Inéditos los desafíos electorales que plantea la pandemia

Rodolfo Torres (07/06/2020)

El coronavirus ha infectado a la salud pública, a la economía, a la educación y a otras esferas de la vida social. La infección ha tenido consecuencias nocivas también para la política; las contiendas electorales no pueden ser inmunes a la afectación generalizada. Sus efectos serán más evidentes en la organización de la elección de 2021 aunque, en una versión reducida, lo veremos, en unas semanas, con motivo de las elecciones en Hidalgo y Coahuila, que por el momento se encuentran suspendidas.

Los procesos electivos son masivos por naturaleza. En cada una de sus etapas se demanda la movilización de miles y hasta millones de personas, pero ahora deberán aplicarse medidas inéditas de protección sanitaria.

La integración de la lista nominal para la elección del 2021, que incluye a los potenciales votantes estará compuesta por más de 90 millones de personas. La configuración de esa lista implica la operación permanente de más de 500 módulos de atención ciudadana en todo el país, cuya actividad se refuerza durante la intensa campaña de actualización que iniciará, a la par del arranque del proceso electoral, en septiembre de este año. Los ciudadanos mexicanos que residen fuera del país y que desean votar, deberán tramitar su credencial para votar desde el extranjero. Esas actividades movilizarán a cientos de miles de personas.

Se estima que en la elección de 2021 se elegirán 302 cargos adicionales a los que se votaron en la elección de 2018. En aquel año, se eligieron a 18 mil 299 cargos, tanto a nivel federal (que incluía a la presidencia y a senadurías, que ahora no se elegirán) como local (que van desde gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, alcaldías, concejales, sindicaturas, regidurías, regidores étnicos, hasta integrantes de Juntas Municipales). Cabe recordar que la decisión de concentrar la celebración de un elevado número de elecciones, en un mismo día, provino de una visión tecnocrática eficientista que no ponderó adecuadamente las consecuencias de la concentración del conflicto político derivado de la polarización que, de manera natural, se produce por la expectativa de que el ejercicio de influencias en un ámbito electoral tenga capacidad de arrastre hacia otros ámbitos.

La forma en que se llevan a cabo las campañas electorales para ese abultado número de cargos tendrá que cambiar. Los eventos de campaña, usualmente, involucran la movilización de decenas de miles de personas, pues se trata de inducir en la población la percepción de que el volumen de participantes en los actos de campaña se corresponderá con el número de electores que acudirán a las urnas a votar en su favor. Sin embargo, las medidas sanitarias vigentes prohíben la realización de eventos masivos. En atención a esas disposiciones, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir la normatividad respectiva.

Como se sabe, la organización de los procesos electorales tiene como eje principal a los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Como referencia, para la elección de 2018, se visitó a poco más de 12 millones de ciudadanos para integrar las mesas de escrutinio y cómputo. De ese universo, 2 millones 759 mil fueron capacitados en una primera etapa y casi un millón 399 mil fueron designados como funcionarios de casilla. Para la elección de 2021 deberán contemplarse medidas adicionales que aseguren que, tanto el personal que lleva a cabo las visitas y la capacitación como los ciudadanos que participarán como funcionarios en las cerca de 160 mil casillas a instalar, cuenten con medidas de protección apropiadas.

Uno de los aspectos cruciales será el nuevo diseño y operación de las casillas de votación. Cabe recordar que partidos y candidatos independientes tienen derecho a tener representantes en todas y cada una de las casillas de votación. Debe considerarse, además, que en la elección de 2021, contenderán adicionalmente los nuevos partidos que hayan obtenido su registro. Si al número de funcionarios de casilla, sumamos el número de representantes, cabe esperar que, en una elevada proporción de casillas, se superará con facilidad el total de 20 personas presentes, de manera continua y concurrente, durante la jornada electoral. Lo anterior sin considerar a los votantes. La superficie que se disponga en la casilla debe considerar que esa concurrencia tendrá que sujetarse a las medidas necesarias para conservar la sana distancia. Una situación parecida ocurrirá durante el escrutinio y cómputo de los votos. Esas definiciones tendrán impacto en la etapa de ubicación de casillas, pues podría ocurrir que varios inmuebles, que tradicionalmente se han utilizado como casillas, sean ahora inviables, dados los nuevos criterios a cumplir.

Aunque con lo ya mencionado bastaría para darnos una idea de la magnitud del desafío logístico y presupuestal que la contingencia sanitaria impone al ámbito electoral, ello palidece ante el reto que representa la extensión de adecuaciones normativas que habrá que emprender, pues en los procesos electorales cada paso es significativo. Por ejemplo: ¿deberán los funcionarios de casilla exigir los votantes que se desprendan de mascarillas o caretas para identificarlos a cabalidad con la foto que aparece en el cuadernillo de la lista nominal? En caso de negativa del elector ¿deberían impedirle que votara? Otro ejemplo: ¿será suficiente con portar mascarilla o careta, disponer de gel antibacterial y mantener una sana distancia, o deberán implementarse medidas de sanitización adicionales?, ¿debería suspenderse la votación en caso de que no se cuente con esos medios o cuando se rebase el aforo que la sana distancia requiere? Ello implicará, de modo novedoso, la participación de otras autoridades, particularmente la sanitaria, en el diseño referido. A lo anterior debemos sumar que el INE se ha impuesto a sí mismo la obligación de normar la reelección de diversos cargos que se votarán en el 2021 (no sin responsabilidad del legislativo, pues es a quien correspondía, de origen, emitir dicha norma). Todo ello exigirá la instrumentación de enfoques innovadores que, aprovechando los avances tecnológicos disponibles, automaticen múltiples procesos, entre ellos las urnas electrónicas y los mecanismos de votación que le corresponden. Todo ello sin deteriorar las irrenunciables medidas para la preservación de la autenticidad de las contiendas electorales y de la efectividad del sufragio.