Rodolfo Torres (28/07/2019)
No está el horno para bollos
Desde hace varias semanas Pemex se encuentra en el centro del debate público por diversas y justificadas razones. La primera tiene una motivación económica, la segunda tiene causas políticas. Éstas, han confluido y han desembocado en una fuerte colisión con los poderes fácticos en ambas esferas.
El nuevo gobierno ha manifestado su intención de convertir a Pemex en palanca del desarrollo económico nacional. Para entender la magnitud de ese desafío conviene recordar el origen de la desastrosa situación en la que hoy se encuentra esa empresa del Estado. La globalización, impulsada a inicios de los años noventas del siglo pasado, favoreció que, en casi todo el mundo, el capital público que se había amasado durante décadas pasara, en un santiamén, a manos de particulares. Así ocurrió con los sectores de las telecomunicaciones, de la energía y de la infraestructura, entre otras. Ese proceso fue uno de los principales detonadores de la corrupción, pues no sólo facilitó que los gobernantes favorecieran interesadamente a ciertos grupos empresariales y se asociaran con ellos, sino que dieron carta de naturalización a la cultura que otorga centralidad al interés particular por encima del público. Así, se establecieron hábitos, normas y procedimientos operativos que convirtieron a amplios sectores del servicio público en gestores del interés particular.
Con Pemex, dada las dimensiones de esa empresa, se ensayaron todos los medios para su desmantelamiento: anulación de su capacidad de refinación (nulo mantenimiento de sus plantas); pésimas inversiones (ver el caso de Agronitrogenados); desorientación de sus capacidades de exploración (que privilegiaron la exploración en aguas profundas e impidieron la reposición de las reservas de petróleo); construcciones a sobreprecio (Odebrecht); y aún, el robo descarado de sus bienes y productos (huachicoleo). Todo ello condujo a un endeudamiento descomunal, a ineficiencias operativas, a la caída de reservas, y a una disminuida capacidad productiva. Como puede verse, el reto se afronta desde abultados números negativos.
La decisión política del nuevo gobierno de atemperar, en ese rubro, la transferencia de bienes públicos a manos privadas es, quizá, la causa principal de la confrontación. A pesar de que sus planes contemplan la participación de inversión privada mediante la contratación de servicios, sus críticos se han opuesto, pues ese enfoque, a diferencia de las llamadas rondas y farmouts, les dificulta acceder a los mercados accionarios para financiar sus inversiones. En congruencia con esa determinación política, el gobierno ha diseñado diversas medidas: refinanciamiento de la deuda de Pemex, inyección de recursos públicos, atenuación de su carga fiscal, regeneración y ampliación de su capacidad productiva, un nuevo enfoque (exploración y explotación en aguas someras) para reconstituir la producción y las reservas petroleras, entre otras. Así lo plasmó en el denominado Plan de Negocios de Pemex. Que, aunque no es perfecto, es congruente con las restricciones impuestas por el contexto actual.
A sabiendas del elevado riesgo que afronta ese desafío, algunos de sus opositores apuestan por el descarrilamiento de esa estrategia. Para ello, algunos hacen uso de un reiterado guión que consiste en inocular desaliento, duda, temor e ira.
No es sorprendente, por ello, que en el debate político menudeen expresiones sin fundamento. Cuando, además, a esas expresiones se concede amplísima difusión y se emiten por un servidor público, conviene detenerse en ellas para su análisis (de otras críticas, como las de algunas calificadoras, me ocuparé en una entrega posterior).
El video del senador Samuel García sigue el guión referido y amedrenta con la advertencia de que 2.2 billones de pesos podrían salir del país por la mala nota que darán las calificadoras a México. El dicho es una falacia. Para determinar el destino de sus capitales, los inversionistas no se basan sólo en esas calificaciones. Toman en cuenta, también, lo que en el argot se denomina como los “fundamentales” de la economía de un país, esto es, principalmente, las variables macroeconómicas, mismas que, en términos generales, presentan saldos positivos. Por lo que la materialización de una baja calificación no sería la causa exclusiva de una eventual estampida de capitales. Por otra parte, la migración de capitales es una realidad cotidiana que viven los mercados globales.
En cuanto a la publicación del Plan de Negocios de Pemex, dice el senador que el gobierno incurrió en un grave error al ocultar información que, posteriormente, fue revelada mediante hackeo, lo que expuso información de seguridad nacional. Esto es falso también. La Ley de Petróleos Mexicanos dispone, en su artículo 14, que una versión pública de ese plan se debe difundir en internet y que ésta “no deberá contener información que pudiera comprometer o poner en riesgo sus estrategias comerciales”. El plan no contiene información alguna en materia de seguridad nacional. En cuanto al dicho del senador respecto de que el propio plan expone riesgos, no hay novedad alguna, ni responsabilidad imputable. La exposición de los riesgos es una obligación que Pemex debe cumplir. La fracción IV del mismo artículo 14 dice que el plan debe contener: “Los principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa”.
El entorno económico, político y social se encuentra demasiado caldeado para que los temas de más alta relevancia nacional resistan que se lucre en favor de intereses que son ajenos a la agenda pública. El ejercicio de una oposición firme y enérgica no está reñido con una actuación cierta y responsable por parte de todos los actores. No está el horno para bollos.