Rodolfo Torres (18/12/2016)
En la víspera del año 2017 y del aparente lejano 2018, la institucionalidad electoral vislumbra tres retos importantes. El primero en materia de organización de elecciones, tanto de las locales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, como de los preparativos para las del 2018; las más grandes y complejas en la historia del país. El segundo, que consiste en determinar si habrá de usarse votación electrónica en 2018 – y dado el caso, su tipo- para recoger el voto de los mexicanos en el extranjero. El tercero, que corresponde a las eventuales adecuaciones legales y reglamentarias al cuerpo normativo que regula la organización de las elecciones. Vayamos al detalle.
En el 2017 se elegirán: tres gubernaturas -Coahuila, México y Nayarit-; 55 diputaciones locales en Coahuila y Nayarit, todas ellas a partir de una nueva configuración de distritos electorales locales aprobada por el INE, y; 270 Ayuntamientos. Estos procesos electivos son de gran importancia, pues se insertan en la estrategia de los partidos políticos para la elección presidencial de 2018. Por otra parte, con la renovación de todos los cargos públicos en los estados de Coahuila y Nayarit, culmina un ciclo de implementación de la reforma político-electoral de 2014, pues se trata de las únicas entidades que no habían organizado elecciones en el nuevo marco de institucionalidad electoral. En el Estado de México habrá una particularidad interesante: se organizarán fuera del marco de la casilla única, lo que traerá consigo novedosas complejidades operativas y técnicas. Finalmente, en el Estado de Veracruz se organizará la renovación de la integración de los Ayuntamientos con un importante déficit presupuestal del Instituto Electoral Local, derivado de adeudos previos del gobierno de aquél Estado.
A los preparativos de la elecciones que se celebrarán en el año 2018: presidencial, renovación total del Congreso de la Unión, y concurrencia de 30 elecciones locales (exceptuando los estados de Baja California y Nayarit); se añade un componente interesante: no todos los Institutos Electorales Locales han organizado un proceso electoral local concurrente con el federal. Ello pondrá a prueba, nuevamente, el nuevo marco de atribuciones nacionales y local.
Respecto al segundo reto, el INE deberá decidir, si una vez desarrollado el sistema informático de voto electrónico por Internet para mexicanos residentes en el extranjero, esta modalidad -o alguna otra de voto electrónico- cumple con los extremos que la ley establece, pues deberá garantizar: que quien emite el voto sea el ciudadano mexicano residente en el extranjero que tiene derecho a hacerlo; que no pueda emitir más de un voto; que el sufragio sea realmente secreto, es decir que nadie pueda observar ni coaccionar al elector al momento de emitir su voto; así como la efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto. Para tal efecto, y una vez que el Consejo General del INE determine el carácter vinculante de esta modalidad de votación electrónica, el sistema deberá ser sometido a la auditoría de, al menos, dos empresas de prestigio internacional, a fin de que dicho sistema acredite certeza absoluta y seguridad comprobada, a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero; así lo dispone el Transitorio Décimo Tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
En las últimas semanas, diversos actores políticos han planteado modificaciones, de diverso alcance, al marco normativo electoral. La amplitud de algunas de ellas hacen compleja, aunque no imposible, su implementación. Por ejemplo, las relativas al modelo de comunicación política, que busca atenuar la llamada “espotización”, y la que se refiere a la realización de una segunda vuelta electoral que favorezca coaliciones de gobierno -como respuesta al problema de gobiernos divididos y a la decreciente legitimidad.
Aunque cabe decir, que existe otro conjunto de adecuaciones que sería deseable se llevasen a cabo, pues subsanarían diversas omisiones y contradicciones de la norma electoral actual, armonizando diversos procesos que facilitarían la operación electoral en 2018. Entre otras, en materia de fiscalización, es necesario que la ley faculte al Consejo General del INE para que resuelva dictámenes y proyectos de resolución de manera escalonada, atendiendo a la fecha de toma de protesta de los cargos. Por otra parte debe preverse, a partir de la eventual adecuación del Reglamento de Fiscalización, actualmente en marcha, la adecuación y aprobación de los documentos básicos de diversos partidos políticos.
Otro ejemplo, es la emisión de reglas para la reelección legislativa y de presidencias municipales, ya aprobada a nivel constitucional. Es relevante en la medida en que se vincula con el artículo 134 de la Constitución, pues deberán emitirse normas específicas que aseguren la equidad en la contienda, tanto en materia de propaganda electoral como de promoción personalizada de servidores públicos que aspiran a la reelección. Finalmente, es necesario definir con claridad las atribuciones de coordinación del INE con los institutos locales para privilegiar la colaboración y no la sustitución de atribuciones, de modo tal que se aprovechen, al máximo, las demostradas capacidades técnicas de muchos institutos electorales locales.
La forma en que se afronten estos retos durante el año 2017 tendrá un evidente impacto en la organización de la elección federal y de las 30 elecciones locales concurrentes del 2018, y en la consolidación del sistema nacional de elecciones. Aunque también, quizá de modo menos evidente, en nuestro afianzamiento democrático.