Rodolfo Torres (17/09/2017)
A la denuncia fundada debería acompañar una sanción eficaz
La corrupción será tema central de la contienda electoral 2018. Y lo será por varias razones: la corrupción es una realidad objetiva que corroe todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad; ha alcanzado niveles de alarma que agravian por su creciente impunidad; será eficaz arma arrojadiza que minará la credibilidad de numerosos contendientes; y no hay razones para confiar en que en este proceso electoral no se incurrirá en la reiterada utilización de recursos financieros indebidos (principalmente recursos públicos) para la compra y coacción de votantes. Todo ello en un entorno de aguda competencia electoral y crispación social.
La corrupción es el abuso de una posición de confianza para beneficio personal, familiar o de grupo. En el ámbito del servicio público, consiste en la defraudación de la confianza por parte del funcionario público, a quien se ha conferido la responsabilidad de actuar en beneficio del interés público. La interacción entre particulares y funcionarios no está exenta de la ocurrencia de actos de corrupción. De manera destacada sucede cuando los funcionarios públicos favorecen a particulares en el aprovechamiento de bienes. Este fenómeno se ha exacerbado (en todo el mundo) con el colosal traspaso de bienes públicos a manos privadas, resultado de la llamada globalización económica.
Sólo por mencionar algunos escándalos recientes que agravian a la sociedad, en tanto que asuntos graves de corrupción e impunidad, es el caso del paso exprés de Cuernavaca. La propia Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública y del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concluyó la auditoría realizada a cuatro contratos y determinó 22 observaciones que suman un total de mil 34 millones de pesos (denunció, además, irregularidades en los procedimientos de licitación e inadecuada planeación de la obra). En su momento, la SFP deberá presentar, ante la Procuraduría General de la República (PGR), las denuncias respectivas.
Otro caso destacado es la llamada #estafamaestra; sobre ella se ha denunciado el desvío de casi 8 mil millones de pesos, mediante el otorgamiento ilegal de contratos por 11 instancias del gobierno federal a universidades públicas por servicios que no podían cumplir. De ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 15 denuncias ante la PGR por el desvío de recursos públicos, y el titular de la ASF ha afirmado que es un “claro acto de corrupción”, sin que el gobierno federal haya modificado ese esquema de contratación.
Un tercero, y quizá el más vergonzoso, es el de la utilización de entrega de apoyos a los damnificados por el reciente sismo de 8.2 grados, con propósitos electorales. Situación que ya motivó un pronunciamiento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) en el que “condena enérgicamente todo acto que lucre electoralmente con la necesidad de las oaxaqueñas y oaxaqueños que se vieron afectados por el sismo registrado la semana pasada y que dejó a su paso diversas afectaciones en el patrimonio de sus familias y a personas fallecidas en la entidad”; anuncia, además, que “se abrieron los procedimientos sancionadores correspondientes contra quien o quienes resulten responsables por posibles violaciones al principio de imparcialidad y a la normatividad electoral”.
La suma de agravios, que produce crispación social, por la impunidad en la que ocurren notorios casos de corrupción, aunado al rédito político que puede aportar, incentivará su uso en las contiendas electorales para desacreditar a los contendientes. Aunque lo más probable es que un gran número de actores políticos, al menos los llamados tradicionales, terminen envueltos, o al menos salpicados, por el lodo que se arrojen unos a otros. Cabe esperar, como resultado, un ampliado y renovado descrédito en la política y en los políticos.
Las acciones que generan presión sobre el electorado, así como el uso indebido de programas sociales ha sido reiterado. Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) refrendó mecanismos que establecen que los beneficios de programas sociales no puedan ser entregados en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, en especial durante el periodo de campañas. La intención es, dice, “evitar que las autoridades de las entidades con proceso electoral, y todas las autoridades del país, traten de coaccionar el ejercicio del sufragio, eviten el uso indebido de recursos públicos, así como manipular electoralmente los programas sociales a su alcance”. Queda por ver, en los hechos, el impacto de la aplicación de esos mecanismos cuyo éxito parece difícil de concebir, a la luz de la inercial realidad nacional.
Lo que parece altamente probable es que la corrupción será un tema primordial de los debates electorales. Lo más improbable, hasta ahora, es que de los debates, y de la propia contienda electoral, resulten acciones eficaces para su contención.
Los llamados a la actuación ética de actores públicos y privados son, sin lugar a dudas, importantes; aunque, me temo, insuficientes. La corrupción es un fenómeno que ha enraizado sus hábiles mecanismos de auto reproducción. En su entorno campea: una sensación ciudadana de impotencia, frustración e indignación; el cinismo de quienes en ella incurren, y la ausencia de instrumentos institucionales que transformen las denuncias fundadas en sanciones eficaces que disuadan la comisión de actos de corrupción por servidores públicos y por particulares.