político, tanto externo: ubicación geopolítica y la persistente ofensiva contra gobiernos autodenominados de izquierda; como interno: debilidad de nuestro sistema de partidos, un reforzado entorno de exigencia social, conformación de los poderes legislativo y judicial, deteriorada salud de las instituciones públicas autónomas (con la notable excepción del Banco de México), existencia de una férrea oposición política, y la subsistencia de un ancestral e inercial entramado constitucional y legal.

Una vez ponderadas las premisas, formuladas las estrategias, elaborados los planes y dimensionadas adecuadamente las metas que será factible alcanzar en este corto lapso de gobierno (y toda vez que ya ha concluido la efervescencia de las campañas electorales que inducen al ofrecimiento de futuros idílicos), debe informarse a la sociedad, con veracidad, claridad y sin aderezos, respecto a la forma en que podrán superarse los desafíos. Es indispensable que se informe a la ciudadanía, no sólo para que ésta conozca y decida la forma en que habrá de participar, además porque la energía social positiva, que se ha revelado a partir de este proceso electoral en que una amplia mayoría ha manifestado su deseo de cambio, será el factor principal para transformar nuestra vida pública.

El daño que sufre ahora nuestro tejido social es de tal magnitud que es inconcebible que la sola acción de gobierno y de su partido sean suficientes para mitigarlo. Por ejemplo, uno de los males mayores que lastran nuestro desarrollo es, sin duda, el trato desigual (en muchos casos discriminatorio) que ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida social; en todas nuestras formas de intercambio. No es inusual que ese trato disparejo haya engendrado múltiples y ancestrales agravios que, en casos extremos, se dirimen de modo violento. Es ahí donde la participación social resulta indispensable y, para ser eficaz, deber ser armónica con la acción gobierno.

Por ello, la participación social no sólo es deseable, es indispensable si realmente se quiere transformar de raíz nuestra condición actual. Es por ello ineludible que esa participación esté prevista en toda estrategia y plan de gobierno. No se trata sólo de evitar una eventual frustración y un potencial y agudo conflicto social al que puede conducirnos el incumplimiento de expectativas, se trata de apostar a la viabilidad del cambio. No hay futuro posible sin la participación de la sociedad. El compromiso, hoy, es -como nunca- de todos.

Rodolfo Torres (01/10/2017)

Es imposible ir por la vida sin confiar en nadie; es como estar preso en la peor de las celdas: uno mismo. Graham Greene

La solidaridad mostrada con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre fue asombrosa, aún para quienes ya la habíamos vivido, con ímpetu, en septiembre de 1985. Fue gratificante, además, pues nos permitió revelar, de nueva vez, un rasgo semi-oculto de la población citadina, la generosidad. En particular, nuestros jóvenes que, con aguda presteza, se convirtieron en vanguardia de las labores de apoyo y rescate. En estos días, hemos vivido intensas emociones encontradas: el duelo por la pérdida de centenas de vidas humanas -muchas de ellas, de infantes- y el renacido optimismo respecto de la potencial mejora de nuestra vida colectiva.

Nos preguntamos si estas muestras de altruismo y filantropía son indicadores de la posibilidad de organizar nuestra vida en comunidad de mejor manera; ¿somos capaces de expandir la energía social positiva que hemos visto liberada tras los sismos? ¿Habrá un antes y un después al sismo del 19 de septiembre de 2017?

A mi juicio, la respuesta a esas interrogantes tiene que ver con la confianza, entendida ésta como la firme esperanza en que algo ocurra, la fe en los otros. La confianza es el cemento que materializa la condición humana en el cuerpo social. A su presencia acompañan la búsqueda de certidumbres, la cordialidad, la serenidad, la ilusión, la cooperación y la lealtad. Su ausencia conlleva, en cambio, al recelo, a la malicia, la duda, la aprensión, la competencia despiadada y el miedo. La generosidad es la manifestación más sublime de confianza. La violencia, su contraparte.

Sin confianza la vida económica sería irrealizable. En su origen, la utilidad que se ha concedido a la moneda (como a cualquier otro instrumento financiero: el billete, el cheque, la tarjeta de crédito) como medio para el intercambio de bienes y servicios, es una expresión material de confianza. Múltiples recorridos del intercambio económico cotidiano llevan implícito ese valor supremo.

La confianza es, también, indispensable para la construcción y preservación del entramado político institucional. La fe en la adecuada actuación del gobierno, de los representantes políticos, de la justicia y, en general, de las instituciones, es indispensable para preservar la convivencia pacífica.  Si una significativa mayoría de la población, desconfía de todo ello, quedamos todos al borde de la inestabilidad social.

Por desgracia, fuera del compás del sismo, vivimos inmersos en la desconfianza y en la incertidumbre. En lo social debido a robos y asaltos que no distinguen ubicación ni temporalidad: en el transporte público, en las calles, en los embotellamientos, en nuestros domicilios, de día o de noche; por no mencionar la imperdonable y creciente violencia contra de las mujeres.

En la actividad económica la desconfianza se agrava, pues hemos agregado, a la ancestral incertidumbre laboral, la precariedad del empleo -que suma el continuo deterioro de las condiciones laborales a los bajos salarios. En nuestros intercambios económicos pasamos de ser clientes a ser rehenes y víctimas de grandes corporativos. Se nos inscribe, sin consentimiento, a servicios telefónicos, seguros o servicios financieros, y se levantan muros que convierten en via crucis la cancelación de esos servicios que no hemos solicitado (cuando bien nos va, y lo logramos, habrán transcurrido meses de cargos indebidos).

La desconfianza en nuestra representación política se extiende sin freno.   A la ya dilatada y añeja percepción de que en diversos niveles y localidades: partidos, gobierno, integrantes del poder legislativo y jueces, actúan alejados del interés público, se suma un aumentado descrédito en todas nuestras instituciones.

Esa desconfianza e incertidumbre, que se alimenta y fortalece día con día, es la que propicia entornos de ansiedad, miedo y violencia.

No obstante, en las horas y días posteriores al sismo, la desconfianza se suspendió. Se pusieron a flote las mejores notas de la capacidad solidaria, desinteresada y generosa de quienes abrían las puertas de sus autos para ofrecer aventón a desconocidos que no podían trasladarse, o las puertas de sus casas para refugiar a los damnificados; de quienes participaron –o aún lo hacen- en las tareas de aportación, acopio, traslado, entrega de víveres, rescate, auxilio y consuelo de las víctimas del terremoto. En menos casos, si bien, pero no han faltado quienes, como animales de rapiña, buscan el beneficio económico, político o electoral de la desgracia ajena.

Queda, de cualquier forma, la experiencia de explosión de confianza de que ha dado muestra la juventud de nuestra ciudad y, con ello, la esperanza de que podríamos hacer de ella un hábito; podríamos expandirla a todas las esferas de la vida cotidiana. Para ello, sin embargo, tendríamos que cambiar pautas fundamentales en materia política, económica y social. Es decir, tendríamos que emprender la reconstrucción desde los cimientos de la confianza, la generosidad y la entereza. La fraternal reacción social frente a este nuevo 19 de septiembre debe darnos razones para el optimismo y la esperanza.

Rodolfo Torres (29/10/2017)

La cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo. André Malraux

El viernes 27 de octubre de 2017 el parlamento de Cataluña aprobó, con 70 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones -con la ausencia de 52 diputados de oposición-, la declaración que pone en marcha el proceso constituyente para proclamar la República Catalana. Poco después, el Senado de aquel país aprobó, a solicitud del gobierno central, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le otorga capacidad para “adoptar las medidas necesarias, para obligar, a aquélla (comunidad) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones” (que la Constitución u otras leyes le impongan). Con base en ello, el gobierno central ha destituido al gobierno catalán y ha convocado a elecciones.

La disputa tiene causas históricas, económicas, políticas y culturales (estas últimas son, a mi juicio, las más agudas). Sin embargo, la evidente incapacidad que tiene cada uno para someter a su contraparte obliga, ahora sí, forzosamente, a abrir cuanto antes la vía del diálogo, so pena de recorrer un tortuoso camino que a su término arribará a un punto muerto en el que habrá pérdidas considerables para ambas partes (también para Europa y para otras regiones del mundo).

El Tratado de Utrecht (que es, en realidad, un conjunto de tratados firmados entre 1713 y 1715) es al que frecuentemente se alude como el agravio histórico originario. Esos tratados fueron firmados por los estados antagonistas (entre ellos Francia y Gran Bretaña) en la Guerra de Sucesión Española que tuvo lugar a principios de 1709 y en la que se confrontaron Felipe V (de la familia Borbón, apoyado por la región de Castilla y por Francia) y el archiduque Carlos (de la familia Habsburgo, que dominaba el principado de Cataluña y el reino de Mallorca, apoyada por Austria, y, momentáneamente, por Gran Bretaña). De esa disputa, surgió vencedor el bando que apoyaba a Felipe V (con la aquiescencia de la Gran Bretaña, quien obtuvo considerables beneficios como resultado de la firma de los tratados) y Cataluña perdió la vigencia de sus normas regionales. Ello desató una guerra desigual que duró catorce meses y que concluyó el 11 de septiembre de 1714 cuando los felipistas rompieron el sitio de Barcelona. Cabe recordar que, debido a ese tratado, Europa cambió su mapa político; también cambió el del continente americano.

Por otro lado, y desde el punto de vista económico, el denominado modelo de financiación español, propicia que la mayor parte de los ingresos de sus comunidades (excluidos el País Vasco y Navarra que tienen un esquema distinto al del resto), provenga de los impuestos que recaude y luego reparta el gobierno central. Cataluña sostiene que aporta más de lo que recibe. Numerosos estudios así lo confirman. Sin embargo, se sabe también, que podría decirse lo mismo de otras comunidades –como la de Madrid- y, sobre todo, que un modelo que repartiese a las autonomías lo mismo que éstas aportan sería injusto e insolidario con comunidades económicamente menos favorecidas. La vinculación entre financiación e independencia quedó de manifiesto cuando, el pasado 21 de septiembre, el ministro español de economía propuso más dinero y mayor autonomía financiera a Cataluña si abandonaba la senda independentista.

Desde el punto de vista político el Estatuto de autonomía de Cataluña ha sido parte importante en este debate. Originalmente aprobado en 1979, fue modificado por el parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 y, el 18 de junio de 2006, se celebró un referéndum que otorgó el sí con un 73 porciento de los votos (con una abstención del 50 porciento). Sin embargo, el 31 de julio de ese año el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad pues se oponía a que Cataluña fuese considerada una nación, así como al trato privilegiado que, a su juicio, se concedía a la lengua catalana, entre otros aspectos. El 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional aprobó el nuevo estatuto y resolvió que el término nación no tuviese eficacia jurídica y declaró inconstitucional, entre otros, el artículo 6º que se refería a la lengua catalana.

El tema cultural y lingüístico es, en mi opinión, el que se ubica en el centro de la crisis. No sólo porque, como hemos visto, formó parte del conflicto estatutario, sino además porque, en el segundo párrafo del apartado de la motivación del documento aprobado el viernes pasado, se alude a la lengua y cultura catalana con mil años de antigüedad; se justifica la declaración a partir de la negativa de reconocimiento de su entidad como nación; y se hace referencia a la discriminación lingüística y cultural que padece Cataluña. A ese respecto, cabe tener presente que desde el 11 de julio de 1961 (durante la dictadura franquista) se constituyó Omnium Cultural, la organización catalana que ha sido referente primordial del movimiento de independencia, a la que pertenece Jordi Cuixart uno de los dos encarcelados por un presunto delito de sedición, quien ha tenido como propósito manifiesto el defender, de la censura y de la persecución, a su cultura y a su lengua.

El inicio de negociaciones es indispensable y urgente. El PP, a partir de una propuesta del PSOE, ya se ha comprometido a modificar su Constitución. Es deseable que se haga sobre la base del reconocimiento y respeto explícito al aporte cultural y lingüístico que hacen a España sus comunidades.