Rodolfo Torres (09/04/2017)
SI EL VASO NO ESTÁ LIMPIO, LO QUE EN ÉL DERRAMES SE CORROMPERÁ. Horacio
La extensión de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht (constructora cuya sede está en Brasil) en decenas de países del mundo, entre ellos México, constituyen el mayor escándalo global de corrupción de tiempos recientes. En el desemascaramiento concurrieron dos ingredientes cruciales: el rompimiento de redes de complicidad y la disuación de entramados de corrupción. Este caso, por ello, puede ser tomado como un paradigma para la inhibición de insumos de alimento a los procesos de degradación; un referente a tener en cuenta por nuestro naciente Sistema Nacional Anticorrupción.
Con base en la información publicada por CNN sobre el caso Odebrecht, hasta la fecha, se han identificado 12 países implicados en la trama de sobornos. La empresa repartió -entre 2001 y 2016- casi 800 millones de dólares de los que, un monto considerable, fluyó vía el sistema financiero norteamericano. Es ésta la razón por la que el caso fue denunciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El escándalo ha involucrado a presidentes y expresidentes de Perú, Brasil y Colombia. En este mes, se prevé que Estados Unidos imponga una multa a la empresa (que ha reconocido su culpabilidad) por 4 mil 500 millones de dólares.
El estimado de 800 millones de dólares en sobornos se repartió en América Latina del modo siguiente: Brasil 349 millones, Venezuela 98 millones, República Dominicana 92 millones, Panamá 59 millones, Argentina 35 millones, Ecuador 33.5 millones, Perú 29 millones, Guatemala 18 millones, Colombia 11 millones, y México 10.5 millones. El hecho de que México haya participado en ese proceso de corrupción sólo con el 1.3 por ciento del monto total de los sobornos, no resta ninguna relevancia al caso.
En nuestro país se dio a conocer el tema desde diciembre pasado y, a finales de enero, la Secretaría de la Función Pública anunció que lo indagaba. La Procuraduría General de la República -quien investiga este asunto a partir de una denuncia presentada por Petróleos Mexicanos (pues se señalan posibles responsabilidades en la construcción del Proyecto Etileno XXI, Los Ramones Fase II Norte, y la Refinería de Tula)- reservó, por un periodo de cinco años, todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con el caso Odebrecht. Dada la relevancia del caso, es de esperar que esta determinación sea impugnada y que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resuelva la procedencia de la reserva que ejerció la PGR. Aunque lo más probable, dado que se trata de una investigación en curso y la reserva concluiría hasta que el asunto sea turnado a un juez y se vincule a los acusados con el proceso, es que la información siga fluyendo desde Brasil y de los Estados Unidos.
Brasil ha apoyado la denuncia en dos elementos que resultaron cruciales. El primero, tiene que ver con el rompimiento de redes de complicidad. Para ello la autoridad en Brasil ofreció a los involucrados una reducción sustancial de penas si aportaban información relevante y denunciaban a otros implicados. Ello abonó a que la autoridad pudiera recabar un volumen considerable de información que le permitió armar recursos legales sólidos. El segundo, constituye un componente disuasorio. Algunas naciones latinoamericanas han aprobado una Ley de Responsabilidad Corporativa que, para casos de corrupción, facilita a la autoridad hallar culpable a la empresa en su conjunto, en lugar de a sus empleados en lo individual. Ello estimula la cooperación de las empresas y las alienta al cumplimiento de las normas legales. Aunque para el caso presente, la disuación resultó eficaz, su forma específica no parece fácil de replicar. Si bien, pueden existir casos legítimos en que estén involucrados sólo empleados en lo individual y no la empresa en su conjunto, no sería raro que autoridades abusivas tomaran como rehen a las empresas sin que éstas estuvieran realmente involucradas; y, al sancionar a las empresas, se podrían generar condiciones económicas que las volvieran inviables, con las devastadoras consecuencia que eso podría implicar para el empleo. Sin embargo, ello no debe desanimar a la autoridad para el encuentro de medidas adecuadas de disuación que sean eficaces.
Nuestro Sistema Nacional Anticorrupción (aún incompleto en virtud del retraso reiterado que el Senado ha impuesto a la designación del Fiscal Anticorrupción) y que -encabezado por la presidenta de su Comité de Participación Ciudadana, Jaqueline Peschard-, tiene el formidable reto de ir más allá de los usuales llamados al comportamiento ético de los servidores públicos -que tambíen importan. Debe empeñar sus esfuerzos en identificar las causas estructurales que propician la ocurrencia y regeneración de la corrupción. El objetivo es que el mal endémico de la corrupción frene su perpetuación y se desaliente su constitución en un riesgo sistémico. Sólo así podra evitarse que, como la Hidra de Lerna, cada vez que se amputa una de sus cabezas, resurjen -en su lugar- dos, más fuertes y poderosas.