Rodolfo Torres (03/02/2019)
Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Moshe Dayan
La áspera confrontación que se vive en Venezuela, que ya ha involucrado a países de todo el mundo, tiene potencial suficiente para derivar en una crisis humanitaria en ese país.
La delicada situación económica que padece Venezuela se ha visto agravada por diversas medidas instrumentadas por el gobierno de los Estados Unidos quien, bajo la argumentación de violación a derechos humanos y civiles, desde finales de 2014, ha emitido dos leyes federales (7/15/2016 Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Extension Act of 2016, y 12/18/2014 Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014), y cinco órdenes ejecutivas (executive orders: 13692, 13808, 13827, 13835 y 13850). Es destacable la primera de éstas, orden 13692 que, emitida el 8 de marzo de 2015 por el expresidente Barack Obama, declara “una emergencia nacional con respecto a la inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos por la situación en Venezuela”. Esas medidas han tenido por consecuencia el bloqueo a las transacciones de deuda y el congelamiento de cuentas bancarias del gobierno, mismas que han repercutido, a su vez, en un disminuido o nulo acceso de Venezuela a los mercados internacionales de alimentos, medicinas y bienes básicos.
Ahora que el presidente Donald Trump ha decretado que el diputado venezolano Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado o interino, sea el presidente reconocido por ese país y administrador único de los recursos financieros de Venezuela en el extranjero, es previsible que la situación económica, en el corto plazo, tenga una severa recaída que eleve el sufrimiento de la población en esa nación sudamericana.
Por ejemplo, la semana pasada el gobierno de Donald Trump envió un exhorto a la Reserva Federal de los Estados Unidos para evitar el acceso del gobierno de Nicolás Maduro a los activos y ganancias de ese país en el extranjero. Ello incluye los procedentes de la empresa Citgo, una filial en Estados Unidos de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA); pone en riesgo, también, los 1,200 millones de dólares en reservas de oro que Venezuela tiene depositados en el Banco de Inglaterra.
El pasado miércoles Juan Guaidó solicitó, a la Organización de las Naciones Unidas, la provisión de ayuda humanitaria a Venezuela. En respuesta, el Secretario General de la ONU, António Guterres, precisó que la solicitud debe contar con el aval del presidente Nicolás Maduro, pues no corresponde a esa Secretaría General reconocer gobiernos; esa atribución, señaló, compete únicamente a los Estados miembros, a través de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad del organismo, quienes aún no reconocen a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela.
La disputa por el poder político en Venezuela es asunto que debe involucrar únicamente a los venezolanos. Sin embargo, contrario al criterio del Secretario General de la ONU, es previsible que el día de mañana, lunes 4 de febrero de 2019, diversos gobiernos de países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido y España, entre otros, se sumen al reconocimiento de Juan Guaidó como la autoridad política máxima del poder ejecutivo de Venezuela con el mandato, seguramente, de convocar a la brevedad a nuevas elecciones. Lo harán a pesar del sinsentido democrático que significa que dos poderes del Estado (ejecutivo y legislativo) recaigan ahora en la misma persona -no olvidemos que, además de la presidencia interina, Juan Guaidó ya ostenta el poder máximo en el poder legislativo, la Asamblea Nacional.
Hemos visto, de manera reiterada en diversas latitudes, de las que México no estuvo exenta (sólo recordemos lo ocurrido a propósito del sismo de septiembre de 2017), que la provisión de ayuda humanitaria es utilizada por las partes en conflicto para llevar agua a su molino. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no sólo es una magnífica oportunidad para modificar inercias, sino que no hacerlo, podría detonar la violencia. En ese caso, sin duda, el pueblo venezolano sería el más perjudicado. El conflicto en Venezuela ha alcanzado niveles inusitados de encono que se han agravado por la intervención de gobiernos extranjeros, que han aumentado notablemente el riesgo de que la situación desemboque en un conflicto armado con el peligro que ello implica no sólo para Venezuela sino para el conjunto de nuestro continente
De ahí que el apego de México a sus principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, son una base sólida para favorecer el dialogo entre las partes en conflicto, sin injerencia externa, que propicien su solución pacífica, que alivie el sufrimiento del pueblo venezolano y es, también, una apuesta por auspiciar la paz en Venezuela y en toda la región.