Category: Política

Rodolfo Torres (09/04/2017)

SI EL VASO NO ESTÁ LIMPIO, LO QUE EN ÉL DERRAMES SE CORROMPERÁ. Horacio

La extensión de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht (constructora cuya sede está en Brasil) en decenas de países del mundo, entre ellos México, constituyen el mayor escándalo global de corrupción de tiempos recientes. En el desemascaramiento concurrieron dos ingredientes cruciales: el rompimiento de redes de complicidad y la disuación de entramados de corrupción. Este caso, por ello, puede ser tomado como un paradigma para la inhibición de insumos de alimento a los procesos de degradación; un referente a tener en cuenta por nuestro naciente Sistema Nacional Anticorrupción.

Con base en la información publicada por CNN sobre el caso Odebrecht, hasta la fecha, se han identificado 12 países implicados en la trama de sobornos. La empresa repartió -entre 2001 y 2016- casi 800 millones de dólares de los que, un monto considerable, fluyó vía el sistema financiero norteamericano. Es ésta la razón por la que el caso fue denunciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El escándalo ha involucrado a presidentes y expresidentes de Perú, Brasil y Colombia. En este mes, se prevé que Estados Unidos imponga una multa a la empresa (que ha reconocido su culpabilidad) por 4 mil 500 millones de dólares.

El estimado de 800 millones de dólares en sobornos se repartió en América Latina del modo siguiente: Brasil 349 millones, Venezuela 98 millones, República Dominicana 92 millones, Panamá 59 millones, Argentina 35 millones, Ecuador 33.5 millones, Perú 29 millones, Guatemala 18 millones, Colombia 11 millones, y México 10.5 millones. El hecho de que México haya participado en ese proceso de corrupción sólo con el 1.3 por ciento del monto total de los sobornos, no resta ninguna relevancia al caso.

En nuestro país se dio a conocer el tema desde diciembre pasado y, a finales de enero, la Secretaría de la Función Pública anunció que lo indagaba. La Procuraduría General de la República -quien investiga este asunto a partir de una denuncia presentada por Petróleos Mexicanos (pues se señalan posibles responsabilidades en la construcción del Proyecto Etileno XXI, Los Ramones Fase II Norte, y la Refinería de Tula)- reservó, por un periodo de cinco años, todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con el caso Odebrecht. Dada la relevancia del caso, es de esperar que esta determinación sea impugnada y que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resuelva la procedencia de la reserva que ejerció la PGR. Aunque lo más probable, dado que se trata de una investigación en curso y la reserva concluiría hasta que el asunto sea turnado a un juez y se vincule a los acusados con el proceso, es que la información siga fluyendo desde Brasil y de los Estados Unidos.

Brasil ha apoyado la denuncia en dos elementos que resultaron cruciales. El primero, tiene que ver con el rompimiento de redes de complicidad. Para ello la autoridad en Brasil ofreció a los involucrados una reducción sustancial de penas si aportaban información relevante y denunciaban a otros implicados. Ello abonó a que la autoridad pudiera recabar un volumen considerable de información que le permitió armar recursos legales sólidos. El segundo, constituye un componente disuasorio. Algunas naciones latinoamericanas han aprobado una Ley de Responsabilidad Corporativa que, para casos de corrupción, facilita a la autoridad hallar culpable a la empresa en su conjunto, en lugar de a sus empleados en lo individual. Ello estimula la cooperación de las empresas y las alienta al cumplimiento de las normas legales. Aunque para el caso presente, la disuación resultó eficaz, su forma específica no parece fácil de replicar. Si bien, pueden existir casos legítimos en que estén involucrados sólo empleados en lo individual y no la empresa en su conjunto, no sería raro que autoridades abusivas tomaran como rehen a las empresas sin que éstas estuvieran realmente involucradas; y, al sancionar a las empresas, se podrían generar condiciones económicas que las volvieran inviables, con las devastadoras consecuencia que eso podría implicar para el empleo. Sin embargo, ello no debe desanimar a la autoridad para el encuentro de medidas adecuadas de disuación que sean eficaces.

Nuestro Sistema Nacional Anticorrupción (aún incompleto en virtud del retraso reiterado que el Senado ha impuesto a la designación del Fiscal Anticorrupción) y que -encabezado por la presidenta de su Comité de Participación Ciudadana, Jaqueline Peschard-, tiene el formidable reto de ir más allá de los usuales llamados al comportamiento ético de los servidores públicos -que tambíen importan. Debe empeñar sus esfuerzos en identificar las causas estructurales que propician la ocurrencia y regeneración de la corrupción. El objetivo es que el mal endémico de la corrupción frene su perpetuación y se desaliente su constitución en un riesgo sistémico. Sólo así podra evitarse que, como la Hidra de Lerna, cada vez que se  amputa una de sus cabezas, resurjen -en su lugar- dos, más fuertes y poderosas.

Rodolfo Torres (19/02/2017)

Las declaraciones y órdenes ejecutivas del presidente Trump han colocado a México en una condición de riesgo en los ámbitos: económico, social y político. La construcción del muro, la expulsión de migrantes, el encono en el discurso, y el lugar de privilegio que ahora ocupa en la agenda bilateral el tema de seguridad, en detrimento de los variados temas que derivan de nuestro intenso intercambio, modifican radicalmente nuestra relación. Ello exige, sin lugar a dudas, la unidad de sus habitantes y de quienes, viviendo en el extranjero, simpatizan con nuestro país.

Sin embargo, existen diversas formas de entender esa Unidad. Hay quienes la conciben bajo el símil de una contienda deportiva en la que basta que desde las gradas (en la que estaríamos nosotros) se apoye al unísono a un equipo (México) y a sus jugadores (nuestros gobernantes; en quienes, de entrada, los aficionados depositan poca fe en que se desempeñarán con pundonor). Desde esa perspectiva, el apoyo, aunque impetuoso, sería de corta duración. Al final del encuentro y con independencia del resultado, volveríamos a nuestra desavenida  realidad cotidiana.

Dada la gravedad de la situación, ese tipo de unidad, no es útil. Se requiere de una unidad auténtica. Que no se alcanza sólo con invocarla. Aquella que se logra con participación y compromiso. Que fortalezca nuestro tejido social y a sus instituciones. Porque el vigor de un país no depende únicamente de la actuación digna de su gobierno frente al exterior; requiere de mayor sustancia: de instituciones democráticas, de gobiernos y gobernantes honestos y eficaces, y de una ciudadanía actuante.

Podríamos conseguir esa unidad si quienes encabezan nuestra representación ante el exterior defienden con firmeza la soberanía de México. No se trata de una tarea imposible o inédita; tenemos precedentes significativos de ello. Por ejemplo, durante la segunda guerra mundial, Gilberto Bosques encabezó los esfuerzos de nuestro país para dar asilo a más de 40,000 refugiados de diversas nacionalidades. No menos destacado es el caso de Alfonso García Robles, el arquitecto del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, cuya actuación garantizó que nuestra región fuera la primera en el mundo, libre de armas nucleares –y ganó, por ello, el premio Nobel de la Paz en 1982.

Uno y otro, ejemplos de conducta recta en los asuntos hacia el exterior, han constituido asientos de unidad. Así, la cohesión a la que aspiramos, la que hoy requerimos ante la amenaza exterior, demanda que las instituciones públicas y quienes las integran honren su obligación de servir a la población. Se exige que esas instituciones no sean botín para el beneficio personal o de grupo. Urge, para ello, desterrar el ejercicio patrimonialista del servicio público. Terminar con la práctica de que alcanzar un cargo público significa obtener una patente de corso para el ejercicio arbitrario de la función pública.

Esa unidad requiere que los representantes electos atiendan al interés público, actúen con transparencia, rindan cuentas y no incurran en actos de corrupción. Aunque en materia normativa hemos avanzado considerablemente, en la práctica no hemos desterrado esos vicios de los tres niveles de gobierno. Estamos aún lejos de lograr un ejercicio democrático del poder público.

Esa unidad hace indispensable que los partidos políticos, grupos económicos y organismos sociales asuman que los intereses de México son superiores a sus demandas, por legítimas que fueran. Pues la defensa de nuestra soberanía sobrepasa los límites que una visión parcial impone.

Pero un componente fundamental de nuestra fortaleza como nación, lo debe aportar el comportamiento cívico de sus habitantes. Sin lugar a dudas, toca a los gobernantes conducirse escrupulosamente con eficacia y honestidad. A nosotros corresponde actuar con responsabilidad y respeto, sin discriminar por género, origen étnico o nacional, condición social, religión o preferencia sexual. Esa unidad exige un trato digno. Nuestra práctica cívica favorecería una mayor vigilancia de nuestros gobernantes y una representación política de mayor calidad.

Si bien, no todo abona en nuestro favor, tenemos de nuestro lado algunas bases económicas y culturales. Los lazos que ha construido México con otras naciones en materia económica nos permiten realizar exportaciones agropecuarias, extractivas y manufactureras que se colocan ya por encima de las exportaciones petroleras. De los productos mexicanos que se exportan destacan: la cerveza -con un monto de 2.4 mil millones de dólares, superando a Holanda y Alemania-; el aguacate, superando a Chile y a Perú con un 46% de comercio mundial, y; el limón, con 32.3% del mercado mundial. Nuestra posición geográfica, con acceso privilegiado a los océanos Pacífico y Atlántico, nos debe estimular para convertirnos en núcleo logístico mundial para el traslado de bienes; lo hace también para el transporte de personas por la vía aérea, sobre todo a partir de la decisión norteamericana de desalentar el acceso a sus aeropuertos.

México es, también, poseedor de una pujanza cultural que incita lazos de unidad. Somos herederos de una cultura milenaria –referente destacado en todo el mundo, y particularmente en Iberoamérica. Contamos con la mayor infraestructura arqueológica de América Latina, con 187 zonas prehispánicas; 1,200 museos; más de 120 mil inmuebles que son patrimonio cultural; y un mosaico extraordinario de patrimonio inmaterial.

Es cierto, alcanzar esa clase de unidad, en la que no haya espacio para el agravio, parece un sueño. Pero es preferible empeñarnos por alcanzar ese sueño, que resignarnos a padecer la pesadilla que ahora nos amenaza.

Rodolfo Torres (29/01/2017)

El pasado 20 de enero, Donald Trump tomó protesta como presidente de los Estados Unidos. Inicia su mandato con debilidad política interna y externa; cuenta con apenas el 40 por ciento de aprobación de los norteamericanos y,  su discurso agresivo, ha erosionado vertiginosamente el liderazgo político de ese país en el mundo, incluso frente a sus aliados históricos (Alemania, entre ellos). Durante su primera semana de gobierno ya ha detonado acciones dañinas para México.

La campaña de Trump estuvo plagada de tintes nacionalistas cuyo eje propagandístico fue la consigna de que haría grande a América, otra vez. Sus declaraciones (racistas, misóginas, xenófobas) desembocaron en numerosas y abultadas marchas organizadas por mujeres que abarcaron todo el territorio norteamericano y se replicaron en muchos otros países.

La propaganda de ataques a México redituó a Trump poderosos beneficios en la campaña electoral. Como si aún continuara en búsqueda del voto, ya como presidente, volvió a escoger a nuestro país como diana de sus primeras acciones. Parece no hacerse cargo de que el deterioro de la relación México-Estados Unidos generará inestabilidad en materia económica, migratoria y de seguridad, en ambos lados de la frontera.

No podemos desdeñar a los más de 34 millones de personas de origen mexicano en aquel país; ni la evidencia de que su eventual deportación provocaría una catástrofe humanitaria. En cuanto a remesas, de acuerdo con el Banco de México, de enero a noviembre de 2016 el monto acumulado se situó en 24 mil 626 millones de dólares, con un crecimiento de 9.03 por ciento. La ausencia de esas remesas provocaría carencias dramáticas en amplios sectores de nuestro país. Por otra parte, está el hecho de que la región compuesta por  los estados situados en ambos lados de la frontera representa la cuarta economía del mundo; cualquier perjuicio a esa zona dispararía: un daño irreparable a los más de 100 millones de habitantes de la región, la migración de mexicanos y un daño monumental a la economía norteamericana.

Trump se plantea cambiar o desaparecer el Tratado de Libre Comercio. Así, sostiene, subsanará el déficit comercial de su país en un monto que ahora equivale a la cuarta parte del total de lo que comercia con México. Parece no advertir que una parte considerable de ese superávit comercial a favor de México regresa como utilidad a compañias extranjeras, principalmente norteamericanas. Nuestra economía depende en más del 68 por ciento del comercio exterior, y de ese monto casi el 64 por ciento depende del intercambio comercial con Estados Unidos.  Las cadenas productivas entre los dos países, en particular en las industrias automotriz y electrónica, están fuertemente entrelazadas.

En el ámbito internacional, Donald Trump ha amenazado a países de Asia, Europa y América. El pasado 27 de enero la nueva embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, -al entregar su credencial de embajadora- declaró que “quienes no nos respalden, que sepan que vamos a apuntar sus nombres, y vamos a responder como corresponda”. Usa un tono pendenciero que en nada favorece el buen curso de las relaciones internacionales.

Por otra parte, las controversias con China comenzaron desde la administración de Obama, cuando el almirante Harry Harris aseguró la disponibilidad de Estados Unidos para enfrentarse a China por lo que llamó “reclamaciones marinas excesivas” del país asiático en el mar del Sur de China. Con la llegada de Trump, las relaciones con China se han tensado aún más. A mediados de enero, el entonces candidato a Secretario de Estado, Rex Tillerson, amenazó, durante su audiencia de confirmación, con bloquear el acceso de China a las islas artificiales que ese país construye en aguas en disputa en el mar del Sur. La prensa estatal de China respondió que, de concretarse esas acciones, se desataría una confrontación.

Contraria a la posición histórica de los Estados Unidos de respetar el principio de una sola China, Trump ha planteado un acercamiento a Taiwán. Además, ha acusado a Pekín de manipular su divisa y ha amenazado a China con imponerle aranceles del 45%. No conforme con esos ataques ha criticado, vía twitter, la construcción de las islas artificiales.

De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacinal, los Estados Unidos ha perdido frente a China, después de 126 años, la primacía de potencia económica mundial. El tono permanentemente belicista de Donald Trump lleva a suponer que aspira a recuperar el liderazgo económico y político con base en la fuerza que brinda a su país el liderazgo militar. De lograrlo, será recordado como #TrumpLordOfWar.

Frente a este panorama y ante el inicio de un reacomodo de los vínculos comerciales globales, México tiene la urgencia y la oportunidad de reforzar sus lazos de intercambio con otros países y regiones del mundo. Tiene a su favor una vasta capacidad en materia logísitica y de redes de comercialización mundial.  China es una buena oportunidad para reforzar esos intercambios dada su ubicación como primera potencia económica mundial. Ese país oriental es el segundo socio comercial de México y de América Latina, y el primero de Brasil, Chile y Perú.

Más allá de proclamas, nuestro país debe tomar acciones que lo alejen del papel subordinado que ha ocupado hasta hoy en el mundo. Debemos y podemos transformarnos en actores con capacidad para determinar nuestro futuro. Ello requiere invertir en México y en la enorme valía que tienen sus habitantes.

Rodolfo Torres (08/01/2017)

El incremento desmedido en el precio de la gasolina, y en general en el precio de los energéticos, ha sido el motivo más reciente para la protesta pública y para acusar a la clase gobernante de insensibilidad política, por decir lo menos. Tal insensibilidad, y el creciente alejamiento de la clase política de los intereses de los ciudadanos es un reclamo que, aunque no es reciente, ha aumentado hasta convertirse en el clamor general que hoy presenciamos. Conviene, sin afanes justificatorios ni fatalistas, examinar algunos de los factores estructurales que auspician ese fenómeno.

El primero, es de naturaleza externa, pues son los intereses económicos transnacionales, que se expresan a través de los organismos financieros internacionales, los que determinan los parámetros a los que deben sujetarse las políticas nacionales en las materias económica y social. Las empresas calificadoras de riesgo -que dan seguimiento puntual a la evolución de esos parámetros y de los indicadores fundamentales de las economías nacionales- realizan juicios que resultan determinantes, no sólo para alentar o desalentar las inversiones en un país determinado, sino para, en el extremo, derruir los cimientos económicos de la nación que incumpla con las expectativas de los organismos financieros internacionales. Veánse, como ejemplos, los casos de Portugal, Irlanda, Grecia y España.

El segundo factor, éste de naturaleza interna pero  íntimamente ligado con el anterior, ha favorecido políticas económicas nacionales orientadas a fortalecer a los corporativos económicos locales; cuya masa crítica resulte robustecida y capaz de competir, o al menos sobrevivir, en un mercado global enfebrecido. Ello en vista de la transnacionalización de las economías que ha exacerbado el gigantismo de los corporativos económicos; que, por sí mismos,  superan  la capacidad económica (y política) de la mayoría de los países en que operan.

Es por ello que, casi siempre, frente a cualquier disyuntiva en la que se contrapongan los intereses de los corporativos, ya sean transnacionales o nacionales, con los de las comunidades en las que éstos operan, las políticas y acciones gubernamentales nacionales optan por favorecer a las primeras. Ello ocurre, aunque no es motivo de consuelo, en la mayoría de los países de todas las latitudes. El actual modelo de desarrollo económico ha sometido de modo tal a la acción de la política que los espacios de intervención de esta última se restringen a potenciar la actuación del interés económico.

Ojo: el tema nada tiene que ver con satanizar el desarrollo económico por sí mismo, ni a los agentes que lo hacen posible. El problema es el tipo de desarrollo económico se ha privilegiado, que ha desatendido la comprensión del  trabajo como la fuente primordial para la superación espiritual y material de la humanidad. Al contrario, las condiciones laborales se han vuelto cada vez más precarias y el deterioro ambiental es más que evidente.

Por otra parte, ciertas particularidades de nuestro sistema político nacional estimulan, aún más, el alejamiento de los gobernantes con los ciudadanos.

Recordemos que la democracia representativa tiene como premisa fundamental la celebración de elecciones auténticas que se basan en contiendas electorales equitativas y en la efectividad del sufragio. En ello hemos avanzado considerablemente, pues, aunque todavía quedan algunos pendientes por resolver y no hay garantía de que esos avances sean irreversibles, nuestra sociedad ha invertido monumentales recursos para la edificación de su entramado electoral (que, también hay que decir, se ha vuelto inecesariamente complejo y costoso). Pero, para que una democracia sea efectiva, se requiere que sus gobernantes mantengan un apego continuo a sus compromisos con los electores y a la sociedad en su conjunto. Es ahí donde nuestro sistema político y nuestra democracia presentan uno de sus más considerables déficits.

A diferencia de los sistemas parlamentarios, en los que puede convocarse a elecciones anticipadas para que, de modo institucional y cierto, los ciudadanos elijan a un nuevo gobierno acorde con los intereses de una nueva mayoría de electores, nuestro sistema político no sólo carece de algo equivalente a esos instrumentos institucionales, sino que, además, arrastra una cultura política patrimonialista que lo obstaculiza.

Si bien, en algunos países sí existe la figura de revocación de mandato, lo cierto es que, cuando ésta se ha puesto en práctica, ha vigorizado la polarización social. El ejercicio del instrumento de revocación peca de ofrecer sólo la vista de una cara de la moneda (los electores muestran si están de acuerdo o no con el gobernante en cuestión) pero no se ofrecen recursos adecuados para construir un gobierno alternativo.

En nuestro país existe una práctica, por desgracia todavía muy extendida, en que los gobernantes cuentan con las condiciones favorables para actuar con despreocupación respecto a las consecuencias de sus actos; no se sienten obligados a ofrecer explicación a nadie. Si, además, se carece de los medios institucionales eficaces para hacer efectiva la rendición de cuentas de los gobernantes, se tiene un caldo de cultivo favorable al reforzamiento del uso patrimonialista de la función pública y al ejercicio abusivo del poder a espaldas de los ciudadanos. Su natural consecuencia es que los niveles de impunidad sean tan elevados.

La carencia de canales institucionales idóneos para preservar el vínculo continuo entre los gobernantes electos y la ciudadanía, crea un dique que agudiza la inconformidad y dificulta sus vías de expresión. De no generar esos instrumentos, seguiremos en presencia de un descontento social con causa pero sin cauce, con el consecuente debilitamiento de nuestra ya precaria democracia.

Aun en entornos como el presente, tan desfavorables y tan estrechos para la acción política (sometida, hemos dicho, a la lógica de un modelo de desarrollo económico excluyente), conviene recuperar las virtudes de la política. Es indispensable ponerla en práctica y cultivarla hasta alcanzar un desarrollo económico inclusivo, y para generar las condiciones que hagan posible nuestra convivencia pacífica.

Rodolfo Torres (13/11/2016)

En regímenes democráticos representativos, el acceso al poder se alcanza a través de la celebración de elecciones libres y equitativas (que en nuestro caso organizan el INE e Institutos Electorales Locales). En ellas se confrontan programas, planes, preceptos ideológicos y hasta, cada vez más frecuentemente, fisonomías de candidatos. Esa confrontación permite a los ciudadanos elegir la opción que consideran más satisfactoria de toda la oferta política. La decisión mayoritaria sintetiza la suma de voluntades individuales que otorgan el poder de gobernar a sus representantes electos.

Al otorgar ese poder de gobierno, el ciudadano tiene expectativas; pretende que: se protejan sus derechos; se garantice su seguridad personal, familiar y patrimonial; se generen condiciones que mejoren su calidad de vida; se actúe con justicia atendiendo con equidad las necesidades de todos. En suma, espera que la acción del gobierno sea eficaz y legítima.

Para que sea eficaz, es indispensable que el gobierno cuente con los recursos y los instrumentos normativos e institucionales que le permiten cristalizar las expectativas de la población. Sin embargo, aun cumplidas estas condiciones favorables, dicha eficacia se ve fuertemente comprometida, principalmente, desde dos flancos. El primero, causado por la inherente complejidad que representa la provisión de bienes y servicios en entornos que -como el actual- se caracterizan por aguda escasez y pronunciada desigualdad. El segundo, resultado de las condiciones que, en el proceso de creciente globalización, producen erosión sustancial a la capacidad de los gobiernos nacionales para formular y desarrollar políticas propias en materia económica y social. Esta ineficacia gubernamental (sumada, por supuesto, la corrupción e impunidad) es germen de desencanto democrático y obstáculo de su legitimidad.

Por otro lado, para que la democracia sea legítima, es imprescindible que el ejercicio de poder esté basado en la aceptación social. El triunfo legal de un partido político o candidato es, sin duda, una precondición de ello; pero, por sí misma, no garantiza el ejercicio legítimo del poder. La aceptabilidad ciudadana respecto al ejercicio de gobierno, es también clave de su legitimidad. Un gobierno legítimo  cuenta con la adhesión de la ciudadanía; no con su obediencia.

Por otra parte, la estabilidad es una condición necesaria para el buen rendimiento de las instituciones y la gobernabilidad del sistema, en especial, de cara a la aparición o agudización de condiciones de crisis del sistema político. Si la acción de gobierno es eficaz y legítima, la gobernabilidad se facilita. En caso contrario, se impulsa un círculo vicioso en el que se menoscaba la capacidad gubernamental para atender las demandas sociales y la gobernabilidad se fragiliza. 

En regímenes democráticos, representativos, de carácter presidencial, con división de poderes, como el nuestro, el Poder Ejecutivo cuenta con un conjunto de instrumentos para la administración eficaz del gobierno. Éste abarca: la presentación de iniciativas legislativas preferenciales; el veto presidencial respecto de legislaciones contrarias a la acción de gobierno; y la construcción de mayorías legislativas para dar viabilidad a las políticas y decisiones gubernamentales.

Este último ha constituido la respuesta más visitada  frente a las diversas crisis de gobernabilidad de los regímenes presidenciales en general. Pues no sólo permite que la acción de gobierno sea eficaz, al generar condiciones de estabilidad política y social; sino también que sea legítima, al buscar que se sumen a la acción del gobierno un mayor número de voluntades que están representadas en las Cámaras del Congreso.

Sin embargo, las tendencias electorales marcadas por los pronósticos de los resultados de la elección 2018, prefiguran una votación dividida por tercios, en que ninguna fuerza política será, por sí misma, mayoritaria en las cámaras de diputados y senadores. Ello puede repercutir en la eficacia del gobierno que resulte electo de ese proceso comicial y, en consecuencia, se puede deteriorar la ya de por sí agobiada gobernabilidad del país. Ese escenario sería sin duda peligroso, particularmente ahora, a la luz de los retos que arrojan los resultados de la elección de los Estados Unidos; el entorno económico mundial, que hace prever un crecimiento débil -quizá incluso negativo- del Producto Interno Bruto; y un entorno social y político en el que la crispación no amaina.

Por todo ello, son meritorias las propuestas que aspiran a hacer más eficaz la acción de gobierno mediante la construcción de mayorías legislativas estables en las Cámaras de Diputados y Senadores. Es cierto que esas propuestas se formulan ahora en el marco de reformas más amplias que tienen como eje la realización de una segunda vuelta para la elección de la presidencia del 2018 (no me detengo ahora a analizar los potenciales efectos de la propuesta de acudir al mecanismo de la segunda vuelta, pues amerita un tratamiento especial por cuenta propia).

Sin embargo, al margen del contexto en que se proponen, esas mayorías han de ser estables a lo largo de la legislatura  para que propicien la eficacia a que se aspira. Eso implica que deben ir más allá de acuerdos coyunturales. Se requiere, entonces, desde luego, de un Plan de Gobierno que las articule, las cohesione y las comprometa. Pero, además, se requiere que las mayorías se hagan cargo del efectivo cumplimiento del Plan y de sus potenciales consecuencias -sean éstas positivas o negativas.

Lo deseable es que ese plan de gobierno atienda efectivamente a las expectativas de la población. Sólo así se fortalecerá la gobernabilidad del país; y de ello depende, cardinalmente, la armonía social.

Rodolfo Torres (02/10/2016)

El 15 de septiembre de este año se instaló formalmente la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ese mismo día el Jefe de Gobierno entregó su Proyecto de Constitución Política. Será éste el punto de partida para que las y los Diputados Constituyentes cumplan con su misión de dotar a esta ciudad de su ley suprema, misma que deberá propiciar: la convivencia civilizada entre sus habitantes, la generación de condiciones para que se materialicen las expectativas de una vida mejor y, afrontar con éxito los retos que aseguren la sustentabilidad de la ciudad.

Para dimensionar esos desafíos, baste decir que, en 1960, la mitad de la población mexicana vivía en las ciudades, hoy lo hace el 80 por ciento; su consecuencia inmediata ha sido que los retos en materia de agua, drenaje, transporte, medio ambiente y seguridad sean más complejos. Por ejemplo, según estudios del Banco Mundial y la Conagua, si no hacemos algo, en 15 años sólo la mitad del agua del Valle de México estará asegurada.

Para afrontar esos retos es urgente planear el desarrollo de la ciudad. Una buena noticia es que el Proyecto de Constitución prevé la creación de un Instituto de Planeación; lo malo es que no le otorga autonomía plena.

El tema es relevante, pues es indispensable alejar el tratamiento de los temas estratégicos de la ciudad de la lucha política coyuntural, en ocasiones frívola. Los problemas que enfrentamos son de tal magnitud y complejidad, que no pueden improvisarse soluciones cada tres o seis años, con cada cambio de gobierno. Requieren de: instituciones sólidas, consensos políticos y sociales firmes, e inversiones cuantiosas, que deben ejercerse de modo transparente y honesto. Estos temas deben ser tratados con visión de Estado, con perspectiva de largo plazo y con enfoque sustentable.

Cabe mencionar que, ese Instituto de Planeación deberá integrar un Sistema de Información Estadística y Geográfica, en consecuencia, sus servicios irían más allá de los que pudiera aprovechar en exclusiva el gobierno de la ciudad; son de utilidad para la sociedad en su conjunto. Atendería una función primaria como lo es reunir datos y emitir información veraz y objetiva sobre la realidad de los habitantes de la Ciudad de México. Por ese motivo, esas cifras económicas y sociales no pueden estar sujetas a sesgo o “maquillaje” alguno en favor del interés de cualquier gobierno en turno.

Pero, para que la planeación sea eficaz, ese Instituto no debe depender jerárquicamente del Jefe de Gobierno, ni de ningún otro poder local. Lo contrario convertiría a ese organismo en dependiente de la administración central pues, aún con autonomía técnica y de gestión, pero bajo la figura de un organismo descentralizado, se subordinaría a esa administración centralizada.

Es por ello que, para articular las soluciones que le urgen a la Ciudad, es importante y necesario que el organismo de planeación sea autónomo y es prioritario elevarlo a rango constitucional pues, como lo ha dispuesto la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso federal, la naturaleza autónoma de los organismos debe estar establecida en la propia Constitución.

De igual forma, es menester manifestar preocupación acerca de otros dos temas. El primero se refiere a lo establecido en el artículo 29 numeral 3 del Proyecto de Constitución. Este dispone que al cumplir 16 años las personas adquieren el derecho al sufragio. Como se sabe, la Constitución General establece que sea a los 18 años. Por otra parte, el derecho al sufragio es uno de los signos distintivos de la ciudadanía. Sin embargo, en el proyecto constitucional no se precisa si con ello se otorgaría a esas personas una ciudadanía plena, es decir, con todos sus derechos, obligaciones, y con todos sus efectos jurídicos.

El segundo tiene que ver con la integración del Congreso de la Ciudad, previsto en el artículo 34; en particular con lo dispuesto en el inciso a), numeral 1, de su apartado B. Ahí se establece que las candidaturas sin partido tendrán derecho a la asignación de curules por el principio de representación proporcional. Si bien la propuesta tiene la virtud de intentar atajar la inequidad en la que se encuentran las candidaturas sin partido, lo hace de un modo que puede tener efectos colaterales contraproducentes.

Cabe recordar que en el rubro de representación proporcional el elector vota por listas. A esa lista de candidatos los cohesiona su pertenencia a un mismo partido, pero, sobre todo, suscriben una misma Declaración de Principios y un mismo Programa de Acción. En contraste, a los Candidatos Sin Partido: no los cohesiona una misma organización, no suscriben la misma Declaración, ni tienen un mismo Programa. ¿Cómo agruparlos entonces en una lista de individuos que no necesariamente tienen algo en común? De mantenerse la redacción actual puede favorecerse el surgimiento de Asociaciones Políticas de Candidatos sin Partido, es decir, un tipo sui generis de partido político, sólo con existencia para procesos electorales.

La Constitución Política de la Ciudad de México es un asunto de interés público. Todo ciudadano de esta ciudad debe estar informado y tomar parte en ese debate pues, no siempre tenemos la oportunidad de participar en asuntos que determinan nuestro entorno político, social, económico y cultural.

Rodolfo Torres (20/01/2019)

Ni la contradicción es indicio de falsedad, ni la falta de contradicción es indicio de verdad. Blaise Pascal

La respuesta de la población ante al desabasto de gasolina, reflejada por diversas encuestas, que inició con motivo del cierre de ductos el pasado 21 de diciembre, es una muestra palpable del cambio de tiempos políticos.

A contrapelo de quienes esperaban (algunos incluso lo fomentaban) el derrumbe de la imagen presidencial como consecuencia de las molestias causadas por las largas filas que había que realizar para cargar gasolina, esos eventos tuvieron el efecto contrario, y la aceptación a las medidas tomadas fortaleció considerablemente la imagen del nuevo gobierno. Las cifras en ese sentido son elocuentes.

Por ejemplo, la encuesta nacional realizada por De las Heras Demotecnia consigna que el 72 porciento de los encuestados cree en la afirmación del presidente de que el cierre de ductos era necesario para combatir el robo de combustible. El 80 porciento acepta que hay que pasar por esas condiciones con tal de acabar con el robo de combustible. El 65 porciento mejoró la opinión que tenía del presidente y su gobierno.

La encuesta realizada por Consulta Mitofsky muestra que el 70 porciento de los encuestados acepta que el gobierno ha explicado por qué no hay gasolina en diversos lugares del país. Al 55.9 le convenció la explicación. El 56.7 porciento cree que las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación con el cierre de los ductos vulnerados por el robo de gasolina son adecuadas y pertinentes, aunque hayan ocasionado problemas de distribución del líquido. Ante la disyuntiva de apoyar al gobierno o exigirle otras formas de combatir el huachicoleo, el 50 porciento opta por el apoyo y el 39.9 por la exigencia de regularizar de inmediato el suministro de gasolina y que el gobierno busque otras formas de combatir el hurto de combustible.

De acuerdo con un sondeo nacional realizado por el periódico El Financiero, el 89 porciento de los encuestados respalda el plan del presidente contra el huachicoleo (en la Ciudad de México el apoyo es del 92 por ciento). De acuerdo con esa encuesta, el 76 porciento aprueba el trabajo que está haciendo AMLO como presidente de México.

En la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica se anota que el 76.9 porciento está de acuerdo con el cierre de ductos y distribución a través de pipas. El 81.5 considera que las medidas tomadas son efectivas. Esa encuesta estima que aumentó en un 12.8 porciento la opinión positiva de AMLO.

Por su parte, la encuesta nacional del periódico Reforma muestra que el 62 porciento está de acuerdo con el cierre de ductos para combatir el robo de gasolina. El 50 porciento confía en que el gobierno de AMLO logrará acabar con el robo de combustible. El 73 porciento considera preferible acabar con el robo de combustible, aunque no haya gasolina por un tiempo. El 63 porciento le cree al gobierno federal cuando dice que la falta de gasolina se debe al cierre de ductos para combatir el huachicoleo.

Las cifras de aprobación son notables y no se ajustan al patrón tradicional que, frente a toda acción que provoca algún grado de afectación a un segmento de la población, hace corresponder una reacción de desafecto a la imagen del gobierno ¿Cómo explicar, entonces, ese fenómeno que parece contra intuitivo?

Se han ensayado, en los últimos días, tres explicaciones principales: 1) Se debe al alto grado de aprobación que, per se, tiene el nuevo gobierno. 2) El argumento del combate a la corrupción es poderoso y popular. 3) El gobierno hace un hábil uso propagandístico del tema.

No obstante, ninguna de las tres razones parece bastar para explicar la magnitud del hecho.

Si bien es cierto que existe un fenómeno inercial que pudiera provenir del alto nivel de aprobación de la figura de AMLO, éste no alcanza para explicar el crecimiento del aprecio ciudadano, sobre todo después de un desabasto que, efectivamente, causó altos grados de incomodidad. El segundo argumento, por sí mismo, parece menos plausible, pues se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para justificar medidas gubernamentales que no han concitado ese nivel de apoyo. El tercero, también, parece insuficiente. No pongo en duda que un segmento de la población pudiese ser vulnerable a la mera acción propagandística, pero las elevadas cifras de aprobación y su dilatada duración no le dan viabilidad como explicación suficiente para este fenómeno.

La razón principal, a mi juicio, es que a ojos de la mayoría de la población el presidente es, simple y llanamente, creíble. Las acciones que ha emprendido desde antes del inicio de su gestión, que desde diversas perspectivas pudiesen valorarse como correctas o incorrectas, han sido evaluadas positivamente por la población, fundamentalmente, a la luz de su coherencia. Hasta ahora, la mayoría ha ponderado que esas acciones han sido congruentes y, en consecuencia, se ha incrementado el grado de credibilidad del presidente.

A fines de 2018 la empresa encuestadora Parametría consignó que el 83 por ciento aprobaba la forma en que el nuevo presidente realizaba su trabajo, mientras que sólo el 4 porciento rechazaba de manera enfática a este gobierno. Aunado al fenómeno descrito, estas últimas cifras también debieran servir a la oposición, en particular a la que apuesta por la virulencia en su discurso, para valorar si su estrategia es la adecuada para posicionar, de modo efectivo, sus postulados entre la población.

Rodolfo Torres (03/02/2019)

Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Moshe Dayan

La áspera confrontación que se vive en Venezuela, que ya ha involucrado a países de todo el mundo, tiene potencial suficiente para derivar en una crisis humanitaria en ese país.

La delicada situación económica que padece Venezuela se ha visto agravada por diversas medidas instrumentadas por el gobierno de los Estados Unidos quien, bajo la argumentación de violación a derechos humanos y civiles, desde finales de 2014, ha emitido dos leyes federales (7/15/2016 Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Extension Act of 2016, y 12/18/2014 Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014), y cinco órdenes ejecutivas (executive orders: 13692, 13808, 13827, 13835 y 13850).  Es destacable la primera de éstas, orden 13692 que, emitida el 8 de marzo de 2015 por el expresidente Barack Obama, declara “una emergencia nacional con respecto a la inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos por la situación en Venezuela”. Esas medidas han tenido por consecuencia el bloqueo a las transacciones de deuda y el congelamiento de cuentas bancarias del gobierno, mismas que han repercutido, a su vez, en un disminuido o nulo acceso de Venezuela a los mercados internacionales de alimentos, medicinas y bienes básicos.

Ahora que el presidente Donald Trump ha decretado que el diputado venezolano Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado o interino, sea el presidente reconocido por ese país y administrador único de los recursos financieros de Venezuela en el extranjero, es previsible que la situación económica, en el corto plazo, tenga una severa recaída que eleve el sufrimiento de la población en esa nación sudamericana.

Por ejemplo, la semana pasada el gobierno de Donald Trump envió un exhorto a la Reserva Federal de los Estados Unidos para evitar el acceso del gobierno de Nicolás Maduro a los activos y ganancias de ese país en el extranjero. Ello incluye los procedentes de la empresa Citgo, una filial en Estados Unidos de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA); pone en riesgo, también, los 1,200 millones de dólares en reservas de oro que Venezuela tiene depositados en el Banco de Inglaterra.

El pasado miércoles Juan Guaidó solicitó, a la Organización de las Naciones Unidas, la provisión de ayuda humanitaria a Venezuela. En respuesta, el Secretario General de la ONU, António Guterres, precisó que la solicitud debe contar con el aval del presidente Nicolás Maduro, pues no corresponde a esa Secretaría General reconocer gobiernos; esa atribución, señaló, compete únicamente a los Estados miembros, a través de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad del organismo, quienes aún no reconocen a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela.

La disputa por el poder político en Venezuela es asunto que debe involucrar únicamente a los venezolanos. Sin embargo, contrario al criterio del Secretario General de la ONU, es previsible que el día de mañana, lunes 4 de febrero de 2019, diversos gobiernos de países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido y España, entre otros, se sumen al reconocimiento de Juan Guaidó como la autoridad política máxima del poder ejecutivo de Venezuela con el mandato, seguramente, de convocar a la brevedad a nuevas elecciones. Lo harán a pesar del sinsentido democrático que significa que dos poderes del Estado (ejecutivo y legislativo) recaigan ahora en la misma persona -no olvidemos que, además de la presidencia interina, Juan Guaidó ya ostenta el poder máximo en el poder legislativo, la Asamblea Nacional.

Hemos visto, de manera reiterada en diversas latitudes, de las que México no estuvo exenta (sólo recordemos lo ocurrido a propósito del sismo de septiembre de 2017), que la provisión de ayuda humanitaria es utilizada por las partes en conflicto para llevar agua a su molino. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no sólo es una magnífica oportunidad para modificar inercias, sino que no hacerlo, podría detonar la violencia. En ese caso, sin duda, el pueblo venezolano sería el más perjudicado. El conflicto en Venezuela ha alcanzado niveles inusitados de encono que se han agravado por la intervención de gobiernos extranjeros, que han aumentado notablemente el riesgo de que la situación desemboque en un conflicto armado con el peligro que ello implica no sólo para Venezuela sino para el conjunto de nuestro continente

De ahí que el apego de México a sus principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, son una base sólida para favorecer el dialogo entre las partes en conflicto, sin injerencia externa, que propicien su solución pacífica, que alivie el sufrimiento del pueblo venezolano y es, también, una apuesta por auspiciar la paz en Venezuela y en toda la región.

Rodolfo Torres (17/02/2019)

El aislamiento es una especie de prisión. Irving Stone

El viernes 15 de febrero el presidente Donald Trump declaró una Emergencia Nacional con la intención de aumentar el financiamiento para el reforzamiento y extensión de un muro en la frontera con México. Por ese medio pretende reasignar ocho mil millones de dólares del presupuesto militar. Se trata de la continuación de un ardid electoral, que le rindió frutos en las elecciones presidenciales del 2016, en que se ha hecho prevalecer el miserable discurso de temor a lo ajeno y fomentado una visión aislacionista.

Como sabemos, uno de los ejes principales de la campaña de Trump a la presidencia en 2016 fue la oferta de construir un muro con longitud de 3 mil doscientos kilómetros en la frontera con México. Después matizó su promesa y ofreció reforzar o construir sólo la mitad de esa longitud (mil seiscientos km), pues el resto, se dijo, ya estaba resguardado por obstáculos naturales (montañas y ríos).

De acuerdo con datos de la BBC, antes de la presidencia de Trump, existían poco más de mil kilómetros de barreras a lo largo de la frontera norte de México. De ellos, 570 km son cercos construidos para controlar o inhibir el paso de peatones y 483 para fiscalizar el paso de vehículos. La mayor parte de esas barreras corre a lo largo de la frontera con los estados de California, Arizona y Nuevo México. Si consideramos los cercos ya construidas más las barreras naturales, la longitud del nuevo muro, por construir, sería de 600 kilómetros.

Sin embargo, a pesar de que desde la toma de posesión de Trump el Congreso ha aprobado mil setecientos millones de dólares, para extender o renovar 200 kilómetros de muro, sólo se han renovado algunas secciones, pero no se han extendido las barreras actuales. De hecho, sólo 64 km están en proceso de renovación. Está previsto iniciar la edificación de la primera extensión, de 23 km, en este mes en el Valle de Río Grande, Texas.

La estimación del costo de la extensión y reforzamiento del muro es muy amplia. Desde el anuncio de Trump, en 2017, de que costaría entre 8 y 12 mil millones de dólares, hasta la ponderada por el Departamento de Seguridad Interior en alrededor de 25 mil millones de dólares.

Por otra parte, basa su declaratoria en dos postulados falaces adicionales: extender las barreras permitiría, sostiene, detener el flujo de drogas y adelgazar la migración de criminales a través de la frontera.

En lo relativo al flujo de drogas, Trump ha dicho que el 90 por ciento de la droga atraviesa la frontera. Sin embargo, de acuerdo con datos de la DEA, en 2017, sólo el 39 por ciento de la heroína fue asegurada en la frontera. Es decir, sólo un pequeño porcentaje del aseguramiento ocurrió en los puntos en los que existen barreras, o se propone que existan. La DEA asegura que el mayor volumen de droga cruza por puntos de entrada legales. Es decir, el reforzamiento y ampliación del muro tendría un efecto mínimo en la contención del tráfico de drogas.

En lo que se refiere a la migración, datos oficiales muestran que el número de aprensiones en la frontera ha tenido un declive sustancial a partir del año 2000. En ese año el número de detenciones fue de un millón seiscientas mil personas, mientras que en 2018 fue de menos de 400 mil.

Por otra parte, cifras oficiales de los Estados Unidos indican que una elevada proporción de la migración ilegal proviene de quienes originalmente poseen una visa. A principios de 2018 más de 700 mil personas que entraron legalmente a los Estados Unidos incumplieron su periodo de estancia. El mayor número (100 mil) son de Canadá; seguidos, lejanamente, de México (50 mil), Brasil y China (poco menos de 40 mil). Es decir, la migración ilegal tiene su mejor aliada en la violación de las condiciones de la migración legal (temporal). Por lo que el reforzamiento del muro tampoco detendría esa migración ilegal.

A pesar de la continua y vigorosa propaganda del presidente Trump, la mayoría de los estadounidenses (58 por ciento) se opone a la expansión del muro, mientras un 40 por ciento la apoya -de acuerdo con resultados de una encuesta de Pew Research Center.          

Frente a esa declaratoria la fracción demócrata en el Congreso ha anunciado su oposición a la medida y la ha impugnado por diversas vías. En tanto, el gobernador y el fiscal, respectivamente, de los Estados de California y Nueva York han informado que se opondrán legalmente a la medida. De ser ese el caso, la última palabra la tendría la Corte Suprema (con aparente mayoría favorable a Trump).

A pesar del origen y naturaleza electoral de la medida, existe el riesgo de que ésta tenga consecuencias nocivas para la economía de los estados en ambos lados de la frontera -y para ambos países. No hay que olvidar que dos economías estatales (California y Texas), que son pilares del conjunto de la economía norteamericana, se benefician sensiblemente del intercambio fronterizo. Ello explica, por otra parte, que, en algunas ciudades, como el Paso Texas, no sea despreciable el movimiento civil contrario al muro.

Rodolfo Torres (17/03/2019)

La paz es su propia recompensa. Mahatma Gandhi

El pasado jueves 14 de marzo, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos declaró la constitucionalidad de la Guardia Nacional. Previamente, las Cámaras de Diputados y de Senadores habían emitido la declaratoria de constitucionalidad respectiva; toda vez que la totalidad de las legislaturas de las entidades federativas habían aprobado esa reforma constitucional. Cabe señalar que en 10 entidades se aprobó por unanimidad, en 20 por mayoría y sólo en dos congresos locales se expresaron votos en contra. El documento fue enviado al Ejecutivo para su promulgación. Cabe esperar que ello ocurra en el curso de la semana que apenas comienza.

Aunque desde el nuevo gobierno se ha advertido que las medidas coercitivas representan sólo el 20 por ciento de su estrategia para alcanzar la pacificación del país (el 80 por ciento restante consiste en la aplicación de medidas sociales de carácter preventivo), la conformación de la Guardia Nacional es un paso significativo, dada la urgencia de aliviar las graves condiciones de violencia que prevalecen en múltiples regiones del país.

El proceso de reforma, en sí mismo, resultó gratificante pues se solventó de manera virtuosa un panorama sombrío, que parecía difícil de resolver dadas las posiciones que parecían ubicarse en polos opuestos.

Para ilustrar la relevancia de esta reforma, conviene hacer su reseña desde cinco apartados. En lo que se refiere a la naturaleza de la Guardia Nacional, destacan los siguientes aspectos.  La Guardia Nacional se define como una Institución policial de carácter civil (Artículo 21 párrafos 10 y 12 del Dictamen), que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (Artículo 21 párrafo 13). Contrario a lo que algunos aseguran, en la Guardia Nacional no se establece un mando mixto (cívico-militar). Tampoco existe una junta de jefes de estado militar. Se establece, eso sí, una instancia de coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas (Transitorio Segundo). Por otra parte, todos los elementos de las fuerzas armadas que pasen a la Guardia, al momento de integrarse, serán civiles. En consecuencia, no está contemplado el fuero militar. La reforma dispone que corresponde al Jefe del Poder Ejecutivo Federal designar al titular del órgano de mando superior de la Guardia Nacional (Transitorio Segundo).

La salvaguarda de los derechos humanos fue un aspecto relevante durante el desarrollo de un inédito Parlamento Abierto. En concordancia con ello, la reforma establece que la doctrina policial que rige a la Guardia Nacional está fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos (Artículo 21 párrafo 14 del Dictamen). Asimismo, atribuye al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios (artículo 73 fracción XXIII). Para fortalecer la vigencia de los derechos humanos, se ordena la expedición de dos leyes. Primero, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza que deberá aprobarse, en el lapso de 90 días, bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad (Transitorio Primero). La segunda, es la Ley Nacional del Registro de Detenciones (Transitorio Primero), cuyo propósito principal es inhibir la práctica infame de desaparición de personas por autoridades. Ésta, también, deberá aprobarse en un lapso de 90 días.

Otro de los aspectos cruciales de que se ocupa la reforma es la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. La reforma establece que el Presidente podrá disponer de las fuerzas armadas, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad (normado, subordinado, complementario y fiscalizado), y deberá informar de sus actividades al Senado (Transitorio Quinto). Por otra parte, se acota la duración de esa participación y señala que, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la ley, el Presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (Transitorio Quinto).

La reforma también se refiere a los controles institucionales. Dispone que el Senado analizará y aprobará la estrategia nacional de seguridad pública (76 fracción XI). También, que corresponde al Senado analizar y aprobar los informes anuales de la Guardia Nacional, que incluirá un capítulo sobre la actuación extraordinaria de las fuerzas armadas (76 fracción IV).

Aunado a lo anterior, la reforma atiende la preocupación de preservar y fortalecer el federalismo. Se hace explícita la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con entidades federativas y municipios (Transitorio Cuarto, Fracción II). Los ejecutivos de las entidades federativas elaborarán diagnóstico y programa para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales en un plazo no mayor a 180 días (Transitorio Séptimo). Un año después de haberse emitido el programa los ejecutivos de las entidades federativas, éstas entregarán a la legislatura correspondiente un informe de evaluación anual que será considerado para ajustar el programa y su calendario de ejecución (Transitorio Séptimo).

Uno de los aspectos menos difundidos, aunque a mi juicio más relevantes, es la creación de un Servicio Profesional Policial, que se fomenta por dos vías. La primera, mediante la expedición de la Ley de la Guardia Nacional (Transitorio Primero). La segunda, al ordenar que en la ley se preverán mecanismos de evaluación de los elementos de la Guardia Nacional (Transitorio Cuarto, Fracción II, Numeral 4).